Otro “show” que se le cae a la PGR/Patricia Dávila

Revista Proceso # 2034, 24 de octubre de 2015 

 Otro “show” que se le cae a la PGR/Patricia Dávila

Sobre el operativo fallido para atrapar a Joaquín Guzmán Loera en la sierra de Durango, pobladores de Tamazula aseguran a Proceso que en realidad los marinos llegaron a la zona desde mayo pasado e iban en busca de Adelmo Niebla González, un hombre cercano al Chapo; incluso realizaron un primer operativo en la región el 14 de junio. Pero todo falló y la PGR optó por hacer su espectacular anuncio el miércoles 21 y el jueves 22 para dar cuenta de la desarticulación del grupo que desde el exterior del penal del Altiplano coadyuvó en la fuga del capo sinaloense.

Tras su fallido operativo en el municipio de Tamazula, Durango, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) montó un show mediático para difundir que el martes 6 estuvo a punto de reaprehender a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo…

 En realidad, los marinos llegaron en mayo pasado e iban en busca de uno de los hombres de confianza del capo sinaloense llamado Adelmo Niebla González, oriundo de ese municipio.

Semanas antes de la fuga del Chapo, el 14 de junio pasado, elementos de la Semar incursionaron por primera vez en la zona, lo que provocó desplazamientos de comunidades del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico sin que nadie se enterara del terror que sembraron los marinos

 Muchos pobladores de Los Medios, Chacoalt, Acachuane y Tobipa optaron por abandonar sus propiedades; en la última de ellas, murieron dos personas, una más resultó herida y cuatro menores –algunos de apellido Niebla– fueron detenidos, según relatan los lugareños.

 Cuando inició la búsqueda de Niebla González, conocido como El Señor o El G 3, en mayo pasado, la dependencia instaló dos bases de operación en Durango, en la frontera con Sinaloa: una en el municipio de Tamazula y otra en el de Canelas.

 A finales de la década pasada, antes de convertirse en uno de los principales operadores del Chapo, Niebla González formó el grupo delictivo denominado Los Memos, que se estableció en Sonoyta, Sonora. Desde ahí controlaba el tráfico de armas y el traslado de cargamentos de droga hacia Estados Unidos; incluso dominaba los mercados de los condados de Maricopa y Casa Grande, en Phoenix, Arizona.

Niebla González escapó, pero, según informó el jueves 22 la Procuraduría General de la República (PGR), cayó Arturo Díaz Díaz, el presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa y responsable de la actividad financiera de la célula que encabeza Niebla. Díaz Díaz es requerido por una Corte Federal de Distrito en Arizona y es probable que sea extraditado.

 Primeros pasos del “G 3”

 En septiembre de 2012, la Policía Federal (PF) difundió un informe, según el cual Niebla González operaba en Sonoyta –donde inició su carrera delictiva cruzando migrantes ilegalmente hacia Estados Unidos– desde 1992.

 Tan localizado estaba, según el documento, que incluso el gobierno de Estados Unidos lo detuvo en varias ocasiones y lo deportó a México. En 2002 fue recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social II de Nogales, Sonora, por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

 Cuatro años después, en 2006, Niebla González conoció a Mario Aguirre Avilés, El 9-9, uno de los principales operadores de Ismael Zambada García, El Mayo, y bajo sus órdenes comenzó a introducir droga a Estados Unidos en 2007.

 Poco después, Niebla González, conocido también con el alias de Guillermo Nieblas Nava, fijó su residencia en Sonoyta, organizó a  y se convirtió en uno de los principales operadores del Chapo Guzmán.

 En 2008 fue consignado de nueva cuenta, esta vez por posesión de arma de fuego y recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social del estado de Durango. Recobró su libertad tras el pago de una fianza. En tanto, Los Memos reforzaron su presencia en Sonora, donde comparten el territorio con grupos afines al cártel de Guzmán Loera.

 En Puerto Peñasco, Los Memos mantienen una estrecha relación con gente de Gonzalo Inzunza Inzunza, El Macho Prieto, quien el 18 de diciembre de 2013 fue asesinado en Puerto Peñasco por elementos de la Semar. Sin embargo, en Sonoyta ellos controlan todo; incluso han tenido desencuentros con otras células del mismo Cártel de Sinaloa, como la de Los Salazar, que lideró Jesús Alfredo Salazar Ramírez, El Pelos, hasta su detención en noviembre de 2012.

