Revista
Proceso
# 2021, 25 de julio de 2015..’’
La fuga: hubo
muchas señales previas/JORGE CARRASCO A. Y VENERANDA MENDOZA
Muy
poco antes de la fuga del Chapo Guzmán hubo varios indicios de que algo se
estaba fraguando, pero a nadie pareció importarle. No sólo unas inusuales
obras de la Conagua pasaron excesivamente cerca de la prisión –pretexto para
desconectar los sensores de movimiento– sino que pocas horas previas al escape
y a 37 kilómetros del penal, policías mexiquenses detuvieron a tres hombres que
confesaron ser parte del Cártel de Sinaloa, con la misión de improvisar una
pista de aterrizaje.
En
los días y horas previos a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel de
máxima seguridad del Altiplano, en las inmediaciones de esa prisión hubo intenso
movimiento de trabajadores y hasta detenciones de hombres armados. Pero para
las fuerzas e instancias federales encargadas de la vigilancia del penal, y
para las autoridades del Estado de México, se trató de meros hechos rutinarios.
La tarde del
viernes 10, un día antes de la fuga del capo sinaloense, efectivos de la
Comisión Estatal de Seguridad (CES) detuvieron a tres personas que se
identificaron como miembros del Cártel de Sinaloa. Iban fuertemente armados y
admitieron haber estado preparando y vigilando una pista clandestina, en una
comunidad localizada a media hora del penal.
Los
detenidos se identificaron como José Ramón García, de 18 años; Carlos Tovar
Amparo, de 40, y José Antonio González, El Pony, de 54 y señalado como jefe del
grupo. Los policías de la CES no sabían qué hacer con ellos. Ninguna autoridad
se los recibía, según informes de la propia corporación.
El
Ministerio Público estatal de la Subprocuraduría de Atlacomulco no se quiso
hacer cargo. Puesto que traían armas de alto poder, fueron entregados a la
delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Estado de
México, pero sólo hasta el día siguiente. Sin
embargo, para ésta se trataba de simples “raterillos”. Proceso solicitó a esa
instancia federal información sobre la situación judicial de los detenidos, sin
obtener respuesta.
La
detención ocurrió en la comunidad de Mavoro, del municipio de Jocotitlán, sobre
la carretera Toluca-Atlacomulco, a 37 kilómetros del penal del Altiplano, a
unos 30 minutos en automóvil.
Los
efectivos de la CES realizaban recorridos coordinados de vigilancia en los
límites de Ixtlahuaca, Atlacomulco y Jocotitlán, cuando recibieron un reporte
del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. Vecinos habían
denunciado la presencia de hombres armados en un camino de terracería de
Mavoro.
Cuando
llegaron, los policías encontraron a los tres hombres a bordo de dos vehículos:
un Chevrolet Aveo plateado, con placas G78-ADA, y un Dodge Vision color vino,
con placas G77-ADA. Según el reporte policial, las dos matrículas pertenecen al
Distrito Federal. Pero en el padrón vehicular de la capital del país, ésas no
existen.
Los
ocupantes arrancaron sus vehículos, de “modelo reciente”, e intentaron huir,
detalló la corporación en el comunicado 380/2015 emitido a las 15:58 horas del
sábado 11, una vez que el Ministerio Público local aceptó recibir a los
detenidos. El informe policial se conoció cinco horas antes de la fuga del
líder del cártel de Sinaloa.
El
reporte de la CES refiere que a los detenidos les fueron incautadas dos armas
largas M-16, calibre 5.56 mm, con lanzagranadas adaptados y cargadores
abastecidos, uno con 29 y otro con 30 cartuchos útiles. También llevaban siete
granadas, dos chalecos tácticos y 22 cargadores con 609 cartuchos calibre 2.23
mm.
El
comunicado apenas agrega que los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía
Especializada para Delincuencia Organizada de la PGR, en Toluca, donde se les
abrió la carpeta de investigación 443650730001115 por los delitos de portación,
tráfico y acopio de armas prohibidas.
Confesos
Sin
embargo, la CES omitió información asentada en los partes oficiales –que
conoció este semanario–: los detenidos se asumieron como integrantes del Cártel
de Sinaloa y revelaron que su encomienda era preparar y resguardar una pista
improvisada para el aterrizaje de una avioneta.
Los
tres indicaron que ya habían rellenado algunos baches y aplanado el terreno
para la pista, y señalizado con cal la brecha. También tenían el encargo de
comprar chalecos antibalas y cascos mineros de la marca Truper.
Según
el parte, los policías informaron que estos sujetos pidieron a los pobladores
apagar sus celulares y no asustarse, pues sólo estaban en espera del aterrizaje
de una avioneta y después se irían.
En
su declaración ante la PGR, los detenidos dijeron tener su domicilio en
Nayarit, desde donde salieron a Guadalajara. Luego a Querétaro y de ahí a
Atlacomulco.
En
ese municipio mexiquense estuvieron tres días. Se hospedaron en el hotel El
Dorado. Fueron a una agencia de automóviles de Ciudad Satélite, en Naucalpan,
para adquirir las dos unidades que les fueron decomisadas.
Los
policías que detuvieron a los tres hombres fueron removidos del sector. No
fueron los únicos cambios en la CES. El domingo 5, seis días antes de la fuga
del Chapo, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila designó como su titular a
Eduardo Valiente Hernández, excoordinador de la PF en el Estado de México. Éste
reemplazó a Damián Canales Mena, hombre cercano al secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.
