Infamia histórica del priismo y sus aliados/JESUSA CERVANTES

 Infamia histórica del priismo y sus aliados/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso # 2028, 13 de septiembre de 2015

Diputados priistas hicieron de todo para ocultar la ola de desapariciones forzadas que impera en México. “¡(Proclamamos) nuestra objeción a un trámite que sería absolutamente indebido! (Sería) oportunismo francamente insultante para estas víctimas”, tronó desde su curul en San Lázaro el vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Así, amparado en una supuesta preocupación por los 43 estudiantes de Ayotzinapa levantados y desaparecidos en septiembre de 2014, el PRI maniobró y mintió para cerrar el paso a la propuesta de instituir el 26 de septiembre como Día Nacional de Condena a la Desaparición Forzada.

 La historia comenzó el martes 8, cuando la fracción del PAN en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa, que implicaba reconocer –desde uno de los tres poderes de la Unión, el Legislativo– que en México ocurre a gran escala la desaparición forzada.

 “Insultante es que el Estado siga mintiendo; insultante es que quieran verle la cara a los mexicanos. ¡Eso es insultante! No es insultante un trámite como el que se pretende dar a esta iniciativa”, le reviró a Ramírez el ­diputado del PRD Daniel Ordóñez Hernández, quien junto a toda su bancada respaldaba el planteamiento de Acción Nacional.

 Al final, el PRI se comprometió a discutir el tema el miércoles 9 y aprobarlo el jueves 10 en el pleno, así que los panistas retiraron su propuesta. Pero llegó el jueves y el PRI no cumplió. De hecho, hoy opera para borrar el término de “desaparición forzada” y evitar con ello cualquier traza que entrañe la aceptación tácita y legal de que en México ocurre ese delito, explica a Proceso Miguel Ángel Yunes Linares, diputado federal panista.

 El terror a la palabra

 El 8 de octubre del año pasado, 12 días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa (Guerrero), la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones. Esto permitía a los legisladores entrevistarse con militares y autoridades de todos los niveles.

 Conformada por siete diputados, uno por partido, la comisión apenas vivió cinco meses, pues el 19 de febrero el pleno de la Cámara aprobó desaparecerla y “ahorrar con ello presupuesto”.

 El presidente de la comisión, el panista Guillermo Anaya Llamas, nunca recibió los informes oficiales solicitados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR); además, contó con dos secretarías técnicas sólo por un periodo de dos meses. De hecho, de diciembre al 14 de marzo, cuando la comisión fue extinguida, el secretario particular del panista operó como “secretario técnico” de la comisión.

 Zazil Carreras Ángeles –asesora de Ricardo Mejía, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de la comisión– detalló entonces los obstáculos que enfrentó dicho grupo legislativo, entre ellos la falta de interés del representante del PRI, Manuel Añorve; la insistencia de la legisladora del PVEM Ruth Zavaleta para que no se cuestionara a las pocas autoridades entrevistadas, y la negativa del propio presidente, Guillermo Anaya, para acudir al cuartel del 27 Batallón de Infantería de la Sedena (ubicado en Iguala, Guerrero, donde ocurrieron los hechos), recorrer el lugar de los ataques o ir al basurero de Cocula (donde supuestamente fueron incinerados los normalistas), “pues no se trata de un recorrido turístico”, alegaba.

 El 9 de febrero de 2015, la comisión se reunió con la entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, hoy diputada federal por el PRI. Ahí, los legisladores Ricardo Mejía, de MC, y Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, le preguntaron por qué la PGR no tipificaba el delito cometido contra los estudiantes como desaparición forzada.

 La funcionaria les respondió que no lo hicieron porque la desaparición forzada implicaba una pena menor que el secuestro, homicidio o delincuencia organizada.

 La subprocuradora llegó acompañada de cuando menos 11 peritos. Entre ellos estaba la coordinadora especial de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, quien salvó a su jefa alegando que la Procuraduría había “solicitado que se investigara como ­desaparición forzada, pero el expediente ya estaba en manos de tribunales”. Y abundó: “El juez no tiene por justificado el ocultamiento porque el fin comisivo no fue desaparecerlos o secuestrarlos (a los estudiantes), sino matarlos”.

 En el segundo informe de actividades que la comisión especial entregó –el 19 de febrero– a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se insiste en que, durante el encuentro que sostuvieron, los representantes de la PGR dijeron a los diputados que “no se están fincando cargos por desaparición forzada de personas derivado de que la pena prevista por el Código Penal Federal es inferior al castigo que pudieran obtener por otros delitos, como el homicidio calificado o el secuestro”.

 En el mismo documento se relata la junta que la comisión tuvo con Ariel Dultzky, relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, realizado el 13 de noviembre. Dultzky calificó el ataque como “de una extrema gravedad” y apuntó que, en sus cuatro años en el cargo, nunca había recibido “un caso donde 43 personas desaparezcan forzadamente en un solo incidente”.

 La investigación, les dijo, ponía a la Cámara de Diputados ante la “posibilidad histórica” de comenzar a llenar el vacío “en materia de asumir la responsabilidad política por el fenómeno de extrema gravedad de las desapariciones forzadas que ocurrieron y continúan ocurriendo en México”.

 Hizo hincapié en “la falta de responsabilidad política frente a la situación generalizada y sistemática de las desapariciones forzadas en México y en los vacíos legislativos en la materia”.

 Les recordó que en 2011 el grupo a su cargo visitó Guerrero. “Para nosotros sintetiza y es el hilo conductor que une a las desapariciones de la ‘guerra sucia’ con las desapariciones actuales y las carencias del Estado mexicano”.