 Según las autoridades federales, la zona de operación de Los Memos comprende las ciudades de Mexicali y Tijuana, en Baja California, y tienen presencia en Culiacán, Sinaloa, y en Tamazula, Durango.

 En 2011 integrantes de Los Memos fueron detenidos en los condados de Maricopa y Casa Grande, Estados Unidos, donde les aseguraron grandes cantidades de droga. La captura se dio en medio de una disputa con sicarios del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en particular con su brazo operativo identificado como Los Mazatlecos, quienes les disputaban la plaza.

 El 8 de septiembre de 2012, Niebla González volvió a ser detenido en Culiacán, acusado de trasiego de mariguana, heroína y metanfetaminas desde Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles (Sonoyta) y San Luis Río Colorado a través del desierto de Arizona para introducirlas a los condados de Maricopa y Casa Grande en Phoenix, Arizona, según la PF.

 Niebla González, quien fue capturado junto con dos paisanos suyos: Javier Alonso Fuentes Tostado y José Ramón Ojeda Ruiz, confesó que organizó el trasiego de la droga por encargo del Chapo y su hermano Aureliano Guzmán Loera, El Guano.

 El operativo del 14 de junio

 El 26 de mayo de 2014, el líder de Los Memos se fugó del penal estatal de Culiacán a través de un túnel excavado a 10 metros de profundidad que desembocaba en un predio aledaño que estaba en obra negra y había sido adquirido de manera similar al de la colonia Santa Juanita, en el Estado de México, donde en julio pasado se fugó Guzmán Loera, su jefe.

 Aunque Niebla González escapó en mayo de 2014, el despliegue de elementos de la Semar en el Triángulo Dorado se demoró un año, cuando la dependencia instaló sus bases de operaciones en Canelas y Tamazula: “El triángulo siempre ha sido zona de interés para el cultivo de la droga y el objetivo era inhibir el índice delictivo”, comentó a Proceso la fiscal de Durango Sonia Yadira Casas, el pasado 24 de agosto.

 En esa ocasión, la funcionaria comentó que los marinos hacían recorridos por los municipios de Otaez, Topia, San Dimas en busca de delincuentes.

 El 14 de junio, cuando los marinos realizaron el operativo en Tamazula, cuenta la fiscal, “tenían un blanco muy específico: Adelmo Niebla González. No lo encontraron, aunque hubo una persona adulta detenida y cuatro menores a quienes se acusó de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

 “Ellos –los civiles– repelieron a los elementos de la Marina. La Marina disparó y durante el contraataque un helicóptero de la dependencia fue dañado por los disparos, aunque no quedó inutilizado”.

 La Semar dio su versión en un comunicado: “El pasado 14 de junio, durante un recorrido de vigilancia aérea en el municipio de Tamazula, personal naval fue agredido desde tierra por personas armadas que viajaban a bordo de diversos vehículos, tras lo cual se efectuaron disparos para detener la marcha de los agresores, quienes hicieron caso omiso y continuaron disparando, por lo que se repelió la agresión”.

 También mencionó a las dos personas presuntamente involucradas con la delincuencia organizada, la detención de los cuatro menores a quienes presuntamente se les aseguró armamento, equipo táctico y de comunicaciones, y los vehículos en los que se desplazaban.

 Y añadió: Al realizar un recorrido por el área cercana, con apoyo de unidades terrestres, se detuvo a José Guadalupe Niebla Fernández, en posesión de un arma larga y 250 kilos de mariguana”, aunque no aclaró si tiene parentesco con Adelmo Niebla.

 Sin embargo, los lugareños contaron a la reportera su propia versión, que contrasta con la que difundió la Semar.

 Era cerca del mediodía –dijeron–, cuando Omar Vidaña y Ángel Ramírez salieron de Topiba camino a Tamazula. Ellos iban en un Jeep azul, mientras que los cuatro menores se trasladaban en uno rojo. José, uno de los vecinos, los había invitado a trabajar en el corte de caña.

