XXVI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP)
Salón Tesorería, Palacio Nacional 11:20 horas
Previo a la 26 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el presidente Felipe Calderón encabezó un almuerzo con el gabinete de seguridad, gobernadores y algunos alcaldes en el Palacio Nacional.
El almuerzo inició a las 08:30 horas y concluyó a las 10:30 horas.
A las 11.20 horas, el secretario general del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón*, declaró quórum y agradeció a los servidores públicos que pertenecen a dicho organismo su asistencia a la sesión número 26. El funcionario hizo notar que esta es la primera reunión que celebra dicho Consejo tras la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (publicado en el DOF, el día 2 de enero de 2009):
En la apertura de la 26 Sesión el Presidente Calderón acompañado por el Gabinete de Seguridad, así como de representantes del Poder Judicial y Legislativo, expresó que la últimas pesquisas de la PGR corroboran las redes de cobertura y protección al crimen en diversas instancias de Gobierno.
Atribuyó el crecimiento de la delincuencia a la permisividad y tolerancia de anteriores autoridades. "Quizá se pensó que era manejable o inevitable (el problema del crimen organizado). Estamos pagando los costos de años de permisividad y tolerancia", deslizó ante los Gobernadores. "El arreglo tácito o explícito fue acrecentando la impunidad".
Por ello, externó a los Gobernadores de Morelos, Michoacán y Nuevo León que vigilará la aplicación de la ley sin distingos partidistas.
El presidente Calderón se refirió específicamente a los operativos en estados como Michoacán y Morelos y señaló que no habrá miramientos para castigar a funcionarios que se coludan con la delincuencia. "Quien traicione desde el servicio público la confianza de la sociedad, tiene que saber que no habrá fuero partidista que lo libre de castigo", aseveró.
Durante su discurso, el Presidente Calderón Hinojosa destacó también las iniciativas aprobadas por el Congreso en la materia, como la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Extinción de Dominio, así como al de la Policía Federal.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó, asimismo, la conformación de tres comisiones permanentes que den seguimiento a los trabajos del Consejo en la materia.
Las comisiones quedaron integradas de la siguiente manera, según lo informó el Secretario Ejecutivo del (SNSP), Jorge Tello:
1.-La Comisión de Información será presidida por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y tendrá como vocales a los gobernadores de Nuevo León, Chiapas y Morelos, Natividad González Parás, Juan Sabines Guerrero y Marco Antonio Adame;
2.- La Comisión de Certificación y Acreditación quedó integrada por el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, como titular, y por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el gobernador de Tabasco, Andrés Granier y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como vocales;
3.- La Comisión de Previsión del Delito será presidida por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y tendrá como vocales al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez; a la gobernadora de Zacatecas, Amalia García y al procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
El Presidente Calderón en la XXVI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Martes, 2 de Junio de 2009 Palacio Nacional
Gracias, muy buenos días.
Señoras y señores Gobernadores de los estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Señor Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Señoras y señores Secretarios de Estado, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad.
Distinguidos invitados.
Representantes de la sociedad civil.
Señoras y señores:
Hoy el Consejo Nacional de Seguridad Pública sesiona por primera vez en el marco de lo dispuesto por la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En mi calidad de Presidente del Consejo, establecida en el propio marco normativo, doy a ustedes la bienvenida y agradezco la asistencia de todos.
Esta Sesión de Consejo tiene lugar en un momento decisivo de la lucha del Estado mexicano por la seguridad.
Sé que a todos nos preocupan los acontecimientos recientes. Las pesquisas llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República están corroborando la existencia de redes de cobertura y protección al crimen dentro de las propias instancias de Gobierno, que ese es el verdadero problema.
Externo, tanto a los Gobernadores, como a los ciudadanos de estados como Morelos, Michoacán o Nuevo León, que al igual que ustedes, estaré al pendiente de que se aplique la ley con justicia y sin distingo.
Sin embargo, más allá de las comprensibles diferencias de opinión, respecto de estas acciones, en lo que estoy seguro coincidimos es en la imperiosa necesidad de romper las redes de complicidad y cobertura que el crimen ha venido tejiendo en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, lo mismo en el orden Federal que en el estatal o municipal y sin distingo del origen político-partidista de los gobernantes.
En esta tarea de preservación de la vida institucional debe quedar clara la firme voluntad del Estado y de quienes lo representamos, de salvaguardar las instituciones democráticas en beneficio de los ciudadanos.
Las redes de complicidad buscan, precisamente, garantizar la impunidad de los criminales, someter a su capricho la capacidad del Estado de procurar justicia y garantizar la seguridad pública. Eso es algo que no podemos ni debemos permitir.
Si algo tenemos claro es la profundidad y el alcance del poder corruptor y de intimidación de la delincuencia.
Estamos hablando no sólo de un problema endémico, de corrupción de las instancias de seguridad, sino también de la captura, por parte de las organizaciones criminales, de instituciones básicas de la República, como son los órganos de procuración de justicia y de seguridad, por un lado; y, por otra, de diversas instancias del Gobierno, desde el plano Federal, como aquí ya se ha señalado, hasta instancias básicas de la convivencia ciudadana y cercanísimas a los ciudadanos, como son los gobiernos municipales.
