Ayotzinpa….“La versión oficial se cae a golpes“

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

La versión oficial se cae a golpes/ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Lo que la PGR no pudo demostrar con pruebas periciales y científicas lo armó con testimonios de policías de Iguala y Cocula y del presunto radiocomunicador igualteco David Hernández Cruz que “confesaron” mediante tortura física y psicológica su presunta participación en el arresto de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que posteriormente entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los desaparecieron. La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam no se sostiene, según se desprende de los documentos consultados por Proceso.

 La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

 Uno de ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión a los normalistas.

 Durante los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal (PF), Hernández Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados por Proceso.

Las averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la investigación.

 Los reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.

 En sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos. También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.

 En el reportaje “La verdadera noche de Iguala”, publicado en su edición 1989, Proceso mencionó que por lo menos cinco presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos: Eury Flores, Francisco Javier Lozano, Napoleón Martínez, Carlos Canto y Raúl Núñez Salgado, cuyo expediente está en la causa penal 48/2014-E-II fueron torturados para que admitieran su participación en el ataque y desaparición de los normalistas.

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió el oficio registrado con folio 17675 al Juzgado Quinto de Distrito en Iguala para solicitar información sobre el estado que guardaba la causa penal 4872014-E-II, así como copias certificadas de los expedientes clínicos.

 El 20 de enero pasado el juzgado fue notificado por la PGR que dos días antes se abrió en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la averiguación previa AP/1483/ UEIDAPLE/3/2014 por el delito de tortura de la que pudieron ser víctimas tres de los presuntos delincuentes: Flores, Lozano y Martínez.

 Este reporte es la segunda entrega de la investigación realizada con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California, en Berkeley, sobre el caso de los normalistas atacados y desaparecidos; la primera fue publicada por Proceso en su edición 1989.

 Los dictámenes médicos realizados a los policías detenidos por la PGR –quienes mostraban lesiones provocadas por la tortura– contrastan con los peritajes previos realizados por el Ejército, pues los uniformados no tenían ninguna huella de tortura, según la información consultada. Asimismo, los testimonios proporcionados por sus familiares permiten conocer los horrores cometidos por el gobierno federal.

 El testigo estrella de Murillo Karam

 El 10 de octubre de 2014 la PGR giró la orden de localización en calidad de testigo de David Hernández Cruz o Cruz Hernández. Los policías federales ministeriales Jesús Omar Maciel Álvarez y Miguel Ángel Romero Hernández lo arrestaron ese mismo día en Iguala a las 15:30 horas.

 Según dijeron, el detenido admitió ser miembro de Guerreros Unidos. Dijo que era operador logístico en Iguala y que se encargaba de pagar la nómina de los halcones y funcionarios locales. Incluso mencionó los nombres de los supuestos jefes del grupo criminal; narró lo que ocurrió la noche en que desaparecieron los estudiantes normalistas y que los restos óseos localizados en las primeras fosas no eran los de ellos.

 Para ocultar sus actividades ilícitas, de acuerdo con la versión de la PGR, el detenido trabajaba como bombero en la Dirección de Protección Civil de Iguala; también confesó de manera espontánea que el entonces alcalde José Abarca recibía dinero de Guerreros Unidos.

 Ese mismo día en la SEIDO el perito médico oficial Francisco J. Ramírez Reyes elaboró el dictamen forense a las 20:30 horas, cinco horas después de la detención del “testigo estrella”.

 Visiblemente golpeado Hernández Cruz hizo su primera declaración a las 21:00 horas ante el MP Antonio Suany López (AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Su jefe inmediato, expuso, era Federico León y “confesó” que era halcón y trabajaba para Berlín y El Chuky; también involucró a Núñez Salgado, a otros presuntos criminales y a policías de Iguala.

 Dijo que desde la desaparición de los estudiantes no había hablado con El Chuky ni mencionó a Abarca Velázquez.