 En el camino comenzaron a dispararles desde el helicóptero. Pensaron que los iban a matar. Se quitaron las camisas para hacer señas, pero los disparos seguían hasta que bajó El Boludo (el helicóptero). Tres kilómetros adelante murieron Ángel y Omar.

 Roberto, de 13 años, quien regresaba a su casa a bordo de su auto Reiser tubular, fue herido, por lo que lo trasladaron a un hospital de Culiacán. Todos los vehículos quedaron totalmente calcinados.

 Brenda, mamá de José Luis, de 17 años, y Jovani, de 13, menciona que con ellos también iban Juan Carlos, de 13, y Emanuel, de 15: “El más chiquito me dijo que lo hicieron agarrar una pistola. Como no quería, le dieron (un golpe) en la espalda, al más grande lo hicieron agarrar el rifle para que disparara, pero no lo hizo.

 “Les tiraban desde el aire y desde tierra, por todas partes. Ellos están chiquitos. Se asustaron y corrieron; se escondieron atrás de un paredón y ahí se rindieron, pues no traían más que el machete, y lo dejaron en el carro.”

 Los menores fueron detenidos por los marinos y trasladados a la ciudad de Culiacán, en donde el agente del Ministerio Público declaró incompetencia y los envió a Durango, en donde el 18 de junio quedaron en libertad.

 Un día después, el periódico El Siglo de Durango publicó, con base en el informe del Ministerio Público que llevó el caso de los infantes: “Los marinos le marcaron el alto a los menores, éstos descendieron de la camioneta y tras inspeccionar la unidad encontraron dos pistolas calibre .38, un rifle del que no se determinó calibre y un fusil calibre .223”.

 Los habitantes de las localidades afectadas presentaron denuncias contra los marinos por robo durante los cateos a las viviendas, quema de vehículos, lesiones, daños en propiedad privada, allanamiento, privación ilegal de la libertad, tortura y amenazas de muerte.

 Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entrevistaron a pobladores de Los Medios, Topiba, Acachoane y Chacoalt, en Tamazula, para recabar indicios que permitan conocer la verdad del operativo del 14 de junio. Sin embargo, aún no emiten ninguna recomendación.

 El julio los marinos continuaron sus rastreos en territorio de Durango presuntamente para desarticular a Los Memos y capturar a Niebla González. Fue la tercera semana de ese mes cuando recibieron la orden de sumar a la búsqueda a Guzmán Loera.

 El gran simulacro

 El martes 6, elementos de la Marina arremetieron contra los pobladores de las comunidades de El Verano, Río de los Barraganes, La Iguana, La Pedregosa, El Limón y El Águila

 Desde el aire dispararon a casas habitadas y vehículos sin importar que estuvieran en circulación o detenidos. El ataque provocó el desplazamiento de unas 200 personas hacia el municipio de Cosalá (Proceso 2033).

 Y, como lo hizo en junio pasado, la Semar emitió un comunicado en el que niega las acusaciones: “Se desmiente que los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México violenten sistemáticamente los derechos humanos de los habitantes de los citados municipios. Puntualiza que el personal naval no ha realizado disparos en contra de domicilios de la población civil ni se ha sufrido ataque alguno a unidades aéreas de esta dependencia”.

 Semanas antes, la Drug Enforcement Administration (DEA) filtró a medios de comunicación estadunidenses datos acerca de la ubicación del Chapo: “El 30 de julio, en coordinación con la Semar y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) obtuvo información según la cual El Chapo bajaría de la sierra para ver a unas personas en Los Mochis, Sinaloa. Guzmán logró escapar”.

 El martes 6, en coordinación con la Semar y el Cisen, agentes de la DEA interceptaron comunicaciones satelitales que ubicaron en un primer momento a seis “intermediarios” (del Chapo y del Mayo), quienes se encontraban en la sierra e intentaban llevar suministros al Chapo.

 “El mismo día, la Semar movilizó elementos navales de élite pertenecientes al Batallón de Fusileros Paracaidistas hacia las localidades de Acachuane, Palo Verde, Los Limones y El venado”, pero el capo volvió a evadirlos. El viernes 16, la cadena televisiva NBC difundió que una semana antes los marinos se acercaron a Guzmán Loera, después de que agentes de drogas de Estados Unidos interceptaron señales de celular que sugerían que estaba escondido en un rancho cerca de Cosalá.

