Revista
Proceso
# 2021, 25 de julio de 2015..’’
Lavado para el
Cártel de Sinaloa/ALEJANDRO GUTIÉRREZ
Pese
a que la policía española puso al descubierto la complicada ingeniería
financiera para lavar dinero del Cártel de Sinaloa llevada a cabo por el
abogado Joan Piqué, la condena para el catalán y sus coacusados resultó
escandalosamente baja tras 11 años de juicio: un año de prisión. Sólo para ello
sirvieron las pruebas de que el cerebro financiero de la operación criminal
tenía vínculos –incluso vía Panamá– con narcotraficantes sinaloenses y había
armado una compleja trama de blanqueo con una veintena de empresas, entre ellas
Monex, utilizada por Enrique Peña Nieto cuando era candidato presidencial para
repartir dádivas a cambio de votos.
MADRID.-
El pasado 8 de abril la Audiencia Nacional dictó sentencia contra 19 españoles
radicados en Madrid y Barcelona, por su responsabilidad en una trama de lavado
de dinero del tráfico internacional de cocaína del Cártel de Sinaloa y de sus
socios colombianos.
Entre
los sentenciados destaca el abogado Joan Piqué Vidal, presentado en el fallo
judicial como importante miembro de la célula de Barcelona y cuya asesoría
permitió crear un entramado financiero de 26 sociedades para el movimiento del
dinero sucio. De los 236 millones de euros que la organización blanqueó durante
tres años en México, Estados Unidos y España, los acusados lavaron aquí 78.4
millones.
En
esta red de sociedades, el papel principal en la célula catalana lo tuvo uno de
los promotores más conocidos del espectáculo mexicano: Guillermo Ocaña Pradal,
relacionado con Héctor Beltrán Leyva, El H, cuando éste aún formaba parte del
también llamado Cártel del Pacífico.
Ocaña,
señalado en la sentencia como “acusado en rebeldía” (prófugo), “utilizaba la
contratación de cuentas corrientes por parte de sociedades en las que se
depositaban fondos procedentes de inversiones inexistentes, que posteriormente
transferían (junto con dinero sucio) casi en su totalidad a casas de cambio en
México, en concreto a Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de
Cambio, mediante la oficina de representación en España de Bank of America con
el concepto de “Inversión Inmobiliaria-Cartera Tarraco”.
El
grupo Monex estuvo implicado hace tres años en el escándalo relacionado con la
entrega de tarjetas bancarias a cambio de voluntades electorales durante la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Tras
11 años de investigación y juicio –inexplicablemente la causa judicial estuvo
paralizada siete años por el juez 4, Fernando Andréu–, la singular sentencia se
redujo a un año de prisión para Piqué Vidal y la mayoría de los procesados en
este juicio, pese a que la Fiscalía Antidrogas española pedía nueve años para
cada uno de ellos.
Con
esta sentencia y debido a sus problemas de salud, Piqué, de 62 años,
seguramente no pisará la cárcel, como no lo hará el resto de los españoles
sentenciados.
Hasta
ahora no hay una explicación oficial sobre este cambio de criterio jurídico,
pese a que la llamada “Operación Tacos” (la cual puso al descubierto la
infraestructura del blanqueo de capitales del cártel mexicano-colombiano) tenía
sólidas pruebas, según se desprende del sumario, copia del cual tiene Proceso y
que publicó en sus ediciones 1710 y 1779.
En
medios jurídicos, aunque existe una buena opinión de la fiscal antidrogas
Carmen Ballester Ricart, se advirtió que por ser la fiscalía un ente
jerárquico, el pacto para reducir la sentencia pudo ordenarse desde instancias
superiores.
“Estos
acuerdos no son comunes, pero se dan en casos en que el acusado pone en charola
de plata la cabeza de alguien de mayor nivel”, explica una fuente jurídica que
conoció la Operación Tacos.
Sin
embargo, aclara, en este caso la sospecha no se centra en que se haya entregado
a alguien del narco, más bien en el “profundo conocimiento que Piqué i Vidal
tiene de las esferas políticas y empresariales en Cataluña”, donde ha sido
representante legal del expresidente catalán Jordi Pujol Soley o del polémico
financiero Javier de la Rosa.
El
diario en internet Economía Digital advertía sobre el inusual acuerdo y
coincidía que el trato sería posible si el abogado “hubiera entregado la cabeza
de alguien en bandeja de plata al ministerio fiscal”.
Y
es que Piqué es uno de los abogados más conocidos en Cataluña y cuya polémica
trayectoria está vinculada a los escándalos más sonados de los últimos años.
