Fiscalía inició trámites para extradición de sobrevivientes al ataque en Angostura
Publicado en El Comercio de Quito, 1/5/2009;
Quito, AFP
La Fiscalía inició los trámites para pedir la extradición de una mexicana y dos colombianas que fueron llamadas a juicio, tras sobrevivir a un bombardeo colombiano contra las FARC en Ecuador, anunció hoy responsable del organismo, Washington Pésantez.
Las mujeres, que salieron de Ecuador protegidas por el gobierno de Nicaragua, “tienen orden de prisión” y desde “la semana antepasada se iniciaron los trámites de extradición”, declaró Pésantez a Ecuadoradio.
La mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez fueron llamadas a juicio en diciembre por atentar contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano, confirmó entonces a la AFP una fuente del tribunal que sigue el caso en la provincia amazónica de Sucumbíos.
Las mujeres salieron de Ecuador hace varios meses bajo la protección del gobierno nicaragüense, tras recuperarse de las heridas que sufrieron en el ataque del 1 de marzo contra un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En la acción murieron 25 personas entre ellas cuatro mexicanos, un ecuatoriano y el líder rebelde Raúl Reyes, y derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Quito por lo que fue considerado internacionalmente como una violación a la soberanía ecuatoriana.
Morett, estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de México, regresó a ese país a principios del mes pasado, mientras que Bohórquez y Pérez continúan refugiadas en Nicaragua.
En caso de que no sean capturadas el proceso penal se suspenderá debido a que no pueden ser juzgadas en ausencia, según fuentes del caso consultadas por la AFP.
Si por el contrario son halladas culpables Moret y las colombianas -que al momento del bombardeo dormían en el campamento rebelde- recibirían penas de entre cuatro y ocho años de prisión, indicaron.
Demanda contra presidente Uribe podría no prosperar
Una demanda presentada en Quito contra el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por el bombardeo del 1 de marzo en Ecuador probablemente no prosperaría por la falta de colaboración de las autoridades colombianas, admitió hoy la Fiscalía ecuatoriana.
“Ese es el gran riesgo que por desgracia se corre. Aspiro a que eso no suceda (...) pero si no descubrimos a los presuntos responsables no hay como avanzar”, declaró el fiscal general Washington Pésantez en una entrevista con Ecuadoradio.
A finales de mayo de 2007, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos demandó a Uribe por el ataque colombiano contra una base clandestina de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, en el que murieron 25 personas entre ellas cuatro mexicanos, un ecuatoriano y el líder rebelde Raúl Reyes.
La ONG elevó el recurso ante la Fiscalía ecuatoriana asegurando que en la acción se cometieron asesinatos, actos de terrorismo y violaciones al derecho internacional humanitario, todos delitos castigados con cárcel.
En la demanda se mencionó como presuntos responsables al presidente Uribe, a los jefes de la Policía y de las Fuerzas Militares de Colombia y al oficial encargado de la operación. AFP
La Fiscalía inició los trámites para pedir la extradición de una mexicana y dos colombianas que fueron llamadas a juicio, tras sobrevivir a un bombardeo colombiano contra las FARC en Ecuador, anunció hoy responsable del organismo, Washington Pésantez.
Las mujeres, que salieron de Ecuador protegidas por el gobierno de Nicaragua, “tienen orden de prisión” y desde “la semana antepasada se iniciaron los trámites de extradición”, declaró Pésantez a Ecuadoradio.
La mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez fueron llamadas a juicio en diciembre por atentar contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano, confirmó entonces a la AFP una fuente del tribunal que sigue el caso en la provincia amazónica de Sucumbíos.
Las mujeres salieron de Ecuador hace varios meses bajo la protección del gobierno nicaragüense, tras recuperarse de las heridas que sufrieron en el ataque del 1 de marzo contra un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En la acción murieron 25 personas entre ellas cuatro mexicanos, un ecuatoriano y el líder rebelde Raúl Reyes, y derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Quito por lo que fue considerado internacionalmente como una violación a la soberanía ecuatoriana.
Morett, estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de México, regresó a ese país a principios del mes pasado, mientras que Bohórquez y Pérez continúan refugiadas en Nicaragua.
En caso de que no sean capturadas el proceso penal se suspenderá debido a que no pueden ser juzgadas en ausencia, según fuentes del caso consultadas por la AFP.
Si por el contrario son halladas culpables Moret y las colombianas -que al momento del bombardeo dormían en el campamento rebelde- recibirían penas de entre cuatro y ocho años de prisión, indicaron.
Demanda contra presidente Uribe podría no prosperar
Una demanda presentada en Quito contra el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por el bombardeo del 1 de marzo en Ecuador probablemente no prosperaría por la falta de colaboración de las autoridades colombianas, admitió hoy la Fiscalía ecuatoriana.
“Ese es el gran riesgo que por desgracia se corre. Aspiro a que eso no suceda (...) pero si no descubrimos a los presuntos responsables no hay como avanzar”, declaró el fiscal general Washington Pésantez en una entrevista con Ecuadoradio.
A finales de mayo de 2007, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos demandó a Uribe por el ataque colombiano contra una base clandestina de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, en el que murieron 25 personas entre ellas cuatro mexicanos, un ecuatoriano y el líder rebelde Raúl Reyes.
La ONG elevó el recurso ante la Fiscalía ecuatoriana asegurando que en la acción se cometieron asesinatos, actos de terrorismo y violaciones al derecho internacional humanitario, todos delitos castigados con cárcel.
En la demanda se mencionó como presuntos responsables al presidente Uribe, a los jefes de la Policía y de las Fuerzas Militares de Colombia y al oficial encargado de la operación. AFP
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