Brutal revés para (Murillo Karam) el guardián de Peña Nieto/

Revista Proceso #2028, 13 de septiembre de 2015..

Brutal revés para el guardián de Peña Nieto/JENARO VILLAMIL

Jesús Murillo Karam justificó las acciones y las omisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la toma de posesión de éste, en 2012; le dio carpetazo al estallido de la torre de Pemex en 2013 y quiso hacer lo mismo con la tragedia de Iguala, el año pasado, con una “verdad histórica” que ocultaba más de lo que revelaba. Bastó que un grupo de especialistas independientes analizara el caso para que se cayera esa versión, fabricada para justificar la indolencia federal y deslindar del crimen al Ejército y a los policías federales.

La tarde del 31 de enero de 2013 una detonación cimbró las estructuras de la Torre B2 del complejo de edificios de Pemex. Sobre la avenida Marina Nacional, en la Ciudad de México, se expandieron el pánico, el humo y las inmediatas especulaciones. Fue una detonación similar a un sismo que derrumbó la estructura diseñada por el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante y dejó a decenas de personas atrapadas en los escombros.

El gobierno de Enrique Peña Nieto apenas cumplía dos meses. Las versiones sobre un atentado proliferaron dentro y fuera de la emblemática paraestatal. La administración federal necesitaba darle un “carpetazo” al episodio, que dejó un saldo oficial de 37 muertos, y para eso utilizó al político de gesto duro, implacable y eficaz en estas tareas: el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Cinco días después del accidente, el 4 de febrero, Murillo Karam lanzó su primera y polémica “verdad histórica” en medio de la suspicacia social: la explosión fue causada “por gas acumulable”.

 Cuando los reporteros le preguntaron en conferencia de prensa por un maletín encontrado en los escombros, el exgobernador de Hidalgo soltó lo que pretendía ser un chiste: “Abren la maleta y se encuentran lo más peligroso para un hombre: cosméticos de mujer… y es lo más peligroso que traía esa maleta”.

 Ese chiste posicionó a Murillo Karam como uno de los funcionarios del gobierno de Peña Nieto más repudiados en las redes sociales. En menos de cuatro horas, a las 10:20 de la noche, había más de 10 mil comentarios negativos hacia su declaración en Twitter, según el sitio especializado Topsy.

 Aún no había pronunciado el famoso #YaMeCansé. Esta frase la dijo al final de la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando en el mismo puesto de procurador fue perfilando su “verdad histórica” sobre el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre en Iguala.

 #YaMeCansé se convirtió en el hashtag más replicado hasta ahora en las redes sociales en México. Entre el 7 y el 20 de noviembre, fue mencionado en más de 10 millones de mensajes de Twitter y más de 15 millones en Facebook.

 Esas tres palabras se convirtieron en el síntoma de hartazgo, irritación social e incredulidad ante el relato de una especie de holocausto a la mexicana ocurrido en el basurero de Cocula. Como en el caso de la Torre de Pemex, Murillo Karam pretendió darle “carpetazo” a una investigación y a la discusión sobre el paradero de los 43 normalistas.

 Según Murillo Karam, en el basurero de Cocula “privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja, donde quemaron los cuerpos.

 “Continuando con el relato de los hechos, detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan El Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura negra. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos, que uno de los declarantes dice haber arrojado completas”, continuó el entonces procurador general.

 Con tono doctoral, el dos veces diputado federal y dos veces senador de la República justificó la falta de evidencias que apuntalaran su conclusión de la muerte de los normalistas, basada en testimonios de cinco presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos:

 “A decir de los peritos, por el alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos humanos se hace muy difícil la extracción del ADN que permita la identificación.”

 Al ser cuestionado sobre el papel del Ejército y de los integrantes del 27 Batallón de Iguala, negó rotundamente cualquier participación de las Fuerzas Armadas, pese a los múltiples testimonios de sobrevivientes y familiares de los 43 normalistas.

 Incurrió en una pifia: de haber participado militares en la agresión a los normalistas, hubieran respondido para “apoyar a la autoridad constituida”. “¡Qué bueno que no intervinieron!”, soltó el abogado hidalguense.

 El 20 de enero de 2015, los especialistas de la Universidad de Innsbruck, Austria, informaron que no pudieron encontrar “la cantidad de ADN útil que permita obtener un perfil genético” a partir de los restos enviados por la PGR y sólo pudieron establecer la identidad de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.

 A pesar del informe científico, días después Murillo Karam reiteró su frase de batalla: “la verdad histórica”. Para el procurador era “claro que allí (en Cocula) mataron por lo menos a uno (Alejandro Mora Venancio), y las declaraciones, las pruebas y todo lo demás me hacen pensar que allí lo mataron”.

 En marzo de este año el funcionario fue sustituido en la PGR por la exsenadora del PRI Arely Gómez, y quedó arrinconado en una dependencia menor: la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu). Y el 27 de agosto fue relevado ahí por Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social.

 El gobierno de Peña Nieto ya había sido advertido por los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que el informe venía en sentido contrario a la “verdad histórica” de Murillo Karam.

 En el gabinete peñanietista comenzó a discutirse la posibilidad de proteger al exprocurador y darle fuero. Se consultó con el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, el nombramiento de Murillo como embajador en Portugal o Italia. Pero la radicalización de la bancada del PAN y la creciente crítica social a la supuesta “verdad histórica” lo dejaron en una situación de franca vulnerabilidad.