 “Los marinos cercaron el rancho en helicóptero y tras replegarse ingresaron a pie, pero Guzmán Loera logró huir en motoneta”, según difundió la NBC.

 En un comunicado conjunto el mismo viernes 16, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la PGR y la Semar confirmaron: “En días recientes el prófugo realizó una huida precipitada que, de acuerdo con la información recabada, le causó heridas en una pierna y en el rostro”. Pero negaron que se haya registrado un enfrentamiento.

 Desde la base de operación establecida en Tamazula –en mayo pasado, con este mes, como aseguran los marinos–, la Semar monitorea este municipio duranguense, así como los de Cosalá y Badiraguato, Sinaloa. En Badiraguato, donde nació El Chapo, incluso realizó operaciones de rastreo durante un mes y abandonaron la localidad el lunes 19.

 Dos días después, la titular de la PGR, Arely Gómez, informó que fue desarticulado un grupo que desde el exterior del penal del Altiplano coadyuvó en la fuga del Chapo.

 Se trata de Héctor Ramón Takashima, El Cachimba, uno de los pilotos históricos de la organización criminal que encabeza Guzmán Loera, quien ha participado en el trasiego de droga vía aérea; Romano Lanciani Llanes, piloto que sirvió de señuelo; el mecánico Julio César Takashima Valenzuela, hermano del Cachimba, y el litigante Óscar Manuel Gómez Núñez, cabeza del grupo de abogados del narcotraficante.

 Según la PGR, Gómez Núñez aprovechó su profesión para ser el enlace con los responsables de la construcción del túnel por la que escapó El Chapo. También cayó Germán Valadez Estrada, El Master o El Gordo, quien presuntamente fue el encargado de organizar las negociaciones para comprar el predio desde donde se construyó el túnel hacia el penal,

 Los otros detenidos son: Rigoberto Martínez Dávalos y/o Francisco Ramírez León, quien participó en una simulación jurídica y transmitió la propiedad del inmueble desde donde se construyó el túnel, Juan Araujo Lázaro Burgos, quien entregó dinero para el pago de los trabajadores; y Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán Loera, a quien la PGR señala como encargado de la organización y supervisión de la construcción del túnel, así como de orquestar la salida y traslado del Chapo a Querétaro, en donde lo esperaban las dos aeronaves.

 La procuradora omitió mencionar que los tenía detenidos desde hace un mes.

El jueves 22, la PGR anunció que Arturo Díaz Díaz, “presunto” operador financiero del cártel que lidera Guzmán Loera y responsable de la actividad financiera de la célula que encabeza Adelmo Niebla González, también fue aprehendido.

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No se puede extraditar al “Chapo”... porque está prófugo, explica la SRE

JESUSA CERVANTES

Pese a que Estados Unidos pidió la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán desde que el capo estaba preso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se declaró impedida de iniciar el proceso jurídico para entregarlo a ese país, debido a su condición de prófugo.

Documentos de los cuales Proceso tiene copia dan cuenta de que no puede empezar el proceso jurídico de extradición debido a que el objetivo “está prófugo” (desde el 11 de julio de 2015), lo cual no obsta para que el gobierno mexicano mantenga “bajo reserva” el expediente número 541-4-2753/15 (oficio que un juez le pidió a la cancillería) durante un periodo de tres años.

La fecha de reserva empezó a correr el 19 de agosto de 2015. Esto significa que toda la información jurídica relacionada con Guzmán Loera, el reo de más alta peligrosidad que se le fugó a Enrique Peña Nieto, será dada a conocer cuando éste prácticamente concluya su mandato.

El documento forma parte del voluminoso expediente de seis amparos contra la extradición promovidos por Juan Pablo Badillo Soto, abogado del Chapo y quien en el juicio 712/2015-IV, promovido ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, demandó a la SRE “un informe justificado” del proceso de extradición contra su cliente.

