Revista
Proceso
# 2059, 16 de abril de 2016..
Ahora
que el GIEI deja sus indagatorias sobre el caso Ayotzinapa, se torna más
difícil saber cuál fue la participación de los militares la noche en que
desaparecieron los 43 normalistas. Más todavía ahora que la PGR dio a conocer
las contradictorias declaraciones de varios oficiales y soldados que estuvieron
en Iguala aquella ocasión.
De
acuerdo con las declaraciones originales del personal castrense a las que tuvo
acceso este semanario, no atendían precisamente una emergencia ciudadana;
acudieron a rescatar la motocicleta en la que se desplazó el soldado para
documentar las agresiones a los estudiantes de parte de los policías
municipales. Esa fue la coartada para explicar la presencia de los soldados
ante el juez de barandilla, que no fue consignada en sus primeras
testimoniales.
Las
declaraciones de los militares aparecen censuradas en la versión pública de los
nuevos tomos de la indagatoria, subida al portal de la Procuraduría General de
la República (PGR) la semana pasada, lo que impide a los usuarios advertir las
inconsistencias de las declaraciones.
Hasta
septiembre de 2015, luego de conocerse el primer informe del GIEI sobre la
desaparición forzada de los estudiantes, la PGR había llamado a comparecer
nuevamente a seis elementos castrenses; el coronel de infantería José Rodríguez
Pérez, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, los soldados Jorge Ortiz
Canales, Ezequiel Carrera Rifas, Eduardo Mota Esquivel y el capitán José
Martínez Crespo; los dos últimos ampliaron sus declaraciones originales dos
veces.
De
la revisión de estas declaraciones sin censura se advierte que en las primeras
ampliaciones de Mota Esquivel y Martínez Crespo, efectuadas el 26 de agosto de
2015, los agentes ministeriales los interrogan sobre el material de video y
fotografía de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27. Esos
documentos gráficos, según denunciaron los integrantes del GIEI, no están
integrados al expediente del caso.
En
la primera versión de Martínez Crespo ante el agente del Ministerio Público, el
3 de diciembre de 2014 en Iguala, consignó que el soldado Mota Esquivel lo
acompañó en su recorrido por la ciudad para atender una llamada de emergencia
por la presencia de gente armada en el hospital Cristina.
Dijo
también que hizo una “fotografía panorámica” a los estudiantes que ahí se
refugiaban, así como “un fragmento de la entrevista” que dio un dirigente
estudiantil tras el primer ataque armado a uno de los camiones en los que
viajaban los estudiantes. Ese material lo entregó al entonces comandante del 27
Batallón, José Rodríguez Pérez.
En
su segunda declaración, Martínez Crespo responsabilizó al soldado Mota y a su
superior, el teniente Joel Gálvez Santos, de descargar el material gráfico del
celular de Mota, y que a él le correspondió tener una copia, misma que anexó en
su informe de esos días y entregó a su superior, “desconociendo el destino
final de los mismos”.
Mota
Esquivel fue interrogado por las imágenes tomadas en la carretera frente al
Palacio de Justicia, donde el autobús 1531 de la línea Estrella de Oro fue
agredido por policías municipales, así como las captadas en el hospital
Cristina, a donde llegó herido Édgar Andrés Vargas, acompañado de unos 40
normalistas.
Sobre
las primeras imágenes, Mota Esquivel dijo que tomó “cuatro o cinco fotos” con
su celular para justificar su trabajo ante su jefe Gálvez Santos, que las copió
en la computadora del cuartel militar y luego las borró de su dispositivo móvil
porque “no las consideré de importancia”. Además, dijo, eran “de mala calidad”.
Sobre
el segundo paquete de fotografías, el soldado no supo explicar cómo entregó la
información a Gálvez, si bien en su primera declaración aseguró ser responsable
del Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos, “un sistema de correo
electrónico”.
El
11de septiembre de 2015 ambos personajes fueron llamados por la PGR a una
segunda ampliación. Esa vez mencionaron su presencia ante el juez de
barandilla, a quien no mencionaron en su primera declaración ministerial a
pesar de que fueron identificados por otros elementos castrenses.
La
moto
El
oficial y el soldado reconstruyeron el motivo del despliegue militar la noche
del 26 de septiembre en Iguala: la búsqueda de una motocicleta. Ese elemento no
fue mencionado durante los 12 meses posteriores a la desaparición de los
normalistas; sólo se conoció hasta la tercera comparecencia de Mota y Gálvez.
En
su primera intervención, el 3 de diciembre de 2014, el soldado admitió que
salió del 27 Batallón a bordo de una motocicleta de su propiedad y habló de los
abusos que sufrieron los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 frente al
Palacio de Justicia, sobre la carretera a Chilpancingo, a manos de los policías
municipales. Dijo que se lo notificó a su superior, quien le pidió permanecer
sólo “un rato” para no arriesgarse; incluso, aseguró Mota Esquivel, le
recomendó que no se acercara mucho.
De
acuerdo con ese testimonio, Mota observó que entre las 22:00 y las 22:30 horas
del 26 de septiembre, policías municipales aventaron granadas lacrimógenas al
interior del autobús para obligar a los jóvenes a entregarse.
