El caso:....
Al servicio del narco: pruebas documentales y testimonios hunden a Yarrington/
IRENE SAVIO
PROCESO # 2142, 12 de noviembre de 2017
Para jueces florentinos, los gobiernos de México y de Estados Unidos han aportado pruebas de que el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington –arrestado en Italia en abril pasado– primero facilitó y luego participó en las actividades de los cárteles del Golfo, de Los Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva de 1999 a 2009 a cambio de millones de dólares, echando por tierra argumentos de la defensa del político tamaulipeco que pretendía ser presidente.
ROMA.- En agosto de 2004, en un rancho llamado El Tinieblo, propiedad de Tomás Yarrington, se reunieron el entonces gobernador de Tamaulipas y quien sería su sucesor, Eugenio Hernández Flores, con los narcotraficantes Heriberto Lazcano Lazcano, jefe de Los Zetas, y Eduardo Costilla Sánchez, líder del Cártel de Golfo.
Eran las postrimerías del periodo gubernamental de Yarrington y en esa reunión se decidió que el Cártel de Golfo designaría a los jefes de policía y otros funcionarios encargados de la seguridad del estado en el nuevo gobierno de Hernández, mientras que Los Zetas nombrarían al director de las cárceles de Tamaulipas.
Yarrington le dijo a Hernández que debía ayudar a los narcotraficantes y que él había trabajado “siempre muy bien” con el Cártel del Golfo.
El episodio fue relatado por el declarante El Pitufo (nombre en código del testigo protegido). Aparece en actas judiciales incluidas en el expediente del proceso de extradición de Yarrington en Italia, a una de cuyas partes tuvo acceso este semanario.
El del Pitufo es uno de los testimonios que, según la acusación, reconstruyen de primera mano el presunto pasado criminal de Yarrington. De hecho, la sentencia 18/17 de la Sección Primera de la Corte de Apelaciones de Florencia acredita dichos testimonios como detallados y coincidentes en la descripción de hechos que imputan al exgobernador de Tamaulipas.
Testimonios
De acuerdo con los jueces florentinos, existe convergencia en las declaraciones judiciales de los testigos Ángeles, El Pollo, Pedro, El Pitufo, Yeraldín y Rufino. Se trata de testigos aportados por Estados Unidos y México, cuyos gobiernos piden la extradición del político priista desde que éste fue arrestado en abril pasado en Italia.
Los jueces consideran que la documentación aportada por ambos países resulta en “un elevado grado de concreción probatoria”. Señalan que los delitos presuntamente cometidos por Yarrington son “agravados” por el hecho de que poseía un papel público primario.
Así también lo pone de manifiesto la solicitud mexicana de extradición, en la que –subrayan los jueces– han sido expuestos los criterios de evaluación de las pruebas y los análisis, en particular en lo referente a la credibilidad de los testigos Yeraldín, El Pitufo y Rufino. Incluso, afirman, Ángeles ha demostrado tener un conocimiento específico y directo de los hechos y de las personas a las que en varios momentos de su testimonio describió físicamente.
Con ello, los jueces desecharon uno de los argumentos de la defensa de Yarrington, según el cual esos testimonios son parciales, contradictorios y poco fiables.
Por ejemplo, los jueces señalan que el testigo Óscar realizó una descripción precisa sobre la manera en que Yarrington recibió dinero para favorecer al Cártel del Golfo.
Consideran que la documentación transmitida por las autoridades mexicanas es plenamente idónea para explicar las razones por las que probablemente Yarrington cometió los delitos por los que se solicita su extradición.
Además, la información enviada a Italia por los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Texas/Brownsville incluye las declaraciones judiciales de un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de otro del Servicio de Impuestos Internos. El primero se encargó de las averiguaciones relacionadas con las actividades de reciclaje de dinero y tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, mientras el segundo analizó las violaciones de los estatutos federales estadunidenses en materia financiera.
De ello emerge la radiografía delictiva de un hombre que quiso ser presidente de México, pero que, según el expediente, acabó vinculándose con algunos de los narcotraficantes más cruentos de México –del Cártel del Golfo, Los Zetas y, por último, los Beltrán Leyva–, primero para arraigarse en el poder y luego para enriquecerse. A cambio de ello, no interfirió en los negocios de los capos, cooperó con ellos y los avaló a expensas de la población.