En el documento, firmado por la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Sandra Elisa Hernández Ortiz, se da respuesta al oficio del 29 de julio de 2015 promovido por el abogado de Guzmán Loera: “No es cierto que el secretario de Relaciones Exteriores haya realizado acto alguno”.

“Si bien es cierto que el gobierno de los Estados Unidos de América solicitó formalmente la extradición internacional del señor Joaquín Guzmán Loera…

“… también es cierto que el procedimiento de extradición aún no se ha iniciado en virtud de que, como es del dominio público, el quejoso se escapó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano…”

El documento destaca que la SRE “no ha iniciado una resolución definitiva” en cuanto al proceso de extradición contra Guzmán Loera. Lo anterior implica que aun siendo detenido, no se le podría enviar de inmediato a Estados Unidos.

Una vez detenido el máximo líder del Cartel de Sinaloa, el proceso podría durar entre 10 y 12 meses, dijo a este semanario el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón (Proceso 2033).

Contra Marina y Sedena

Y mientras el gobierno mexicano inició la cacería de Guzmán Loera, peinando la zona del Triángulo Dorado, donde confluyen las sierras de Chihuahua, Sinaloa y Durango, Badillo Soto ya logró la sexta suspensión “de oficio y de plano”.

A diferencia de los otros cinco amparos para evitar la extradición del Chapo, su abogado sumó ahora nuevos elementos en sus alegatos con los cuales busca disminuir el nivel de presión contra su cliente.

Se trata de incluir en esta nueva solicitud de amparo a los protagonistas de la persecución: al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al de la Secretaría de Marina (Semar), al de Gobernación (Segob) y al de la Comisión Nacional de Seguridad.

Es la primera vez que el abogado del Chapo señala a la Sedena, la Semar y la Segob como “responsables ordenadoras y ejecutoras” de la persecución.

Según Badillo, “en el actual momento mi representado, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, se encuentra ferozmente perseguido por las Fuerzas Armadas de la Sedena, Semar, de fuerzas expedicionarias de mercenarios ­sudamericanos, elementos armados norteamericanos de la CIA, DEA, FBI, con el propósito de abatirlo, masacrarlo, asesinarlo, desaparecerlo forzadamente, extraditarlo o deportarlo a los Estados Unidos”.

En su alegato, el abogado sostiene que ahora las pretensiones de extraditarlo son ciertas, “por ser realizados por operativos bélicos que se ejecutan en las serranías de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, como así lo están informando.

Insiste en su amparo indirecto 967/2015 promovido ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal: “Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, en el momento actual se ha convertido en víctima propiciatoria de actitudes y voluntades ajenas consistentes en la feroz y violenta persecución por las Fuerzas Armadas mexicanas…

“Se tiene certeza”, argumenta Badillo, “y la total convicción de que el gobierno mexicano ha contratado fuerzas punitivas de militares mercenarios colombianos para abatir, asesinar al señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, pretendiendo justificar con su siniestra e inconstitucional actuación, que dichos mercenarios son colaboradores auxiliares de las Fuerzas Armadas mexicanas”.

Si se diera su reaprehensión, dice el litigante, “pido se le respete su integridad personal, respeto a su vida y a sus garantías individuales y derechos humanos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución…”.

El artículo 14 de la Constitución establece que “ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales, a juicio del Ejecutivo”. Y desde el punto de vista de Badillo Soto, “en el caso concreto no existe excepcionalidad alguna”.

Sí, en cambio, demanda “la suspensión de oficio y de plano”, misma que se otorga cuando se argumenta debidamente que el acto reclamado es “inminente”.

En este caso, dice en entrevista, por estar siendo perseguido es que se considera “inminente” que pueda ser abatido y de ahí que se me concedió la “suspensión de oficio y de plano” que no significa otra cosa que no pueda ser asesinado, masacrado o abatido.

Incluso, el martes 20 promovió el amparo 1160/2015 a favor de Óscar Manuel Gómez Núñez, uno de los cinco abogados que tiene litigando Guzmán Loera. Este último fue detenido presuntamente por haber participado en la evasión del sinaloense. El amparo, mismo que se concedió, fue para que se presentara ante el Ministerio Público y no fuera incomunicado o violentado en sus derechos humanos.  l