Todos somos Televisa!

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa

Solidaridad con Televisa

Publicado en Reforma (www.reforma.com), 8 de enero de 2009:

El condenable atentado contra las instalaciones de Televisa Monterrey debe ser enérgicamente repudiado por la sociedad en general y por los gremios de la comunicación en particular. El grave episodio se inscribe en un doble contexto a cual más preocupante: el de la violencia ejercida contra medios de información y el de la criminalidad creciente en Nuevo León.

La combinación de disparos con armas de alto poder y granadas de fragmentación, como la que afectó anteanoche a la sede regiomontana de la principal empresa de televisión de México, se había presentado ya en los ataques a los diarios El Mañana, de Nuevo Laredo, y El Debate, de Culiacán. El primero, ocurrido pronto hará tres años, el 6 de febrero de 2006, se produjo en la redacción del diario; además de la granada, incluyó disparos de AK-47, que causaron lesiones graves al reportero Jaime Orozco Tey. Tiempo atrás, ese mismo periódico había padecido la pérdida de su subdirector, el joven periodista Roberto Mora, asesinado el 19 de marzo de 2004. Ninguna de esas agresiones fue jamás aclarada. Ésa ha sido la suerte del ataque al diario sinaloense, al que también a balazos y con granadas se agredió apenas el 17 de noviembre pasado.

Por lo que toca a la criminalidad que agobia en particular a Nuevo León, el atentado contra Televisa Monterrey puede situarse en una estrategia destinada a irritar o a atemorizar a instituciones de gran presencia local. Sólo en el mes de octubre fueron asesinados 13 miembros del Ejército, algunos de los cuales fueron degollados. Y con táctica semejante a la desplegada anteanoche, el consulado de Estados Unidos recibió una andanada de balazos y una granada que, en ese caso no estalló.

Por esos mismos días, el presidente y director general del Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, que con su familia se trasladó de Monterrey a San Antonio, describió en la Universidad de Columbia, ante el auditorio que atestiguó la entrega de la medalla María Moors Cabot, el tétrico panorama que viven los regiomontanos en general y los profesionales de los medios en particular: "Nos encontramos bajo el asedio de los capos de la droga, de los criminales, y mientras más exponemos sus actividades, más fuerte responden. La vida es barata. Ellos presionan duro". Refirió el caso de dos reporteros que indagaban en una población cercana a Monterrey un caso de extorsión a un pequeño industrial, dueño de una vulcanizadora. Los periodistas fueron hostigados y golpeados por los extorsionadores y lanzaron amenazas a El Norte, el eslabón inicial del Grupo Reforma, amago que se expresó diciendo que "a menos que los dejemos en paz, no va a ser la última vez". Junco de la Vega citó palabras de Edmund Burke, cuyo sentido animó su decisión de radicar fuera de México para poner a salvo a su familia sin tener que dejar en riesgo la integridad de los diarios que dirige: "Todo lo que el mal necesita para triunfar es que la gente buena se mantenga callada".

Cuando en abril de 2005 desapareció de Hermosillo -sin que desde entonces se conozca su paradero o su destino- el joven reportero de El Imparcial Alfredo Jiménez (Mota) investigaba lazos de autoridades con el narcotráfico, motivo por el cual los directivos del diario adoptaron la decisión, comprensible pero no compartible, de abatir su energía periodística. Para no exponer al resto de su personal a una agresión como la todavía no aclarada, resolvieron abstenerse de indagar con sus propios recursos la actuación de la delincuencia organizada, y limitarse a publicar la información oficial, los boletines de las autoridades encargadas de perseguirla. No transcurrió mucho tiempo sin que se percataran de su error, y fue justamente en esa ciudad donde, en agosto de 2005, se emitió la Declaración de Hermosillo, en que editores de medios impresos de los estados fronterizos se irguieron frente a la amenaza criminal y la encararon mediante la generación de materiales de investigación realizados en conjunto y publicados simultáneamente en los órganos de prensa comprometidos en esa actitud. Y es que el propósito delincuencial de intimidar a los medios se consigue sin dificultad cuando es la propia voluntad de los involucrados la que determina guardar silencio.

Se comprende que, consternado y bajo los efectos inmediatos de la agresión en Televisa Monterrey se haya reaccionado con menor prestancia de lo que la situación requería. Es seguro que, con el ánimo más sereno, el director de noticias de Televisa en aquella ciudad, Francisco Cobos, reaccione de un modo distinto al que lo condujo a dirigir un mensaje de neutralidad a los "señores de la delincuencia organizada", a quienes aclaró que "no queremos nada contra ustedes". También acusó recibo del significado del ataque: "Entendemos muy bien el mensaje que nos ha dejado la delincuencia organizada" por lo que en adelante en esa casa harán su trabajo "con las precauciones" a que obliga ese tipo de mensajes.

Sin dejar de entender la diferencia entre sufrir una agresión y atestiguarla de lejos, creo que esa actitud no es la que mejor sirve a la sociedad. También en Monterrey, TV Azteca padeció un ataque por el cual no ha protestado suficientemente, con la excusa de no poner en predicamento a los familiares de las víctimas, pero ha pasado por alto el secuestro de dos de sus reporteros. Gamaliel López y Gerardo Paredes "levantados" en fecha ya tan lejana como el 10 de mayo de 2007.Como ciudadanos y como profesionales de la prensa, no callemos.

Cajón de Sastre

Apenas unas semanas atrás había fallecido Gaspar Rivera, Barrios de segundo apellido, un abogado que en mérito a su esfuerzo por modernizar las relaciones laborales en la Compañía periodística nacional, editora de El Universal, fue durante años vicepresidente de esa empresa. Y ahora ha muerto otro Gaspar Rivera Torres, Fernández de apellido materno, él miembro de una familia de importantes propietarios de inmuebles y fraccionadores (Paulino, Guillermo, Genaro y Gaspar), que urbanizaron buena parte de Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla en el estado de México, así como Cocoyoc en Morelos. Rivera Torres Fernández era, a la hora de su muerte, el presidente del Grupo Frisa, la empresa familiar, y tenía relevante participación en otros proyectos inmobiliarios como Frondoso y el club de golf Bosque Real.