Severa crítica a la SSP

La guerra antinarco: de la simulación a la inoperancia
Ricardo Ravelo, reportero

Publicado en la revista Proceso, 1636, 16/03/2008; Pp

Atacada por los mismos vicios que las antiguas corporaciones policiacas, la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna, es la causante del fracaso de la “guerra contra el narcotráfico”. Un alto mando de la Policía Federal Preventiva, despedido de esta corporación por oponerse a los “enjuagues”, no sólo denuncia el influyentismo, la corrupción y el desorden, sino su resultado: la ineficacia de los operativos contra el narco…
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, ha convertido la guerra contra el narco en un gran negocio para sus amigos e incondicionales, por lo que en esa dependencia y en la Policía Federal Preventiva (PFP) privan la corrupción, el dobleteo de viáticos, la compra de aeronaves sin licitación y, peor aún, el desorden que ha ocasionado el fracaso de los operativos contra el narcotráfico iniciados en diciembre de 2007 por el presidente Calderón.
Tal es la evaluación que hace Javier Herrera Valles –recientemente destituido de la Coordinación de Seguridad Regional de la PFP por órdenes de García Luna–, para quien la ineficacia de los operativos contra el crimen organizado –que “a los altos mandos de la PFP nos avergüenza”– ha sido propiciada desde la cúpula de la SSP.
En entrevista con Proceso, Herrera Valles cuenta que al tomar conciencia de las presuntas complicidades de García Luna con la delincuencia, decidió enviar una carta al presidente Felipe Calderón, a la cual adjuntó varios documentos que le llegaron por diversas vías.
En esa carta de siete cuartillas –una copia de la cual tiene Proceso–, Herrera Valles recuerda al presidente Calderón que, en el sexenio pasado, Genaro García Luna creó la AFI, “con la complacencia del entonces presidente Vicente Fox Quesada (posiblemente engañado)”, para combatir a la delincuencia organizada, pero en vez de disminuir, “se fortaleció e incrementó el narcomenudeo en nuestro país, así como el tráfico de drogas y la violencia…”.
La situación actual, prosigue la misiva, es “producto de la ineficacia y la corrupción de los elementos de la renovada corporación con comandantes regionales de la AFI supuestamente certificados con altos estándares de confiabilidad, avalados por un comité de profesionalización, quienes durante el sexenio anterior se vieron inmiscuidos en diferentes actos de corrupción (venta de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico, protección a la delincuencia organizada, entre otros), desde sus directivos hasta los agentes de más alto nivel…”.
Para hacer llegar su carta y los documentos que la soportan al presidente Calderón, Herrera Valles analizó los canales idóneos y decidió tocar dos puertas: el 18 de febrero pasado le entregó el legajo a Juan de Dios Castro Lozano, actual subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y luego visitó a Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, quien recibió la misiva por medio de Roberto Gavaldón, su secretario particular.
Herrera Valles pensó que sus documentos llegarían a las manos del presidente de la República, como se lo habían prometido, pero apenas dos días después, el 20 de febrero pasado, Castro Lozano le mandó decir con su secretario particular, Miguel Ángel Vázquez, que no era conveniente entregar aquella misiva al primer mandatario. Le sugirió que no se metiera en problemas “porque Genaro García Luna era uno de los hombres consentidos del presidente Felipe Calderón”.
De Rodolfo Elizondo no obtuvo respuesta. “Me dijeron que luego se comunicaban conmigo, pero no me han vuelto a llamar”.
Lo que sorprendió a Herrera Valles fue confirmar el poder que García Luna ejerce sobre el presidente Calderón y su capacidad para espiar, pues antes de que el presidente se enterara de la carta, dice, “supe que la misiva y todos sus anexos estaban en el escritorio de García Luna”.
–¿Quién filtró la carta a García Luna para que éste la tuviera antes que el presidente?
–No lo sé, pero no hay pierde: o fue Castro Lozano o Rodolfo Elizondo. Lo que está claro es que Genaro tiene una amplia red de cómplices que no sólo engañan al presidente, sino que, con todo el aparato de espionaje, no dudo que el presidente y sus colaboradores más cercanos están muy bien observados o abiertamente ligados a los intereses de García Luna, pues nadie lo ha podido mover del cargo a pesar de que está documentada la corrupción y la ineficacia frente al narco. No quiero pensar que el presidente Calderón sea parte de esa mafia…
A la guerra, desarmados
De acuerdo con su propia experiencia en el combate al crimen organizado y con base en la información de que dispone, Javier Herrera Valles afirma que los operativos realizados en la República para abatir el narcotráfico han resultado “un rotundo fracaso”.
– ¿Por qué?
–Nos mandaron a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia; andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos por las órdenes y contraórdenes que nos giraban nuestros jefes, y esto provocó que la sociedad ahora piense que todos los policías servimos al crimen organizado.
–¿Tiene razón la sociedad al pensar que la policía y sus jefes protegen al narco?
