Cámara de Diputados, a 23 de septiembre de 2014
- Hay en el país según datos oficiales 22 mil 322 personas desaparecidas.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Dejo la conducción de la
mesa en las manos de la vicepresidenta doña Beatriz Zavala.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del
Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el
diputado Ricardo Mejía Berdeja para presentar proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la PGR a emprender las
acciones para prevenir, erradicar, sancionar y reparar a las víctimas de los
casos de desaparición forzada y a los congresos locales a legislar en la
materia, considerando lo establecido en los estándares internacionales, y
suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario
Movimiento Ciudadano.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, Presidenta. Según la Convención Internacional para la Protección
de todas las Personas en Desapariciones Forzadas, se entiende como desaparición
forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de
privación ilegal de la libertad, que sean obra de agentes del Estado, o por
personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de
libertad, o de ocultamiento, de la suerte, o paradero de la persona desparecida
sustrayéndola de la protección de la ley.
En
México, el caso de las desapariciones forzadas ha sido motivo de atención de
diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, tanto de
organismos de la sociedad civil internacional como de instancias de derechos
humanos.
En
el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
conmemorado el 30 de agosto, algunas de las voces con mayor trayectoria en el
análisis y atención de estos hechos, como Amnistía Internacional y la oficina
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras
que se han dado a conocer, cifras aportadas por la Secretaría de Gobernación el
22 de mayo, hablaban de 8 mil personas desaparecidas.
Sin
embargo, el 16 de junio, las autoridades explicaron que en realidad se trataba
de 16 mil personas desaparecidas, cuando el 21 de agosto la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la
República anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se
presentó denuncia, suman 22 mil 322.
Para
Amnistía Internacional no existe ningún documento oficial que explique
claramente el proceso de depuración de datos, y el por qué las cifras han
variado de forma tan dramática en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en
cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como
sustraídas por la fuerza.
La
Alta Comisionada en esta materia, en un comunicado hizo eco de los legítimos
reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia sobre el
paradero y el destino final de sus familiares y seres queridos.
Respecto
a este tema, la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en
particular de su presidente Raúl Plascencia, ha sido totalmente omisa. Respecto
a esta situación, el doctor José Antonio Guevara, director ejecutivo de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer
que la CNDH, entre el 2006 a la fecha, sólo ha emitido 10 recomendaciones por
desapariciones forzadas.
Por
esa razón, señoras y señores legisladores, estamos proponiendo que se exhorte a
la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a que
se emprendan a acciones genuinas para prevenir, erradicar, investigar,
sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.
También
estamos proponiendo que se exhorte a los Congresos locales a legislar en la
materia, porque esta situación es parte de la descomposición política y de
seguridad pública que vive el país.
Por
eso nosotros discrepamos de lo que dijo el Ejecutivo federal, Enrique Peña
Nieto, el día de ayer en el Econimic Club de Nueva York en un desayuno, donde
dijo que la política de seguridad y justicia en México es un éxito, y estas
cifras de desapariciones forzadas confirman el fracaso de la seguridad pública
en el país y el creciente número de violaciones a los derechos humanos.
Por
eso a nosotros nos conmueve y nos genera una amplia reprobación la lentitud de
los aparatos de seguridad pública en el país. Como el día de ayer, que en
Tlaquepaque a plena luz del día y con cámaras del sistema de seguridad pública
fue grabado el momento en que se levantó, en que se privó de la libertad a
nuestro compañero Gabriel Gómez Michel.
Debe
haber atención eficaz de los aparatos de seguridad pública porque, si no la
hay, hay negligencia y hay complicidad. ¿De qué sirve que se gasten miles de
millones de pesos en seguridad pública? ¿De qué sirve que se cuente con una
Gendarmería Nacional, que ha implicado casi 6 mil millones de pesos, si tenemos
estos casos como el que le costó la vida a Gabriel Gómez Michel?
Por
eso nosotros queremos decir que si hoy le pasó esto a un miembro de esta
Cámara, del Poder Legislativo del país, qué va a pasar el día de mañana con
esta descomposición política que vive el país. ¿Qué sigue? ¿Un ministro de la
Corte? ¿Un juez de distrito? ¿Un alcalde de un municipio de los más importantes
del país? Porque ya hay varios de municipios de menor tamaño. ¿Un gobernador?
¿Hasta dónde se quieren llevar las cosas en este país?
Creemos
que no sólo es la desaparición forzada, sino son las violaciones a los derechos
humanos, en un país donde se catea a los niños que van a una fiesta cívica,
pero que los delincuentes siguen gobernando, como en el caso de Michoacán, con
La Tuta, que exhibe todas estas complicidades de medios, de gobernantes, de
caciques.
Basta
ya de estos casos y reprobamos estos hechos que diera a conocer el diputado
Monreal y que son tan lamentables de un compañero. Al margen de partidos, al
margen de filias políticas está el interés superior del país. Y en este país
hoy en día no hay seguridad pública ni hay derechos humanos. Es cuanto.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo
100 del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la
asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento
de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente
resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Voy a volver a consultar,
presidenta, porque no me queda claro el sentido de la votación.
La
Presidenta diputada Martha Beatriz Zavala Peniche: Adelante, secretario.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Las diputadas y los diputados que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría
por la afirmativa.
