La mano del Estado, en 250 desapariciones forzadas/

Revista Proceso # 2034, 24 de octubre de 2015 

La mano del Estado, en 250 desapariciones forzadas/JUAN ALBERTO CEDILLO

La “guerra contra el narcotráfico” de Calderón y Peña Nieto ha dejado en tres estados –Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas– por lo menos 250 desapariciones forzadas atribuidas a miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y cuerpos policiacos estatales. Familiares y defensores de derechos humanos integran los expedientes que entregarán a la CIDH y hacen acopio de las pruebas con el propósito de exigir el fin de la impunidad existente cuando se apruebe la nueva Ley sobre Desapariciones Forzadas.

 SALTILLO, Coah.- A raíz de la “guerra contra el narcotráfico” que decretó Felipe Calderón y que continúa con Enrique Peña Nieto, se han producido al menos 250 casos de desaparición forzada en el noreste del país a manos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y cuerpos de seguridad estatales.

 Así lo establecen organizaciones de familias con personas desaparecidas y grupos defensores de derechos humanos que preparan dicho número de expedientes relativos a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila para comprobar los ilícitos cuando se apruebe la nueva Ley sobre Desapariciones Forzadas y para dar cuenta de los mismos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 Uno de los expedientes que se está documentando es el relativo a la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas, domiciliado en Piedras Negras, Tamaulipas. De acuerdo con los datos registrados, el 10 de julio de 2013, luego de que tres camionetas del cuerpo policial de élite Grupo de Armas y Tácticas Estratégicas (GATE) se estacionaron en calles de la colonia Los Montes, los efectivos entraron con lujo de violencia a la vivienda donde descansaba Víctor Manuel –de 37 años de edad entonces– en compañía de su esposa e hijos. Tras sacarlo de su habitación, lo golpearon frente a su familia y enseguida se lo llevaron con rumbo desconocido.

 Después de estos hechos, su madre y un familiar se dirigieron a las instalaciones del GATE, y cuando arribaron la madre vio a Víctor Manuel inconsciente en la parte trasera de una patrulla que en ese momento se retiraba de la corporación. Sin embargo, los policías que la atendieron en la dependencia negaron que tuvieran detenido a su pariente.

 Ella, Hortensia Rivas, inició entonces un tortuoso recorrido para buscar a su hijo en todas las instituciones oficiales posibles: la Marina, la Sedena, los gobiernos municipal y estatal, pero ninguna le proporcionó apoyo.

Hasta la fecha no existe una averiguación oficial contra el GATE por la desaparición de Víctor Manuel. En cambio, sí existen amenazas contra su familia procedentes de ese cuerpo policial. Una de ellas se produjo cuando los parientes de Víctor Manuel se manifestaban con pancartas afuera de la corporación. Un efectivo del cuerpo de élite se acercó a la madre para decirle: “Si usted hubiera visto (que nosotros nos lo llevamos), no estaría aquí”.

En la búsqueda de su hijo, Hortensia Rivas se encontró con otras 10 familias que trataban de localizar a igual número de desaparecidos por efectivos del GATE.

Cuerpo de élite “delincuente”

Aunque el Grupo de Armas y Tácticas Estratégicas –el cual forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila– fue creado durante la administración del gobernador Rubén Moreira para combatir a la delincuencia organizada, a los pocos meses de su creación se le acusó de haber pasado a formar parte de ella.

Actualmente hay más de 100 expedientes contra el GATE en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y se ha confirmado que miembros de ese cuerpo participaron en al menos tres ejecuciones extrajudiciales.

El caso más evidente de desaparición forzada, tortura y asesinato fue documentado en el expediente CDHEC/085/2013/MON/AOE, el cual obligó a la CDHEC a emitir la recomendación 6/2015 –de la que Proceso obtuvo copia.

El expediente se abrió a petición de los familiares de Juan Carlos Moreno Zavala, de 24 años de edad, quien desapareció la segunda quincena de junio de 2013 después de que fue detenido por ocho efectivos del GATE en Monclova.

