Jueces en la niebla/ Joaquín González-Herrero, fiscal y jefe de la Unidad del Consejo Judicial de la Oficina Europea de Lucha Antifraude, OLAF
Publicado en EL PAÍS, 27/01/2009;
No hubiera podido imaginar Piero Calamadrei al publicar su Elogio de los Jueces escrito por un abogado que setenta años más tarde una crisis institucional sin precedentes habría de arrasar no pocos países de la Europa continental, arrumbando los sistemas judiciales a cotas alarmantes de desprestigio. Al abrigo de la tormenta los países del common law, no se libran, sin embargo, de tan triste espectáculo los nuevos Estados de la Unión, tras varias generaciones de orfandad en la cultura de la independencia de la justicia.
España tampoco es una excepción. El mar de fondo ha llevado aquí a ciertos jueces a promover incluso una huelga. El sarpullido de insatisfacción que en forma virulenta se nos presenta obliga a reflexionar sobre las causas de situación tan preocupante.
No se trata, sin embargo, de un terremoto que se presenta sin previo aviso. La insatisfacción de nuestra judicatura corre pareja al declive de la justicia española en los últimos años y a la frustración tras el despertar democrático y la Constitución, que tan esperanzadoras expectativas abría a una justicia convertida en poder del Estado.
No les faltan motivos a nuestros magistrados en sus quejas. Es sabido que aquí y allí la justicia es la cenicienta en los presupuestos. Se unen a los insuficientes y anticuados medios, herramientas procesales de la sociedad industrial, la sobrecarga de trabajo y cierta sensación de inutilidad. Atrapados nuestros jueces en una organización ineficaz, no se ha parado a preguntarse con serenidad y perspectiva histórica por el ser y el quién de la justicia. A tan enrarecido magma se une la permanente provisionalidad, el diluvio normativo que inunda los boletines oficiales. Ejemplo de ello es el síndrome de Penélope en materia penal, que ha convertido nuestro sistema punitivo en un constante hacer y deshacer, bajo la urgencia de la oportunidad. De ahí, cierto desinterés por el estudio de lo efímero, la ineficacia de los mecanismos de coacción ante la falta de certeza de la amenaza de la norma.
España, donde surgen espontáneas generaciones incontables de juristas y funcionarios, no se caracteriza, sin embargo, por la previsibilidad y la seguridad jurídica. Más normas no significa más legalidad, antes bien lo contrario. En realidad, sobran leyes y faltan jueces. Los ingleses saben mucho de esto.
Atrapada en esta paradoja, España ha buscado formas de evasión de este dédalo normativo, tela de araña que atrapa a la sociedad entera. Surgió así el llamado judicialismo, intento de abrir caminos a la democracia, ese viejo sueño que floreció bajo los olivos de Estagira, con la brisa del Egeo inspirando a Aristóteles. Se unieron a ese empeño grupos judiciales organizados y con fundamentos ideológicos bien definidos. Fue su legitimidad la reacción contra el juez tradicional, que pese a su majestuoso envoltorio nunca fue políticamente neutro. Pronto otros sectores conservadores se sirvieron de las asociaciones, que acabaron por convertirse en correa de transmisión de los partidos en el área de la justicia.
Y aunque hoy se discuta el alcance de la utilidad de tales organizaciones judiciales, pocos ponen en duda su eficacia como agencias de colocación de sus integrantes. Así, la nefasta penetración de la política partidaria en la justicia fue inevitable. La crónica del Consejo General del Poder Judicial en los últimos lustros nos dibuja una institución arruinada, cuya reconstrucción requerirá una drástica cirugía institucional.
El activismo judicial ha sido la inevitable consecuencia de un modelo gastado por el tiempo, enfrentado a las profundas transformaciones de las sociedades modernas. Este desfase ha discurrido en paralelo a lo que Alain Minc definió como “revolución invisible”. Fue su rasgo más destacado la elevación del juez al orden político, propiciada por la crisis de la democracia representativa y el desafío al monopolio de la política por los partidos. De ahí, el desplazamiento de la base de la legitimación de los jueces, de la ciega aplicación de la legalidad, a modo de Erinias enardecidas, a la solución de los conflictos sociales. Y esto es lo que ha de permanecer. Nuevas bases que requieren, sin duda, magistrados adaptados a esta función renovada. Sólo así podremos prescindir de la precaución del legislador decimonónico al atenazar al juzgador a los estrechísimos márgenes de apreciación del código penal, para procurar -como advirtió con lucidez Luis Silvela- que “pudieran dictarse sentencias medianamente injustas por jueces medianamente ignorantes”.
