"Justicia “nostra”. La SCJN avaló el acoso judicial contra Alfredo Rivera Flores

Justicia “nostra”

Álvaro Delgado

Revista Proceso # 1823, 9 de octubre de 2011

Han sido siete años de “crueldad” judicial –como lo define su abogada, Perla Gómez Gallardo– los padecidos por el periodista Alfredo Rivera por haber investigado, documentado y publicado un estudio sobre el fenómeno del porrismo universitario en Hidalgo y sus flagrantes conexiones políticas. El dirigente “estudiantil” y político priista Gerardo Sosa Castelán lo demandó por daño moral… y ganó. Así demostró que en México todavía hay intocables.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el acoso judicial contra el periodista Alfredo Rivera Flores, quien deberá indemnizar por daño moral al político priista Gerardo Sosa Castelán, comunicadores, académicos y activistas se organizan para enfrentar una escalada que, afirman, existe contra la libertad de expresión en México.

El encargado de fijar el pago económico a Sosa Castelán por daño moral que dice le causó Rivera Flores por escribir el libro La Sosa Nostra. Gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, y que se teme sea millonario, es el mismo juez que emitió la sentencia en primera instancia, en un juicio que duró siete años y que la SCJN convalidó, lo que constituye un caso prototípico de acoso judicial al ejercicio periodístico.

“Hoy en México escribir un libro es un acto ilícito, y la autoridad judicial es el actor del ataque”, afirma Perla Gómez Gallardo, quien se hizo cargo de la defensa de Rivera Flores desde que, el 6 de agosto de 2004, Sosa Castelán presentó la demanda que concluyó con un fallo luego de siete años y que la abogada define como “crueldad judicial”.

Y es que la sentencia contra el periodista hidalguense es no sólo por haber escrito el libro –prologado por Miguel Ángel Granados Chapa, también demandado por Sosa, aunque él sí absuelto–, sino por publicarlo, distribuirlo y comercializarlo, acciones exclusivas de la editorial.

“(Los ministros) al negarle el amparo le confirman la sentencia que lo condena hasta por lo que no hizo y lo van a sancionar con una ley no vigente, porque no le reconocieron la retroactividad en su beneficio”, expone Gómez Gallarado, también litigante de otros casos emblemáticos de libertad de expresión.

–En ese sentido, ¿la Suprema Corte avaló el acoso judicial?

–Sí, fue parte del mismo, porque a los ministros les llegó el caso y tardaron dos años para resolver y, finalmente, decidieron no otorgar el amparo.

De hecho, asegura, dos de los cinco ministros de la Primera Sala, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo, ni siquiera leyeron el expediente y otro, José Ramón Cosío, cambió repentinamente el sentido de su voto.

Creyente de que la justicia que no es expedita no es justicia, Gómez Gallardo acusa: “Aquí hay una perversidad institucional cuando se permite que se alarguen los tiempos y que la otra parte –la acusadora– promueva situaciones improcedentes que terminan alargando un procedimiento con el auspicio del juez”.

–¿Es el mismo juez que admitió la demanda y la sentencia?

–¡Exacto! Por eso tenemos el temor fundado de que no va a actuar de la manera más correcta, como no lo ha hecho en otros momentos. Pero si el juez actúa mal iremos contra él en el Consejo de la Judicatura, y también si cuantifica mal nos vamos a la apelación y al amparo en cada momento hasta que eso quede de la mejor manera.

–¿Qué consecuencias tiene este caso?

–Principalmente el hecho de que alguien que quiere hacer una investigación periodística lo va a pensar, porque puede ser demandado, como Alfredo, cuya primera sentencia llegó cuatro años después. Y mantener permanentemente demandado a alguien es una nueva forma de inhibir la libertad de expresión. Es muy sutil, pero muy efectiva.

Deber y daño moral

Rivera Flores, autor del libro sobre las andanzas porriles del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), acata la sentencia y la indemnización que fije el vigésimo noveno juez, Miguel Ángel Robles Villegas, pero advierte que recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para defender la libertad de expresión.

“Seguiremos litigando para obtener la razón y para que los jóvenes investigadores y los periodistas puedan saber que en este país publicar un libro no debe ser un hecho ilícito y que tienen el deber moral de aportarle a la sociedad los elementos para que conozca su pasado”, puntualiza.

“Esa condena, que está a punto de concretárseme en una cantidad monetaria, ya venía siendo pagada con siete años de estar atado a un juicio. Esto es uno de los primeros elementos negativos para la libertad de expresión: Que alguien no pueda ejercer su derecho a la opinión crítica y sustentada es ya el castigo”, expone quien viajó más de 350 ocasiones de Pachuca, donde reside, a la Ciudad de México para asistir a las audiencias.

“A pesar de los pesares, mi libro es socialmente necesario y sólo por eso lo volvería a escribir”, sentenció ante un grupo de periodistas, académicos y activistas, el miércoles 5, en una reunión para pactar una estrategia unitaria ante un clima adverso a los periodistas en México, en particular por parte de personajes públicos, sobre todo políticos.