La
Presidenta diputada Martha Beatriz Zavala Peniche: Se considera de urgente resolución.
De
conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes
diputadas y diputados. El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo por el
Partido Nueva Alianza; la diputada Loretta Ortiz Ahlf por el Partido del
Trabajo; el diputado Juan Luis Martínez Martínez por Movimiento Ciudadano; el
diputado Felipe Arturo Camarena García por el Partido Verde Ecologista de
México; la diputada Margarita Tapia Fonllem por el Partido de la Revolución
Democrática; el diputado Glafiro Salinas por el Partido Acción Nacional y la
diputada Miriam Cárdenas Cantú por el Partido Revolucionario Institucional.
Tiene
la palabra hasta por tres minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara
Montelongo. Adelante, diputado.
El
diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputada presidenta. Con el
permiso de usted y de nuestras compañeras y compañeros diputados.
El
delito de desaparición forzada de personas es considerado en el derecho
internacional como un crimen de lesa humanidad, toda vez que comete y se comete
con todas las preeminencia que implica el abuso de poder. El sólo hecho de
desaparecer a una persona constituye una conducta que atenta directamente
contra sus derechos humanos, fundamentalmente los civiles, los políticos,
económicos, sociales y culturales.
A
la comisión del delito se suma el agravante de que la conducta es cometida por
agentes del Estado mediante la planeación, orden, ejecución y supervisión de
funcionarios públicos, cuyo deber primordial debería ser precisamente la
protección de la ciudadanía.
La
desaparición forzada crea incertidumbre sobre el paradero de la víctima. Apelar
a la acción por parte de las autoridades de procuración de justicia en esta
terrible situación suele convertirse en una petición casi imposible, dado que
la detención no ha sido reconocida oficialmente y se mantiene intencionalmente
en secreto de todos.
De
acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, el número de
personas no localizadas con denuncia formal asciende a 22 mil 322 víctimas. Por
su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un total de
12 recomendaciones por causa de desaparición forzada.
La
impunidad, compañeras y compañeros diputados, es un patrón crónico y presente
en los casos de desapariciones forzadas y es una muestra evidente de que no se
están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte de las
personas desaparecidas, sancionar a los responsables y reparar el daño,
garantizando el derecho a la verdad.
En
el Partido y en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que
el Estado mexicano se encuentra obligado a luchar contra este lacerante crimen,
estableciendo políticas eficaces que den un combate frontal a quienes emplean
la fuerza del Estado para atentar contra la ciudadanía sustrayendo a la víctima
de su vida cotidiana.
En
esta lucha el Poder Legislativo, al que tenemos el placer de pertenecer, juega
un papel primordial al establecer un marco jurídico que sustente el actuar de
las autoridades y dote de las herramientas legales necesarias para que se pueda
castigar a los responsables de este delito.
Conscientes
de esta alta responsabilidad que tenemos dentro del Congreso de la Unión, en
Nueva Alianza presentamos una iniciativa que reformaba y adicionaba diversas
disposiciones al Código Penal Federal en materia de desaparición forzada de
personas, que sumada con la presentada por mi compañera Miriam Cárdenas, busca
dar cumplimiento a los compromisos internacionales que en materia de derechos
humanos el Estado mexicano tiene aún pendiente.
El
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente punto de
acuerdo, que exhorta a las Legislaturas locales a que se sumen a este esfuerzo
que debemos de emprender armónicamente todas las autoridades.
La
necesidad de justicia que reclaman las víctimas de este doloroso delito nos
exige actuar de manera inmediata ante el inmenso dolor de perder a sus seres
queridos. Por su atención muchas gracias, presidenta, muchas gracias,
compañeras y compañeros diputados.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado (…) . Ahora
tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, hasta por tres minutos, del
Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
La
diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la
desaparición forzada es uno de los crímenes más graves de la comunidad
internacional, tiene como miras no solamente proteger a personas
individualizadas, sino también a la propia humanidad, por eso se considera
crimen de lesa humanidad.
Es
un delito o un crimen continuo; es decir, hasta que no aparece la persona que
se encuentra desaparecida no se da por terminada la comisión del delito y, por
lo tanto, es de los crímenes que no prescriben y fue sometido el caso de México
en varias ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la
Corte Americana de Derechos Humanos, casos de desaparecidos, el caso más
emblemático es el caso Radilla, que a la fecha sigue sin aparecer su cuerpo y
que tampoco se encuentran a los responsables.
Este
crimen, el crimen de desaparición forzada es un crimen de Estado, es decir, el
Estado mexicano es el responsable. La Convención de Desaparición Forzada, la
cual ratificó nuestro país, establece o la define a la desaparición forzada,
como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la
libertad, que sean obras –subrayo- de agentes del estado,
grupos de personas que actúan, precisamente, por instrucciones del propio
estado y se violan con ello los derechos.
En
el caso de que la persona desaparecida no fallezca, entre otros, a la
personalidad jurídica, a la libertad, a la seguridad, a la tortura, tratos
crueles, inhumanos o degradantes y a la vida. En el caso de que fallezca, a la
identidad, a un juicio justo, al debido proceso y a las garantías individuales.
No
solamente en el caso de México, sino también de otros estados de la comunidad
internacional, se ha recurrido a la desaparición forzada para precisamente
silenciar, acallar las voces de luchadores sociales o de personas incómodas
para el gobierno en el poder en un momento determinado.
