La libertad de prensa en México, un mito: Edison Lanza

La libertad de prensa en México, un mito/J. JESÚS ESQUIVEL

Revista Proceso No. 2009, 2 de mayo de 2015

Relator de la CIDH para la libertad de expresión, Edison Lanza hace un análisis devastador: en México, merced al poder económico y político vinculado con los medios de comunicación, la libertad de prensa es un mito, especialmente porque los espacios para ejercer el periodismo crítico e independiente son cada vez menos. Entrevistado por Proceso, el uruguayo habla del caso Aristegui y de la necesidad de que su voz siga siendo escuchada, como un contrapeso indispensable al poder.

WASHINGTON.- Con el regreso del PRI a la Presidencia de México y Enrique Peña Nieto al frente de ésta, la libertad de prensa en este país es un mito.

Lo anterior es sostenido por Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien añade que en esa nación hay pocos espacios para el periodismo independiente.

“2014 ha sido un año muy preocupante en cuanto a hostigamientos, amenazas y asesinatos de periodistas en México”, enfatiza Lanza, Entrevistado por Proceso en sus oficinas de la CIDH en esta capital, Lanza evita comparar lo que fue la libertad de prensa en México durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón con el de Peña Nieto, pues dice que hacerlo no le corresponde. Pero sus observaciones son lapidarias sobre lo que ocurre actualmente con la libertad de expresión y de prensa.

En México “hay pocos espacios para ejercer el periodismo con la necesaria autonomía e independencia”, puntualiza el periodista y abogado uruguayo, relator de la CIDH desde julio del año pasado y quien tiene un largo historial en defensa de la libertad de expresión.

Su conclusión se sustenta en un aspecto que se acentuó con Peña Nieto: todo se debe al “poder económico y político vinculado a los medios de comunicación” y a que no se hayan ganado espacios para ejercer el periodismo independiente.

“Tiene mucho que ver con los cambios estructurales que impulsa el gobierno”, enfatiza Lanza, cofundador y expresidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública del Grupo Medios y Sociedad y exintegrante del Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

De la relación entre la Presidencia de Peña Nieto y los medios, Lanza reconoce que desde que el exgobernador del Estado de México se hizo candidato presidencial, la televisión y algunas estaciones de radio lo acunaron como su abanderado y de entonces a la fecha lo protegen.

“Hay denuncias de la sociedad civil de que esos medios están involucrados o que tenían afinidad en la campaña del actual presidente y eso se hace sentir en el ejercicio de la profesión de los informadores”, aclara.

La protección y cuidado de la imagen de algunos medios hacia Peña Nieto no es el único problema del deterioro de la libertad de expresión. Lanza destaca otro, aun mas grave: “La asignación de la publicidad oficial, que en México no está regulada de forma objetiva y es un factor que puede distorsionar distintos aspectos del tema de medios de comunicación”.

Como ejemplo de esta manipulación gubernamental, Lanza no duda en señalar al caso de la periodista Carmen Aristegui y MVS.

El relator sostiene que el de Carmen Aristegui es un asunto preocupante porque la voz de la periodista le da diversidad y pluralismo al sistema de medios y al periodismo masivo en México. “Sigo pensando que es un despido donde la empresa no ha explicado nada en absoluto, con una razón de peso; ha sido un despido intempestivo”.

El caso Aristegui es de la incumbencia de la CIDH y de la oficina que representa Lanza; no obstante el relator sostiene que se está a la espera de la resolución judicial para, de ser necesario, actuar en consecuencia.

Pocos espacios críticos

La cancelación del programa radial de Aristegui se suma a otros problemas relacionados y recurrentes en México que minimizan más la imagen del país y destacan la existencia de una prensa maniatada y al servicio del presidente.

De acuerdo con el análisis de Lanza, es alarmante que no haya el espacio que debiera tener el periodismo crítico e independiente. Los pocos que existen son en formatos digitales (internet) y de pequeño alcance. “Salvo algunas publicaciones como Proceso, que mantiene esa línea de independencia crítica, creo que la situación no es de la mayor diversidad y pluralismo”, considera.

Insiste en el caso Aristegui para resaltar los problemas de una auténtica libertad de prensa y se atreve a señalar que en la determinación de MVS respecto a la periodista “hay alguna razón, tal vez ilegítima, inconfesada, del despido”. Se le pregunta al relator si el gobierno de Peña Nieto le dio alguna explicación sobre el caso Aristegui-MVS. Responde que sí, que le aclararon que se trata de un asunto entre privados y que el gobierno nada tuvo que ver.

–¿Usted le cree al gobierno? –se le cuestiona.

–Tengo que manejarme por hechos objetivos y estoy esperando, porque también es cierto que el equipo de Aristegui hizo una denuncia ante el Poder Judicial y éste le dio un amparo. Nosotros, como organismo internacional, tenemos una función subsidiaria a la jurisdicción interna.

Al evaluar la situación de la libertad de prensa y expresión en México respecto a la de otros países, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión la expone simplemente como “contradictoria”. Lanza afirma que en el país se han llevado a cabo reformas muy importantes, pero pese a estos cambios favorables persiste un rezago, pues las reformas se aplican a medias, amén de los altos niveles de violencia contra los periodistas, que son incompatibles con una sociedad abierta.

