Y además, una demanda de Cassez

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

 Y además, una demanda de Cassez/ANNE MARIE MERGIER

Florence Cassez va con todo. Además de la denuncia penal interpuesta en París contra quien resulte responsable, su abogado en México impugnará la decisión del juez Juan Manuel Vega de desentenderse de la demanda civil contra la “pandilla de altos funcionarios” (Felipe Calderón, Genaro García Luna, Daniel Cabeza de Vaca) y representantes de Televisa, a quienes acusa de haberla detenido en un burdo montaje televisivo y encarcelarla siete años. Y pide una indemnización de 36 millones de dólares.

PARÍS.- “La decisión del juez Juan Manuel Vega Tapia es inadmisible y es evidente que la voy a impugnar”, se indigna Jorge Patiño Hurtado, abogado mexicano de Florence Cassez en entrevista telefónica con la corresponsal el pasado 27 de enero.

Patiño acababa de saber que el juez Vega Tapia se declaraba incompetente para resolver la demanda civil que, en nombre de Cassez, aquel presentó el 23 de enero, por daño moral, contra la Procuraduría General de la República (PGR) y su extitular Daniel Cabeza de Vaca, así como contra el expresidente Felipe Calderón; el exsecretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna; cuatro funcionarios del sexenio pasado; Televisa; su conductor Carlos Loret de Mola y su exreportero Pablo Reinah.

Cabildeo peñista en favor de Calderón

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

Cabildeo peñista en favor de Calderón/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El gobierno mexicano emprendió una ofensiva para evitar un juicio en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, por el sinnúmero de delitos de lesa humanidad perpetrados merced a su guerra contra el narco. Todo parece indicar que el gobierno de Peña Nieto teme una ampliación de la indagatoria en la cual se incluyan crímenes cometidos en esta administración, como los de Tlatlaya y Ayotzinapa. Así, presiona a la fiscal a cargo del expediente e incluso fanfarronea con la cantidad de dinero que dona al tribunal.

 Desde finales del año pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a presionar intensamente a la Corte Penal Internacional (CPI) para impedir que ese tribunal de las Naciones Unidas investigue y sancione las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón.

 Aunque en el gabinete presidencial hay diferencias por defender al expresidente panista, el gobierno federal decidió desplegar un intenso cabildeo –incluso con referencias a las aportaciones económicas que hace a organismos internacionales– para evitar que la comunidad internacional indague y sancione las violaciones graves cometidas por agentes estatales y los grupos de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012.

Calderón ni vago ni pagado por narcos…, le responde a Nicolás Maduro

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

Una visita indeseada/RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- La visita a Venezuela de los expresidentes Felipe Calderón, de México; Andrés Pastrana, de Colombia; y Sebastián Piñera, de Chile, fue polémica antes, durante y después de que se produjera, y se convirtió en una caja de resonancia de la polarización política de ese país en momentos en que los ciudadanos padecen los estragos de una severa crisis económica.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tildó de “vagos” a los tres exmandatarios, dijo que “los están pagando con el dinero del narcotráfico” y afirmó que su visita tenía como propósito “apoyar un golpe de Estado” contra su gobierno.

De Calderón sostuvo que “el propio pueblo de México lo repudia” y es un expresidente “vinculado a grupos mafiosos de narcotraficantes, de asesinos de la ultraderecha mexicana”.

Pero el exmandatario mexicano y militante del PAN respondió en tono conciliatorio. En un discurso pronunciado en Caracas el 26 de enero, durante el Foro del Poder Ciudadano y la Democracia de Hoy, organizado por la oposición venezolana, señaló: “Yo no vine a pelearme con nadie; no vine, por cierto, a pelear con el presidente Maduro. Ciertamente eso de que vengo pagado por el narcotráfico, bueno, es un chiste que se cuenta solo. Creo que los primeros sorprendidos son los narcotraficantes”.

El papa Francisco podría reunirse con “don Francisco“,

El papa Francisco se reunirá con “Don Francisco“, es decir con el chileno Mario Kreutzberge.

Ha sido invitado por la organización educativa Scholas, Red Mundial de Escuelas para el Encuentro que nació inspirada por el Papa Francisco, y tendrá lugar en la ciudad del Vaticano del 2 al 5 de febrero.

En entrevista con el departamento de comunicaciones del Arzobispado de Santiago de Chile http://www.iglesiadesantiago.cl/, el popular animador del programa de tv Sábado Gigante y de la Teletón en Chile comentó que “apenas me contaron lo primero que dije fue que no respondieran porque podría ser una broma”.