La
Alta Comisionada de Naciones Unidas, de Desapariciones Forzadas, Navi Pillay,
reconoce la competencia, bueno, más bien, exige, más que exigir, sugiere al
gobierno de México que reconozca la competencia del Comité de Desapariciones de
Naciones Unidas, reconocimiento que todavía no se ha hecho por nuestro país,
incluso la Ratificación del Instrumento Internacional tardó varios años en
darse.
Mientras
no se reconozca la competencia, precisamente, de este Comité, no podemos tener
la seguridad los nacionales mexicanos o la población situada en México, que
México pueda tener un comportamiento como Estado, precisamente, de prevención,
erradicación y sanción de la desaparición forzada.
En
las recomendaciones del mecanismo universal de Derechos Humanos, el EPU, varias
recomendaciones se emitieron, precisamente, que tenía que cubrir o cumplir el
Estado mexicano en materia de desapariciones.
Como
bien se puntualizó es una actividad sistemática y es sumamente grave, porque
para que se dé una violación sistemática no es un comportamiento o actividad
que sea esporádico, sino una actividad común de los agentes del Estado.
Recientemente
y a pesar de las recomendaciones, no se les ha dado cumplimiento ni se han
tomado ninguna política gubernamental para poder, aunque sea reiterativo,
combatir la desaparición forzada y terminar con este gran crimen de lesa
humanidad.
El
último informe de Amnistía Internacional, que se denomina Fuera de control, al
hablar de personas desaparecidas señala todo esto que se dijo de las bases de
datos, ni siquiera una base de datos confiable para saber cuáles son los
desaparecidos, las cifras. Que más allá de las cifras estamos hablando de
personas de carne y hueso, y se habla de miles de personas, siendo indolentes
pueden ser 20 mil, 18 mil, 8 mil personas desaparecidas en México.
Pero
desaparición forzada, se quiere lavar la cara el gobierno actual diciendo que
no, que sí se han encontrado muchos desaparecidos y esto es un engaño, porque
una cuestión es la desaparición y otra cosa muy distinta es la desaparición
forzada.
El
caso de desapariciones forzadas, incluso está en el subsuelo, podríamos decir,
en el lecho de este tipo de actos, más que reprobables, el hecho de ejecuciones
sumarias.
Por
todo lo anterior, nos sumamos al punto de acuerdo que se somete a esta
honorable Cámara. Sin embargo, sí queremos recalcar que es mucho el camino que
nos hace falta por recorrer para prevenir realmente, erradicar y sancionar la
desaparición forzada, para lo cual hace falta que el presidente Enrique Peña
nieto se haga consciente, pera empezar, de este problema. Es cuanto, diputada
presidenta.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el
diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres
minutos. Adelante, diputado Martínez.
El
diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros. La
guerra contra la delincuencia organizada, tema de seguridad y violencia que se
vive en México, se ha agravado de manera drástica en los últimos años. Casos de
tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas por parte del Ejército,
policías y grupos paramilitares, que se traduce en privación de la libertad por
agentes del Estado.
Son
temas que el gobierno federal no ha podido solucionar, además de violar los
derechos humanos al involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad
pública se señalan algunos grupos de cárteles del narcotráfico como principales
responsables de las desapariciones forzadas, que se da en forma compartida con
el Estado mexicano.
Temas
que tanto organismos internacionales como nacionales de derechos humanos han
llamado la atención por este fenómeno, como ciudadanos debemos exigir una
legislación integral en la materia y manifestar nuestro respaldo a distintas
manifestaciones públicas en el país por estas inexplicables desapariciones.
El
actual gobierno argumenta que combatirá la desigualdad, la carencia, el hambre
y la pobreza con armas, policías y un Estado de gendarmería. Es decir, le han
apostado a la violencia que a la implementación de programas sociales o a la
erradicación de la corrupción que disminuya la desigualdad prevaleciente en
nuestro país.
Uno
de los daños colaterales de este error gubernamental ha sido sin duda la
desaparición forzada de miles de mexicanos; la ruptura del tejido social
consecuencia de la violencia y desigualdad prevaleciente, abrió la puerta a la
intensidad y a la pérdida de valores que tanto han caracterizado en este
sistema neoliberal, considerada por Amnistía Internacional como una situación
crítica que va en aumento. La desaparición forzada ha arrojado hasta el 21 de
agosto de 2014 más de 22 mil víctimas que no han recibido justicia ni atención,
pues el gobierno de nuestro país se ha visto sobrepasado e indiferente ante tal
caso. Lo anterior empeora cuando los familiares encuentran insensibilidad y la
corrupción de autoridades judiciales e indolentes, ante la tragedia se vuelven
sordos y mudos.
He
de mencionar algunos casos de las detenciones arbitrarias como el caso de la
hermana indígena Nestora Salgado y del doctor Juan José Mireles y tantos
luchadores sociales privados injustamente de su libertad por ser
ciudadanos de pensamiento libre y que el Poder Judicial de este país como
siempre ha actuado por consignas, con procedimientos judiciales plagados de
irregularidades en forma por demás vergonzante, como es el caso del maestro
indígena tzotzil Alberto Patisthán que fue por la presión social, por eso es
que los poderes fácticos decidieron ponerlo en libertad.
