- Casi dos meses después –el 11 de abril de 2013– el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México otorgó un amparo a favor de la canadiense Vanier y de la mexicana Dávila, y ordenó su liberación inmediata. ..
Revista
Proceso
# 2059, 16 de abril de 2016..
Paraíso
para mercenarios/HOMERO CAMPA
En
noviembre de 2011 la policía mexicana detuvo a Gabriela Dávila por su presunta
participación en un plan para rescatar y traer a México a uno de los hijos del
depuesto líder libio Muamar Gadafi. Apenas un mes antes, el despacho Mossak
Fonseca –epicentro del caso #PanamaPapers– dio de alta en las Islas Vírgenes
Británicas a tres empresas offshore en las que Dávila aparece como socia y
directora, y en torno a las cuales giran exmilitares estadunidenses vinculados
con empresas de seguridad, contraterrorismo y armas de fuego que operan en Asia
y Medio Oriente.
Los
socios de Dávila en estas empresas eran los estadunidenses Michael A. Boffo
(20% de las acciones) y Gregory L. Gillispie (35%). Éste, un exoficial de la
marina estadunidense, también habría participado en el plan para traer a Saadi
Gadafi a México.
La
historia de este plan se inició en julio de 2011 cuando la abogada canadiense
Cynthia Vanier y el exmilitar australiano Gary Peters, director de la empresa
de seguridad Can/Aust Security and Investigations International, viajaron a
Libia para ofrecerle a Saadi un plan de huida y refugio para él y su familia.
Para esas fechas, la revolución nacida de la Primavera Árabe estaba en su
apogeo y los rebeldes avanzaban incontenibles hacia Trípoli, la capital. El
régimen de Gadafi se tambaleaba y ya se presagiaba su final.
El
viaje de Vanier y Peters a Libia duró 10 días. Volaron en un jet Hawker 800, el
cual fue proporcionado por el mencionado exmarine Gregory L. Gillispie a través
de una de dos empresas: Veritas Worlwide Security o GG Global Holding –en la
que es socia Dávila–, que por ese entonces sólo estaba registrada en San Diego,
California.
Según
el blog La política es la política, GG Global Holding subcontrató a Christian
Eduardo Esquino Núñez, un ciudadano méxico-estadunidense que tenía en el
aeropuerto de Toluca una compañía de servicio de jets ejecutivos. El contacto
con Esquino fue a través de Dávila, quien era la mejor amiga de la esposa de
éste.
El
plan consistía en traer a México a Saadi y a los miembros de su familia
utilizando documentos de identidad falsos en los que éstos aparecerían con
nombres ficticios, entre ellos: Daniel Bejar Hanan, Amira Sayed Nader, Moah
Bejar y Sofía Bejar Sayed, según señaló el 7 de diciembre de 2011 el entonces
secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
De
acuerdo con las autoridades mexicanas, los integrantes de esta red habían
adquirido para Saadi una residencia de lujo en el paradisiaco resort de Punta
Mita, Nayarit, y habían intentado comprar el departamento 2207 del edificio
ubicado en el número 439 de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
Además, habrían abierto cuentas bancarias y alquilado otras “casas de
seguridad”.
El
plan se aceleró después de que en septiembre de 2011 los rebeldes derrocaron al
régimen de Gadafi y de que el 20 de octubre de ese año el dictador libio fue
asesinado. Saadi y su familia se habían refugiado provisionalmente en Níger.
El
10 de noviembre de 2011 la policía mexicana detuvo a la canadiense Vanier y, al
día siguiente, a Dávila Huerta –que también utilizaba el apellido Dávila del
Cueto– y a dos personas más: al mexicano José Luis Kennedy Prieto y al
ciudadano danés Pierre Christian Flensborg, quien trabajaba para Dávila y Gillispie.
De
acuerdo con la versión que ofreció Poiré el 7 de diciembre de ese año, Vanier
era la líder del grupo y realizaba los arreglos financieros; Flensborg era el
encargado de la logística, y Dávila, el vínculo con Kennedy Prieto, quien
obtendría los documentos falsos. La Procuraduría General de la República los
acusó de “tráfico de migrantes”, “delincuencia organizada” y “falsificación de
documentos oficiales”. El 18 de enero de 2012 un juez les dictó auto de formal
prisión por esos delitos.
El
siguiente 1 de febrero Kennedy y Flensborg fueron remitidos al penal federal de
Villa Aldama, Veracruz, y Vanier y Dávila al área femenil del Cereso de
Chetumal, Quintana Roo.
“La
cliente”
El
4 de octubre de 2011 –cuando ya había caído el régimen de Gadafi y estaba en
marcha el supuesto plan para traer a México a Saadi–, John Alan Donohue envió
un correo electrónico a Bryan Scatliffe, ejecutivo de Mossack Fonseca, en el
que le pide crear en las Islas Vírgenes Británicas la compañía GG Global
Holding Ltd. Le pide, además, que ésta compañía tenga dos subsidiarias: GG
Global Air y GG Global Security Ltd. Le informa que los miembros de la junta de
directores de la empresa serán sus tres accionistas: la mexicana Gabriela
Dávila (45% de las acciones) y los estadunidenses Gregory L. Gillispie (35%) y
Michael Boffo (20%). Donohue comenta que él actuaría como secretario de estas
compañías.