–En parte sí, porque hay elementos corruptos, pero otros no lo son, y a esos los está eliminando Genaro García Luna porque, a pesar de que dispone de todo un ejército policiaco, priva la desorganización, lo que pone en evidencia que el crimen organizado es más poderoso que nosotros. Eso me consta porque yo lo viví desde adentro, desde que empezamos el Operativo Conjunto Michoacán, el cual resultó un rotundo fracaso por la cauda de errores y fallas que aún no se corrigen.
Javier Herrera Valles, policía de carrera con más de 30 años de servicio, piloto, formado en las filas de la Policía Federal de Caminos, dice que García Luna está empeñado en “dar de alta a jovencitos de 25 años de edad sin tener experiencia y a los que muchas veces les pagan hasta 130 mil pesos, mucho más de lo que gana un policía con verdadera formación y larga carrera”.
Según su organigrama, la PFP tiene 34 regiones en el país, 30 mil elementos adscritos a seis coordinaciones bajo el mando de Eusebio Millán Gómez –“incondicional” de García Luna–, comisionado de la PFP y subordinado de Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, quien al igual que Genaro García emergió de los sótanos del Cisen.
Javier Herrera Valles es comisario general (para alcanzar ese grado se requieren 25 años de carrera, acota), y hasta el 19 de febrero último fungió como coordinador de Seguridad Regional de la PFP. Ese día su jefe Millán Gómez lo despidió, “sin justificación”.
Las diferencias entre ambos surgieron, entre otras razones, a raíz de que Herrrera rechazó el ingreso de Jorge Covarrubias Hernández, un joven de 25 años a quien Millán pretendía nombrar inspector general, cargo para el que es requisito tener más de 25 años de servicio.
“No podía aceptarlo porque este muchacho, como muchos otros, no tiene la preparación adecuada. Esa es la gente que está metiendo García Luna a la institución. Se los jala de la AFI o de otra corporación y les asigna salarios estratosféricos. Lo único que provoca es que se genere más corrupción, ya que estos muchachos se convierten en incondicionales de sus jefes y son capaces de hacer cualquier fechoría para quedar bien con sus superiores, y así cuidan su salario.”
Es por ello –explica– que la lucha contra el narcotráfico ha resultado un rotundo fracaso. A pesar de que hay presencia policiaca en casi todo el país, los operativos realizados en Michoacán, Guerrero, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Sinaloa y Veracruz han fracasado. Lo peor, apunta, es que “se ha puesto en vergüenza a la policía frente a la sociedad.
Herrera Valles refuerza sus aseveraciones con ejemplos:
El 7 de febrero de 2007, en pleno arranque de los operativos, llegó a Guerrero, tierra de feroces disputas y asesinatos, con 300 hombres. Arribaron también mil elementos de la Coordinación de Seguridad Regional, del Ejército y la Armada. Disponían de tres helicópteros como apoyo. Pero estas aeronaves, asegura, “no servían de nada”.
–¿Por qué? –se le inquiere.
–No se podía tener comunicación desde el aire con las bases terrestres. Esas aeronaves se sumaron a la ineficacia, ya que para poder tener apoyo aéreo, a pesar de las emergencias frente al narco, se tenían que canalizar las solicitudes al jefe del Estado Mayor de la PFP, Osvaldo Luna Valderrábano –exchofer de García Luna–, quien carece de experiencia y es alguien al que nunca se le podía localizar.
Sostiene Herrera que, en privado, García Luna habla de la ineficacia y debilidad de las fuerzas policiacas frente al narco sólo para justificar, entre otras cosas, la compra de aeronaves, como las tres que adquirió recientemente la SSP para el transporte de personal.
Por eso, mediante el contrato SSP/PFP/009/2007, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PFP aprobó la compra, sin licitar, de tres helicópteros marca Sikorsky, modelo S70A Black Hawk, cuyo costo es de 43 millones 68 mil dólares. La operación se aprobó en dos sesiones celebradas el 30 y 31 de octubre de 2007.
Durante la primera reunión, el Comité de Adquisiciones de la PFP rechazó la compra debido a que la documentación –se dijo– era inconsistente, pero García Luna presionó para que se autorizara la adquisición a la empresa Sikorsky International Operation Inc.
El primer helicóptero, de acuerdo con datos consultados dentro de la SSP, está por llegar, y los otros dos serán entregados en fechas posteriores.
Herrera no se explica tanto derroche en tecnología mientras él y sus compañeros han sido víctimas directas de lo que llama “un pavoroso desorden”.
En Guerrero, refiere, “no sabíamos qué hacer. Andábamos desorientados. El área de Inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información. No sabíamos a quién estábamos persiguiendo. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘váyanse para allá’, ‘ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘coloquen retenes y hagan presencia en las calles’, pero todo aquello era la total descoordinación”.
Y mientras policías, marinos y militares “éramos como un hormiguero disperso”, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: ocho sujetos vestidos de verde olivo, con boinas rojas y cámaras de video, arremetieron contra dos bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones, los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas una mujer embarazada. “Todo eso fue a plena luz del día y a pesar de que éramos mil elementos los que patrullábamos la ciudad”.