No
es de sorprendernos que en este estado fallido los delincuentes de cuello
blanco, los que roban y saquean las arcas municipales, las tesorerías de los
estados, los líderes sindicales corruptos que se han robado el dinero de los
trabajadores y que se autoexilian en otros países para vivir en la impunidad.
Estos mismos delincuentes que ahora ya son socios de las transnacionales para
hacer negocios, seguramente con lo que era el patrimonio de los mexicanos,
Pemex.
Los
malos gobiernos en la actualidad han implementado una política de prepotencia,
de terror, de intimidación, de impunidad, han sido instrumentos aún vigentes,
como el caso del gobernador de Sonora, que es un digno heredero del porfiriato
y de los genocidas del mundo, al ser coludido en negligencia y colusión de la
compañía minera del Grupo México y su corresponsabilidad en el derrame de
desechos tóxicos en perjuicio de millones de sonorenses.
Además
de apropiarse de aguas, propiedad de la nación, de manera indebida,
construyendo una presa de manera particular mientras miles de campesinos
indígenas no tienen agua para regar sus sembradíos.
Esta
actitud autoritaria de varios gobernantes en nuestro país tiene como fin
criminalizar la protesta social mediante fabricación de delitos y el desprecio
hacia nuestro pueblo, hacia nuestra nación indígena; es por eso que las
cárceles están llenas de indígenas, líderes sociales que lo único que han hecho
ha sido denunciar los atropellos, el despojo a sus territorios, a su lengua, a
su cultura y alzar la voz para reclamar legítimas demandas, en cambio el
gobierno ha utilizado la ley del garrote reprimiendo y encarcelando a mujeres y
hombres de pensamiento libre. Vivimos en un país en donde a las voces críticas
se les sigue torturando, desapareciendo, llegando incluso hasta el asesinato.
Por
eso desde esta tribuna manifestarle a todos los presos políticos de México y
del mundo, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano acompañan ya
siempre en esta lucha justa que hacen de manera diaria y decimos desde acá: ya
basta de la criminalización de la protesta social.
Exigimos
la inmediata libertad de Nestora Salgado, dirigente social de uno de los
municipios más pobres del país. Exigimos la libertad inmediata del doctor Juan
José Mireles, preso también de manera injusta y por supuesto –el caso más
reciente– del compañero indígena de la Tribu Yaki, Mario Luna Romero. Nos
solidarizamos con todos los presos políticos del país y del mundo. Presos
políticos, libertad. Es cuanto, compañeras y compañeros.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Martínez. Ahora tiene la palabra
el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de
México. Adelante, diputado Camarena.
El
diputado Felipe Arturo Camarena García: Gracias, diputada presidenta. La desaparición
forzada constituye una violación flagrante a los derechos humanos y es una
práctica aberrante que no puede tener cabida en un estado democrático y de
derecho como el nuestro, cuyas instituciones y normas jurídicas se encuentran
obligadas a garantizar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales de
las personas.
Si
bien las desapariciones forzadas en el pasado fueron principalmente obra de las
dictaduras militares, hoy en día diferentes naciones experimentan situaciones
complejas derivadas de los conflictos internos que enfrentan, las cuales son
propicias para la proliferación de este fenómeno especialmente como método de
represión política, es por ello que la desaparición forzada se ha convertido en
un problema mundial que no sólo afecta a una región específica.
Lo
anterior ha llamado la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que en diciembre de 2010 expresó su preocupación en particular por el aumento
de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo
como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las
desapariciones forzadas o equivalen a ellas y por el creciente número de
denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación sufridos por
testigos o familiares de personas que han desaparecido.
Si
bien, independientemente de la cifra es inaceptable que existan personas
desaparecidas en nuestro país y ello constituye un problema grave para
erradicarse, debe ser enfrentado con toda la fuerza del Estado. Conviene
realizar algunas precisiones con objeto de evitar la manipulación no siempre
bien intencionada de las estadísticas tanto oficiales como de las
organizaciones de la sociedad civil.
Es
muy importante tener en claro que de acuerdo a la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133 del 18
de diciembre del año 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que se
arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas
resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por
particulares que actúan en nombre del gobierno o con apoyo directo o indirecto,
su autorización o su asentimiento y que luego se niega a revelar la suerte o el
paradero de estas personas o a reconocer que están privadas de la libertad,
sustrayéndolas así de la protección de la ley.
“En
este sentido cabe resaltar que si bien la cifra de personas desaparecidas o
ausentes en nuestro país es alta, ello no significa que todos los casos
denunciados hayan sido cometidos por servidores públicos”, así lo expresó en
abril pasado el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y responsable del programa Desaparecidos, quien precisó además que de los 26
mil casos que ha reconocido el gobierno mexicano, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos solamente cuenta con 2 mil 400 expedientes abiertos que
corresponden a desaparición forzada de personas.
Para
el Ejecutivo federal resulta una prioridad asegurar el respeto, la promoción y
la defensa de todos los derechos humanos en nuestro país, especialmente el
derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y de la libertad; el derecho
a un juicio imparcial con estricto respeto a las garantías judiciales y el
derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas.
