La vieja y mala fama de Iguala/

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

La vieja y mala fama de Iguala/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS 

Chilpancingo, Gro.- Un mes antes de la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, habitantes de la Sierra de Guerrero denunciaron un secuestro masivo del cual responsabilizaron a Guerreros Unidos, quienes presuntamente actuaron en contubernio con el Ejército. El hecho evidencia que las autoridades estaban al tanto de las actividades del grupo delictivo pero nada hicieron para frenarlo.

 El 27 de agosto de 2014 Proceso acudió al poblado de Tlacotepec, cabecera del municipio General Heliodoro Castillo, donde decenas de pobladores se congregaron en la plaza principal para exigir la intervención de las autoridades ante los niveles de violencia, corrupción e impunidad que prevalecían en la Sierra y las regiones Centro y Norte de Guerrero.

 Ese día la agencia Apro dio esta información y agregó que un día antes el servicio de transporte público que conecta la Sierra con la región Centro había sido suspendido pues una célula criminal al servicio de Guerreros Unidos había interceptado cuatro unidades en las cuales viajaban al menos 20 personas originarias de Tlacotepec quienes iban a Iguala y Chilpancingo.

 Los delincuentes se llevaron los vehículos con todo y pasajeros a Iguala, señalaron familiares de los plagiados consultados por este reportero y que pidieron mantener el anonimato.

 Transportistas y habitantes de Tlacotepec narraron entonces que en los puntos que conectan los poblados de Mezcala y Xochipala, municipio de Eduardo Neri, sobre el tramo Iguala-Chilpancingo de la carretera federal México-Acapulco, operaba un grupo delincuencial dirigido por un sujeto identificado como El Puma y señalado como responsable de la ola de secuestros, asaltos y extorsiones en la zona.

 El secuestro masivo –ocurrido el 25 de agosto–coincidió con el retiro de un destacamento militar que estaba desde principios de 2014 en las inmediaciones de Xochipala, poblado que conecta la región Centro con la Sierra y se considera paso obligado de la ruta de la heroína que se produce en Guerrero y se exporta a Estados Unidos, según reportes oficiales.

 La situación obligó a los habitantes de Tlacotepec a realizar una asamblea el 27 de agosto en la plaza cívica de la comunidad, donde reprocharon la criminal indolencia gubernamental. También, exigieron una explicación sobre el retiro del retén militar de Xochipala.

 Asimismo denunciaron la presunta protección del Ejército a Guerreros Unidos y pidieron mantener bajo reserva los nombres de las víctimas porque estaban negociando su liberación con los secuestradores, afincados en Iguala.

 El director de Seguridad Pública municipal de Heliodoro Castillo, Raymundo Catalán Nájera, se declaró incompetente para enfrentar los problemas de inseguridad; argumentó que desde 2012 en el municipio sólo hay tres policías.

 El funcionario dijo entonces que a principios de la administración del perredista Mario Chávez Carbajal, señalado por la presunta protección que brinda al narco en la región, había 60 policías; 57 desertaron por el miedo a la narcoviolencia o fueron cesados por no pasar las evaluaciones de control y confianza.

 Solución sigilosa

A raíz de la protesta de los pobladores de Tlacotepec, quienes amenazaron con revelar los nexos de las autoridades y la delincuencia, el entonces procurador guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera anunció la liberación de cinco de los 20 secuestrados y el desmantelamiento de la banda de plagiarios dirigida por un sujeto identificado como El Fogón, quien operaba en los municipios de Tepecoacuilco, Chilpancingo y Heliodoro Castillo.

El 29 de agosto, en conferencia de prensa en Acapulco, Blanco informó que la mañana del 25 de agosto de 2014 fueron privados de su libertad cinco personas que viajaban en una camioneta del servicio público de la ruta Tlacotepec-Chilpancingo.

 Dijo que las víctimas –cuatro hombres y una mujer– fueron llevadas a las faldas de un cerro en las inmediaciones de Tepecoacuilco de Trujano, municipio vecino a Iguala y considerado otro de los bastiones de Guerreros Unidos. Ahí, precisó Blanco, los plagiados fueron vendados de los ojos y encadenados.

 Los secuestradores se comunicaban con los familiares de las víctimas para negociar la liberación, e “inclusive comunicaban a los secuestrados para dar la prueba de vida y presionar el pago”.

 El entonces procurador añadió que el 28 de agosto de 2014 el padre de una de las víctimas compareció ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Combate al Delito de Secuestro de la Fiscalía General para denunciar el secuestro.

 La investigación del grupo antisecuestros de la Fiscalía determinó que para los campesinos del municipio de Iguala era común ver que los delincuentes entraban y salían de una brecha ubicada en las inmediaciones del punto conocido como Curva del Conejo, en el kilómetro 140 de la carretera federal México-Acapulco, en las inmediaciones de la entrada del poblado de Santa Teresa, municipio de Iguala.

 El exfiscal informó que cerca de las 15:40 horas del 28 de agosto de 2014 los agentes ministeriales interceptaron el vehículo donde se desplazaban los secuestradores y se desató un enfrentamiento donde fue abatido Crisanto Nájera Ontiveros, El Fogón.

 El grupo antisecuestros desplegó un operativo en la zona y liberó a cuatro de las víctimas. El resto de los secuestrados de Tlacotepec fueron liberados en sigilo para evitar que el conflicto escalara en los medios.