El juez de nuestro tiempo se encuentra desconcertado. Lejos el paradigma de la legalidad que inspiró su vocación, se ve hoy perdido en la niebla de un nuevo orden. Y sin embargo, la sociedad demanda la luz de lo proclamado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: el derecho a un tribunal judicial, aspiración natural de la condición humana, última garantía del sistema democrático. Secuelas indeseables de esa “revolución invisible” son ciertos excesos que minan la credibilidad de la justicia. Y esto es lo que hay que corregir.
Algunos magistrados se exhiben y hablan demasiado; menos, sin duda, de lo que quisieran determinados medios de comunicación, mucho más, sin embargo, de lo que la prudencia reclama y la credibilidad en su neutralidad exige. A veces lo hacen en nombre propio, otras so capa de su militancia asociativa, que les presta una máscara para pontificar sobre múltiples cuestiones. Pero no es eso. El juez debe apartarse del brillo de los escenarios y ocupar un espacio cuya grandiosidad es la discreción y la prudencia. Su función esencial es decidir los conflictos sociales que envuelven cuestiones jurídicas, cuyo hondón es de naturaleza ética. Y en el desarrollo de los procedimientos morales en nuestras sociedades abiertas, de que nos habla Habermas, quien ha de decidir no debe pronunciarse sobre los términos del debate.
Desorientados en la niebla, los jueces siguen, a veces, las referencias luminosas de comportamientos extravagantes, cuya seducción deslumbradora se impone al sentido común en estos tiempos de confusión. Cabe así explicar el desatino de esta huelga judicial, promovida, al parecer, en juntas de jueces y abanderada por sus decanos. Nuevas bases para la disidencia, que amplían el escenario de la preocupación.
Dudo, sin embargo, que estas iniciativas puedan ser entendidas por los ciudadanos. Éste no es en ningún caso el camino. Urge reestablecer nuestra confianza en la justicia, tarea en la que nuestra clase política tiene un deber inmediato y prioritario, más allá de pomposas declaraciones. Necesario será también que abandonen los jueces su función de emergencia y se retiren a sus tribunales a juzgar y a ejecutar lo juzgado. Guárdense los magistrados de huelgas, que no es lo que les corresponde ni lo que la sociedad merece, y búsquense los caminos que permitan la mejora de servicio público tan principal.
Tras el ocaso de un modelo de juez activista llegará el momento de la serenidad. Se acerca la hora de una sociedad menos sometida, más autorregulada, en la que el protagonismo ha de corresponder a abogados y a fiscales, situados los jueces en la cúspide del sistema normativo, al abrigo del debate apasionado, lo que preservará su prestigio. Sólo así podremos reconstruir un sistema tan hondamente dañado.
Quizás entonces Calamandrei y su elogio de los jueces volverá a tener sentido. Así lo espero.
España tampoco es una excepción. El mar de fondo ha llevado aquí a ciertos jueces a promover incluso una huelga. El sarpullido de insatisfacción que en forma virulenta se nos presenta obliga a reflexionar sobre las causas de situación tan preocupante.
No se trata, sin embargo, de un terremoto que se presenta sin previo aviso. La insatisfacción de nuestra judicatura corre pareja al declive de la justicia española en los últimos años y a la frustración tras el despertar democrático y la Constitución, que tan esperanzadoras expectativas abría a una justicia convertida en poder del Estado.
No les faltan motivos a nuestros magistrados en sus quejas. Es sabido que aquí y allí la justicia es la cenicienta en los presupuestos. Se unen a los insuficientes y anticuados medios, herramientas procesales de la sociedad industrial, la sobrecarga de trabajo y cierta sensación de inutilidad. Atrapados nuestros jueces en una organización ineficaz, no se ha parado a preguntarse con serenidad y perspectiva histórica por el ser y el quién de la justicia. A tan enrarecido magma se une la permanente provisionalidad, el diluvio normativo que inunda los boletines oficiales. Ejemplo de ello es el síndrome de Penélope en materia penal, que ha convertido nuestro sistema punitivo en un constante hacer y deshacer, bajo la urgencia de la oportunidad. De ahí, cierto desinterés por el estudio de lo efímero, la ineficacia de los mecanismos de coacción ante la falta de certeza de la amenaza de la norma.
España, donde surgen espontáneas generaciones incontables de juristas y funcionarios, no se caracteriza, sin embargo, por la previsibilidad y la seguridad jurídica. Más normas no significa más legalidad, antes bien lo contrario. En realidad, sobran leyes y faltan jueces. Los ingleses saben mucho de esto.