 A las 4:30 de la madrugada del 11 de octubre rindió una segunda declaración de nueve fojas. Dijo que los estudiantes iban armados y que le había llamado El Chuky o Choky y añadió: “Después de esa llamada escuché por el radio Matra que el director de la policía municipal (de Iguala) de apellido Valladares dijo que por órdenes de A5 (Abarca Velázquez)” había que detener a los estudiantes.

 Días después, el 7 de noviembre en conferencia de prensa Murillo Karam afirmó: “El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la policía municipal el código A5, dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz…” .

 El procurador no mencionó que el joven había sido torturado por elementos de la Marina. Hoy se sabe que Hernández Cruz no trabaja ni trabajó en la policía municipal de Iguala y que era bombero, no radio-operador. Hasta ahora, su declaración es la única “prueba” de que Abarca Velázquez ordenó el ataque el 26 de septiembre.

 El 14 de octubre a las 8:40 horas la PGR ordenó la libertad inmediata con las reservas de ley de David Cruz Hernández porque “no se habían reunido elementos para mantenerlo detenido”. A las 20:00 horas la orden se cumplimentó.

 Policías de Iguala

 El 27 de septiembre fueron detenidos los primeros 22 policías de Iguala por su presunta participación en el ataque, aunque muchos de ellos estaban de descanso. Los municipales no arrestados ese día fueron convocados a un curso al campo de adiestramiento número 2 de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala.

 El 14 de octubre y de manera sorpresiva, 10 agentes de Iguala fueron arrestados por la Policía Militar y llevados a la SEIDO: Héctor Aguilar, Alejandro Mota, Verónica Bahena, Alejandro Lara, Santiago Socorro Mazón, Édgar Vieyra, Óscar Augusto Pérez Carreto, Enrique Pérez Carreto, Édgar Magdaleno Navarro y Leodan Fuentes Pineda.

 Antes de ser trasladados a las 20:00 horas de ese día, la “mayor médico cirujano” Flor María Ayala –en apoyo del centro de adiestramiento regional de la Sexta Región Militar, que dirige el general Cuauh­témoc Eduardo Ruiz– examinó a cada policía detenido. Ninguno tenía golpes ni lesiones.

 De acuerdo con los familiares de los policías agredidos, sus parientes les contaron que la tortura que sufrieron ocurrió en las instalaciones de la SEIDO por parte de hombres corpulentos vestidos de negro y encapuchados. Durante el maltrato les preguntaban por los estudiantes de­saparecidos y Guerreros Unidos. “¿Por qué los mataste?”, un golpe, “¿por qué se los llevaron?”, otro golpe, y así hasta dejarlos en el suelo.

 En documentos de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014 aparece el dictamen médico elaborado por la PGR el 15 de octubre de 2014, por las peritos María Guadalupe Cázares Ontiveros y Lizbeth Hernández. Las palizas eran evidentes.

 Édgar Vieyra presentó golpes en la boca, seis moretones lineales en el estómago, lesiones puntiformes que abarcan un área de 12 por tres centímetros en la pelvis y múltiples costras en el abdomen –según la PGR, “por arrastrarse en el piso durante el curso de adiestramiento”, pero en el informe militar no tenía ninguna lesión.

 Alejandro Mota tenía marcas de golpes de 11 por 5.5 centímetros en el lado derecho de la cara y el cuello, además de un golpe de ocho por siete centímetros en la mandíbula. En el hombro izquierdo, tres marcas de 1.5, uno y 0.5 centímetros. Otro golpe a la derecha del pecho.

 Santiago Socorro Mazón, según el dictamen de la PGR, presentó huellas de un golpe de cinco por cuatro centímetros en el abdomen y lesiones en la espalda; y Héctor Aguilar Ávalos tenía marcas lineales rojas que abarcaban un área de ocho por cinco centímetros en el vientre.

 Cuando Verónica Bahena fue evaluada tenía moretones en el antebrazo izquierdo, en la rodilla izquierda y golpes en la parte alta del muslo derecho. Según sus compañeros durante varios días padeció una severa hemorragia uterina por los golpes.