Corrupción
judicial
En
el libro Banca catalana: caso abierto. Lo que no se contó del escándalo que
enriqueció a Jordi Pujol (Península Atalaya. 2015), Pere Ríos describe la
influencia que tenía entre los jueces el defensor legal del entonces presidente
de Cataluña, acusado del desfalco a esa institución bancaria –intervenida por
el Estado español– y de donde consiguió parte de su inmensa fortuna, hoy
sometida a múltiples investigaciones por delitos fiscales y blanqueo, como lo
están siendo también las ramificaciones del dinero de sus hijos.
Señala
en el libro: “Si Jordi Pujol fue el presidente de la Generalitat de Cataluña
entre 1980 y 2003, Joan Piqué Vidal ejerció de abogado del régimen en esos
años, pues no había causa judicial que afectara al gobierno catalán o a
Convergencia (Democrática de Cataluña) que no pasara por su despacho y lo
cierto es que sólo en contadas ocasiones se dictó sentencia condenatoria”.
Añade
el periodista de El País en Cataluña: “Pero la sombra alargada que proyectaba
Piqué Vidal en la judicatura, la política y algunos círculos empresariales se
disipó cuando él acabó sentado en el banquillo y condenado por delinquir en
sociedad con el juez prevaricador Luis Pascual Estevill, aquel que se imbuyó de
justiciero cuando se desveló que no era sino un extorsionador, con toga, de
empresarios adinerados”.
El
libro se refiere a la otra sentencia contra Piqué Vidal y el juez Estevill,
caso por el que ambos fueron condenados en enero de 2005 por cohecho,
prevaricación y detención ilegal, “los delitos más graves que se pueden imputar
a un abogado y un juez de los que presumía tamaña honorabilidad”, porque
extorsionaban a empresarios involucrados en delitos de cuello blanco, en los
que se empleaban sociedades pantalla y complejos entramados para enmascarar
delitos fiscales.
Piqué
Vidal fue condenado a siete años de cárcel y el juez, a nueve, “por el caso de
corrupción más importante urdido en España a principios de los años noventa.
Incluso llegaron a pisar la cárcel un tiempo”, apunta el autor.
El
juez Baltasar Garzón escribe en su libro El fango. Cuarenta años de corrupción
en España (Debate, 2015) que el Estevill-Piqué Vidal es “hasta la fecha el caso
más grave de corrupción judicial ocurrido en España”.
Ofrece
una pormenorizada descripción de como Estevill utilizaba sus resoluciones
judiciales para extorsionar a esos empresarios y advierte que Piqué Vidal era
su comparsa en identificar a dichos empresarios y participaba de las ganancias
del chantaje.
Garzón
recuerda que Estevill, durante el juicio, definió la trama y le atribuyó la
responsabilidad principal a Piqué Vidal, quien había montado, decía, una
“tienda de libertades”.
Sostiene
que en el sumario del caso Nutrexpa-Idapsa, “cuando el juez no tenía ni un año
en el cargo, durante un trayecto en coche con Piqué Vidal, el abogado le dijo
al juez que ese asunto era del todo idóneo para obtener dinero, dada la gran
solvencia de los empresarios. Por ello acordaron que podían conseguir 25
millones de pesetas (alrededor de 150 mil euros); la parte del juez era
ingresada en una cuenta en Suiza”.
Y
remata: “El abogado Piqué, que fue condenado a siete años de prisión, obtuvo la
libertad condicional tres años después de su ingreso. Con todo, a finales de
2013 se inició contra Piqué Vidal el mayor proceso seguido hasta la fecha en
España por delito de blanqueo de capitales”, es decir, por la operación de
blanqueo del Cártel de Sinaloa.
De
Sinaloa a Panamá
Otra
de las sorpresas en medios judiciales es que, cuando se dictó sentencia por la
Operación Tacos, otro juzgado de la Audiencia Nacional había iniciado una nueva
investigación a raíz de un informe que le presentó la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía española, conteniendo la declaración
del bróker francés Francois de Seroux.
Este
operador financiero afincado en Suiza señaló que Piqué Vidal y el empresario
Josep Sellás lo invitaron para asociarse en un proyecto de construcción de una
gran obra portuaria en Panamá, que en realidad ocultaba una operación de lavado
de más de 250 millones de dólares procedentes de paraísos fiscales.
El
proyecto del Puerto Verde Panamá Atlántico, en la entrada occidental del canal,
era encabezado por Jordi Puig Godés, hermano del consejero de Empresa y
Ocupación de la Generalitat, Felipe Puig, uno de los colaboradores más cercanos
del presidente Artur Mas.
Le
propusieron comprar acciones de la sociedad SMC Barcelona, que supuestamente
acababa de recibir una concesión del gobierno de Panamá. Sin embargo, cuando De
Seroux viajó al istmo, donde se tenía que entrevistar con unos intermediarios
venezolanos, éstos resultaron ser unos mexicanos vinculados con el
narcotráfico.
