Consentido de tres sexenios/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso # 2021, 25 de julio de 2015..’’

Consentido de tres sexenios/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Un informe de la PGR demuestra que el gobierno de Fox siempre supo dónde estaba El Chapo Guzmán… y no fue por él. Según testimonios, el presidente Felipe Calderón incluso le mandó un emisario. Los panistas no quisieron reaprehenderlo. Ahora, fugado en un sexenio priista, las explicaciones oficiales acerca de lo que ocurre en el penal del Altiplano distan mucho de la realidad: desde principios de siglo, un reporte daba cuenta de la podredumbre de esa cárcel, donde no son infrecuentes los asesinatos de narcotraficantes y la introducción de armas y droga.

“No, general, la libertad no tiene precio”, le respondió Joaquín El Chapo Guzmán a Arturo Acosta Chaparro cuando el militar en retiro, como emisario del gobierno de Felipe Calderón, le preguntó cuánto le había costado fugarse del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

El encuentro ocurrió en 2009, ocho años después del primer escape del jefe más emblemático del Cártel de Sinaloa y fue referida por fuentes cercanas al general asesinado en abril de 2012. Como publicó en 2010 este semanario (Proceso 1779), a petición del gobierno de Calderón, Acosta Chaparro entró en contacto con los jefes del narcotráfico del país, en un intento de disminuir la violencia.

Cuando Acosta se preparaba para encontrarse con El Chapo, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, le dijo que le iban a colocar un rastreador GPS. “No, Memo. Yo soy negociador, no traidor”, contestó indignado ese general que pasó a la historia como el más violento y cruel perseguidor de la guerrilla mexicana en los sesenta y setenta.

 El encuentro, reseñado por la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, demostró que el gobierno mexicano tuvo ubicado al Chapo Guzmán durante los dos sexenios del PAN.

 Siempre en la mira

 El gobierno de Fox le hacía seguimiento, pero no lo detuvo. Un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la Procuraduría General de la República (PGR), lo detectó incluso en el Distrito Federal, en una reunión con otros jefes del narcotráfico.

 “Se sabe que después de la fuga de El Chapo Guzmán, en 2001, éste se reunió en Cuernavaca y el Distrito Federal con Arturo Beltrán Leyva e Ismael Zambada García. En la supuesta reunión participaron alrededor de 25 personas, entre las más destacadas, Vicente Carrillo Fuentes, Vicente Zambada Niebla y Alfredo Beltrán Leyva, en representación de Juan José Esparragoza Moreno (a) El Azul, cuyo tema central fue la reestructuración de la organización en todo el país para el tráfico, traslado y acopio de drogas, así como planear supuestamente el asesinato de los hermanos Arellano Félix”, dice el oficio C1/C4/ZC/0340/05 del Cenapi, fechado el 3 de febrero de 2005.

 El documento añade que los mismos narcotraficantes habían acordado unir fuerzas contra Los Zetas, pues ese grupo quería invadir sus territorios; añade que poco antes de su fuga de Puente Grande, El Chapo, Arturo Beltrán, El Azul e Ismael El Mayo Zambada transportaron 13 toneladas de cocaína, una parte de la cual fue asegurada en San Fernando, zona que terminó controlada por Los Zetas.

 El reporte se refiere a los hermanos Beltrán Leyva como aliados entonces de Guzmán Loera. Desde 2008 están enfrentados por una supuesta traición del Chapo al entregar al Ejército a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo. Dos años después, el Cártel de Sinaloa también entró en pugna con Carrillo Fuentes por el control de Ciudad Juárez; finalmente los sinaloenses ganaron la plaza a finales del gobierno de Calderón.

 De sus escondites en la zona centro-sur del país, tras esa primera huida, también dieron cuenta vecinos del municipio michoacano de Aquila: se referían a lo que ocurría en el club residencial La Privada, en una de las playas de este municipio y al cual sólo ingresan socios y trabajadores.