 Los cuatro expertos del GIEI ya plantearon que pueden continuar con sus investigaciones, siempre que la PGR cambie al equipo que dejaron en la PGR Murillo Karam y la subprocuradora Mariana Benítez, una de las principales responsables del desaseo y la falta de preservación de evidencias.

 La incineración política de Murillo

 De las poco más de 500 páginas del Informe Ayotzinapa dado a conocer el pasado domingo 6, las páginas de la 126 a 144 son un desmentido frontal a la versión de Murillo Karam y su equipo, tanto de las razones de la llegada de los normalistas a Iguala como del ataque contra ellos y sobre el destino de los normalistas, que el GIEI considera víctimas de “desaparición forzada” y no de “secuestro agravado”.

 “El análisis de las evidencias y testimonios recogidos por el GIEI muestra una realidad distinta a la versión de los hechos dada en la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2014, cuando el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró sobre los hechos de la noche del 26-27 de septiembre de 2014”, advierten los especialistas en el primer párrafo.

 Y detallan que los estudiantes no se llevaron dos autobuses, sino tres, que fueron tomados de la misma estación de camiones. No hay evidencia de que el chofer de la tercera unidad fuera lesionado por los estudiantes, pero “sí fue objeto del atentado de la policía cuando se dio el ataque contra los autobuses”.

 A partir de las declaraciones de los pandilleros de Guerreros Unidos, la PGR consideró que los normalistas llegaron a Iguala a “boicotear un acto de la presidenta del DIF”, pero, en palabras del GIEI, “las evidencias muestran que cuando llegaron a la central de autobuses, el evento ya había finalizado.

 “No hay ninguna evidencia de que los normalistas tratasen de darse a la fuga” tras el primer ataque en la calle Juan N. Álvarez, como sostuvo Murillo Karam, “dado que los autobuses quedaron inutilizados y bloqueados, y los estudiantes aterrorizados”.

 Los expertos también contradicen la versión de Murillo Karam al subrayar que no hay evidencias claras sobre la entrega de los 43 normalistas a Guerreros Unidos, ya que “las declaraciones de los acusados no son lineales ni congruentes sobre este tema. Hay contradicciones que cuestionan su validez”.

 El informe del GIEI establece que existen cuatro versiones sobre la presunta entrega y asesinato masivo de los 43 estudiantes, a partir de las declaraciones de los Guerreros Unidos detenidos e interrogados por la PGR, pero la principal contradicción radica en la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula.

 “Sobre el supuesto destino final de los normalistas –prosigue el análisis–, hay diferencias entre quienes señalan que un grupo de 17 habrían sido asesinados y otros golpeados, pero dejados vivos, mientras otros detenidos señalan que un grupo de 15 habría ya llegado muerto al basurero de Cocula. Los lugares donde habrían sido asesinados también son diferentes, ya sea en la parte de arriba del basurero o una parte arriba y otra abajo, así como el modo en cómo fueron llevados abajo en esas condiciones difíciles de noche y la forma en que habrían muerto también difiere”.

 Los expertos no califican la versión de Murillo Karam y su equipo, pero sostienen que “el conjunto de estas versiones debe ser reexaminado” porque “ninguna de ellas explica las razones para llevar a cabo este hecho atroz que no tiene antecedentes en el modus operandi de Guerreros Unidos, ni se relaciona con las evidencias que se han encontrado en otros casos, como fosas de personas desaparecidas que fueron asesinadas”.

 Como procurador general, Murillo Karam negó una y otra vez que existieran “evidencias” de la participación de militares en los ataques del 26 y 27 de septiembre contra los estudiantes, y que tuvieran alguna responsabilidad con el paradero de los desaparecidos.

 Sin embargo, en la descripción de los hechos por el GIEI hay al menos 20 referencias explícitas a la participación de militares. Van desde que un agente de inteligencia del Ejército, en una moto “y vestido de civil”, informó sobre la llegada de los estudiantes en las inmediaciones de Iguala, hasta las tareas de información que realizaron a través del C4, su comunicación con el jefe de la policía municipal y su presencia en los lugares donde se registraron los ataques a los normalistas. En la página 91, el documento apunta:

 “Como se refirió antes, el Ejército ya tenía información del maltrato y la violenta detención que habían sufrido los normalistas en el escenario del puente de Chipote a través de la información del agente EM. En cualquier caso el Ejército ya tenía información de los destrozos, la detención violenta y golpes contra los normalistas ocasionados en el escenario del autobús Estrella de Oro 1531 cuando fue a la comisaría de policía y no los encontró en dichas dependencias.”

 En cuanto al segundo ataque, el informe del GIEI destaca los testimonios de normalistas de cómo los militares los hicieron formarse, alzar sus playeras, poner sus pertenencias encima de una mesa de la clínica Cristina y les tomaron fotos (páginas 103-105).

 Incluso, información proporcionada por miembros del 27 Batallón señala que militares llegaron a la escena del crimen de Julio César Mondragón, apodado El Chilango, en cuya autopsia se encontraron “visibles muestras de tortura, arrancamiento de piel y músculos faciales, múltiples fracturas craneales, así como lesiones internas con hemorragias en diferentes vísceras como consecuencia de torturas”. l