General (José Luis) Sánchez León el antihéroe/ reportaje de Proceso

General Sánchez León el antihéroe/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso N0. 2011, 16 de mayo de 2015

Tras el fracaso de la ofensiva lanzada desde la Presidencia y el alto mando militar para capturar al capo Nemesio Oseguera Cervantes, salieron a la luz las deficiencias de planeación y tácticas. Entre los responsables de éstas destaca un militar asignado a la lucha contra el narcotráfico y que parece dejar sólo dudas y sombras por donde pasa: es el general José Luis Sánchez León. Alguien en la Sedena lo sacó de Tlatlaya cuando las indagatorias por las ejecuciones extrajudiciales del 30 de junio de 2014 casi lo alcanzaban. Alguien en la Sedena le encargó a él que apoyara desde tierra a los helicópteros militares en la Operación Jalisco.

El desastre con que se inició la Operación Jalisco, incluida la pérdida del helicóptero Cougar EC725 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), tuvo un actor central: el general de brigada José Luis Sánchez León, jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el mismo mando que está bajo escrutinio por la masacre de Tlatlaya, Estado de México, cometida por soldados el 30 de junio del año pasado.

 Sánchez León llegó a Guadalajara a principios de octubre pasado, tras ser removido como comandante de la 22ª Zona Militar, en medio de las investigaciones por la ejecución sumaria de 22 personas a manos de efectivos del 102 Batallón de Infantería bajo su mando.

Como jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el pasado viernes 1 tenía la función de dar apoyo táctico en tierra durante la fallida operación puesta en marcha desde el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), en la Ciudad de México, para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

 El general Sánchez León es quien le pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que retrasara la llegada de su personal a la bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, después de la matanza de civiles perpetrada por soldados bajo su mando.

 No son los únicos hechos graves en la carrera del general. En 2005 estuvo cerca del escándalo cuando la Presidencia de la República dio a conocer que la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, entonces integrante del Cártel de Sinaloa, había cooptado a personal de la casa presidencial.

 General brigadier entonces, Sánchez León era uno de los jefes militares del Estado Mayor Presidencial (EMP) encargados de la seguridad del presidente Vicente Fox y su familia. Después de ese sexenio, en el que encabezó las secciones III, IV y V del EMP, se reincorporó al Ejército.

 Una década después, el general egresado de la Escuela Superior de Guerra está en el centro de un caso que tiene de fondo a la delincuencia organizada. El día de la ofensiva militar inicial de la Operación Jalisco le correspondían los movimientos en tierra para la persecución de Oseguera, considerado por este gobierno como el narcotraficante más peligroso del momento.

 Ni la tarea ni los terrenos le eran ajenos. Hace apenas tres años había dejado de ser jefe de Estado Mayor de la misma 5ª Región Militar, con sede en La Mojonera, en el municipio jalisciense de Zapopan, a donde regresó en octubre pasado para ocupar igual cargo.

 Por tierra, ese cuartel se encuentra a más de tres horas de donde ocurrió el ataque a la tropa de élite del Ejército, en la ruta Casimiro Castillo–Villa Purificación. Son territorios del CJNG, que llevó hasta ellos a las cuatro unidades aéreas del Ejército y la Policía Federal que perseguían al Mencho.

 Bajo el mando del comandante de la 5ª Región, el general de División Miguel Gustavo González Cruz, la misión de Sánchez León era proteger a los efectivos enviados desde la Ciudad de México en una operación mixta, aérea y terrestre, planeada por el EMDN, a cargo del general Roble Arturo Granados Gallardo, el jefe operativo del Ejército Mexicano.

 “Era una operación delicada, para la que era fundamental el apoyo táctico. Con las tropas destacadas en Jalisco tenía que darse cobertura terrestre a las fuerzas que salieron desde México”, explican fuentes castrenses consultadas.

 Pero El Mencho respondió con un ataque que derribó un helicóptero y causó ocho bajas a lo más selecto del Ejército: la Fuerza Especial del Alto Mando, que es el núcleo del Cuerpo de Fuerzas Especiales, la unidad de élite del Ejército Mexicano. El Alto Mando es el secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda.

 En el diseño de la operación también participó el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general de ala piloto aviador Víctor Manuel Ruesga Ramírez, quien responde al comandante de la FAM, el general de división piloto aviador Carlos Antonio Rodríguez Munguía.