“Uno no puede decir que México está en el fondo de la tabla del ranking, pero hay situaciones muy complejas. Si bien no hay represión penal contra la prensa, sí hay represión directa a través de la forma más radical y terrible, que es el asesinato, el hostigamiento, la intimidación”, dice.

La Relatoría, como entidad de la CIDH, reconoce que mantiene un diálogo cordial y abierto con el gobierno de Peña Nieto; pero aun así reitera que es complejo definir a México como el peor o el mejor o el país que se encuentra en la mitad de la tabla del ranking de la libertad de expresión y prensa en América Latina.

“Hay una cantidad de cosas que se deben hacer rápidamente y el gobierno de México creo que lo sabe. La situación está siempre bajo la preocupación de la Relatoría”, asienta Lanza.

Medios alineados

En México, como en otros países, la compra de medios por parte de empresarios afines a los gobiernos en turno es uno de los males que afectan a la libertad de expresión.

Lanza lo subraya porque considera que “los dueños (empresarios) ponen a los medios de comunicación al servicio del gobierno”. Para corregir o aminorar esta tendencia, afirma, hace falta “una voz fuerte”, papel que en el pasado ocuparon los sindicatos o las federaciones de periodistas.

–¿Considera que en México hay medios de comunicación alineados con el gobierno de Peña Nieto? –se le pregunta.

Lanza hace una pausa antes de contestar.

–La sensación que tengo y la opinión que recojo en algunos foros en los que he estado, es que… digamos que en los grandes medios no hay un periodismo lo suficientemente crítico y que no cumplen con su rol de perro guardián. Justamente por eso creo que era importante el papel que jugaba Carmen Aristegui en México.

Enfatiza que el periodismo de investigación en México es una especie en peligro de extinción. De ahí que las noticias exclusivas y que denuncian los abusos de los funcionarios públicos –como el asunto de la Casa Blanca de Angélica Rivera, dado a conocer por Aristegui y su equipo– incluso obligan a los medios alineados con la presidencia a darle seguimiento.

“En México no hay hoy un periodismo de investigación desde esos grandes medios, que son los que tienen más recursos”, dice. “Muchas veces esa es la diferencia entre los medios latinoamericanos con poder económico y los medios con poder económico en Estados Unidos y Europa. Los medios latinoamericanos que pueden invertir en periodismo de investigación no lo hacen”, añade.

Las agresiones contra los comunicadores mexicanos –que han aumentado este sexenio, especialmente en estados gobernados por el PRI, como Veracruz– son para Lanza el mensaje más claro de la necesidad de un cambio. Sólo en 2014 fueron asesinados ocho periodistas.

Lanza agrega el encubrimiento que se hace de varios de los asesinatos de informadores o el expediente tan absurdo al cual recurren gobiernos como el de Javier Duarte, en Veracruz, para darle carpetazo a los casos: vincular los crímenes con la delincuencia.

“Por eso la Relatoría ha trabajado muy fuerte en la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y contra periodistas y comunicadores en México. La mayor preocupación, donde puede haber indicios de connivencia entre autoridades y criminales, es el caso de Ayotzinapa. Es claro que aparecen vinculados los gobiernos locales con una mafia del narco local.

“La preocupación es que las instituciones del Estado sean tomadas, infiltradas o cooptadas por el crimen organizado”, explica Lanza.

El alineamiento de medios de comunicación en México con la Presidencia genera un nuevo método de agresión a los periodistas críticos e independientes, lo que para Lanza exacerba los problemas de la libertad de expresión: que periodistas alineados con el gobierno usen sus espacios para descalificar y desacreditar a los reporteros que denuncian los abusos gubernamentales, como los conflictos de interés entre las empresas y los funcionarios públicos, o las masacres contra civiles cometidas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Este tipo de prácticas ponen en tela de juicio la propia credibilidad de los medios… Es un problema complicado porque uno está acostumbrado a señalar desde la Relatoría la estigmatización de los funcionarios públicos hacia la prensa. Ahora, un fenómeno así desde el propio gremio hacia los colegas es un caso más preocupante”, indica.

La prensa en América Latina siempre ha sido sujeto de crítica en el debate público y hay “un discurso de odio contra los periodistas críticos”, reconoce Lanza.

“Hay un punto donde todos los periodistas tienen que soportar también una crítica dura y fuerte. La libertad de expresión es una avenida de dos vías y cuando hay gente que hace uso crítico de la libertad de expresión nos parece bárbaro, y cuando es criticado hay determinados niveles donde lo tiene que soportar”, concluye.

En las próximas ocho o 10 semanas la CIDH realizará una “visita in loco” a México para evaluar la situación de los derechos humanos a raíz de los casos Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán. Lanza formará parte de esta delegación interamericana y aprovechará la gira por varios puntos del país para abordar con el gobierno de Peña Nieto el problema de las agresiones, hostigamiento y censura a la libertad de expresión y a los periodistas.