Reportajez
Empresas
del “Chapo” autorizadas por Peña/
Semanario Zeta..
Reportero: Investigaciones ZETA
10 de Agosto del 2015
Compañías
señaladas por Estados Unidos como “fachadas” del narcotráfico y lavado de
dinero, operan con permisos o concesiones del Gobierno de la República. Durante
más de una década, los Zambada continúan sus negocios en Sinaloa y la familia
de Juan José Esparragoza opera con normalidad en Jalisco. La Secretaría de
Hacienda exhibe en el Diario Oficial de la Federación a la esposa, hija y
abogado del “Azul” por expedir comprobantes fiscales dudosos
Mientras
que el gobierno de los Estados Unidos ha documentado en los últimos ocho años
un exponencial crecimiento empresarial del Cártel de Sinaloa y ha enlistado a
los presuntos narcoempresarios, autoridades hacendarias mexicanas han advertido
la presencia de algunos contribuyentes vinculados a la organización criminal a
través de sus bases de datos.
Informes
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalan que entre 2007 y 2014 la
mafia sinaloense que encabeza el fugitivo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera,
construyó una red de más de 288 empresas en el Continente Americano, de las
cuales 95 tienen su asentamiento en México y 14 han sostenido algún tipo de
relación comercial o de dependencia económica del Gobierno de la República.
Los
niños de “El Mayo”
El
primer vínculo detectado de la relación de los negocios del Cártel de Sinaloa
con el Gobierno Federal se conoció en 2007. La Estancia Infantil “Niño Feliz”,
asentada en Culiacán, Sinaloa y fundada por María Teresa Zambada Niebla, hija
del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, era subrogada del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
La
guardería, que recibía dinero del IMSS, brindaba atención a niños desde 43 días
de nacidos hasta los cuatro años de edad. El servicio se ofrecía a madres
trabajadoras que cotizaban en el Seguro Social. Tras el escándalo se anunció
que terminaría la relación, pero lo único que ocurrió fue la firma de convenios
modificatorios que se han renovado en varias ocasiones.
La
estancia infantil fundada por los socios María Teresa Zambada Leyva, Mayte Díaz
Zambada, Javier Ernesto Díaz Zambada y Rosa María Zazueta Zambada, inició
operaciones el 22 de noviembre de 2011 y a la fecha continúa atendiendo a 209
niños, por cada uno de los cuales recibe 3 mil 42 pesos mensuales por parte del
IMSS.
La
intervención de Teresa Zambada no se limita a la guardería, sino que fungió
como apoderada legal de las empresas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán,
S.A. de C.V. y Establo Puerto Rico, S.A. de C.V., investigadas por los delitos
de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada,
por sus ligas con miembros del Cártel de Sinaloa.
La
agrupación de ganaderos sinaloenses ha obtenido tres concesiones del Organismo
de la Cuenca del Pacífico Norte, dependiente de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA). La primera en 1997, para obtener aprovechamientos subterráneos por
un volumen de 300 mil metros cúbicos de agua. Las otras dos en 2005, para
utilizar un canal abastecedor de agua para usos industriales.
En
2007, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán fue mencionada en las listas de
compañías y cabecillas del narcotráfico sancionados por el Departamento del
Tesoro norteamericano. Meses después, Actuando en la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/034/2007, la Procuraduría General de la República ordenó
el bloqueo y aseguramiento de diversas cuentas de cheques aperturadas por la
empresa en las instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banorte.
Apoyada
por los abogados José I. Nicolás Rubio Carrillo, Jesús Antonio Amezquita Ruiz,
Roberto David García Salcedo y Ambrosio Armenta López, la hija de Zambada
sostuvo una batalla jurídica para descongelar las cuentas bancarias entre los
años 2010 y 2012, sin mucho éxito.
La
cría de avestruces
Asentada
en Tlajomulco de Zúñiga, municipio conurbado a Guadalajara, una empresa que se
dedica a la crianza y venta de carnes de ave, también fue objeto del
señalamiento de las autoridades estadounidenses por su presunta sociedad con
narcotraficantes, entre ellos los Esparragoza de Sinaloa y los Cuéllar de
Colombia.
La
compañía, que ostenta diversas denominaciones, como Cooperativa Avestruz
Cuemir, S.C. de R.L. de C.V. y Agrícola y Ganadera Cuemir, S.P.R. de R.I.,
cuenta con registro del 15 de octubre de 2005 y fue inscrita desde 2012 en el
Sistema de Tipo Inspección Federal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Alimentaria (SENASICA).
Representada
por el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, presunto socio de Juan José Esparragoza
Moreno “El Azul”, la empresa ha recibido apoyos del Gobierno Federal y
expandido su presencia al Estado de Nayarit.
Al
menos desde 2010, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), cuenta con solicitudes de la avícola para
solicitar subsidios del Programa de Apoyo a la Inversión de Equipamiento e
Infraestructura Componente Ganadero.