Éste, por desgracia, no es un problema nuevo. La situación que vivimos se ha venido acumulando y creciendo a lo largo de mucho tiempo; quizá se pensó que era un asunto manejable o inevitable; quizá se pensó que no tendría consecuencias serias en la vida cotidiana de los gobiernos o de los ciudadanos. El hecho es que ahora estamos pagando los costos de años de permisividad y tolerancia ante la criminalidad.
El arreglo tácito, o en algunos casos explícito, entre instituciones de seguridad y delincuentes, fue acrecentando la impunidad, fruto ésta de la corrupción o del miedo o de ambos, y a su vez, la impunidad ha venido prohijando la multiplicación de los delitos de diverso orden de importancia y magnitud.
Claramente estamos ante una grave amenaza para la sociedad y, por supuesto, ante un desafío directo a las autoridades del Estado. Enfrentamos enemigos cuyo poder de corrupción, intimidación o amenaza no distingue filiaciones partidistas ni divisiones entre órdenes de Gobierno.
Por eso, en esta lucha no hay lugar para titubeos, divisiones, ni deslealtades; quien traicione desde el servicio público la confianza de la sociedad y decida servir a los criminales y no a los mexicanos, tiene que saber que no habrá fuero partidista o consideración política alguna que lo libre de la acción de la justicia.
Ante la delincuencia todos tenemos que cerrar filas, lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia, de nuestras instituciones representativas, de nuestra capacidad como país para alcanzar el desarrollo por la vía de la legalidad.
Esta es una lucha que tenemos que dar y ganar todos juntos como mexicanos y como gobernantes. Para lograrlo, tenemos que perseverar en una estrategia coordinada que sume los esfuerzos de todas las instituciones nacionales, de todos los poderes y de todos los órdenes de Gobierno.
Desde la última sesión de este Consejo Nacional, también hay que señalarlo, se han presentado avances importantes en ese sentido que es necesario valorar y reconocer, al tiempo de señalar la existencia de múltiples pendientes que siguen agraviando a la ciudadanía.
Destaca el compromiso, por ejemplo, del Poder Legislativo Federal que ha aprobado varias iniciativas presentadas por el Ejecutivo en materia de seguridad, entre las que destaca la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con ella la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, que antes dependía de la voluntad aislada de cada autoridad, ahora es obligatoria; esto es fundamental para cerrar espacios a la impunidad que una mala entendida división de competencias pudo haber generado.
Destacan también la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, exigencia de la sociedad, que crea el Registro Nacional de Teléfonos Celulares y cuya implementación ya está en curso.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, renovada, que entre otras cosas amplía las facultades del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
La Ley Federal de Extinción de Dominio, con la que podremos golpear las redes financieras del crimen organizado y mermar su capacidad de financiamiento y de daño.
La Ley de la Policía Federal que otorga facultades a las policías para prevenir e investigar de mejor manera la prevención de los delitos.
También hay que reconocer los esfuerzos de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios para depurar, fortalecer y dotar de mayores recursos a sus instituciones de seguridad.
Todos somos conscientes de que la participación de las Fuerzas Armadas en el soporte y refuerzo a la seguridad pública ha sido una tarea indispensable, ética y de naturaleza subsidiaria; es decir, una tarea que eventualmente deberá ser asumida a plenitud por las autoridades civiles en todo el país y en todas las instancias.
De ahí nuestro respetuoso llamado a dichas autoridades, a todas las que contamos con mando policiaco en los distintos órdenes de Gobierno, para acelerar el paso en este proceso de recomposición institucional de depuración, formación y fortalecimiento de renovados cuerpos policiacos que debe continuar hasta su puntual cumplimiento en todo el país y que es parte medular del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Finalmente, también es necesario resaltar los esfuerzos hechos por la sociedad civil que ha participado de manera activa y propositiva en el seguimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad a través del Observatorio Ciudadano.
Además, la denuncia ciudadana, valiente, ha sido clave para capturas peligrosas de bandas criminales, secuestradores, narcotraficantes y otros delincuentes.
Los avances específicos, en el caso del Gobierno Federal, deberán ser detallados por el Secretario Ejecutivo del Consejo. Quiero referirme a algunos de ellos.
Primero. Resultados positivos de los Operativos Conjuntos contra la delincuencia organizada.
Quiero destacar aquí algunas de las capturas realizadas desde la última sesión del Consejo a la fecha, de delincuentes peligrosos e importantes como son: Miguel Ángel Soto Parra, fundador de Los Zetas; Octavio Almanza Morales, alias El Gori 4, y Napoleón Mendoza Aguirre, alias El Napo, integrantes de la organización Cárdenas Guillén, y responsable, el primero, del homicidio del General Tello, en la ciudad de Cancún; de Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, capo y líder financiero del cartel del Pacífico; Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, responsable directo de tortura y ejecución de nueve militares en Monterrey, y de atentados con granada contra un medio televisivo y contra el Consulado de los Estados Unidos, miembro de Los Zetas; Héctor Huerta Ríos, alias La Burra, lugarteniente de la organización Beltrán Leyva y responsable de esa organización en la Zona Metropolitana de Monterrey.
