Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
No nos une el dolor, sino el espanto
En la medianoche del viernes 1 de agosto falleció, en Buenos Aires, donde había nacido, mi padre, Emilio. Se fue con la misma dignidad y las mismas convicciones con las que vivió los 90 años que apenas semanas atrás celebramos aquí, en México, con muchos de nuestros mejores amigos y familiares en una jornada, para nosotros, memorable. Fue despedido, por quienes tanto lo queríamos, admirábamos y respetábamos, con un largo, cálido aplauso que apagó, por un momento, el dolor. Un dolor que, en nuestro caso, se agudiza porque, además de perder a un padre ejemplar al que muchos tanto le debemos, apenas cinco meses atrás habíamos perdido a nuestro hijo, Jorge. Y perder a un padre y a un hijo con unas semanas de distancia es un golpe, un desafío en todos los sentidos. Pero, por ellos, por uno mismo y muchos más, se debe seguir adelante. A todos los que han estado con nosotros en éstos y otros días, simplemente, gracias.
Pero con todo el dolor que hemos sufrido, no puedo imaginar el de Alejandro Martí y sus familiares, por el secuestro y asesinato de su hijo Fernando. Alejandro Martí es un empresario ejemplar, que construyó su patrimonio con esfuerzo y trabajo. Su hijo Fernando tenía apenas 14 años. No hay derecho, no hay palabras para describir los sentimientos que su muerte, absurda, inadmisible, genera en todos. Y mucho menos el dolor que viven los suyos.
Alguien ha dicho que la muerte del joven Fernando fue inútil. No debería serlo: ninguna lo es si sabemos comprenderlas y darles su significado, aprender de ellas. La familia de Fernando tendrá que quedarse con lo mejor de su hijo arrebatado, pero la sociedad y las autoridades deben aprender de lo sucedido y asumir su responsabilidad. Apenas la semana pasada me preguntaba qué tenía que suceder para que todos, dentro de los gobiernos y entre la gente o los medios, comprendiéramos que estábamos en una lucha que no admite ni dilaciones ni ignorancia ni diferencias que paralizan. Y, el viernes, decíamos aquí que el problema era político, que mientras no existiera una conciencia mucho mayor de lo que está en juego en este terreno, mientras la exigencia no alcanzara otros niveles, estaríamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, aun cuando las cifras digan que hay avances.
El asesinato de Fernando Martí debe ser ese punto de inflexión. Si después de un secuestro y un asesinato de estas características no sucede nada, habrá que renunciar a cualquier esperanza. El crimen fue realizado a partir de un retén policial, organizado por una banda conformada básicamente por policías judiciales y de otras corporaciones del DF, donde en la desesperación la familia recurrió a “especialistas” (que una y otra vez se han demostrado ineficientes en estos temas), luego, al Gobierno del DF (cuyos policías investigaban el secuestro mientras algunos de ellos lo habían perpetrado) cuya unidad policiaca judicial decidió no compartir la información con las autoridades federales. Más tarde, Alejandro terminó recurriendo a la unidad antisecuestros de la PFP y, para entonces, ya era muy tarde. Hoy hay tres policías arraigados, incluido un comandante de la Judicial capitalina y 14 policías más bajo investigación. Pero nadie puede decir que esa banda fue desarticulada.
Todo lo que puede estar mal lo demostró lo ocurrido en este secuestro. ¿Cómo puede realizarse un falso retén en el sur de la ciudad, en pleno día, para secuestrar a un joven y que nadie se dé por enterado?, ¿cómo puede ser que las familias (y lo mismo ocurre en ciertos ámbitos, incluso de gobierno) no sepan a quién recurrir cuando han sucedido este tipo de hechos?, ¿cómo puede ser que no se haga la denuncia porque se piense que las autoridades están involucradas y que la percepción sea acertada, porque cuando se recurrió a las capitalinas, resultó que desde allí mismo se había operado el secuestro?, ¿cómo puede ser que las autoridades del DF hayan decidido no compartir la información con las federales?, ¿cómo puede ser que éstas, independientemente de la actuación que tuvieron una vez que supieron del caso, hayan pasado semanas sin intervenir directamente, se haya o no presentado la denuncia?