También
descubrió que SMC Barcelona es una sociedad instrumental registrada en 2011 en
Panamá y cuyo presidente es el propio Josep Sellás, como publicó en internet el
diario Economía Digital el pasado 8 de marzo. “Esta sociedad comparte las
características típicas de las compañías de esta jurisdicción off-shore. Se
constituyó por un agente residente en Panamá, ante la presencia de lo que se
denomina allí personas instrumentales, pudiendo ser expedidas las acciones al
portador”, reza el informe de la UDEF.
En
entrevista el 8 de marzo en el mismo diario digital, De Seroux relata que en el
verano de 2014, con las conversaciones muy avanzadas, “tomé el avión y me fui a
Panamá. Piqué Vidal me dijo que tendría que pagar, eso sí, un dinero a unos
intermediarios venezolanos. Este abogado no sabía que yo tenía y tengo
contactos al más alto nivel con el gobierno de aquel país. Y descubrí que todo
era mentira. No había proyecto, no había licitación, no había permisos. Todo
era una invención del abogado y su amigo Sellás. Y, como me advirtieron en
Panamá, los supuestos intermediarios venezolanos eran, en realidad, mexicanos
vinculados a personas relacionadas con el narcotráfico”.
Pero
ahí no terminaron las sorpresas para este bróker. Cuando regresó de Panamá,
comunicó que abandonaba el proyecto, “entonces recibí una llamada de Jordi Puig
Godés. Me dijo que no me precipitase y que reconsiderase la cuestión de Panamá.
Me dijo que nos viéramos para hablar de ello con su amigo y socio Jordi Pujol
Ferrusola y un amigo común de ellos, el empresario José Mestre”.
En
esta declaración, que De Seroux hizo en enero y que ratificó en junio, entraba
en escena Jordi Pujol Ferrusola, cuyo patrimonio está sujeto a investigación
por el Juzgado quinto de Instrucción de la Audiencia Nacional, mismo que
recibió el informe de la UDEF. Ya en ese momento, por investigaciones previas,
el hijo del expresidente catalán está imputado por delitos de blanqueo de
capitales y contra la hacienda pública.
Éstas
se iniciaron en diciembre de 2012, cuando la exnovia de Pujol Ferrusola, María
Victoria Álvarez, lo denunció ante la policía y la justicia por el trasiego de
dinero que hacía a Andorra y otros países. Incluso se puso el foco en México,
donde Pujol hizo importantes inversiones en el ramo hotelero, de energía e
inmobiliario (Proceso 1913, 1979 y 1986).
Sin
embargo, este juzgado –que entonces dirigía el juez Pablo Ruz y ahora preside
el juez José de la Mata– abrió una nueva investigación por la supuesta
participación de Pujol Ferrusola en Panamá.
Pero
no es el único dato relevante de la denuncia de De Seroux, porque el amigo en
común de Pujol Ferrusola y de Puig Godés, el empresario José Mestre Fernández
no es un desconocido en los temas del narcotráfico mexicano en Europa.
En
2010 la Policía Nacional dio a conocer su participación en una operación
multinacional dirigida por Estados Unidos (también participaron Brasil y Argentina)
que permitió la detención de 65 personas, el aseguramiento de 5 millones y
medio de euros y de 3.6 toneladas de cocaína, éstas en Argentina y Brasil, como
parte de la Operación Guadaña, llamada Manzanas Blancas en Argentina.
En
una primera fase de esa acción policial se consiguió asegurar un cargamento de
202 kilos de cocaína camuflado en un contenedor que transportaba productos
legalmente importados desde Sudamérica, que fueron tramitados por una empresa
fachada en las que participó José Mestre (Proceso 1800, 1813 y 1867).
Esta
operación criminal formó parte de una alianza del Cártel de Sinaloa y del narco
colombiano Daniel El Loco Barrera, en la cual el mexicano Nicolás Rivera Gámez
era máximo responsable de dicha alianza para el mercado de las drogas en
Europa, según se desprende del sumario.
José
Mestre fue detenido inicialmente en 2011 y luego enfrentó el juicio en libertad
condicional hasta diciembre pasado, cuando ingresó en prisión al ser
sentenciado. Su nombre volvió a surgir en febrero pasado, cuando el diario
francés Le Monde y medios de todo el mundo coordinados por el Consorcio
Internacional de Prensa difundieron las historias de muchos de los 106 mil
nombres que aparecen en la Lista Falciani.
En
España, el diario digital El Confidencial difundió el nombre de este empresario
catalán, ahora se sabe, amigo de Pujol Ferrusola. De acuerdo con la filtración
SwissLeaks, relacionada con los clientes de la filial suiza del banco HSBC,
Mestre estaba relacionado con dos cuentas en el país helvético con un remanente
total de 8.9 millones de dólares entre 2006 y 2007.
Las
cuentas estaban a nombre de dos empresas: Consolidated Wealth Limited y Arudram
Limited, con sede en Suiza y las Islas Vírgenes Británicas, ambos sitios de
opaca fiscalidad.
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