Por
este motivo uno de los 95 compromisos establecidos en el Pacto por México,
acuerdo signado en diciembre de 2012 por las principales fuerzas políticas de
nuestro país para impulsar la transformación del mismo, fue el de fortalecer el
marco legal para atender con eficacia los actos de tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes, así como la desaparición forzada de personas, para lo
cual se acordó la actualización del marco jurídico para prevenir y sancionar
eficazmente estas conductas que atentan gravemente contra la libertad, la
dignidad de los seres humanos y que lamentablemente han sido víctimas miles y
miles de mexicanos.
En
cumplimiento de lo anterior, el 22 de octubre del 2013, el presidente de la
república envió al Senado una iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal en materia de desaparición forzada con el objeto
de tipificar adecuadamente este delito.
De
acuerdo a lo anterior que enmarcan los estándares internacionales, de lo cual
demuestra que el actual gobierno de la república tiene un serio compromiso con
la prevención, sanción y erradicación definitiva de la desaparición forzada.
Finalmente
el grupo parlamentario del Partido Verde consideramos que tanto la Secretaría
de Gobernación como la Procuraduría General de la República se encuentran
realizando esfuerzos importantes para combatir la privación ilegal de la
libertad de las personas como para la localización de quienes lamentablemente
se encuentran en calidad de desaparecidos. Es cuanto, señora presidenta.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra la
diputada Margarita Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática.
La
diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros
legisladores. Con su permiso, señora presidenta. Para el PRD la atención a los
casos de desapariciones forzadas ha sido un tema de suma importancia y
considera que debe de ser y contar con la atención del Estado, siendo un tema
de alta prioridad.
Este
fenómeno a menudo forma parte de una inaceptable cadena de violaciones a
derechos humanos.
Gran
número de las personas desaparecidas fueron previamente amenazadas, detenidas
arbitrariamente, torturadas o sometidas a tratos crueles, inhumanos o
degradantes y en el transcurso de la desaparición son ejecutadas
extrajudicialmente.
La
desaparición de una persona tiene un impacto sicológico emocional y
socioeconómico enorme sobre sus familiares; la imposibilidad de dar cierre y
saber con certeza qué pasó, junto con la esperanza, a menudo fundada, de que la
persona siga viva.
Los
obstáculos económicos y sociales para los dependientes económicos son inmensos.
Las averiguaciones previas frecuentemente están plagadas de lagunas.
Los
familiares organizados han levantado su voz y en un foro reciente que hubo en
Saltillo lograron proponer un conjunto de recomendaciones al respecto. Sin
embargo, no hay ninguna autoridad que haya dado cuenta de estas
recomendaciones.
Se
ha solicitado también, por parte de los familiares y de la sociedad organizada,
la tipificación de la desaparición forzada en los códigos penales, lo que no
debe ignorarse, como tampoco la exigencia de aumentar la capacidad de búsqueda
y de investigación de los operadores de justicia.
Además,
muchos peritos, médicos forenses y agentes investigadores no cuentan con las
instalaciones, equipo y presupuesto suficiente para realizar su labor. Muchos
policías y ministerios públicos no tienen idea de qué hacer para buscar una
persona desaparecida o cómo llevar a cabo la investigación en estos casos.
Sobre
el tema de investigación ya hay un consenso acerca de los protocolos sobre manejo
de pruebas, preservación del lugar de los hechos, identificación de cadáveres,
cadena de custodia, entre otros, que trató la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia. Lo necesario es que las fiscalías y procuradurías de
las entidades federativas implementen cuanto antes estos protocolos, aceleren
la capacitación para agentes, peritos y médicos forenses y garanticen el
material y los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
Hace
una semana se presentó el primer avance de la base de datos de personas
desaparecidas. Como hemos insistido desde el inicio de esta Legislatura, se
requiere dar celeridad a la depuración de datos, primero para verificar si las
personas están desaparecidas o no y, en segundo lugar, determinar si se presume
que son casos de desapariciones forzadas o involuntarias.
En
tanto el Congreso de la Unión define si el marco legal que atienda el problema
es materia de una ley general o de disposiciones a nivel federal, es urgente
que la base de datos sea accesible para todas las delegaciones regionales, para
las fiscalías o procuradurías de las entidades para que se tomen de inmediato
las decisiones necesarias para la búsqueda y la investigación.
Hacemos
énfasis en ello pues, según lo que han declarado representantes de la PGR, la base
de datos será capaz de generar cruces de información entre cadáveres no
identificados y personas que han sido reportadas como desaparecidas.
Es
fundamental establecer las bases para la coordinación y la colaboración eficaz
entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la PGR, en particular a través
del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia, y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como de
éstas con las autoridades de seguridad y justicia de las entidades federativas.
Asimismo atender con prontitud las solicitudes que pudieran hacer tanto la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en beneficio de las víctimas de desaparición, sus familiares y
defensores.
Finalmente,
es necesario que aprovechemos esta oportunidad para hacer un compromiso de
todos los grupos parlamentarios y elaborar en las próximas semanas una
propuesta para asignar un presupuesto suficiente en recursos humanos,
materiales y financieros a las instancias encargadas de la búsqueda e
investigación de personas desparecidas y mantener una estricta vigilancia para
que nunca más una autoridad sea responsable por acción u omisión de la
desaparición de una persona que estaba obligada a proteger. Por su atención,
muchas gracias.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el
diputado Glafiro Salinas Mendiola, por el Partido Acción Nacional. Adelante,
diputado.