Ya es hora de que las cosas se tomen con toda la seriedad que la seguridad pública y la nacional requieren, en todos los ámbitos y en los diversos niveles de gobierno. Que haya verdadera coordinación, mandos centralizados, controles de confianza: una justicia que actúe como tal. ¿Cuándo comprenderán las autoridades capitalinas que su actitud de no cooperar ni trabajar abiertamente con el gobierno federal, por un capricho político absurdo, está dañando, sobre todo, a la ciudadanía? ¿Cuándo depurará sus policías, que están cuestionadas por su relación con el crimen organizado desde mucho tiempo atrás? ¿Cuándo el gobierno federal decidirá poner un hasta aquí a las diferencias internas y volcar, no sólo todo el esfuerzo, sino también todo el peso del Estado como tal, no de cada una de sus partes por separado, en este combate?
Me parece bien que la PGR se reestructure, que el procurador Eduardo Medina-Mora pueda colocar a su gente y desarrollar su respectivo esquema de trabajo en la Procuraduría. La experiencia y el talento de hombres como José Luis Santiago Vasconcelos se debe aprovechar y reconocer, pero no necesariamente al desarrollar la misma tarea que ha asumido durante casi dos décadas. El problema, en última instancia, no es necesariamente de nombres, sino de estructura, de diseño, de políticas, tanto de combate al crimen como de la relación interna del gobierno federal y de éste con las autoridades de los estados y las municipales. La política es la que debe manejar la seguridad. Y las autoridades, todas, están obligadas a garantizar una y la otra. Se debe exigir ahora, antes de que sea demasiado tarde para hacerlo. La seguridad debe ser algo más que una promesa.
En la medianoche del viernes 1 de agosto falleció, en Buenos Aires, donde había nacido, mi padre, Emilio. Se fue con la misma dignidad y las mismas convicciones con las que vivió los 90 años que apenas semanas atrás celebramos aquí, en México, con muchos de nuestros mejores amigos y familiares en una jornada, para nosotros, memorable. Fue despedido, por quienes tanto lo queríamos, admirábamos y respetábamos, con un largo, cálido aplauso que apagó, por un momento, el dolor. Un dolor que, en nuestro caso, se agudiza porque, además de perder a un padre ejemplar al que muchos tanto le debemos, apenas cinco meses atrás habíamos perdido a nuestro hijo, Jorge. Y perder a un padre y a un hijo con unas semanas de distancia es un golpe, un desafío en todos los sentidos. Pero, por ellos, por uno mismo y muchos más, se debe seguir adelante. A todos los que han estado con nosotros en éstos y otros días, simplemente, gracias.
Pero con todo el dolor que hemos sufrido, no puedo imaginar el de Alejandro Martí y sus familiares, por el secuestro y asesinato de su hijo Fernando. Alejandro Martí es un empresario ejemplar, que construyó su patrimonio con esfuerzo y trabajo. Su hijo Fernando tenía apenas 14 años. No hay derecho, no hay palabras para describir los sentimientos que su muerte, absurda, inadmisible, genera en todos. Y mucho menos el dolor que viven los suyos.
Alguien ha dicho que la muerte del joven Fernando fue inútil. No debería serlo: ninguna lo es si sabemos comprenderlas y darles su significado, aprender de ellas. La familia de Fernando tendrá que quedarse con lo mejor de su hijo arrebatado, pero la sociedad y las autoridades deben aprender de lo sucedido y asumir su responsabilidad. Apenas la semana pasada me preguntaba qué tenía que suceder para que todos, dentro de los gobiernos y entre la gente o los medios, comprendiéramos que estábamos en una lucha que no admite ni dilaciones ni ignorancia ni diferencias que paralizan. Y, el viernes, decíamos aquí que el problema era político, que mientras no existiera una conciencia mucho mayor de lo que está en juego en este terreno, mientras la exigencia no alcanzara otros niveles, estaríamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, aun cuando las cifras digan que hay avances.