Según la reconstrucción que se colige de los documentos judiciales, todo comenzó en 1998, cuando el político tamaulipeco supuestamente encargó a Jesús Vega Sánchez, entonces secretario de Organización Política del PRI, reunirse con miembros del crimen organizado con el fin de obtener fondos para su campaña electoral como candidato a la gubernatura de Tamaulipas.
De acuerdo con el testigo Óscar, Vega Sánchez contactó entonces a Juan José Muñiz Salinas, El Bimbo, un exmando de la Policía Ministerial y supuesto emisario y escolta del narcotraficante Osiel Cárdenas.
Muñiz Salinas explicó a Vega Sánchez que el dinero provenía del crimen organizado. Por ello, una vez que Yarrington se hubiera convertido en gobernador, debía cumplir con distintos compromisos asumidos con el cártel.
Entonces Vega Sánchez respondió: “No te preocupes, Yarrington está dispuesto a cumplir con los compromisos asumidos”, según se lee en la documentación remitida por México a Italia en abril pasado y la cual sugiere la existencia de una red de policías-emisarios que mantenía el vínculo entre el político priista y los narcotraficantes.
En la tercera semana de junio de 1998, en el transcurso de un evento político en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, Muñiz Salinas habría pedido entregarle al propio Yarrington 1 millón de dólares en efectivo. El dinero se encontraba en una valija negra que recibió Vega Sánchez, quien la puso en un vehículo rojo, al cual Yarrington se habría subido al final del acto.
Posteriormente, durante los cuatro meses siguientes (de julio a octubre de 1998), Vega Sánchez supuestamente entregó a Yarrington otras valijas con cantidades de dinero similares, según el testimonio de Óscar.
Ya como gobernador de Tamaulipas –cargo que asumió en febrero de 1999–, Yarrington habría permitido, con la complicidad de otros funcionarios públicos, incluso procuradores de justicia, el paso de droga del Cártel del Golfo por las ciudades tamaulipecas de Matamoros y Valle Hermoso con destino final a Estados Unidos.
El testigo protegido Rufino señaló otra forma de colaboración: avisarle al Cártel del Golfo de las denuncias que se hicieran en su contra, de tal suerte que la organización criminal se encargaba de secuestrar o eliminar a quienes lo denunciaban. De la misma manera, si un miembro del cártel era arrestado, se procedía a su excarcelación.
El testigo Ángeles relató varios episodios en los cuales Yarrington habría recibido valijas de dinero por encargo directo de narcotraficantes, entre éstos, Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Treviño Morales, ambos miembros de Los Zetas. Por ejemplo, Ángeles contó que en una reunión realizada en agosto de 2005 le fueron entregados 2 millones de dólares para Yarrington, que él dos días después le entregó personalmente.
Entramado financiero
El expediente relativo al proceso de extradición de Yarrington incluye el contenido del acta de acusación desclasificada B12435-S1 de la Corte del Distrito Sur de Texas/Brownsville. En este documento se señala que en diciembre de 2004 Yarrington habría robado 60 millones de pesos producto de la venta de una propiedad pública perteneciente a la ciudad de Nuevo Laredo.
Ese mismo documento indica que uno de los principales colaboradores de Yarrington, el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez –propietario de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V.– presuntamente lo ayudó a emplear el dinero ganado ilegalmente para adquirir propiedades (inmuebles, vehículos e incluso un avión) en Texas.
El encausamiento judicial de la Corte de Texas indica que Yarrington utilizaba una parte de ese dinero para mantener a su amante Sindy Chapa y a los hijos nacidos de la unión de ambos.
El documento hace referencia al presunto entramado financiero creado por Yarrington en Estados Unidos: una mezcla de testaferros, empresas pantalla e incluso un complejo esquema de transferencias de dinero. En este último caso, cada transferencia no excedía los 10 mil dólares para evitar ser detectada. También utilizaba proveedores de cambio de divisas especializados en clientes comerciales.
Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2008 fueron retirados 337 mil 500 dólares en 42 transacciones distintas; entre septiembre de 2006 y septiembre de 2010, 274 mil 500 dólares fueron retirados en 35 operaciones, y entre enero de 2005 y noviembre de 2009, 114 mil 500 dólares fueron depositados en 14 diferentes transacciones, según consta en una comunicación estadunidense enviada a Italia el 17 de enero de 2017, antes del arresto de Yarrington.
En particular, entre los bancos usados para las operaciones fraudulentas figuran una decena de entidades mexicanas y estadunidenses, la mayoría con sede en Texas, pero en distintas localidades.