El
diputado Glafiro Salinas Mendiola: Con su venia, compañera presidenta. Compañeros diputados
y compañeras diputadas, Acción Nacional rechaza contundentemente la existencia
de la práctica de la desaparición de personas como un mecanismo del Estado para
ejercer el medio de control sobre nuestra sociedad.
Asimismo,
nos manifestamos en contra de un gobierno que limite la libertad y las
garantías individuales de ciudadanos, imponiendo con ello, el autoritarismo y
la represión, elementos que menoscaban el Estado de derecho y también el espíritu
de la democracia.
Las
desapariciones forzadas representan una práctica represora y sistemática,
propia de un sistema de los gobiernos, de los sesentas, setentas y ochentas, en
donde un número considerable de ciudadanos fueron víctimas de este crimen en
contra de la humanidad.
Compañeros
diputados y compañeras diputadas, el actuar con responsabilidad en torno a la
defensa y promoción de la dignidad humana, es una responsabilidad de todos
nosotros. Por eso, siempre se ha inscrito como un principio de legalidad para
Acción Nacional en donde se asegure el debido cumplimiento de las normas
jurídicas diseñadas en beneficio de la sociedad.
Actuar
con responsabilidad, también significa trabajar en mejores mecanismos
institucionales que no incorporen sólo la visión del gobierno, sino también
canales de comunicación efectivos entre el gobierno y la sociedad. De esa
manera tendremos la posibilidad de tener un mejor futuro para nuestro país.
Acción
Nacional no quiere ver por ningún motivo, ni hoy ni nunca más, el regreso del
autoritarismo en México. Regresar a ese pasado sería atentar en contra de la
evolución natural de la democracia.
Pero
también esa evolución exige de todos nosotros y de la sociedad en conjunto la
responsabilidad suficiente para abordar de manera óptima este tema, esta
problemática que debe estar alejada de las acusaciones a ciudadanos sin un
sustento sólido y de justicia. Por lo tanto votaremos a favor del presente
acuerdo. Muchas gracias.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Glafiro Salinas. Tiene por
último en esta proposición la palabra la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos. Adelante,
diputada.
La
diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas tardes. Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras
diputadas y compañeros diputados, la desaparición forzada de personas nos
lastima a todos, nos duele e indigna por las circunstancias en que se comete y,
más aún, por las terribles consecuencias que tiene para la sociedad.
Y
esto es así porque la comisión del ilícito implica que a una persona se le
prive ilegalmente de la libertad, se le sustraiga de la protección de la
justicia y se nieguen a dar a conocer su paradero.
Pero,
lo más importante, en este delito subyace la acción criminal de las autoridades
que participan en su comisión o en muchos casos la aquiescencia, tolerancia o
consentimiento de las mismas.
Entonces,
si nos referimos a las desapariciones forzadas nos encontramos frente a delitos
en los que se quebranta por las autoridades no sólo la ley, sino la confianza
que ha sido depositada en las mismas por la ciudadanía, porque quien debe
protegernos se convierte en verdugo. Y esto, señoras y señores, no puede
tolerarse en alguna forma en un Estado que se precie de ser un Estado de
derecho.
En
México las cifras oficiales de personas desaparecidas ya las han escuchado
ustedes, de acuerdo con la Procuraduría General de la República en el país se
cuenta con 22 mil 322 personas desaparecidas. Los números que refiere el
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas nos indica
que a la fecha han sido denunciadas 52 mil 941 casos de personas en esta
situación. De este gran total nos refieren que han sido ubicados 30 mil 619, la
mayoría con vida y lamentablemente se tienen documentados mil 524
fallecimientos.
Estas
cifras no distinguen de la desaparición forzada con aquellas que en la
comunidad internacional se conoce como desaparición involuntaria y en la que no
intervienen agentes del Estado. Pese a ello, se trata de una cantidad que
dimensiona sobre la gravedad del problema.
Ya
el gobierno de la República ha dado un primer gran paso; reconocer la
problemática y sus consecuencias, es por este motivo que el Ejecutivo federal
ha emprendido diversas acciones para contrarrestar este hecho, de las cuales
sólo he de mencionar algunas.
A
través de la secretaría técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, la PGR acordó el establecimiento de la red de búsqueda de personas
desaparecidas. Se han suscrito acuerdos de colaboración entre diversas
instituciones de seguridad del país, con la finalidad de mantener actualizada
la base de datos de personas extraviadas o desaparecidas, así como la
implementación de un sistema de información institucional único, que permita la
integración de diferentes bases de datos ya existentes.
Es
importante señalar que en el ámbito de protección a los menores desaparecidos
también se está trabajando, y de esto da fe la suscripción de un convenio de
colaboración y concertación de acciones, dentro del marco del Programa
Alerta Ámber México, firmado por la PGR y la Cámara Nacional de la Industria de
la Radio y la Televisión con el propósito de implementar, promover y difundir
entre la población la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en un riesgo inminente.
Asimismo,
se firmó un acuerdo entre la PGR y el Comité Internacional de la Cruz Roja
sobre la licencia del uso del software ante mortem y post mortem, para poder
conseguir ubicar a las personas con vida, pero también para avanzar en el
análisis forense para su plena identificación, el cual servirá en la
construcción del Plan Nacional de Búsqueda Sistematizado.