 “Cuando estaba en la noticia en la televisión, por acá había una presencia inusual de militares y de policías en los alrededores”, dijeron a este semanario habitantes de la región (Proceso edición especial El México narco. Segunda parte).

 Los testimonios refieren que El Chapo usó la misma ruta de escape de uno de sus mentores, Rafael Caro Quintero. Ubicado entre el océano Pacífico y la Sierra Madre Occidental, Aquila tiene más costa que el vecino estado de Colima, al cual lo une la carretera de Lázaro Cárdenas, punto estratégico para el narcotráfico hacia el exterior. Enseguida está la costa de Jalisco.

 A medio kilómetro de La Privada está la comunidad Ojo de Agua, en Playa San Telmo. Ahí se recuerda también el paso de Amado Carrillo, El Señor de Los Cielos. En otra localidad de Aquila, La Placita de Morelos, los vecinos recuerdan la estancia de Javier Arellano Félix, El Tigrillo, detenido en 2006 y extraditado un año después a Estados Unidos, en una de las primeras entregas de capos a Washington por parte del gobierno calderonista.

 En esa misma costa se ubica la bahía gemela conocida como El Tamarindillo, cuyas aguas son las más tranquilas entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Vicente Fox, cuando era presidente, y su esposa pretendieron hacerse del lugar a través del prestanombres Cosme Mares (Proceso 1694).

 Muy cerca de ahí está la comunidad de Ostula donde, el domingo 19, efectivos del Ejército chocaron con habitantes de la localidad, con saldo de dos menores de edad y un adulto muertos.

 Armas en la cárcel

 El gobierno de Fox ya conocía las fallas de la prisión. Un reporte del propio penal del Altiplano, también conocido por este semanario, refiere cómo se introdujeron, además de droga, armas para asesinar a un colaborador de Guzmán.

 El reporte, fechado el 4 de noviembre de 2004, poco después de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Secretaría de Seguridad Pública –de la cual dependían los penales federales–, explica la confrontación entre el Cártel de Sinaloa, fuera del cefereso, y los cárteles del Golfo y de Tijuana dentro de la cárcel.

 La confrontación derivó, en octubre de ese año, en el asesinato de Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, secuestrador que trabajaba también para el Cártel de Sinaloa. Según el informe, Beltrán Lugo había matado –en mayo de ese año y por órdenes del Chapo– al interno José Luis Soberanes Ramos: “Fue encontrado colgado de un cable, en los baños del módulo 3”.

 Según el informe, el entonces jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, le pagó 2 millones de pesos a Daniel Arizmendi, secuestrador de finales de los noventa conocido como El Mochaorejas, para matar a Beltrán Lugo. “Todo esto vinculado con el interno Benjamín Arellano Félix”, jefe de la organización enemiga del Chapo.

 Continúa el reporte: “A su vez, Daniel Arizmendi le paga a Lucio Don Juan Govea la cantidad de 1 millón de pesos para que efectué la ejecución”, mientras que identifica al interno Antonio Hernández Chavarría como quien metió el arma calibre .22 con la cual fue asesinado el colaborador del Chapo, aunque antes a dos internos les habían sido aseguradas dos armas de fuego calibre .38 para cometer el homicidio.

 Según el documento, las pistolas fueron introducidas por un efectivo de la Policía Federal Preventiva, actual Policía Federal.

 Más todavía: “De la información con que se cuenta al día de hoy, también se detectó que alrededor de 60 elementos de seguridad (custodia y guardia), principalmente de la Compañía tercera, están totalmente vinculados con los miembros de los cárteles del Golfo y Tijuana. Estos elementos sirven de informantes al exterior del centro, introducen droga y dan información de cualquier tipo a estos integrantes de cárteles que están recluidos en el Cefereso”.