Don Francisco dijo que creyó eso al principio “porque ha habido tantas bromas telefónicas que hacen que dicen que el presidente de aquí o una autoridad de allá llamó por teléfono. Así que pedimos que lo confirmaran por escrito”.

El encuentro al que ha sido invitado es organizado por la organización educativa Scholas, Red Mundial de Escuelas para el Encuentro que nació inspirada por el Papa Francisco, y tendrá lugar en la ciudad del Vaticano del 2 al 5 de febrero.

Despreciaron el plan contra desastres/

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

Despreciaron el plan contra desastres/SARA PANTOJA Y JUAN CARLOS VARGAS

Hay un plan para evitar desastres como el ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa el 29 de enero. Con total precisión, el Programa Hospital Seguro indica las acciones que deben emprenderse para salvaguardar la integridad de clínicas, su operatividad y calidad. Empero, el estallido evidenció que las autoridades del centro, las de la Ciudad de México y las federales no lo tomaron en serio. A eso se suma la indulgencia oficial ante la empresa gasera que surtía al sanatorio, compañía que arrastra una larga historia de accidentes y violaciones a la ley pero que sigue siendo contratada.

 Certificado por el gobierno federal y avalado por organismos internacionales de salud, el Programa Hospital Seguro falló desastrosamente. Además, el relajamiento en la supervisión de las empresas gaseras por parte de la Secretaría de Energía federal tiene en peligro constante a la red de salud pública del Distrito Federal.

 En 2006 el gobierno mexicano suscribió un compromiso con las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud para instaurar en la red hospitalaria nacional y estatal el denominado Programa Hospital Seguro “como una política nacional de reducción de riesgos que garantice su capacidad de seguir funcionando en situaciones de emergencia”, según el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

Las columnas políticas hoy, 1 de febrero de 2015

Qué dicen las columnas polítics hoy, 1 de febrero de 2015?

TRASCENDIÓ/Milenio

Que entre los pendientes que México admitirá ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está la ausencia de una ley sobre personas desaparecidas que regule las declaraciones de ausencia por desaparición y obligue a las autoridades a su búsqueda, basadas en la presunción de vida.

:Que una dependencia directamente relacionada con la distribución de gas es la Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, a cargo de Lourdes Melgar.

 El reglamento vigente de gas LP especifica que la Subsecretaría es responsable de la verificación de instalaciones, vehículos y equipos a fin de que se ajusten a las normas oficiales, entre las que se incluyen los procedimientos a transportistas y prestadores de servicio para el suministro de gas en condiciones seguras. ¿Será?

 :Que el personal médico del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa reprocha la ausencia de la directora de ese centro, Laura Patricia Torres, no solo durante la tragedia que enfrentan, sino a lo largo de toda su administración.

 Médicos aseguran que la directora nunca ha trabajado en equipo con el cuerpo médico y que ahora tampoco se ha acercado a los trabajadores afectados para brindarles, al menos, palabras de aliento.

 :Que este domingo, apenas quede formalmente instalado el periodo ordinario de sesiones, la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, encabezada por el priista Manlio Fabio Beltrones, se reunirá para dar trámite al dictamen con el que se busca regular la deuda de estados y municipios.

 Y es que este será el primer tema que se aborde durante la sesión del próximo martes y existe ya un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que sea avalado de inmediato.

 :Que se anunciaron cambios en la SEP el pasado viernes.

La vieja y mala fama de Iguala/

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

La vieja y mala fama de Iguala/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS 

Chilpancingo, Gro.- Un mes antes de la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, habitantes de la Sierra de Guerrero denunciaron un secuestro masivo del cual responsabilizaron a Guerreros Unidos, quienes presuntamente actuaron en contubernio con el Ejército. El hecho evidencia que las autoridades estaban al tanto de las actividades del grupo delictivo pero nada hicieron para frenarlo.

 El 27 de agosto de 2014 Proceso acudió al poblado de Tlacotepec, cabecera del municipio General Heliodoro Castillo, donde decenas de pobladores se congregaron en la plaza principal para exigir la intervención de las autoridades ante los niveles de violencia, corrupción e impunidad que prevalecían en la Sierra y las regiones Centro y Norte de Guerrero.

 Ese día la agencia Apro dio esta información y agregó que un día antes el servicio de transporte público que conecta la Sierra con la región Centro había sido suspendido pues una célula criminal al servicio de Guerreros Unidos había interceptado cuatro unidades en las cuales viajaban al menos 20 personas originarias de Tlacotepec quienes iban a Iguala y Chilpancingo.