Es
oportuno señalar todo lo antes mencionado porque también esta Cámara de
Diputados se ha trabajado. Durante la actual legislatura la suscrita ha
presentado una iniciativa que busca precisamente adecuar el tratamiento de la
desaparición de personas con los estándares internacionales en la materia.
En
este mismo tenor presenté un punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas
locales, a que armonicen su legislación penal con los estándares
internacionales. El mismo punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de
esta soberanía en abril de 2013.
En
la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados hemos sostenido
reuniones de trabajo con familiares de personas desaparecidas y hemos externado
nuestro compromiso y apoyo ante la grave problemática a que hacen frente todas
estas personas.
En
mi calidad de presidenta de esta Comisión he participado de manera periódica en
las reuniones en donde se reúnen familiares de personas desaparecidas y
distintas autoridades del orden local y federal, así como también organismos
internacionales.
Compañeras
y compañeros legisladores, cuando hablamos de desaparición forzada, el Grupo
Parlamentario del PRI se pronunciará a favor de este punto de acuerdo, con las
precisiones que se han marcado. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Cárdenas Cantú. En
atención a que se ha agotado la lista de oradores y tampoco existe propuesta de
modificación al acuerdo, pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en
votación económica, si es de aprobarse el propio acuerdo.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y
los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la PGR a emprender acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada; y a los congresos locales, a legislar en la materia, conforme a lo establecido en los estándares internacionales, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, y 79 numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, (en adelante Convención) adoptada a partir de 2006, por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley1 .
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha enlistado una serie de derechos tanto civiles o políticos, económicos, sociales y culturales, que podrían ser violados por el hecho de una desaparición.
Entre ellos se encuentran el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición; y, en caso de que la víctima de desaparición forzada sea el sostén económico de la familia, ésta podría quedar en un estado de vulnerabilidad permeando así derechos como el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud o el derecho a la educación.2
Por otro lado, respecto a las acciones que los estados parte deberán cumplir para la prevención de la desaparición forzada, la Convención prevé:
“La prohibición expresa de la detención en lugares secretos y se pide a los estados que garanticen unas normas jurídicas mínimas sobre la privación de libertad, como el mantenimiento de registros oficiales de las personas privadas de libertad con un mínimo de información y la autorización para comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección.”
En la Convención se establece que cada estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho estado lo extradite o lo entregue a otro estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido3 .
Por su parte, en México, se ha establecido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos que
“La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El estado es el primero obligado a combatirla, y desde el momento en que éste deja de reconocer su responsabilidad en los hechos o se niega a proporcionar información para la localización de las víctimas, conocer su suerte o destino final, se actualiza una violación de lesa humanidad que afecta sustancialmente la integridad, seguridad, libertad y vida de las personas.”
Sin embargo, como se podrá observar más adelante, la Comisión señalada ha sido rebasada por la situación que se vive en el país en materia de desapariciones forzadas, por lo que su actuación al respecto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de activistas y especialistas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de 2011, conmemorado el 30 de agosto, algunas de las voces con mayor trayectoria en la atención y análisis de estos hechos, como Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras que han dado a conocer.
Cifras oficiales aportadas por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo hablaban de 8 mil personas desaparecidas. Sin embargo, el 16 de junio las autoridades explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas, cuando el 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 3224 .
Para Amnistía Internacional “no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como sustraídas por la fuerza.”5 Por su parte
La alta comisionada en esta materia, Navi Pillay, en un comunicado [...] hizo eco de los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia. Asimismo, pidió al gobierno mexicano que reconozca la competencia del Comité de la Organización de la Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, quien en su informe más reciente exigió a México políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas6 .
En el mismo sentido, Ariel Dulitzky, quien encabezó la misión del grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU en México, ha realizado una revisión seria de los avances y pendientes que el gobierno federal presenta en la materia, por lo que ha concluido en que la falta de transparencia y de una metodología acorde en la elaboración de la base de datos de personas no localizadas a nivel nacional, aunado a las carencias que presentan los protocolos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas a nivel local; entre otros elementos7 , han provocado que los casos de desapariciones sigan siendo una constante en nuestro país.
Respecto a la actuación de la CNDH, el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer en el coloquio Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , realizado en la Cámara de Diputados el pasado 18 de agosto, que la comisión ha emitido desde 2006, sólo diez recomendaciones sobre desaparición forzada.
Dichas recomendaciones involucran a 26 personas víctimas de desaparición forzada, sin embargo durante la actual administración encabezada por Enrique Peña Nieto, no se ha emitido ninguna recomendación a pesar del creciente número de casos de desapariciones en el país.
En dicho tenor, debe mencionarse que:
“La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.”8
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a que emprendan, en el marco de sus atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los congresos locales a legislar en materia de desaparición forzada, considerando lo establecido en los estándares internacionales, con la finalidad de contar con un marco jurídico acorde.