Por eso el caso de Rivera Flores no es aislado, advierte Perla Gómez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y profesora de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “El análisis nos lleva a determinar que hay una tendencia muy puntual a utilizar las instancias judiciales como mecanismo de ataque a la libertad de expresión”.

Justamente el miércoles 5 se inauguró, en las instalaciones de la UAM Cuajimalpa en la colonia Roma, un “Seminario permanente” con el propósito de ser “un punto de encuentro para analizar, desde diversos acercamientos, el tema de la libertad de expresión, convirtiéndose en un ejercicio multidisciplinario que lleve a la reflexión y generación de políticas públicas y fortalecimiento institucional en la materia”.

Esta iniciativa se inauguró con una conferencia sobre la libertad de expresión del historiador Lorenzo Meyer, quien el 29 de agosto fue absuelto, junto con la cadena MVS, de una demanda por daño moral presentada por el director del diario Milenio, Carlos Marín, gracias a la defensa precisamente de Gómez Gallardo.

Estuvo presente, además, Eduardo Huchim, columnista del diario Reforma, a quien la magistrada Consuelo Villalobos Ortiz demandó, junto con otros cinco periodistas, por más de seis millones de pesos por publicar información con documentos públicos sobre la construcción del edificio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa.

Asistieron también miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo mismo que las comisiones de Transparencia de Tlaxcala y Campeche. Además, las fundaciones de Libertad de Expresión, Manuel Buendía, la Casa de los Derechos de Periodistas, la Asociación de Abogados Democráticos y México Infórmate, así como las revistas Zócalo y Contralínea.

Los primeros acuerdos del seminario fueron apoyar y respaldar al periodista Alfredo Rivera, una de cuyas acciones es el envío de una carta al presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, para solicitarle que en uso de sus atribuciones no se emita una sanción económica desproporcionada al supuesto daño contra Sosa Castelán.

Y, además, exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se aprueben las reformas pendientes a favor de la investigación necesaria de libertad de expresión en casos de homicidios de periodistas, las leyes de honor y el secreto profesional para consolidar este derecho en la capital.

“Así como él tiene violentada su libertad de expresión, nosotros los ciudadanos tenemos violentado nuestro derecho a saber”, puntualizó Gómez Gallardo para ejemplificar las consecuencias del acoso judicial a Rivera Flores, quien ha pasado siete años en los laberintos de la justicia desde que, en agosto de 2004, fue demandado por Sosa Castelán.

En esa fecha, el político priista, quien dos veces ha sido precandidato a la gubernatura y que ahora coquetea con el Partido Acción Nacional (PAN), reaccionó jurídicamente a La Sosa Nostra. Gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, que comenzó a circular en mayo de ese año, justo cuando estaba en curso el proceso priista para designar candidato, que recayó finalmente en Miguel Ángel Osorio Chong, actual operador de Enrique Peña Nieto.

Sosa Castelán no sólo demandó a Rivera Flores, sino al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista del libro, al editor Librería Miguel Ángel Porrúa, Libraria S. A de C. V., que hizo la formación tipográfica, el diseñador de la portada, Enrique Garnica Ortega, y a Héctor Rubio Traspeña, fotógrafo de la contraportada.

Sosa citó en su demanda pequeños fragmentos del libro donde aduce el aparente daño que se le ocasiona, como sus ligas con el porrismo y vandalismo, y aun señala que se le exhibe como alguien que carece de límites. Por tanto, demanda la indemnización como reparación del presunto daño, el retiro y destrucción de todos y cada uno de las publicaciones del libro.

“Esa es la ratificación de lo trivial y superficial de la demanda y eso deja margen para que uno crea que el juez Robles Villegas operó, al menos, con cortedad de miras, pero podrían ser otros los motivos que dio un fallo tan absurdo”, dice.

Aunque Granados Chapa fue exonerado, dice Rivera, “de todas maneras fue sujeto a un enorme proceso, porque a su circunstancia personal de salud tenía que agregarle las tediosas, abrumadoras y molestas audiencias y sin embargo ahí estuvo, firme, y obtuvo, como era de elemental justicia, la exoneración total y absoluta en este caso”.

 Ministros de tarjetas

 Al respecto, Rivera explica que su libro es sobre el porrismo coludido con los gobernantes de Hidalgo, en un intercambio de beneficios mutuo. “Sin embargo, cuando aparece Sosa Castelán, esto se lleva a extremos de tratar de alcanzar el poder político en pleno y es por esa razón que fue dos veces precandidato a la gubernatura”.

Y confiesa: “Con lo que no contábamos era que el joven dirigente universitario era de piel sensible y además se había crecido al paso de los años, meced a la impunidad que tuvo en las fuerzas públicas y que incluso le desaparecieron un expediente delictuoso, para creerse que su moral estaba dañada si se mencionaban simple y sencillamente algunos de sus hechos negros de violencia”.