Atrapada en esta paradoja, España ha buscado formas de evasión de este dédalo normativo, tela de araña que atrapa a la sociedad entera. Surgió así el llamado judicialismo, intento de abrir caminos a la democracia, ese viejo sueño que floreció bajo los olivos de Estagira, con la brisa del Egeo inspirando a Aristóteles. Se unieron a ese empeño grupos judiciales organizados y con fundamentos ideológicos bien definidos. Fue su legitimidad la reacción contra el juez tradicional, que pese a su majestuoso envoltorio nunca fue políticamente neutro. Pronto otros sectores conservadores se sirvieron de las asociaciones, que acabaron por convertirse en correa de transmisión de los partidos en el área de la justicia.
Y aunque hoy se discuta el alcance de la utilidad de tales organizaciones judiciales, pocos ponen en duda su eficacia como agencias de colocación de sus integrantes. Así, la nefasta penetración de la política partidaria en la justicia fue inevitable. La crónica del Consejo General del Poder Judicial en los últimos lustros nos dibuja una institución arruinada, cuya reconstrucción requerirá una drástica cirugía institucional.
El activismo judicial ha sido la inevitable consecuencia de un modelo gastado por el tiempo, enfrentado a las profundas transformaciones de las sociedades modernas. Este desfase ha discurrido en paralelo a lo que Alain Minc definió como “revolución invisible”. Fue su rasgo más destacado la elevación del juez al orden político, propiciada por la crisis de la democracia representativa y el desafío al monopolio de la política por los partidos. De ahí, el desplazamiento de la base de la legitimación de los jueces, de la ciega aplicación de la legalidad, a modo de Erinias enardecidas, a la solución de los conflictos sociales. Y esto es lo que ha de permanecer. Nuevas bases que requieren, sin duda, magistrados adaptados a esta función renovada. Sólo así podremos prescindir de la precaución del legislador decimonónico al atenazar al juzgador a los estrechísimos márgenes de apreciación del código penal, para procurar -como advirtió con lucidez Luis Silvela- que “pudieran dictarse sentencias medianamente injustas por jueces medianamente ignorantes”.
El juez de nuestro tiempo se encuentra desconcertado. Lejos el paradigma de la legalidad que inspiró su vocación, se ve hoy perdido en la niebla de un nuevo orden. Y sin embargo, la sociedad demanda la luz de lo proclamado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: el derecho a un tribunal judicial, aspiración natural de la condición humana, última garantía del sistema democrático. Secuelas indeseables de esa “revolución invisible” son ciertos excesos que minan la credibilidad de la justicia. Y esto es lo que hay que corregir.
Algunos magistrados se exhiben y hablan demasiado; menos, sin duda, de lo que quisieran determinados medios de comunicación, mucho más, sin embargo, de lo que la prudencia reclama y la credibilidad en su neutralidad exige. A veces lo hacen en nombre propio, otras so capa de su militancia asociativa, que les presta una máscara para pontificar sobre múltiples cuestiones. Pero no es eso. El juez debe apartarse del brillo de los escenarios y ocupar un espacio cuya grandiosidad es la discreción y la prudencia. Su función esencial es decidir los conflictos sociales que envuelven cuestiones jurídicas, cuyo hondón es de naturaleza ética. Y en el desarrollo de los procedimientos morales en nuestras sociedades abiertas, de que nos habla Habermas, quien ha de decidir no debe pronunciarse sobre los términos del debate.
Desorientados en la niebla, los jueces siguen, a veces, las referencias luminosas de comportamientos extravagantes, cuya seducción deslumbradora se impone al sentido común en estos tiempos de confusión. Cabe así explicar el desatino de esta huelga judicial, promovida, al parecer, en juntas de jueces y abanderada por sus decanos. Nuevas bases para la disidencia, que amplían el escenario de la preocupación.
Dudo, sin embargo, que estas iniciativas puedan ser entendidas por los ciudadanos. Éste no es en ningún caso el camino. Urge reestablecer nuestra confianza en la justicia, tarea en la que nuestra clase política tiene un deber inmediato y prioritario, más allá de pomposas declaraciones. Necesario será también que abandonen los jueces su función de emergencia y se retiren a sus tribunales a juzgar y a ejecutar lo juzgado. Guárdense los magistrados de huelgas, que no es lo que les corresponde ni lo que la sociedad merece, y búsquense los caminos que permitan la mejora de servicio público tan principal.
Tras el ocaso de un modelo de juez activista llegará el momento de la serenidad. Se acerca la hora de una sociedad menos sometida, más autorregulada, en la que el protagonismo ha de corresponder a abogados y a fiscales, situados los jueces en la cúspide del sistema normativo, al abrigo del debate apasionado, lo que preservará su prestigio. Sólo así podremos reconstruir un sistema tan hondamente dañado.
Quizás entonces Calamandrei y su elogio de los jueces volverá a tener sentido. Así lo espero.
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