 El escenario de la operación planteado desde la Ciudad de México estaba lejos de lo que verdaderamente ocurrió: el ataque al helicóptero Cougar EC705, de fabricación francesa y matrícula de la FAM 1009, con un lanzacohetes RPG 7, el mismo tipo de arma que derribó dos helicópteros Black­hawk de la Fuerza Aérea estadunidense en Mogadiscio, Somalia, en 1993.

 Licenciado por la Escuela Superior de Guerra, donde también hizo la maestría en Estudios de Seguridad y Defensa Nacionales y ha dado clases de Diplomado de Estado Mayor, el general Sánchez León quedó, como los otros generales, en medio del desastre que la persecución del capo significó para la FAM, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, el Ejército en general y el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 Protegido por la Sedena

 Durante la guerra declarada por Felipe Calderón al narcotráfico, el general de brigada Sánchez León participó en el Operativo Conjunto Chihuahua, donde fue comandante de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez. Estuvo entre 2008 y 2010 en el Operativo Conjunto Juárez y luego en el Operativo Conjunto Chihuahua. Perteneciente al arma de caballería, en noviembre de 2008 fue ascendido a general de brigada.­

 Después de Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo envió a la 5ª Región como jefe del Estado Mayor, cargo que en menos de cinco años ocupa de nuevo.

 En un paréntesis de operación militar, en 2011 fue enviado a Nueva York como asesor del mismo ramo en la misión permanente de México ante la ONU. A finales del sexenio pasado, en mayo de 2012, fue designado comandante de la 22ª Zona Militar, con sede en Toluca, Estado de México. Su principal misión de entonces era el combate a las organizaciones del narcotráfico tras la escisión de la banda de los hermanos Beltrán Leyva.

 Con ese propósito expreso se creó el 102 Batallón de Infantería el 30 de mayo de 2010, en la localidad de San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, en terrenos donados por Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. Ese batallón tenía la encomienda de combatir a los narcotraficantes en el corredor comprendido entre Guerrero y el Estado de México, y el cual abarca al municipio de Tlatlaya (Proceso 1974).

 El general Sánchez León fue comandante de la 22ª Zona Militar entre mayo de 2012 y el 30 de junio de 2014, cuando el general secretario Salvador Cienfuegos lo alejó de la crisis generada por la ejecución de civiles presuntamente miembros de los grupos de delincuencia organizada que operan en la zona.

 Según la Sedena, fueron ocho los civiles asesinados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que al menos son entre 12 y 15, pero cuando la Sedena presentó los hechos como un enfrentamiento durante un patrullaje militar dio cuenta de 22 víctimas.

 Después de conocerse que se trató de una ejecución sumaria, fueron consignados siete elementos de tropa y un teniente, aunque sólo tres por homicidio. La Sedena se ha negado a dar a conocer la cadena de mando implicada en la acción y las órdenes que fueron emitidas a la partida militar (Proceso 2004).

 De acuerdo con una versión pública de la investigación de la CNDH consultada por este semanario (edición 1995), Sánchez León fue prácticamente exonerado por la Sedena. Sólo fue citado a declarar en el Juzgado Sexto Militar para dar su versión de los hechos y saber “si hubo omisiones” en el patrullaje militar que la Sedena asegura que realizaba en Tlatlaya.

La Cámara de Diputados creó un Grupo de Trabajo para investigar lo ocurrido en ese municipio del Edomex, pero la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) mexiquense se negaron a darle información. Así lo asentó el grupo legislativo en su informe final, que dio a conocer el 16 de abril pasado.

Ese mismo día, el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Manzur, declaró ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que fue el general Sánchez León quien pidió a la PGJ que demorara su arribo al lugar (los peritos judiciales llegaron a la escena seis horas después). Pero ni para la CNDH ni para el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados quedó claro que en ese lapso se hubiera mantenido intacto el lugar de los hechos.

 Manzur reveló que fue el jefe castrense quien “nos pidió que no fuera muy rápido el personal de la procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro” y podía ser atacado por grupos delictivos (Proceso 1995).

 En otro argumento para desvincular al general Sánchez León, la Sedena informó a la CNDH que el entonces jefe de la 22ª Zona Militar llegó al lugar a las 13:00 horas, es decir, ocho horas después de la ejecución sumaria.

 A diferencia de la falta de apoyo que tuvo el grupo de trabajo legislativo, el martes 5 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión salió en respaldo de la Operación Jalisco y guardó un minuto de silencio por los militares caídos.