Así comenzó un juicio que, el 10 de agosto, quedó firme con la decisión de la Primera Sala de la SCJN de no concederle el amparo para que le fuera aplicada la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y a la Propia Imagen, aprobada en 2006 y que motivó precisamente su caso.

“Lo más patético es que el caso que inspiró la ley es el caso que no va a ser favorecido por la ley”, lamenta Gómez Gallardo, quien explica que el amparo era para pagar una indemnización menor a Sosa Castelán, pero los ministros consideraron que el principio de retroactividad no era aplicable, porque Sosa Castelán saldría perjudicado.

Lo curioso es que, en un caso análogo, sí ocurrió desde la primera instancia: Fue en la demanda de Regino Díaz Redondo, exdirector de Excelsior, contra Granados Chapa, Floylán López Narváez y el Canal 11, a los que en segunda instancia se absolvió.

“En el caso de Alfredo solicité lo mismo y lo negaron, y a partir de ahí fue un viacrucis adicional de ir a la segunda instancia, al amparo, la revisión a la Primera Sala de la Corte”.

Gómez Gallardo evoca dos situaciones que gravitaron en contra de Rivera: La muerte del ministro Jesús Gudiño Pelayo, quien estaba a favor de la limitación a la protección de figuras públicas, y la incorporación de Jorge Pardo Rebolledo, “quien ni siquiera revisó el expediente”.

Lo mismo pasó con Ortiz Mayagoitia, quien tampoco sabía de qué se trataba y alegó que sus asesores le dieron mal la ficha del caso: “Son ministros que se pronuncian no sobre el expediente, sino sobre las fichas que les pasan”.

Ahora el juez que sentenció a Rivera va a fijar el monto de indemnización por el supuesto daño moral a Sosa, “que en todo el expediente nunca aparece, porque nunca lo acreditaron”. El temor es que se fije un monto millonario, por lo que hace un llamado al presidente del TSJDF para que supervise.

“Porque si se trata de seguir afectando a Alfredo, como ha sido estos siete años, obviamente tenemos el temor de que sea una cantidad desproporcionada”, subraya.

Explica que el tiro del libro fue de 4 mil ejemplares y cada uno costaba entre 100 y 120 pesos, por lo que el monto es menor a los 500 mil pesos, de cuya cantidad Rivera sólo recibió el 7% de regalías. “Son unos 35 mil pesos lo que él ‘lucró’, entre comillas, con su libro. Que el juez sepa que todos lo estamos observando y que ya tenemos un parámetro racional del monto”.

 Libro sobre el libro

 Contador público por la UNAM, con posgrado en Francia, Alfredo Rivera padeció como estudiante, profesor y director de la Escuela de Contaduría y Administración el porrismo en la UAEH, uno de cuyos líderes fue y es Sosa Castelán, y la colusión con los gobiernos en turno.

Participante activo en la política, periodista que ha animado diversos proyectos editoriales y los sábados conduce, desde hace varios años, el programa radiofónico “Especial de las Diez”, Rivera espera que el juez que lo sentenció actúe con decoro, por lo menos ahora que fijará la indemnización a Sosa Castelán.

Y así como ha recibido solidaridad del gremio periodístico, de académicos, intelectuales y sectores de la sociedad, también prevé que habrá respaldo para indemnizar a Sosa Castelán.

Además de la cooperación económica que se estima habrá, uno de los proyectos para financiar la indemnización, si es que no es millonaria, es publicar un libro justamente sobre todo el litigio de siete años. “Hemos definido que realizaremos un libro sobre el libro”.

Una parte será sobre el aspecto estrictamente jurídico del  litigio, encabezado por Perla Gómez; otra se refiere a la libertad de expresión que analizan quienes han apoyado su caso y sus propias vivencias.

“Lo menos relevante es lo personal, pero finalmente las cuestiones públicas vienen a concretarse en las personas. Me ha tocado vivir este asunto y eso da lugar a una serie de experiencias personales, de vivencias, y esa parte también constituirá ese proyecto del libro, que pensamos que una vez terminado y con un tiraje suficiente podrá darnos, si no el monto total de  lo que la sentencia nos exija, al menos paliará esta situación”.

Rivera dice que, en efecto, la sentencia le da a Sosa la razón jurídica, pero la vox populi, que a veces es muy etérea, ahí está:

“En Hidalgo ha quedado establecido que los hidalguenses, los pachuqueños en concreto, tienen memoria y esa memoria no le permite otorgarle su voto a Sosa Castelán en los puestos públicos. Hay un rechazo social, es absolutamente claro que no goza de las simpatías de la población.”

Enseguida aclara: “De todas maneras se trata de un tipo hábil que se ha podido colar en los entresijos de la política, a veces en contra de su propio partido, porque con esta facilidad que tiene para no tener una definición ideológica propia, entonces puede coquetear, y de hecho ahora mismo lo hace, con el PAN o con el PRD”.