Tras el escape
de Guzmán, Osorio designó a Canales director de la División de Inteligencia de
la PF en sustitución de Ramón Pequeño.
Aunque
no se ha aclarado si salió de la institución, Pequeño era uno de los hombres de
Genaro García Luna, con responsabilidad en la seguridad del país, junto con el
actual titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido
García (Proceso 2020).
Atlacomulco
y Jocotitlán, que durante tres días fueron base de operaciones de los
detenidos, son municipios en los cuales miembros de la clase política
mexiquense, que ahora están en el gobierno federal, tiene raíces familiares y
propiedades.
La
coartada del Cutzamala
La
prolongada operación de cuadrillas de trabajadores de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) en los alrededores del penal del Altiplano, e incluso cerca de los
muros carcelarios, tampoco fueron motivo de alerta por parte de los autoridades
encargadas de la vigilancia de la instalación carcelaria.
A
tres metros de la barda perimetral, paralela a uno de los muros laterales del
Altiplano, los trabajos de ampliación de la línea 2 del Sistema Cutzamala se
convirtieron en el pretexto ideal para que las autoridades penitenciarias
desconectaran los sensores de movimiento que presuntamente evitaron que se
notara la construcción del túnel por el cual huyó El Chapo.
Durante
meses, los 700 trabajadores que en ellas participan crearon las condiciones
propicias –ruidos, movimientos de maquinaria e inquilinos desconocidos– que no
merecieron vigilancia especial por parte de las autoridades.
Las obras
comenzaron en octubre de 2014, a poco más de siete meses del ingreso de Guzmán
Loera al Altiplano.
La
Conagua anunció el cambio de siete tubos de la Línea 2 y el reforzamiento de
otros 17, en el tramo que va del tanque Santa Isabel al Túnel Analco San José,
entre los municipios de Almoloya de Juárez y Atlacomulco. Las obras continúan.
Apenas
el fin de semana anterior a la evasión, entre el viernes 3 y el lunes 5, la
Conagua realizó otra obra, el mantenimiento preventivo de 25 tubos del sistema
de las líneas 1 y 2.
Para
esos días, la dependencia anunció la reducción, en 10%, del caudal de agua
potable al Valle de México, por “trabajos especiales de mantenimiento en los
acueductos del Sistema Cutzamala, con el fin de reequiparlos y renovarlos para
preservar la confiabilidad en su operación”.
Las
tareas fueron encabezadas por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Su director general, Fernando González Cáñez, explicó que más de 830 personas
laboraron durante 45 horas en 15 distintos frentes para renovar la tubería.
Para
el mantenimiento se emplearon 43 máquinas pesadas, entre grúas, excavadoras y
retroexcavadoras. También 286 unidades de equipo menor: bombas, plantas de
soldar, generadores, compactadoras, equipo de oxicorte, bombas para el lanzado
de concreto, compresores y martillos demoledores. Además se utilizaron 126
vehículos entre camiones plataforma, pickups, camiones cisterna y ambulancias.
De
acuerdo con la información de Conagua, participaron técnicos especializados y
trabajadores de la industria de la construcción. Pero también, efectivos de la
Secretaría de la Defensa, PF y Seguridad Pública del Estado de México para
garantizar la vigilancia. Ninguna de esas instancias reportó circunstancias
extrañas alrededor del penal en los días previos a la fuga.
La
PGR indaga la suspensión de los sensores de movimiento después de que los
presos se quejaron por el ruido de los trabajos, sobre todo en las noches. Las
faenas de la Conagua, según filtraciones de las declaraciones de las
autoridades del penal ante la PGR, activaban con frecuencia las alarmas de
monitoreo, lo que ponía en falsa alerta al personal.
Los
empleados del Altiplano valoraron como mínimo el riesgo de desconectar los
sensores, pues permanecían activas las demás medidas de seguridad: cámaras,
equipos de microfonía y detección de armas y drogas.
Los
sensores de movimiento permiten detectar cualquier daño en paredes o
excavaciones, pero estaban apagados el sábado 11, cuando se concretó el escape,
y aun desde semanas atrás, con lo que al parecer se facilitaron los trabajos
para llevar el túnel hasta la celda 20, del pasillo 2, del área de Tratamientos
Especiales.
La
tubería del Cutzamala se introdujo en el costado derecho. En tanto, la regadera
de Guzmán Loera estaba del lado izquierdo, al doblar la parte trasera del
inmueble.
Detenidos
y liberados
El
presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso mexiquense, Octavio
Martínez, consideró que la fuga del Chapo “no se puede entender sin la
participación del Estado (de México)”. Las autoridades están obligadas a
explicar “por qué el trazo de las obras se desvió al Altiplano”, aseguró el
diputado el miércoles 22 afuera de la casa de gobierno de Ecatepec.
El
perredista incluso llevó un camión de tierra y lo vació frente al inmueble, con
la intención de demostrar que era imposible ignorar las toneladas de material
que se extrajeron para hacer el túnel.
Por
territorio, el municipio de Almoloya de Juárez es el cuarto más extenso de la
entidad, con 483 mil 800 kilómetros cuadrados. La mayoría de los terrenos de la
comunidad de Santa Juana, donde se asientan el penal y la casa en obra negra en
la que desemboca el túnel, se encuentran sin urbanizar, por lo que el
territorio para planear la ampliación de la Línea 2 del Cutzamala es vasto.
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