“Me
percaté que a los estudiantes que bajaban del camión, la Policía Municipal los
esposaba con las manos hacia atrás y en forma agresiva los tendían en el piso,
bocabajo, siendo esto un número aproximado de 10 estudiantes. Y como recibí la
instrucción que no me arriesgara mucho, opté por retirarme del lugar”, narró
Mota en diciembre de 2014; también dijo que informó de ello a su mando superior
y le entregó “cuatro o cinco fotografías” tomadas con su celular.
En
su última comparecencia, Mota describió con detalles su motocicleta (una Yamaha
125 blanca, modelo 2012, con placas FRG-26 del estado de Guerrero), así como la
ruta que tomó para llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia.
“Los
policías municipales de Iguala se percataron de mi presencia por lo que opté
por dejar en ese lugar mi motoneta para tratar de despistarlos y posteriormente
regresar al mismo lugar para observar lo que seguía pasando. Pero ya cuando iba
caminando, como a unos 300 metros observé que los policías se acercaron a mi
moto, asegurándola. Como vi que estaban muy agresivos los policías, opté por
dejar que se la llevaran, pensando en que se la llevarían a las instalaciones
de la barandilla para posteriormente recuperarla”, contó el soldado a los
ministeriales federales.
De
acuerdo con esa versión, Mota regresó caminando a las instalaciones del 27
Batallón –“sin percatarme de nada relevante en el trayecto”– y dio cuenta de su
pérdida a su superior Joel Gálvez, quien le pidió esperar para ver cómo se
solucionaba el problema.
“Posteriormente
–agregó Mota– me bajé a las áreas verdes a fumar un cigarro y me encontré con
el capitán segundo de infantería José Martínez Crespo, quien me comentó que le
habían dado la instrucción de salir a patrullar y a recuperar mi motoneta.”
Según
el soldado, del 27 Batallón salieron dos camionetas Cheyenne que se dirigieron
al Palacio de Justicia. Al no ver su vehículo, se dirigieron a las
instalaciones de la Policía Municipal, donde el capitán Martínez Crespo y tres
elementos entraron a preguntar por la motoneta.
Mota,
quien se habría quedado en uno de los vehículos oficiales porque vestía de
civil, fue notificado por el capitán que su moto no se encontraba ahí. Más
tarde recibió un mensaje vía Whatsapp de su superior en el que le informó que
el vehículo estaba en el Palacio Municipal. Los soldados fueron a recogerla y
la subieron a la batea de una de las camionetas.
Durante
la búsqueda de la moto, el capitán recibió la orden de trasladarse al hospital
Cristina. En el trayecto, ambos pasaron por la calle Juan N. Álvarez, donde se
encontraban tendidos dos estudiantes, “sin notar la presencia de persona alguna
o corporación policiaca”, pero no descendieron de los vehículos militares.
El
capitán Martínez Crespo añadió a sus declaraciones anteriores que en los
primeros 30 minutos del 27 de septiembre el coronel de infantería José
Rodríguez Pérez le ordenó “recuperar la citada moto como propiedad del soldado
de infantería Eduardo Mota Esquivel, a quien momentos antes, personal de la
Policía Municipal había subido a una de sus camionetas (sic)”.
En
su tercera comparecencia, el capitán dijo que ordenó al soldado subirse a una
camioneta militar para identificar su motoneta y le preguntó “cuáles habían
sido las causas por las cuales la Policía Municipal se había llevado su
motoneta”, a lo que el soldado respondió que “se la habían quitado cuando él
estaba haciendo unas tomas fotográficas en el puente que se encuentra en las
inmediaciones del Palacio de Justicia”.
Martínez
Crespo escribió su trayecto hacia el último punto donde el soldado vio su
vehículo, observaron cómo remolcaban al autobús Estrella de Oro, y que
enfilaron hacia las instalaciones de la Policía Municipal donde el capitán
solicitó “hablar con el juez de barandilla para preguntar si en ese lugar no se
encontraba la motoneta del soldado Mota Esquivel”.
Según
el capitán, en compañía de dos solados, estuvo menos de cinco minutos en el
lugar, y que el juez lo recibió “a dos metros de su oficina” y le mostró las
motos oxidadas que tenían resguardadas.
El
oficial describió su recorrido por la ciudad, su incursión en el hospital
Cristina y en la calle Juan N. Álvarez donde ocurrió el primer ataque, hasta
que se le notificó que la moto estaba en el Palacio Municipal, y se entrevistó
con el director de Tránsito Municipal, quien ordenó a sus subalternos entregar
la moto.
Los
agentes del Ministerio Público adjuntaron a la declaración fotografías de los
sitios recorridos por las camionetas militares al mando del oficial que buscaba
una motocicleta, hecho que no mencionó en su primer testimonial.
La
mención de Martínez Crespo de una orden del entonces comandante de la 27 Zona
Militar para recuperar la motoneta, llama la atención si se considera que en
ninguna de las dos comparecencia rendidas por el coronel Rodríguez Pérez, el 4
de diciembre de 2014 y el 2 de marzo de 2015, se nombra a Mota Esquivel, mucho
menos a su vehículo.
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