El asesinato de Fernando Martí debe ser ese punto de inflexión. Si después de un secuestro y un asesinato de estas características no sucede nada, habrá que renunciar a cualquier esperanza. El crimen fue realizado a partir de un retén policial, organizado por una banda conformada básicamente por policías judiciales y de otras corporaciones del DF, donde en la desesperación la familia recurrió a “especialistas” (que una y otra vez se han demostrado ineficientes en estos temas), luego, al Gobierno del DF (cuyos policías investigaban el secuestro mientras algunos de ellos lo habían perpetrado) cuya unidad policiaca judicial decidió no compartir la información con las autoridades federales. Más tarde, Alejandro terminó recurriendo a la unidad antisecuestros de la PFP y, para entonces, ya era muy tarde. Hoy hay tres policías arraigados, incluido un comandante de la Judicial capitalina y 14 policías más bajo investigación. Pero nadie puede decir que esa banda fue desarticulada.
Todo lo que puede estar mal lo demostró lo ocurrido en este secuestro. ¿Cómo puede realizarse un falso retén en el sur de la ciudad, en pleno día, para secuestrar a un joven y que nadie se dé por enterado?, ¿cómo puede ser que las familias (y lo mismo ocurre en ciertos ámbitos, incluso de gobierno) no sepan a quién recurrir cuando han sucedido este tipo de hechos?, ¿cómo puede ser que no se haga la denuncia porque se piense que las autoridades están involucradas y que la percepción sea acertada, porque cuando se recurrió a las capitalinas, resultó que desde allí mismo se había operado el secuestro?, ¿cómo puede ser que las autoridades del DF hayan decidido no compartir la información con las federales?, ¿cómo puede ser que éstas, independientemente de la actuación que tuvieron una vez que supieron del caso, hayan pasado semanas sin intervenir directamente, se haya o no presentado la denuncia?
Ya es hora de que las cosas se tomen con toda la seriedad que la seguridad pública y la nacional requieren, en todos los ámbitos y en los diversos niveles de gobierno. Que haya verdadera coordinación, mandos centralizados, controles de confianza: una justicia que actúe como tal. ¿Cuándo comprenderán las autoridades capitalinas que su actitud de no cooperar ni trabajar abiertamente con el gobierno federal, por un capricho político absurdo, está dañando, sobre todo, a la ciudadanía? ¿Cuándo depurará sus policías, que están cuestionadas por su relación con el crimen organizado desde mucho tiempo atrás? ¿Cuándo el gobierno federal decidirá poner un hasta aquí a las diferencias internas y volcar, no sólo todo el esfuerzo, sino también todo el peso del Estado como tal, no de cada una de sus partes por separado, en este combate?
Me parece bien que la PGR se reestructure, que el procurador Eduardo Medina-Mora pueda colocar a su gente y desarrollar su respectivo esquema de trabajo en la Procuraduría. La experiencia y el talento de hombres como José Luis Santiago Vasconcelos se debe aprovechar y reconocer, pero no necesariamente al desarrollar la misma tarea que ha asumido durante casi dos décadas. El problema, en última instancia, no es necesariamente de nombres, sino de estructura, de diseño, de políticas, tanto de combate al crimen como de la relación interna del gobierno federal y de éste con las autoridades de los estados y las municipales. La política es la que debe manejar la seguridad. Y las autoridades, todas, están obligadas a garantizar una y la otra. Se debe exigir ahora, antes de que sea demasiado tarde para hacerlo. La seguridad debe ser algo más que una promesa.
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