Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015
Cabildeo
peñista en favor de Calderón/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
El
gobierno mexicano emprendió una ofensiva para evitar un juicio en la Corte
Penal Internacional contra Felipe Calderón, por el sinnúmero de delitos de lesa
humanidad perpetrados merced a su guerra contra el narco. Todo parece indicar
que el gobierno de Peña Nieto teme una ampliación de la indagatoria en la cual
se incluyan crímenes cometidos en esta administración, como los de Tlatlaya y
Ayotzinapa. Así, presiona a la fiscal a cargo del expediente e incluso
fanfarronea con la cantidad de dinero que dona al tribunal.
Ante
la cercanía del pronunciamiento de la CPI sobre la denuncia contra Calderón
presentada en septiembre pasado por tres organizaciones no gubernamentales
(Proceso 1977), una delegación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación
(Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) viajó a La Haya,
Holanda, sede de la Corte, para evitar que la fiscal Fatou Bensouda admita a
análisis preliminar la denuncia enderezada contra Calderón y el exsecretario de
la Defensa Nacional, el ahora general retirado Guillermo Galván.
A
esa denuncia se suma la presentada ante la misma CPI por otras organizaciones,
en la que también se pide investigar por crímenes de guerra al exsecretario de
Seguridad Pública Genaro García Luna, a Joaquín El Chapo Guzmán y a otros
narcotraficantes, pero en la cual se señala a Calderón como el principal
responsable de las miles de ejecuciones, desapariciones y desplazamientos
forzados durante su sexenio.
El
área de Derechos Humanos de la Segob, a cargo de la subsecretaria Lía Limón, y
la de Asuntos Internacionales de la PGR, dirigida por la subprocuradora Mariana
Benítez, se sumaron a las gestiones que encabeza la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE). Personal de ambas áreas viajó al comienzo del año a La Haya
para evitar que ese tribunal siquiera analice las distintas peticiones contra
el Estado mexicano.
Para
su decisión, la fiscal Bensouda ha recabado información sobre la cadena de
mando en las diferentes áreas del gobierno federal acusadas de graves
violaciones a los derechos humanos entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012,
así como de las sanciones del Estado mexicano en los crímenes contra la
humanidad perpetrados por la delincuencia organizada.
En
La Haya, el principal operador de la defensa de Calderón es el embajador ante
los Países Bajos, Eduardo Ibarrola Nicolín, designado para esa tarea por el
expresidente y ratificado por Peña Nieto. La estrategia del también
exsubprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR se complementa con la
defensa particular de Fernando Gómez-Mont, secretario de Gobernación entre 2008
y 2010.
Ristra
de irregularidades
Las
denuncias contra Calderón se acumulan en la CPI. La primera la presentaron en
octubre de 2012 diversas ONG. En diciembre de ese año el exgobernador
coahuilense Humberto Moreira presentó otra y en septiembre pasado, la Comisión
Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH), la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos del Noroeste demandaron al expresidente y al exsecretario de
la Defensa Nacional por la tortura de 95 personas en Baja California a manos de
efectivos de la II Región Militar e integrantes de la Policía Estatal
Preventiva.
Paulina
Vega, vicepresidenta de la FIDH, asegura que el caso de México ha representado
mucha presión para la CPI. Además, hasta de los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa
había un gran desconocimiento internacional sobre la impunidad de las
violaciones a los derechos humanos en México.
La
posición del gobierno mexicano es que la CPI sobrepasaría sus funciones en caso
de que decidiera analizar la denuncia contra Calderón, dice la también
excoordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición de
Organizaciones No Gubernamentales por la CPI.
Con
ese argumento, el gobierno de Peña Nieto quiere evitar que México se sume a la
lista de los 17 países africanos, asiáticos y latinoamericanos investigados o
bajo examen preliminar por graves violaciones a los derechos humanos.
La
CPI tiene abiertas nueve indagatorias, todas contra países africanos: República
Democrática del Congo, Uganda, dos contra la República de África Central,
Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí. En examen preliminar se encuentran
Afganistán, Colombia, Nigeria, Georgia, Guinea, Honduras, Irak y Ucrania. El
gobierno mexicano está haciendo todo lo posible para no entrar a ese grupo. El
propósito de las investigaciones es llevar a los tribunales y condenar a los
altos funcionarios que resultaran responsables.
José
Guevara, director ejecutivo de la CMPDDH, asegura que a pesar del cabildeo, el
gobierno mexicano no ha podido presentar a la fiscal Bensouda información sobre
averiguaciones previas consignadas ante la justicia y mucho menos sentencias
contra funcionarios de primer nivel señalados como responsables de crímenes
graves. “No lo ha hecho sencillamente porque no existen, al menos en el caso de
la denuncia que presentamos por la tortura en Baja California”.
Considera
que la apuesta del gobierno de Peña Nieto es mostrar que México está abierto a
la cooperación internacional en materia de derechos humanos, por lo cual sería
innecesaria una intervención de la CPI.
“No
quiere que la CPI ponga los pies en México, y se ha dedicado a minar la
capacidad de la Corte”, añade el extercer visitador general de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
La
defensa
El
cabildeo del peñanietismo se intensificó ante la cercanía de la decisión de la
fiscal respecto de la denuncia promovida contra el expresidente por las
denuncias de tortura en Baja California. Ha habido acercamientos con la también
exfiscal general de Gambia tanto en la Asamblea General de los Estados Partes
(AEP) como en reuniones privadas.
