Estado de Sitio en Guatemala

 El sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, por medio de un comunicado expresó este martes 24 de mayo  “su enérgica protesta”  por el asesinato de Stowlinsky Vidaurre, de 36 años, quien fue secuestrado anoche al salir del edifico de la Fiscalía, en el centro de la ciudad de Cobán, a 250 kilómetros al norte de la capital guatemalteca. “Este hecho pueda constituir un ataque en contra de la institución del Ministerio Público y de los esfuerzos que este realiza bajo la coordinación de la Fiscal General, en la investigación de casos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico”, señaló la ONU.

Por su parte, el Movimiento Pro Justicia de Guatemala, integrado por organizaciones locales de derechos humanos y de fortalecimiento a la justicia y en contra de la impunidad, señaló que el “repudiable”  crimen es un mensaje de “inseguridad y vulnerabilidad”  enviado a los operadores de justicia del país. “Nos preocupa la ola de miedo y terror que este suceso genere en el sector justicia y su efecto paralizante en la tramitación de casos penales”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

El Movimiento Pro Justicia pidió a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig) que “intervenga de inmediato”  en la investigación de este caso, el que se presume fue ejecutado por “un aparato clandestino”.

En el lugar donde fue hallado el cadáver de Stowlinsky Vidaurre, fue encontrada una nota en la que el grupo “Z 200”, uno de los comandos de Los Zetas, se atribuía el crimen.

El ministro guatemalteco del Interior, Carlos Menocal dijo que sospechan que el auxiliar fiscal fue asesinado por Los Zetas, en venganza por el decomiso, en marzo pasado, de media tonelada de cocaína en el departamento de Alta Verapaz. Las autoridades guatemaltecas atribuyen al grupo la matanza de 27 labriegos perpetrada el pasado 15 de mayo en una finca del departamento de Petén, a unos 630 kilómetros al norte de la capital guatemalteca.

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Fueron  29 las personas muertas en el peor multihomicidio en la historia moderna del país, reportó la prensa estatal.  La mayoría de las víctimas fueron decapitadas.

Aunque en un principio se habló de la muerte de 27 personas, las autoridades corrigieron el dato y señalaron que fueron 29 las personas que perdieron la vida en el ataque.

Fuerzas de seguridad realizaron este lunes varios cateos para localizar a los presuntos responsables, según reportó la radio estatal La Voz de Guatemala. Las autoridades decomisaron tres vehículos aproximadamente a 100 metros de donde ocurrió el ataque.

En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala condenó este lunes en un comunicado la matanza que “se suma a otros hechos recientes de violencia, vulnerabilidad generalizada y abandono que afectan a los habitantes del Departamento de El Petén”.

La Oficina del Alto Comisionado afirmó que antes del hecho, los campesinos de la región ya se encontraban en estado de indefensión por diversos motivos, como “el narcotráfico, la concentración de las tierras en manos de grandes finqueros, la ganadería ilegal y las amenazas de ser desalojados de las tierras que ocupan”.

Ls campesinos asesinados, entre ellos dos mujeres, no tenían antecedentes penales o vínculo con alguna organización criminal, y eran trabajadores temporales.

Reportes de la prensa local indicaron que al menos un trabajador, un hombre de 23 años, sobrevivió al fingir estar muerto tras ser acuchillado en el estómago. De acuerdo con el sobreviviente, los presuntos delincuentes trataban de localizar a Otto Salguero, el dueño de la finca.

Jaime Otzín Díaz, director de la Policía Nacional Civil, aseguró que la masacre “podría corresponder a una venganza por el asesinato de un presunto capo de la droga”, conocido como Juancho León, aunque aseguró que “será hasta que se tenga los resultados de las investigaciones respectivas cuando se pueda conocer el móvil del hecho”, reportó el diario local El Periódico.

Un vocero del Ejército guatemalteco afirmó este domingo que se ordenó vigilancia aérea y terrestre, y trabajan en coordinación con las autoridades de México para evitar que los responsables huyan a través de la frontera.