33ª
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
México
DF., a 19 de agosto de 2015.
La
maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República...
Muy
buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
En
primer término, quiero agradecer la presencia del señor Presidente, Enrique
Peña Nieto, su colaboración y apoyo a todas las estructuras de seguridad de
nuestro país, ha sido siempre clara y decidida.
Muchas
gracias, señor Presidente.
Saludo
y agradezco su presencia al Gabinete de Seguridad, así mismo me honra que estén
con nosotros el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la
Comisión de Justicia de Cámara de Senadores; al Jefe de Gobierno y
representante de la CONAGO.
Muchas gracias por su hospitalidad, lo mismo que al
Procurador del Distrito Federal.
Gracias
por su anfitrionía.
Ahora
bien, saludo la presencia de todos y todas los que nos acompañan el día de hoy
en el presídium y aquí, en el público.
Es
innegable que hoy la ciudadanía exige con mayor atención resultados claros en
el ámbito de la seguridad y procuración de justicia.
La
delincuencia aqueja y daña con fuerza a nuestra sociedad, por la que su combate
es tarea primaria del Estado Nacional en su conjunto.
La
seguridad es un componente esencial de la legitimidad de las autoridades, es
exigencia pública vivir en paz, en tranquilidad y en ejercicio pleno de
derechos.
La
seguridad es uno de los objetivos más relevantes de este Gobierno, al mismo
tiempo que es una de las preocupaciones más sentidas de la sociedad. Ante ello,
el Gobierno de la República ha emprendido grandes esfuerzos para arribar a la
consolidación del Estado de derecho.
En
este contexto, se enmarca la nueva realidad jurídica del sistema penal, donde
transitamos hacia una dinámica acusatoria y preponderantemente oral, con una
normativa integral. El modelo que hoy aparece con toda fuerza en el panorama
penal responde a la necesidad de un verdadero sistema de seguridad pública,
cercano a la justicia cotidiana y al Gobierno abierto, donde los derechos
humanos son la constante para proteger a las víctimas y donde la ley se deba
aplicar con toda la fuerza para reducir al mínimo los márgenes de impunidad.
No
obstante de registrarse abusos a los derechos de quienes habitan el territorio
nacional, éstos deben encontrar una respuesta pronta y exacta de cada una de
las instancias del Estado.
El
apremio de la sociedad por la justicia no admite dilación. Estamos obligados a
los resultados, sin coartadas ni desapego al rigor de la ley. Al delito se le
combate con la ley en la mano y bajo las garantías del debido proceso, que
define nuestra Constitución y el Sistema Jurídico Procesal y Sustantivo.
La
lucha contra el delito no es causa de una instancia, orden de Gobierno o Poder,
es una tarea que convoca a todos, incluso a la misma sociedad.
El
sentido y razón de esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, es la
coordinación y colaboración. Nosotros: fiscales y procuradores debemos ser los
primeros en dar muestra de este ánimo y voluntad de sumar esfuerzos, de
coordinarnos y colaborar de manera conjunta para enfrentar al crimen y al
delito con todos los recursos que la ley nos confiere.
Por
el régimen de libertades, la solidaridad y la reciprocidad institucional deben
de ser permanentes. La interacción de distintas áreas y organismos genera un
mejor diálogo, al privilegiar que distintas voces se expresen en torno a los
problemas nacionales en la materia.
Esta
forma de trabajo también genera la proyección de planes de mucho mayor peso
para materializar los objetivos de nuestras asambleas. Por ejemplo, la
celebración del Convenio de Colaboración en Materia de Derechos Humanos entre
esta conferencia y la Secretaría de Gobernación, incidió directamente en la
capacitación de quienes participan y trabajan en la procuración de justicia.
En
este rubro alcanzamos la aprobación del Programa de Capacitación en el Sistema
Acusatorio para instituciones de procuración de justicia y para las
instituciones policiales.
En
debido cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos,
no podemos distraer objetivos y obligaciones que nos fije el servicio público a
las instancias de seguridad, así como de procuración y administración de
justicia.
La
desaparición forzada de personas y la tortura, son delitos que más lastiman a
la sociedad mexicana por las múltiples violaciones a los derechos humanos que
en ellos implican.
Por
ello, en esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se aprobarán
herramientas que contribuirán significativamente a precisar la investigación de
la tortura y la desaparición forzada de personas.
Al
término de las sesiones del día de hoy entrarán en vigor en todas las
instancias de procuración de justicia del país, el Protocolo Homologado para la
Investigación de Tortura, y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas, y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de
Personas.