 Alejandro Lara tenía dos marcas rojas lineales de cinco y de 1.5 centímetros cerca del oído derecho, marcas de golpes en ambos párpados y en el oído izquierdo, golpes en el labio inferior, dos marcas puntiformes rojas en la mucosa de la mejilla derecha y tres en la izquierda, amén de cinco lesiones enrojecidas lineales en el abdomen, entre otras.

 Édgar Magdaleno Navarro presentó tres costras en el antebrazo y en la cara anterior de la pierna izquierda. Y Óscar Augusto Pérez Carreto tenía costras en la cara anterior del antebrazo, mano derecha y codo. Empero, según el dictamen de PGR, ninguno de los dos “presentaba huellas de lesiones traumáticas externas recientes”.

 Leodan Fuentes Pineda tenía golpes de 2.5 por un centímetro en la mandíbula, lesiones en el abdomen y golpes en los muslos y un hombro.

 Según el dictamen, Enrique Pérez Carreto no presentaba huellas de lesiones traumáticas externas, aunque según sus colegas fue uno de los más lesionados.

 Los familiares hablaron para esta investigación sobre la tortura sufrida por los policías, luego de meses de silencio por miedo de que sus familiares sufran represalias.

 Aracely Mota, hermana de Alejandro Mota, señala que su hermano tenía entre 13 y 15 años trabajando en la policía de Iguala. Acusa que su familiar fue golpeado en la SEIDO y asienta que, al igual que los estudiantes de Ayotzinapa, su hermano es una víctima.

 Alejandro Mota laboró el 26 de septiembre pero su hermana asegura que no participó en el ataque ni en la desaparición. Una vez que lo encarcelaron “estuve todo el día esperando a que me dieran la visita, sólo pude hablar con él tres minutos, me dijo que lo habían golpeado mucho y le habían dado toques eléctricos. Tenía la cara hinchada. ¿Por qué lo golpearon? ¿Para echarle la culpa de algo que no hizo? ¿Porque el gobierno lo dice?”.

 Sue Martínez es esposa de Héctor Ávalos desde hace 13 años. Platica que su marido había sido militar. No le gustaba pero era la única forma de salir adelante en su pueblo. Había una vacante para ser policía y entró. Iba a ser sólo un año pero decidió quedarse. Su compañero estaba franco el 26 de septiembre y, de acuerdo con el documento oficial de labores, efectivamente estaba de descanso. Era chofer de una patrulla.

 La mujer recuerda que el 26 de septiembre su marido estuvo todo el día en la casa. Por la tarde pasaron al zócalo al acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde Abarca. Aproximadamente a las 8:40 de la noche regresaron a su casa.

 Al día siguiente, la llamó a las nueve de la mañana para avisarle que había habido una balacera la noche anterior y que los iban a acuartelar en las instalaciones de la policía estatal. Le comentó que estaban arrestando a algunos compañeros. Luego se los llevaron a Tlaxcala, donde lo detuvieron. Sólo hasta el 16 de octubre, a las cuatro de la mañana, el hombre le pudo decir que estaba en la SEIDO y que lo habían golpeado mucho. El 20 de octubre logró verlo, ya internado en el penal de Nayarit.

 “Mi esposo estaba desesperado porque sentía que se iba a morir ahí de como lo habían golpeado”. Le comentó que a causa de las tundas se desmayó dos veces, pero lo levantaron a patadas. “Querían que se echara la culpa”.

 Laura Martínez, esposa de Alejandro Lara, manifiesta que su esposo también estaba de descanso y que el 26 de septiembre estuvieron juntos todo el día. A las nueve de la noche se encontraban en un entrenamiento de basquetbol de su hija, lejos del centro.

 De acuerdo con la documentación a la que se tuvo acceso, en las declaraciones ministeriales rendidas por los 10 policías de Iguala al menos uno de ellos pidió al abogado de oficio que interpusiera una queja ante la CNDH “contra los policías federales que nos detuvieron, nos golpearon y querían a fuerzas que dijéramos dónde estaban los cuerpos, pero esos policías fueron diferentes a los que nos trajeron”.