Durante
la decimotercera sesión de la AEP del Estatuto de Roma de la CPI, en diciembre
pasado en la sede la ONU, en Nueva York, el subsecretario para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo,
fue tajante: México rechaza los exámenes preliminares, como la demanda que está
en análisis contra Felipe Calderón.
En
su intervención ante el pleno de los 122 países miembros de la CPI, el 10 de
diciembre, Gómez Robledo dijo que la Corte no tiene esa función y propuso
ponerle un candado a los exámenes preliminares a través del establecimiento de
criterios o incluso mediante un mecanismo de revisión judicial.
Cuestionó
el concepto de “complementariedad positiva”, mediante el cual la CPI puede
ayudar a los países miembros a fortalecer sus capacidades en la procuración de
justicia y en la sanción de los responsables de violaciones a los derechos
humanos.
A
la Corte no le toca esa tarea, según el subsecretario: “Tenemos dudas
crecientes respecto de si corresponde a un órgano judicial, como es la Corte,
asumir funciones que no tiene bajo el Estatuto de Roma, aun de carácter
informal e indirecto, que corresponden más a la naturaleza y mandato de otras
instituciones creadas expresamente para ese fin”.
Aseguró
que México no requiere del auxilio del tribunal de Naciones Unidas porque tiene
la capacidad de investigar y sancionar por sí mismo las violaciones de
garantías individuales, además de que está “totalmente abierto al escrutinio
internacional en materia de derechos humanos”.
Sin
hacer mención directa de la desaparición forzada de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, Gómez Robledo refirió que en un reciente caso “que ha indignado al
gobierno y a la sociedad en su conjunto”, México pidió apoyo técnico a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para “dotar de credibilidad a las
actuaciones del Estado”.
Además,
dijo que el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU “genera políticas públicas, como está ocurriendo en mi país”. También
mencionó la presencia en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz
Roja.
Por
si eso fuera poco, abundó, “en el contexto de la Declaración de Alto Nivel
sobre Estado de Derecho de 2012, mi país impulsó el establecimiento de
compromisos, hechos por Estados de todas las regiones, que incluyen objetivos
específicos en torno al Estatuto de Roma”, en vigor desde 2002.
Ante
el creciente cuestionamiento internacional sobre la capacidad de México de
evitar matanzas y desapariciones forzadas, mencionó que el país participa “en
las negociaciones de los objetivos de desarrollo sostenible post 2015 en la
promoción del estado de derecho”. Es más, anunció que el gobierno estaba
convocando a una reunión internacional en su territorio, durante este año, para
fortalecer el tribunal internacional.
Para
la administración de Peña Nieto, la CPI no debe intervenir, ni con asistencia
técnica, para evitar la impunidad derivada de crímenes de lesa humanidad
ocurridos en el sexenio pasado y, mucho menos, en el actual.
Tres
días antes de que ocurriera la desaparición de los normalistas, la delegación
mexicana participante en el Grupo de Trabajo de La Haya sobre el tema de la
complementariedad argumentaba con énfasis el rechazo de México. En un documento
de trabajo catalogado como confidencial, al que tuvo acceso Proceso, se
estableció que durante la decimotercera sesión de la AEP se debía rechazar la
asistencia técnica de la CPI, como finalmente estableció Gómez Robledo.
“La
resolución que adopte la decimotercera sesión de la asamblea debería excluir
nuevos mecanismos y evitar un mandato a la Oficina de la Asamblea para la
promoción del fortalecimiento de las capacidades nacionales en la investigación
y persecución de crímenes internacionales (conocida como ‘complementariedad
positiva’)”. En el documento se insistió en que el caso debe verse en otros
foros internacionales, que no tienen capacidad de sanción.
El
dinero
La
postura mexicana, que también ha sido expresada en consultas bilaterales,
recurre al tema del presupuesto para obstaculizar la función de asistencia de
la CPI. El gobierno de Peña Nieto argumenta: esa Corte ya tiene mucho quehacer
y poco dinero, no hay que darle más tareas. Que se centre en los Estatutos de
Roma y no vaya más allá.
Desde
su posición como décimo donante del tribunal internacional, de un total de 122
países, el gobierno mexicano asegura que la oficina de la fiscal de la CPI, a
cargo de los exámenes preliminares, gasta dinero en tareas de fortalecimiento
de capacidades nacionales que no le corresponden. Menciona que las actividades
de la asamblea y de la CPI en reuniones, preparativos, negociaciones o
traducciones merman el presupuesto de la Corte.
Según
México, la oficina de la fiscal carece de mandato para impulsar los
procedimientos nacionales de investigación y sanción. “Su independencia de
persecución de los delitos no debe de sobrepasar sus funciones”. Los esfuerzos
para promover un enfoque “preventivo” de fortalecimiento de las jurisdicciones
nacionales para que los casos no lleguen a la CPI están más allá del mandato de
la propia Corte, insiste.
Directa,
la delegación mexicana dijo que quería hacer valer su calidad de donante:
“México es uno de los principales contribuyentes a la Corte Penal Internacional
y tiene un legítimo interés como Estado Parte del Estatuto de Roma en el tema
mencionado. Apreciaríamos que se le diera la debida consideración a estas
preocupaciones”.
De
acuerdo con los anexos de la resolución de la decimotercera sesión de la
asamblea, México ocupa el décimo lugar de donadores con más de 27 millones de
euros (458 millones 460 mil pesos) desde que reconoció la jurisdicción de la
CPI en 2005.
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