Por su parte, la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, de Piedras Negras, tiene documentadas 69 desapariciones forzadas perpetradas por el cuerpo de élite, cuyos expedientes serán entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) presentará a la CIDH 91 casos de desapariciones forzadas ocurridas entre 2009 y 2015, así como tres de ejecuciones extrajudiciales: uno contra Otilio Cantú, presuntamente asesinado por militares, y otra contra Gustavo Acosta Luján.

Consuelo Morales, directora de la asociación civil, declaró que Acosta Luján fue “ejecutado de manera extrajudicial, con un disparo en la frente, en su casa, con su familia, por elementos de la Marina, el 1 de septiembre de 2011”.

Añadió que la Secretaría de Marina emitió un comunicado que aún puede encontrarse en su página de internet, donde presenta a Gustavo como un “delincuente”. Al día de hoy, ningún marino ha sido procesado ni sentenciado por esta ejecución.

También darán cuenta del caso de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes murieron en un enfrentamiento entre militares y sicarios el 19 de marzo de 2010.

La organización defensora de derechos humanos considera que los alumnos fueron muertos por las balas de los soldados, y que debido a ello la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y los militares alteraron la escena del crimen.

En esa ocasión los elementos castrenses ingresaron a las instalaciones de la universidad y desde su interior abrieron fuego. Cuando terminó el evento, la Procuraduría de Justicia estatal emitió un comunicado señalando que Jorge y Javier, dos estudiantes de excelencia que cursaban un posgrado, eran delincuentes que habían sido abatidos.

La impunidad

“Hasta 2014 –según las estadísticas que maneja la Procuraduría General de la República– existen en Tamaulipas cerca de 100 averiguaciones por desapariciones forzadas”, manifestó a Proceso Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

“Vamos a presentar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde incluimos 23 casos de desaparición forzada, la mayoría de Marina, que incluyen menores y mujeres. Todos ocurridos en Nuevo Laredo”, refirió el activista.

Mencionó que estos casos también involucran a la Policía Federal, al Ejército y a la Policía Estatal Acreditable, y que ocurrieron entre 2010 y 2015.

“Este año tenemos tres nuevos casos. Además se presentarán 13 reportes de ejecuciones extrajudiciales. Así que estamos hablando de alrededor de cerca de 40 graves violaciones a los derechos humanos donde la constante es la impunidad.”

Enfatizó que la impunidad se manifiesta de muchas formas, incluyendo la situación en que un juez impone a un militar la pena más baja, pues “las autoridades estatales cierran la pinza para provocar el menor daño posible a las Fuerzas Armadas”.

Pese a que el gobierno federal calcula los desaparecidos en Tamaulipas en alrededor de 5 mil 300 entre el 1 de enero de 2007 y diciembre de 2014, señaló Raymundo Ramos, esa cifra está maquillada, ya que solamente los casos acumulados en 2015 son unos 2 mil desaparecidos más.

“La inseguridad y la violencia que se viven en Tamaulipas –insiste Raymundo Ramos– es generada por la impunidad que existe en las altas esferas de gobierno. Hay que recordar que actualmente dos exgobernadores de Tamaulipas tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos, y en México ni se les busca ni se les molesta. Mientras esas dos personas no sean puestas ante las autoridades de Estados Unidos o de México, la violencia seguirá en el estado”, planteó.

En contraparte, un oficial retirado que combatió a las organizaciones criminales en Nuevo León y Tamaulipas de 2007 a 2014 dijo al reportero –con la condición de no revelar su nombre– que la Secretaría de la Defensa Nacional los mandó a las calles a pelear una guerra sin “armas legales”.

“Las Fuerzas Armadas no tenían ningún respaldo en las leyes para las funciones que desempeñamos como policías, ministerios públicos o incluso como agentes de tráfico para combatir al narcotráfico.”

Y aseveró que en muchas ocasiones los soldados detenían a delincuentes y los entregaban a los policías estatales y municipales, pero ellos terminaban desapareciéndolos, porque dichos elementos trabajaban para los cárteles rivales. Sin embargo, concluyó, ahora se culpa a las Fuerzas Armadas de esas desapariciones. l