En
el diseño de dichos protocolos de investigación, la Procuraduría General de la
República realizó un extenso procedimiento de consulta, en donde escuchamos los
planteamientos y propuestas de las instituciones del Estado mexicano, de
reconocidos especialistas, así como de organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos para conformar instrumentos apegados a los
más altos estándares internacionales.
Estos
protocolos permitirán sin distingo de competencia, local o Federal, investigaciones
eficaces en casos de desaparición forzada y de tortura, así como la
localización de víctimas y mayores sanciones a los responsables.
Una
procuración de justicia eficaz, se sustenta también en una buena comunicación
con los ciudadanos. Con fuertes lazos de confianza, basados en la integridad de
los servidores públicos, atención completa e integral a víctimas y en la
entrega de resultados concretos.
Un
esquema de comunicación asertiva permite detectar los riesgos delincuenciales
inmediatos e incentiva la participación ciudadana.
Toda
denuncia debe ser escuchada y atendida.
Para
hacer frente al crimen organizado, la cooperación internacional es de suma
importancia. En el marco de los tratados de cooperación internacional, hoy
estamos desarrollando mecanismos operativos que nos ayuden a enfrentar al
crimen transnacional de manera eficaz.
Señor
Presidente:
Le
informo que mediante la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal se
ha logrado enlazar y coordinar a todas las instituciones de procuración de
justicia del país, mediante la implementación de una Red de Analistas de
Información Criminal.
De
la misma forma, hemos estandarizado los procesos para el tratamiento e
identificación de información forense, mediante la creación de un protocolo de
actuación para todas las instancias de procuración de justicia del país.
Los
desafíos de la procuración de justicia en México, demandan respuestas que
permitan consolidar la política nacional en materia de atención a delitos
específicos para ofrecer resultados tangibles en el corto plazo.
Con
este propósito, a fin de facilitar la atención de denuncias que se formulen por
la probable comisión de delitos electorales, se ha suscrito el Acuerdo de
Colaboración entre las procuradurías y fiscalías del país, integrantes de la
Conferencia Nacional y la Procuraduría General de la República, a través de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Una
procuración de justicia moderna debe de contar con tecnología de punta para
brindar una justicia eficaz y expedita.
En
cumplimiento a uno de los compromisos de Alianza para el Gobierno Abierto, que
su Gobierno preside a nivel internacional, la Procuraduría General de la
República puso en operación un Sistema de Consulta de Detenidos, que es el
primero en su tipo a nivel Federal y que representa un avance en la cercanía
con la ciudadanía mediante el uso de las tecnologías de la información.
Ahora
bien, la implementación de las reformas al nuevo sistema de justicia penal
requiere de expectativas reales dentro del entorno y sobre todo asequibles para
las personas que lo operan. Es indispensable generar conciencia en quienes
participamos en la cadena de justicia penal, principalmente en el ámbito de la
procuración de que los verdaderos cambios se consolidan a partir del
comportamiento y dedicación personal.
Creemos
que la procuración de justicia eficiente y eficaz se logrará con la
profesionalización e integridad de los responsables, dentro de las estructuras
de las fiscalías y procuradurías de todo el país, en particular, en la
protección de los derechos humanos, así como la nueva dinámica del sistema
penal al momento de investigar los delitos.
El
trabajo que se realiza en este evento, es una oportunidad para demostrar que el
Estado mexicano está unido para enfrentar la delincuencia y acabar la
impunidad.
Hoy,
contamos con las herramientas para sumar a la sociedad del lado de la ley y de
la justicia. Fortalezcamos estas acciones en cada una de nuestras regiones para
robustecer la coordinación y colaboración de las instituciones involucradas,
donde la garantía de los derechos sea la prioridad.
Tenemos
la oportunidad de recuperar los mejores aprendizajes del pasado y
transformarlos en una herramienta efectiva para alcanzar la excelencia en la
procuración de justicia.
Aquí,
todos somos responsables de aportar y contribuir para que los retos se superen
y los objetivos se alcancen.
Es
nuestra obligación, de frente a la ciudadanía y al marco constitucional,
generar acciones encaminadas a proteger los valores de la sociedad.
Los
retos por venir son mayúsculos, pero estoy convencida que la fortaleza de las
instituciones mexicanas, y la voluntad de quienes amamos profundamente este
país, se unen para generar justicia y niveles más altos de satisfacción para
las y los mexicanos.
Hago
votos porque alcancemos una excelente y productiva asamblea.
Muchas
gracias.
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