 Una semana después, la comisión dio a conocer que el general secretario Cienfuegos envío una carta de agradecimiento al presidente de la Comisión Permanente del Congreso. En la misiva, el divisionario advirtió que las Fuerzas Armadas mexicanas “continuarán sin titubeos” apoyando a los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.

 La Sedena, sin embargo, también decidió cerrar aún más su información. Determinó eliminar los nombres de todos los funcionarios y comandantes del Ejército y la FAM de su sitio oficial. Ocultó también la distribución geográfica de las regiones, zonas y guarniciones militares, regresando a la opacidad previa a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 Puede ser una medida de seguridad porque esa información abierta les permite a los delincuentes saber a quién dirigirse, aunque también tienen otras maneras de hacerlo, como las deserciones y las infiltraciones, dicen fuentes castrenses.

 “Creciente insurgencia criminal”

 Según publicó el diario La Jornada el miércoles 6, la PGR investiga si expolicías y exmilitares capacitados en el manejo de armamento forman parte de las filas del CJNG. La investigación apunta a lo ocurrido con Los Zetas, formado por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), antecedente del actual Cuerpo de Fuerzas Especiales.

 Reclutados por el Cártel del Golfo, Los Zetas iniciaron como la guardia armada de esa organización delictiva, pero más tarde se volvieron autónomos, hasta disputar el liderazgo al Cártel de Sinaloa durante el sexenio­ pasado.

 El periódico, que cita a funcionarios del gabinete de Seguridad Nacional, refiere que el CJNG, además de contar con posible entrenamiento militar, como lo indicaría el ataque con el lanzacohetes, se estaría abasteciendo de armas desde Estados Unidos y Centroamérica.

 Considerado por el gobierno de Peña Nieto como la organización delictiva más poderosa por ahora, el CJNG surgió como un brazo del Cártel de Sinaloa tras la ejecución del cabecilla Ignacio Coronel a manos del Ejército en julio de 2010, en Zapopan.

 De acuerdo con un reporte solicitado por el sector empresarial de Jalisco y elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, el CJNG mantiene colaboración con Martín Beltrán Coronel, El Águila, sobrino de Nacho Coronel. El Águila había sido detenido en mayo de 2011, pero fue liberado por orden judicial el 24 de septiembre último.

 Los Coroneles o La Corona, como se conoce a su organización, mantiene una relación, aunque tensa, con el cártel de Nemesio Oseguera. “Están en el mismo negocio, pero los primeros son los que se encargan de la producción, trasiego y lavado de dinero, mientras que los segundos son la fuerza de choque”, dice el reporte citado.

 Añade: “La tarea del Águila es prepararse para dar continuidad al narcotráfico cuando Nemesio Oseguera finalmente sea detenido o muerto. El estilo del Águila es de menos violencia y más bajo perfil, como el de su tío”.

 Titulado Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla, fechado el 20 de abril y entregado a autoridades civiles y militares, el documento dice que Los Coroneles consideran irascible e irreflexivo al Mencho, pero con gran fuerza, como lo demostró al abatir el helicóptero Cougar de la FAM.

 Robert Bunker, profesor investigador adjunto del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de Estados Unidos, dice que el derribamiento del aparato militar por “soldados de a pie” del CJNG puede ser considerado como el cruce de un “apagafuegos sicológico” en la guerra contra el narco en México.

 Consultado por Proceso, el académico explica que, precedido por las emboscadas y masacres de fuerzas estatales, los bloqueos de carreteras y la campaña masiva de incendios en Jalisco, el ataque claramente significa un reto directo a la autoridad federal y demuestra públicamente “la creciente impunidad de los cárteles y su voluntad de ir y derrotar a las fuerzas armadas”.

Miembro adjunto de facultad de la Claremont Graduate University, Bunker añade: “Los Zetas y otros elementos de otros cárteles han demostrado desde hace tiempo su voluntad de atacar directamente a la Sedena y a otras fuerzas federales. Sin embargo, el alto perfil del ataque (en Jalisco) también hizo añicos el mito de la administración de Peña Nieto de que las guerras con los cárteles desaparecerán simplemente si son ignoradas en el discurso de las políticas públicas del gobierno federal”.

 Con experiencia como instructor en el Programa Contra-narcoinsurgencia en Los Ángeles, California, y como asesor en contraterrorismo, afirma que en medio de un clima de inseguridad y corrupción institucional promovida por los grupos de narcotráfico, de facto “hay una creciente insurgencia criminal en México”.