 La situación ya era precaria en el penal y en la SSP federal, en particular en las áreas de prevención y readaptación social. Durante los primeros cuatro años del gobierno de Fox, Gertz Manero se apoyó en Celina Oseguera, actualmente bajo investigación por la fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano.

 En el primer año de Gertz como secretario de Seguridad Pública federal, Oseguera fue comisionada del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y de febrero de 2002 a febrero de 2004,directora general de Política Penitenciaria y Tratamiento de Menores. El sábado 18 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció su cese como coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social.

 Reporte de fallas

 Desde hace una década, los penales federales presentaban importantes carencias. Según el informe, había “falta de atención en los equipos eléctricos y electrónicos en los centros federales, falta de programación en materia de adquisiciones para la compra de suministros, pésima elaboración de los contratos que se efectúan en la Dirección General de Administración y nula información acerca de los derechos del personal”.

 Refiere que, a mediados de ese año, la Oficialía Mayor de la SSP federal había ordenado que las plazas de estructura (desde dirección general hasta jefe de departamento) fueran reniveladas, para tener un mayor sueldo. “Esta situación desencadenó un gran malestar, pues se produjo una situación única dentro de la administración pública: el personal de las áreas sustantivas tiene una responsabilidad mayor y un sueldo menor que el personal de las áreas de apoyo”.

 Aun con esas deficiencias, el penal del Altiplano tenía la capacidad de controlar hasta la vida íntima de los internos, como en el caso de Osiel Cárdenas Guillén. En un informe propio del penal titulado Caso “Princesa”, elaborado el 29 de junio de 2005, se explica cómo siguió la confrontación con El Chapo, pero también la manera en que el entonces jefe del Cártel del Golfo se relacionaba con las mujeres que lo visitaban, incluso sus abogadas.

 Dice que, a partir de noviembre de 2004, Cárdenas emprendió diversas acciones para afianzar sus privilegios en el penal, conservar su poder e incluso su estilo de vida. Encabezó actos de resistencia organizada, que incluyeron una llamada telefónica al noticiario de Carlos Loret en Televisa, una huelga de hambre y una reunión de líderes del penal con el director del Altiplano, entonces conocido como La Palma.

 En la llamada al noticiario, Cárdenas aseguró que el entonces subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, le había ofrecido ser testigo protegido a cambio de acusar al entonces gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.

 En el penal del Altiplano, ese 2004 concluyó con el asesinato de Arturo Guzmán Loera, El Pollo, hermano del Chapo. El homicidio ocurrió de manera similar al del Ceja Güera: un interno lo ejecutó con una pistola .9 mm, ingresada al penal de contrabando. El hermano del Chapo fue asesinado en el área de locutorios cuando conversaba con su abogado.

 Pero en ese informe oficial se detalla parte de las relaciones personales de Osiel Cárdenas con las mujeres que lo visitaban, incluida la que en el informe aparece como La Princesa.

 El reporte habla también de los homicidios de abogados de Osiel que servían de correos entre él y La Princesa, además de referir la correspondencia entre ambos. Cárdenas Guillén, al igual que Benjamín Arellano Félix, el otro enemigo del Chapo preso en el Cefereso 1, fue extraditado a Estados Unidos. Con su fuga, Guzmán Loera evitó ser entregado a ese país.

 Dos semanas antes de la huida, el 25 de junio pasado, Washington ya había hecho la petición formal de extradición, aunque el gobierno de Peña Nieto había considerado, tras la captura del capo sinaloense en febrero de 2014, que éste primero tenía que cumplir su condena aquí, para lo cual “faltan unos 300 o 400 años”, ironizó el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

 Ahora, según la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la diputada panista Adriana González, el gobierno sí está dispuesto a extraditarlo, en caso de su recaptura.

 El cambio de posición fue informado por la actual procuradora, Arely Gómez, durante la reunión que el jueves 16 tuvo esa comisión legislativa por la fuga del Chapo con la titular de la PGR; el secretario de Gobernación, el comisionado nacional de Seguridad y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.