Notas
1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, [en línea], Dirección URL: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm
2. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Folleto informativo No. 6/Rev.3 “Desapariciones forzadas o involuntarias”, p.p. 3, 4, [en línea], Dirección URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdfhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdf
3. Ibid., p. 9
4. Sin Embargo, “La desaparición de personas es una crisis para México, advierten Amnistía y la ONU; los casos van en aumento, dicen”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/31-08-2014/1102849
5. La Jornada, “Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/30/gobierno-ha-dejado-que-prevalezca-la-confusion-sobre-desaparecidos-ai-2707.html
6. StarMedia México, “ONU solicita a México elaborar Ley General para personas desaparecidas”, [en línea], México, Dirección URL: http://noticias.starmedia.com/mexico/onu-solicita-mexico-elaborar-ley-general-para-personas-desaparecidas.html
7. Animal Político, “Tres fallas de Peña Nieto contra la desaparición forzada, según experto”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/08/tres-fallas-de-pena-nieto-contra-la-desaparicion-forzada-segun-experto/#axzz3Bsu0Ouk4
8. Naciones Unidas, “Día Internacional de las Víctimas”, [e
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la PGR a emprender acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada; y a los congresos locales, a legislar en la materia, conforme a lo establecido en los estándares internacionales, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, y 79 numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, (en adelante Convención) adoptada a partir de 2006, por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley1 .
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha enlistado una serie de derechos tanto civiles o políticos, económicos, sociales y culturales, que podrían ser violados por el hecho de una desaparición.
Entre ellos se encuentran el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición; y, en caso de que la víctima de desaparición forzada sea el sostén económico de la familia, ésta podría quedar en un estado de vulnerabilidad permeando así derechos como el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud o el derecho a la educación.2
Por otro lado, respecto a las acciones que los estados parte deberán cumplir para la prevención de la desaparición forzada, la Convención prevé:
“La prohibición expresa de la detención en lugares secretos y se pide a los estados que garanticen unas normas jurídicas mínimas sobre la privación de libertad, como el mantenimiento de registros oficiales de las personas privadas de libertad con un mínimo de información y la autorización para comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección.”
En la Convención se establece que cada estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho estado lo extradite o lo entregue a otro estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido3 .
Por su parte, en México, se ha establecido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos que
“La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El estado es el primero obligado a combatirla, y desde el momento en que éste deja de reconocer su responsabilidad en los hechos o se niega a proporcionar información para la localización de las víctimas, conocer su suerte o destino final, se actualiza una violación de lesa humanidad que afecta sustancialmente la integridad, seguridad, libertad y vida de las personas.”
Sin embargo, como se podrá observar más adelante, la Comisión señalada ha sido rebasada por la situación que se vive en el país en materia de desapariciones forzadas, por lo que su actuación al respecto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de activistas y especialistas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de 2011, conmemorado el 30 de agosto, algunas de las voces con mayor trayectoria en la atención y análisis de estos hechos, como Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras que han dado a conocer.
Cifras oficiales aportadas por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo hablaban de 8 mil personas desaparecidas. Sin embargo, el 16 de junio las autoridades explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas, cuando el 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 3224 .
Para Amnistía Internacional “no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como sustraídas por la fuerza.”5 Por su parte
La alta comisionada en esta materia, Navi Pillay, en un comunicado [...] hizo eco de los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia. Asimismo, pidió al gobierno mexicano que reconozca la competencia del Comité de la Organización de la Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, quien en su informe más reciente exigió a México políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas6 .
En el mismo sentido, Ariel Dulitzky, quien encabezó la misión del grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU en México, ha realizado una revisión seria de los avances y pendientes que el gobierno federal presenta en la materia, por lo que ha concluido en que la falta de transparencia y de una metodología acorde en la elaboración de la base de datos de personas no localizadas a nivel nacional, aunado a las carencias que presentan los protocolos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas a nivel local; entre otros elementos7 , han provocado que los casos de desapariciones sigan siendo una constante en nuestro país.
Respecto a la actuación de la CNDH, el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer en el coloquio Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , realizado en la Cámara de Diputados el pasado 18 de agosto, que la comisión ha emitido desde 2006, sólo diez recomendaciones sobre desaparición forzada.
Dichas recomendaciones involucran a 26 personas víctimas de desaparición forzada, sin embargo durante la actual administración encabezada por Enrique Peña Nieto, no se ha emitido ninguna recomendación a pesar del creciente número de casos de desapariciones en el país.
En dicho tenor, debe mencionarse que:
“La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.”8
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a que emprendan, en el marco de sus atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los congresos locales a legislar en materia de desaparición forzada, considerando lo establecido en los estándares internacionales, con la finalidad de contar con un marco jurídico acorde.
Notas
1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, [en línea], Dirección URL: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm
2. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Folleto informativo No. 6/Rev.3 “Desapariciones forzadas o involuntarias”, p.p. 3, 4, [en línea], Dirección URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdfhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdf
3. Ibid., p. 9
4. Sin Embargo, “La desaparición de personas es una crisis para México, advierten Amnistía y la ONU; los casos van en aumento, dicen”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/31-08-2014/1102849
5. La Jornada, “Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/30/gobierno-ha-dejado-que-prevalezca-la-confusion-sobre-desaparecidos-ai-2707.html
6. StarMedia México, “ONU solicita a México elaborar Ley General para personas desaparecidas”, [en línea], México, Dirección URL: http://noticias.starmedia.com/mexico/onu-solicita-mexico-elaborar-ley-general-para-personas-desaparecidas.html
7. Animal Político, “Tres fallas de Peña Nieto contra la desaparición forzada, según experto”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/08/tres-fallas-de-pena-nieto-contra-la-desaparicion-forzada-segun-experto/#axzz3Bsu0Ouk4
8. Naciones Unidas, “Día Internacional de las Víctimas”, [e
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.
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