Otro caso vergonzoso –prosigue– fue el secuestro de cuatro agentes de la AFI –Guimel Raúl Aponte Santillán, Óscar Alberto Vértiz Valenzuela, Luis Solís Solís y Víctor Omar Nolasco Espinoza–, perpetrado por Los Zetas en Tamaulipas, horas después de haber detenido a varios miembros del cártel del Golfo que se divertían en el centro nocturno Cincuenta y Siete.
A estos agentes los secuestraron, los torturaron y luego los entregaron en un retén policiaco en Guadalupe, Nuevo León, donde fueron puestos a disposición de la Policía Ministerial. Allí declararon que el plagio fue cometido por un grupo de Halcones, policías tamaulipecos al servicio de Los Zetas.
Y a mediados de febrero, en los municipios de San Fernando y Reynosa, Tamaulipas, nuevamente se vio “la debilidad o la complicidad de la policía con el narco” durante la ejecución del Operativo Conjunto.
La PFP, la AFI y el Ejército habían colocado 10 puntos de revisión, por uno de los cuales logró pasar, extrañamente, una camioneta Hummer blindada que circulaba a toda velocidad y que, detenida poco después por la Policía Federal de Caminos (la que García Luna “quiere desaparecer”), contenía cinco armas largas y cinco cortas.
Aunque hubo dos detenidos, comenta Herrera Valles, las Fuerzas Federales de Apoyo no se movilizaron, “se quedaron paralizadas”.
Viáticos y licencias
Otro caso escandaloso de la SSP de García Luna lo ilustra el oficio PFP/EM/SI05095/2007, mediante el cual se extendió una licencia de 180 días al suboficial Francisco Javier Ruiz García, supuestamente para cumplir con una misión especial que se prolongaría hasta el próximo 18 de abril.
No obstante, el pasado 6 de febrero Francisco Javier fue detenido en la Central de Abastos junto con su hermano, Jaime Ginés Ruiz García, cuando descargaban un tractocamión que aparentemente llegó repleto de verduras pero que en su interior ocultaba dos camionetas blindadas, presuntamente robadas y sin el contrato de flete correspondiente.
Las camionetas –una Ford Lobo y una Jeep Grand Cherokee, ambas de procedencia extranjera– iban a ser montadas en una plataforma de la empresa Ginés, propiedad de Jaime Ginés Ruiz, quien se identificó como elemento activo de la PGR.
El camión de carga había logrado pasar todos los retenes porque era operado por personal de la PFP y porque la caja del mismo estaba sellada. Se comprobó que las facturas de los vehículos eran falsas, en tanto que los detenidos –bajo el cargo de posesión de vehículos de dudosa procedencia– dijeron que serían entregados a sus compradores en la Ciudad de México. Nunca se acreditó la existencia de esos compradores.
El oficio de licencia para el suboficial Francisco Javier Ruiz García –del que Proceso tiene una copia– fue fechado el 22 de octubre de 2007 y está firmado por otro personaje que rescató García Luna: Nahum García Martínez, actual inspector-jefe de la PFP.
Dicho funcionario de la PFP, García Martínez, fue acusado por Alfonso Navarrete Prida, en calidad de procurador general del Estado de México, de estar ligado a la presunta extorsión de que fue víctima Enrique Salinas de Gortari días antes de ser asesinado el 6 de diciembre de 2004.
Y lo que ocurre con las “licencias” no difiere de lo que sucede con los viáticos, como lo ilustra el oficio PFP/CSR/DGPF/0153/2008, donde el director general de Puertos y Fronteras, Héctor Alejandro Moreno Mendoza, solicita otorgar viáticos “sin comprobar” al comisario Alfonso Ayala Romero para realizar una tarea especial del 26 de enero al 6 de febrero de 2008.
A pesar de hallarse en esa supuesta comisión, Ayala Romero volvió a recibir viáticos sin comprobar, del 31 de enero al 14 de febrero, de acuerdo con el oficio de autorización PFPCSR/DGPF/0204/2008, solicitados también por Moreno Mendoza, “en cumplimiento de las instrucciones de Édgar E. Millán Gómez” (el “incondicional” de García Luna), detalla el oficio.
Menciona que el 16 de mayo de 2007 se produjo una balacera entre policías y narcotraficantes en Cananea, Sonora, y que dos días después la SSP emitió su boletín número 179, donde informaba que Héctor Alejandro Moreno Mendoza –entonces supervisor de la zona noroeste de la PFP– y Javier Garza Palacios –a la sazón coordinador general en el área de Seguridad Regional– habían sido removidos de sus cargos por yerros y desatinos que motivaban una pérdida de confianza.
Sin embargo, apunta Herrera Valles, esos funcionarios siguen incrustados en la SSP por decisión del propio García Luna. Mientras Garza Palacios es enlace policial en la embajada de México en Colombia –aún adscrito a la SSP–, Moreno Mendoza fue designado director general de Puertos y Fronteras.
–¿Cuál es su opinión de todo este desastre policiaco y de esta corrupción escandalosa?
–No sé qué decir. Me entristece, como a muchos otros compañeros, lo que pasa, y me duele que el narco y la delincuencia se estén apoderando de este país. Como ya lo dije, no quiero pensar que el presidente de la República sea parte de esa mafia que parece estar sirviendo a los intereses del crimen organizado…