De
acuerdo con datos de la dependencia federal, en 2011, Cuemir recibió 2 millones
579 mil 656 pesos para impulsar un proyecto que tuvo por nombre Modernización
de Instalaciones para Obtener Certificación TIF, Diversificar. En 2013 solicitó
apoyo para la adquisición de tríos reproductores de avestruz, corrales para
cría y engorda, obra civil y centro de incubación.
Luego
de que Cuéllar Hurtado, sus hijos John Fredy, Joanna y Víctor Hugo Cuéllar
Silva y otros socios, fueron evidenciados -a principios de 2014- por la Oficina
de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Hugo
promovió juicios de amparo en contra del procurador general de la República, el
secretario de la Defensa Nacional y otras autoridades.
El
sudamericano pidió protección de la justicia federal en contra de alguna orden
de presentación, aprehensión, arraigo, de detención con fines de extradición y
el aseguramiento o inmovilización de bienes de su propiedad. El acto reclamado
no existía, por lo que los juicios fueron sobreseídos.
La
“viuda” de Esparragoza
Por
su parte, la pareja formada por Juan José Esparragoza “El Azul” y su esposa, la
acaudalada empresaria María Guadalupe Gastélum Payán, propietarios de
fraccionamientos y diversos negocios en el Estado de Jalisco, también
resultaron beneficiados por la CONAGUA, con la concesión de derechos de agua
para uso agrícola.
Primero,
, desde julio de 2003, la señora Gastélum tiene derecho a aprovechamientos
subterráneos de 108 mil metros cúbicos de agua; mientras que, como pareja de
Esparragoza Moreno, cuenta con otra concesión desde noviembre de 2008 para
aprovechar un volumen de 180 mil metros cúbicos del líquido proveniente de la
región hidrológica del Río Lerma-Santiago.
En
la última de las fechas, ya existían recompensas por información que llevara a
las autoridades a detener al “Azul”. La PGR en México ofrecía 30 millones de
pesos y el gobierno de los Estados Unidos de América daría 5 millones de
dólares a los delatores. Pese a ello, el narcotraficante siguió con su vida
normal y, a mediados del año pasado, se conoció extraoficialmente de su
defunción, debido a un presunto accidente, información que no se ha confirmado.
El
nombre de María Guadalupe Gastélum Payán, la supuesta “viuda” de Esparragoza,
regresó a la escena pública en los meses de abril y mayo del presente año,
cuando en el Diario Oficial de la Federación, la administradora central de
Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana, dio a conocer una lista negra
con los nombres de contribuyentes que realizan actividades irregulares.
De
acuerdo con la funcionaria de la Secretaría de Hacienda, dentro de sus
expedientes y de las bases de datos del
Servicio de Administración Tributaria, se detectó “a contribuyentes que emiten
comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o
entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Entre
las personas enlistadas aparecen María Guadalupe Gastélum Payán, su hija Nadia
Patricia Esparragoza Gastélum y su abogado, Juvencio Ignacio González Parada,
quien además fue representante legal del capo Rafael Caro Quintero. Los tres
boletinados por la autoridad hacendaria también están señalados por el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como miembros del Cártel de
Sinaloa.
Las
mujeres y el litigante ya se defienden, pues han promovido amparos ante jueces
federales de Jalisco por haber sido incluidos en la lista de contribuyentes
falaces por parte del SAT, y en contra de las posibles acciones fiscales y
penales que esto les pueda traer.
Otras
concesiones
El
resto de las compañías en el ojo del huracán por el informe norteamericano, por
resultar beneficiadas de alguna manera por el gobierno mexicano, son
Urbanizadora Nueva Italia y Comercializadora Joana, en Jalisco; Bioesport, en
Sonora; Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán y Sepriv, en Sinaloa;
Sinmex Importadora, así como las empresas de mudanzas y mensajería, Fletes y
Transportes Gaxgar y Aero Express Intercontinental.
En
el caso de Urbanizadora Nueva Italia, esta cuenta con una concesión desde
agosto de 2008 por parte de la CONAGUA para abastecerse de 115 mil metros
cúbicos de agua por año, de la Cuenca Lerma-Santiago, hasta 2018.
Por
su parte, Bioesport, que brinda servicios educativos, también es señalada por
los norteamericanos como parte del andamiaje empresarial del Cártel de Sinaloa;
en 2008 se convirtió en proveedor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
a través de un contrato -por adjudicación directa- firmado con la Gerencia
Regional de Transmisión Noroeste.
Fletes
y Transportes Gaxgar -enlistada en 2008- y Aero Express Intercontinental,
sancionada en 2010, cuentan con permisos expedidos por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para operar
y explotar los servicios de carga.
Aunque
no en todos los casos, los señalamientos son contundentes y seguramente existen
muchas empresas más que aún no son detectadas, muestra de lo que las
autoridades nacionales pueden realizar, gestionar o interactuar con
organizaciones del crimen organizado.
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