De igual modo, también destacan algunas empresas, presuntamente usadas para adquirir fondos de manera ilícita, fundadas en Texas el 6 de diciembre de 2005. Son los casos de la SA-Cantera Development Partners LLC y Cantera-Parkway Development Partners of SA LP, según verificó este semanario en Open Corporates, página especializada en bases de datos corporativos.
En 2012, ya en la cuerda floja, Yarrington habría planeado huir de Estados Unidos, abandonando a su amante y sus propiedades. Una comunicación de la División Criminal del Departamento de Justicia, con fecha del 10 abril pasado, sugiere que el exgobernador huyó a México en marzo de ese año cuando supo que era investigado por las autoridades estadunidenses. Pero antes ya había realizado viajes a Europa. De acuerdo con esta comunicación, hay constancia de viajes de Yarrington a Madrid en septiembre de 2009, en abril y julio de 2011 y en febrero de 2012; y a París en agosto de 2010.
Según esta comunicación, había cierta lógica en que Yarrington pensara huir a Europa, pues poseía en ese continente una amplia red de contactos que desarrolló gracias a sus actividades ilícitas y en virtud de la posición que había tenido como gobernador. Además, ha usado pasaportes falsos y seudónimos. No sólo eso, la comunicación del Departamento de Justicia estadunidense advierte al Ministerio de Justicia de Italia que si deja libre a Yarrington, éste huiría del país para evitar la extradición.
En las conclusiones de su sentencia, los jueces florentinos señalan que, de las investigaciones realizadas por Estados Unidos y México, emerge que de 1999 a 2009 Yarrington primero facilitó y luego participó en actividades de tráfico de estupefacientes del Cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva.
“Existe una base razonable” para hacer esta afirmación, aunque “la verificación plena de la existencia de los delitos imputados a Yarrington” se hará en el marco del juicio que se celebrará en el país al que será extraditado, concluyen.
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La defensa descalifica las acusaciones, por inconsistentes/IRENE SAVIO
ROMA.– La defensa de Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas confinado en la cárcel florentina de Solliciano, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Italia contra la sentencia que la Corte de Apelaciones de Florencia emitió el pasado 21 de septiembre en la que autoriza la extradición de su cliente.
Depositado el 16 de octubre y firmado por el abogado Luca Marafioti, el primer recurso contiene reclamos que reproducen y amplían parte de los argumentos formulados durante el procedimiento ante el tribunal florentino.
Entre ellos destaca la tesis de que Yarrington fue objeto de una persecución política por parte del Partido Acción Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón con el fin de desacreditarlo a él y a los miembros de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con la defensa del exmandatario, en 2009, año de la primera investigación que se abrió contra su cliente, la Procuraduría General de la República incluyó a más de 30 funcionarios del PRI y del Partido de la Revolución Democrática.
Como en la mayoría de los casos los testigos fueron los mismos, los abogados sostienen que son poco creíbles; incluso aseguran que no han aportado suficientes elementos para reconstruir el nexo de Yarrington con sus presuntos testaferros.
Denuncian asimismo la ausencia del requisito de la doble incriminación en los cargos presentados; es decir, que el delito por el cual su cliente es solicitado en extradición sea considerado punible por ambas naciones; además, los países peticionarios omitieron datos importantes.
Las autoridades estadunidenses, por ejemplo, no habrían informado que el testigo protegido Ángeles declaró contra Yarrington a cambio de una reducción de su pena. Dicen que incluso objetaron que parte de la documentación no fuera traducida al italiano.
La defensa integró su querella con informes de organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, para sustentar que, en un eventual traslado a México, Yarrington quedaría expuesto a graves violaciones de sus derechos humanos, mientras que su extradición a Estados Unidos implicaría una violación a la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
La nueva abogada
El segundo recurso del equipo de la defensa, redactado el pasado 13 de octubre, corrió a cargo de la penalista Giulia Bongiorno, quien fue diputada de partidos de centroderecha, entre ellos la Alianza Nacional y el Pueblo de las Libertades, entre 2006 y 2013.
Bongiorno suele presentarse como experta en delitos económicos y financieros, y su equipo se enfoca en el derecho penal económico y otras áreas del derecho penal.
En Italia es conocida por defender exitosamente al controvertido Giulio Andreotti, el exprimer ministro democristiano, a quien se le imputaban varios delitos, entre ellos el de asociación mafiosa.