 En la página nueve de aquel informe legislativo se establece que el representante de la ONU les advirtió: “No puede ignorarse el problema de desapariciones forzadas, pues está presente por décadas, de manera que el gobierno, el Estado y la sociedad mexicana tendrán que resolverlo”.

 Entre las recomendaciones que Naciones Unidas hizo al gobierno mexicano en 2011, les recordó Dultzky, se incluyó “que reconociera la dimensión del problema de la desaparición forzada como primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación”.

 Día de las víctimas

 Hoy, la fracción del PRI –respaldada por sus aliados: PVEM y Nueva Alianza– se niega a reconocer la existencia del delito de desaparición forzada en México. Prueba de ello fue su incumplimiento para debatir el tema en tribuna el miércoles 9.

 Cuando, a través de la diputada Guadalupe González Suástegui, el PAN propuso instituir el 26 de septiembre como Día Nacional de Condena a la Desaparición Forzada, el PRI enfureció, sobre todo cuando el abogado y expriista Miguel Ángel Yunes Linares pidió que la iniciativa se votara en ese mismo instante por ser “de urgente y obvia resolución”.

 El PRI operó a través de su vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, para echar abajo la petición y conseguir más tiempo para “cabildear” el rechazo.

 Con el argumento de que se trataba de un procedimiento ilegal, Ramírez Marín atacó a Yunes Linares, acusándolo de “oportunista” y de insultar a las víctimas (los 43 estudiantes y sus familias) con “un albazo” legislativo.

 El PRD, mediante Daniel Ordóñez Hernández; MC, con Omar Ortega Álvarez, y Morena, con Juan Romero Tenorio, respaldaron al PAN en su iniciativa… pero Acción Nacional reculó. La impericia del coordinador, Marko Cortés, lo llevó a creer en la palabra del PRI, que aseguró que se aprobaría el tema en la sesión del jueves 10, cosa que no ocurrió.

 Sin embargo, el miércoles 9 el tema se abordó en la Jucopo y ahí el PRI habló claramente: “Si la quieren (aprobar) el jueves, quitan ‘desaparición forzada’”, advirtió Ramírez Marín a Federico Döring, vicecoordinador del PAN y encargado de redactar la iniciativa.

 “No se puede poner ‘desaparición forzada’ porque ya existe un día internacional, y es el 30 de agosto”, argumentó Ramírez Marín. Luego sostuvo que “poner ‘desaparición forzada’ implicaría presuponer que están muertos y existe una posibilidad de que estén vivos”.

 Döring le reviró: “¡Ah, caray! ¿Cómo que están con vida? ¡Pero si fue tu gobierno del PRI y tu procurador el que dijo que están muertos y habían sido quemados! Por lo menos ésa fue ‘la verdad histórica’ que nos dieron. Y ahora dices que podrían estar vivos. Ya no entendemos”.

 A Ramírez Marín se le descompuso el rostro por la rabia. Se había hecho bolas con sus propias palabras, pues acababa de descalificar la versión que el 7 de noviembre de 2014 difundió el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

 El coordinador priista, César Camacho, entró a su rescate y dijo: “Bueno, es sólo un procedimiento, y todos estamos de acuerdo en el tema (sic)”.

 Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador del PRD, dijo que durante el encuentro la discusión fue “el término de ‘desaparición forzada’”, pues el PRI pedía que, en lugar de establecer “el 26 de septiembre como Día Nacional de Condena a la Desaparición Forzada”, se quedara como “26 de septiembre, Día de las Víctimas de Ayotzinapa”.

 Yunes Linares apuntó que la pretensión del PRI “es atenuar” el concepto, porque no le conviene reconocer que la desaparición forzada existe.

 En la misma reunión, Ramírez Marín dijo a los panistas que, si querían la conmemoración, no sería mediante un cambio a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que ordenara izar la enseña patria a media asta el 26 de septiembre. “Sería mediante un decreto… si lo quieres”, expresó mirando a Döring.

 El amago del PRI funcionó, y PAN, PRD, Morena y MC aceptaron discutir por unos días más “el término adecuado”. De cualquier modo, la triada PRI-PVEM-Panal tiene mayoría en la Cámara (260 votos), contra los 240 que suman los partidos de oposición y legisladores independientes.

 A la salida del encuentro, el coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo en conferencia de prensa que Ayotzinapa es un tema que “duele a todos” y que aún se debatía “el nombre del día” conmemorativo.

 Políticamente el término es fuerte, aseveró Döring, “pero es una realidad, y el caso de los 43 es uno de los tantos casos más de desapariciones forzadas en México”.

 En la exposición de motivos de la iniciativa panista se reclama “que bajo toda falta de credibilidad y descontento social, después de la versión oficial de un cansado procurador, las líneas de investigación se cerraron y el caso se fue a la línea del olvido por parte del Ejecutivo federal”.

 Se recuerda que, el 6 de septiembre, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Desarrollo estableció que no hay prueba científica de que los normalistas fueran quemados en el basurero de Cocula.

 Por ello, sostienen, “esta aseveración pone en evidencia el ocultamiento de información o negligencia del entonces procurador, y en su caso del Ejecutivo federal, para dar respuestas contundentes sobre uno de tantos casos de desaparición forzada en México”.

 A su vez, Rocío Nahle, coordinadora de Morena, manifestó que el interés de su partido es crear una nueva comisión investigadora, que parta del informe de la CIDH. En su propuesta –que se votará el martes junto con la de la conmemoración del 26 de septiembre– se prevé que el PRI aporte ocho integrantes; el PAN, cinco; el PRD, tres; el PVEM, dos; Morena, dos; MC, dos; Panal, uno, y el Partido Encuentro Social, uno. La presidencia ­sería rotativa.   l