Vicente Carrillo Leyva, alias El Ingeniero, del Cártel de Juárez; Rafael Cedeño Hernández, alias El Cede, líder operativo del grupo delictivo La Familia; Germán Torres Jiménez, alías El Tatanka y también líder fundador de Los Zetas.
Jaime Campos Esquivel, alias El Pay, también operador de La Familia michoacana; Rodolfo López Ibarra, El Nito, capo del cartel de Beltrán Leyva y presunto sucesor de Huerta Ríos; Roberto Beltrán Burgos, alias El Doctor, operador directo de Joaquín Guzmán Loera y de Ismael El Mayo Zambada del cartel del Pacífico.
También vale la pena destacar que en varias entidades donde están desplegadas las fuerzas federales, en algunos de los casos significativos, el número de homicidios vinculados al crimen organizado se ha reducido significativamente.
Por ejemplo, en Baja California se presentó una disminución de casi un 80 por ciento, en Chihuahua de casi un 30 por ciento y en Sinaloa de casi un 45 por ciento, comparando el primer trimestre de 2009 contra el último trimestre de 2008.
Segundo. Se ha reforzado la ofensiva en contra del secuestro apoyando fuertemente a las autoridades estatales competentes y municipales para enfrentar este delito. Desde la firma del Acuerdo, el esfuerzo nacional contra el secuestro ha llevado a la detención de 917 presuntos secuestradores, a la desarticulación de 133 bandas y a la liberación de 671 víctimas.
También es positivo que hoy 14 entidades de la República cuenten ya con unidades antisecuestro y otras 15 estén en proceso de fortalecimiento.
Sin embargo, sabemos, por desgracia, que el secuestro sigue ahí, que las bandas siguen delinquiendo y que la sociedad sigue en peligro. Tenemos que perseverar y apretar el paso, precisamente, en la erradicación de este delito que agravia, especialmente, a la sociedad.
Tercero. Estamos avanzando en la depuración de las instituciones de seguridad. Hasta ahora en el nivel Federal se han aplicado más de 10 mil evaluaciones de control de confianza a servidores públicos federales, que representa un avance del 60 por ciento respecto del objetivo.
Cuarto. Estamos trabajando junto con la sociedad para fortalecer la cultura de prevención del delito; por ejemplo, se han incorporado más de 15 mil 500 centros educativos al Programa Escuela Segura, con lo cual se rebasó la meta del Acuerdo, y además se ha cumplido ya con la meta prevista en el mismo de rescatar más de mil espacios públicos y ponerlos en las manos de los ciudadanos.
En suma, los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipales, la sociedad y el Gobierno Federal, tenemos que seguir cerrando filas para proteger a México de la acción de la delincuencia.
La magnitud del desafío es enorme, pero no podemos ni debemos ceder un ápice en nuestro empeño; es momento, por contrario, de redoblar esfuerzos, porque la responsabilidad es nuestra y el reto no admite demoras.
Señoras y señores Consejeros:
El futuro de México exige un compromiso decidido y sin ambigüedades con la causa de la seguridad, la legalidad y la justicia. La acción destructora y corrosiva de los criminales que atemorizan, hostigan y, finalmente, dañan a los ciudadanos que quieren trabajar y vivir en paz constituye el mayor atentado a la libertad de los mexicanos y a su seguridad; tiene que ser combatido por el Estado mexicano en todas sus instancias y con toda determinación.
La razón de nuestra lucha y de nuestro quehacer es clara: hacer de México una Nación donde prevalezca la seguridad, el orden y la ley, que es la primera y más importante tarea del Estado.
Un México donde libremos a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la esclavitud de las adicciones, un país donde las familias puedan ser verdaderamente libres; es decir, que puedan convivir tranquilamente, donde los padres no tengan que enfrentarse nunca a la desoladora incertidumbre de no saber el paradero de sus hijos.
Un México donde no haya comunidades condenadas a vivir en la sombra del miedo ni de la violencia de los grupos, que por la vía de las armas y de la ilegalidad, pretenden apoderarse de la autoridad de sus comunidades.
Ese México no sólo es deseable, sé que ese México es posible y que está en nuestras manos el poder construirlo y todos los aquí presentes debemos seguir refrendando en los hechos el compromiso indeclinable de trabajar juntos hasta lograrlo.
Los retos son muchos, el camino que tenemos que recorrer es largo y difícil, pleno de amenazas y de adversidades; pero los mexicanos sabemos unirnos para enfrentar y resolver estos problemas y por eso sé que no daremos un paso atrás.
México nos necesita unidos y firmes. Sigamos adelante por el bien de los mexicanos.
Muchas gracias.
Si me permiten, quisiera que me acompañaran, simplemente, para hacer la declaratoria formal de instauración o instalación de este Consejo.
Siendo las 11 horas con 38 minutos del martes, 2 de junio de 2009, declaró formalmente inaugurada la XXVI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Muchas gracias.