Los
ejecutivos de Mossack Fonseca atendieron la petición de manera expedita. En
tres días habían obtenido el certificado de incorporación de las tres empresas.
No era para menos. Donohue era un cliente especial. Tenía registradas en
Mossack Fonseca ocho compañías; entre ellas varias que ofrecen servicios al
ejército de Estados Unidos en varios países de Medio Oriente y Asia, en
especial en Afganistán.
El
perfil profesional en LinkedIn de este exoficial del Ejército estadunidense lo
presenta como abogado afincado en Vermont y experto en contraterrorismo, armas
de fuego, investigaciones criminales, operaciones de seguridad y seguridad
corporativa, entre otros. De hecho, para respaldar el trámite de las compañías,
envió los pasaportes de los tres accionistas con una apostilla en la que él,
como notario público en Vermont, da fe de la autenticidad de los documentos.
Pero
luego vino la detención de Dávila el 11 de noviembre siguiente y la implicación
de Gillispie en el operativo para trasladar a Saadi a México. El caso sólo se
conoció el 7 de diciembre, cuando Poiré lo hizo público en una conferencia de
prensa.
Entonces
Donohue trató de deslindarse de GG Global y sus accionistas. El 3 de enero de
2012 envió a Mossack Fonseca un correo electrónico en el que pide que no se
vincule la dirección postal de una de sus empresas, Edinburgh International
(EI), con la de GG Global: “EI es otro grupo de compañías que tienen otros
propietarios y está bajo otro control y para el cual yo soy consejero general y
secretario de la compañía. EI de ninguna manera está relacionado con GG Global
excepto porque yo he servido para ambos grupos de compañías como punto de
contacto con Mossack Fonseca”, escribió Donohue.
El
5 de abril de ese año, Donohue envió otro correo electrónico a Mossack Fonseca
para pedir que, en el caso de GG Global, su nombre sea reemplazado por el de
Gillispie como cliente del despacho. “Yo solamente soy su consejero profesional
y actúo como secretario para propósitos corporativos y legales”, argumentó.
Los
ejecutivos de Mossack Fonseca hicieron el cambio. No sospechaban que su cliente
“Dávila” ya llevaba tres meses en la cárcel y que Gillispie era señalado como
miembro de la “red” que traería a Saadi a México. De hecho, el 7 de junio Paola
Vecchio, de Mossack Fonseca, realizó una búsqueda electrónica en las páginas de
Interpol, la CIA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia,
entre otros, para ver si sus clientes de GG Global tenían problemas con la
justicia. No encontró nada. “Están limpios”, informó a sus superiores.
No
fue sino hasta el 12 de septiembre de 2012 –10 meses después de la detención–
cuando Carmen Batista, encargada de Corporaciones en Mossack Fonseca, se dio
cuenta de que Dávila estaba en la cárcel. Envió un mensaje a los ejecutivos del
despacho: “Revisando la página web para ver si encontraba la dirección del
nuevo administrador (de GG Global), el señor Gillispie, leí en una de las
páginas que los directores de las sociedades están implicados en un proceso que
tiene que ver con uno de los hijos de Muamar Gadafi”, señala.
“La
señora Dávila se encuentra detenida en México, y según parece viajaban en los
aviones del señor Gillispie (el nuevo administrador). Ella funge como directora
de las tres sociedades”, agregó.
De
inmediato se prendieron las alarmas. Rubén Hernández, director ejecutivo de
Mossack Fonseca ordenó una investigación. Ésta demoró más de lo esperado.
“Hola, chicas, ¿qué estamos esperando en este caso para renunciar (a la
representación de GG Global)?”, preguntó el 8 de octubre de ese año en un
e-mail interno Josette Roquebert, del área de Corporaciones del despacho.
Un
día después –9 de octubre–, Sandra Cornejo, jefa de Conformidad de Mossack
Fonseca, envió a Hernández un resumen del caso de Dávila, Gillispie y la red
para traer a Saadi Gadafi a México. Le propuso un “curso de acción”: “Renunciar
como agentes de registro de las tres compañías tan pronto como nuestro
Departamento de Corporaciones obtenga con la debida diligencia información
sobre esas tres compañías, incluidos sus directivos y propietarios”.
Advirtió:
“Si el cliente no está dispuesto a proveer la información dentro de los próximos
15 días, presentaremos nuestra renuncia como agentes de su registro”. Luego le
pidió a Hernández autorización para “presentar ante las autoridades un Reporte
de Actividad Sospechosa (de GG Global)”.
Hernández
dio luz verde, pero no fue sino hasta el 26 de febrero de 2013 cuando se
concretó el trámite de “renuncia como agente de registro”.
Casi
dos meses después –el 11 de abril de 2013– el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México otorgó un amparo a
favor de la canadiense Vanier y de la mexicana Dávila, y ordenó su liberación
inmediata. Argumentó que no había elementos para declararlas culpables y señaló
además que se había incurrido en diversas anomalías procesales. l
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