A la penalista le llama la atención que la orden de captura de las autoridades mexicanas excluyera el delito de “asociación con el fin de traficar drogas”, un delito que sí incluyen las autoridades estadunidenses.
Sin embargo, comenta Bongiorno, como ambos países utilizan a los mismos testigos, eso resulta contradictorio.
Ella subraya que no se ha hecho una adecuada presentación de los hechos ni se han aportado pruebas que demuestren que Yarrington tuvo contactos o estableció una relación con los Beltrán Leyva, como afirman los fiscales mexicanos y estadunidenses.
Es factible que esas faltas pongan en discusión el concepto de “fundamento razonable”, necesario para que Italia proceda a la extradición.
Bongiorno citó el informe 2014 del relator especial de la ONU sobre la tortura en México para recordar que Yarrington ha recibido amenazas de muerte de grupos criminales mexicanos.
La defensa del exgobernador de Tamaulipas ya no insistió en su posición de que la excesiva exposición mediática de su cliente impide que tenga un procedimiento justo.
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La defensa descalifica las acusaciones, por inconsistentes/IRENE SAVIO
ROMA.– La defensa de Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas confinado en la cárcel florentina de Solliciano, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Italia contra la sentencia que la Corte de Apelaciones de Florencia emitió el pasado 21 de septiembre en la que autoriza la extradición de su cliente.
Depositado el 16 de octubre y firmado por el abogado Luca Marafioti, el primer recurso contiene reclamos que reproducen y amplían parte de los argumentos formulados durante el procedimiento ante el tribunal florentino.
Entre ellos destaca la tesis de que Yarrington fue objeto de una persecución política por parte del Partido Acción Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón con el fin de desacreditarlo a él y a los miembros de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con la defensa del exmandatario, en 2009, año de la primera investigación que se abrió contra su cliente, la Procuraduría General de la República incluyó a más de 30 funcionarios del PRI y del Partido de la Revolución Democrática.
Como en la mayoría de los casos los testigos fueron los mismos, los abogados sostienen que son poco creíbles; incluso aseguran que no han aportado suficientes elementos para reconstruir el nexo de Yarrington con sus presuntos testaferros.
Denuncian asimismo la ausencia del requisito de la doble incriminación en los cargos presentados; es decir, que el delito por el cual su cliente es solicitado en extradición sea considerado punible por ambas naciones; además, los países peticionarios omitieron datos importantes.
Las autoridades estadunidenses, por ejemplo, no habrían informado que el testigo protegido Ángeles declaró contra Yarrington a cambio de una reducción de su pena. Dicen que incluso objetaron que parte de la documentación no fuera traducida al italiano.
La defensa integró su querella con informes de organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, para sustentar que, en un eventual traslado a México, Yarrington quedaría expuesto a graves violaciones de sus derechos humanos, mientras que su extradición a Estados Unidos implicaría una violación a la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
La nueva abogada
El segundo recurso del equipo de la defensa, redactado el pasado 13 de octubre, corrió a cargo de la penalista Giulia Bongiorno, quien fue diputada de partidos de centroderecha, entre ellos la Alianza Nacional y el Pueblo de las Libertades, entre 2006 y 2013.
Bongiorno suele presentarse como experta en delitos económicos y financieros, y su equipo se enfoca en el derecho penal económico y otras áreas del derecho penal.
En Italia es conocida por defender exitosamente al controvertido Giulio Andreotti, el exprimer ministro democristiano, a quien se le imputaban varios delitos, entre ellos el de asociación mafiosa.
A la penalista le llama la atención que la orden de captura de las autoridades mexicanas excluyera el delito de “asociación con el fin de traficar drogas”, un delito que sí incluyen las autoridades estadunidenses.
Sin embargo, comenta Bongiorno, como ambos países utilizan a los mismos testigos, eso resulta contradictorio.
Ella subraya que no se ha hecho una adecuada presentación de los hechos ni se han aportado pruebas que demuestren que Yarrington tuvo contactos o estableció una relación con los Beltrán Leyva, como afirman los fiscales mexicanos y estadunidenses.
Es factible que esas faltas pongan en discusión el concepto de “fundamento razonable”, necesario para que Italia proceda a la extradición.
Bongiorno citó el informe 2014 del relator especial de la ONU sobre la tortura en México para recordar que Yarrington ha recibido amenazas de muerte de grupos criminales mexicanos.
La defensa del exgobernador de Tamaulipas ya no insistió en su posición de que la excesiva exposición mediática de su cliente impide que tenga un procedimiento justo.
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