 Los delincuentes se llevaron los vehículos con todo y pasajeros a Iguala, señalaron familiares de los plagiados consultados por este reportero y que pidieron mantener el anonimato.

CNDH: que la ONU investigue desaparición forzada

De acuerdo con el organismo, otra de las tareas urgentes del Estado mexicano es la aprobación de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que incluya políticas públicas para la búsqueda de personas desaparecidas.

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

CNDH: que la ONU investigue desaparición forzada/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

En México la desaparición forzada de personas es un problema grave, que expone la crítica situación de los derechos humanos en el país y obliga al Estado a reconocer la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Ésta es la posición que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijará ante aquel organismo este domingo 1 y lunes 2 en Ginebra.

Participante por primera vez en una sesión ante ese comité, la CNDH busca que el gobierno de Enrique Peña Nieto termine con su ambigüedad y acepte la jurisdicción de esa instancia de la ONU, a fin de que pueda recibir y examinar peticiones individuales de investigación por parte de quienes se digan víctimas de violaciones –por parte del Estado mexicano– de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. 

Durante esos dos días el comité examinará si México ha cumplido con la Convención, en momentos en los cuales el gobierno federal está bajo el escrutinio internacional por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también por los altos índices de violencia e inseguridad.

Faltan otros 22 mil/

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

Faltan otros 22 mil/LUCIANO CAMPOS GARZA

Más allá de la “verdad histórica de los hechos” –según la expresión del procurador Jesús Murillo Karam para dar carpetazo al caso Ayotzinapa–, activistas y familiares de desaparecidos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila piden al gobierno federal atender también los otros 22 mil casos que llevan años demandando justicia. Lamentan que la presión internacional haya motivado al presidente y sus colaboradores a investigar ese acto de barbarie cometido la noche del 26 de septiembre en Iguala, pero se hayan olvidado de los otros miles de desaparecidos.

MONTERREY, NL.- Durante semanas el presidente Enrique Peña Nieto aguantó la andanada de críticas dentro y fuera del país por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hasta que el procurador Jesús Murillo Karam declaró que los estudiantes habían sido calcinados y eso era la “verdad histórica de los hechos”.

 Activistas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila consideran indignantes las declaraciones del funcionario federal, cuyas conclusiones, dicen, son más confesionales que científicas y no convencen a nadie; ni a los padres de los estudiantes ni a la comunidad científica ni a la sociedad. Y se preguntan: ¿por qué Peña Nieto no demuestra el mismo denuedo para buscar a los casi 22 mil desaparecidos reportados en todo el país?

 Jorge Verástegui González, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, acusa a la Procuraduría General de la República (PGR) de dar carpetazo. Cada vez es más evidente la participación del Ejército en el secuestro y desaparición de los normalistas, sostiene.

 Explica: “La autoridad militar –que encabeza el combate al crimen organizado en el país– no hizo nada en el caso de los 43 desaparecidos la noche del 26 de septiembre pasado. Entonces, ¿de qué sirven sus servicios de inteligencia? Esto exhibe la relación del crimen organizado con la institución castrense”.

Ninguna línea descartada/ RAFAEL CRODA

• Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

Ninguna línea descartada/ RAFAEL CRODA

Bogotá.- La abogada, criminóloga y exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, quien forma parte del grupo de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que verificará la investigación oficial sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es calificada en su país como “la fiscal de hierro”.

Está habituada a participar en casos judiciales de fuerte impacto político. Como fiscal, en Colombia encabezó las investigaciones contra altos oficiales del Ejército que dirigieron en 1985 la operación para retomar el Palacio de Justicia tras un asalto a ese recinto por parte de la guerrilla del M-19. En esos hechos murieron 98 personas en los combates y 11 resultaron desaparecidas. Por dichas desapariciones mandó a la cárcel al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas Vega, quienes cumplen sentencias de 35 y 30 años de prisión, respectivamente.

En su lista de imputados –por delitos de corrupción, homicidio y violaciones a los derechos humanos– figuran gobernadores, congresistas y miembros prominentes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien descalificó reiteradamente sus actuaciones como fiscal.

En entrevista con Proceso, Buitrago dice que tiene referencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la investigación que se sigue por lo leído en la prensa.

Caso Ayotzinapa...La CIDH manda un “equipo pesado”/

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

La CIDH manda un “equipo pesado”/

LA REDACCIÓN

En acuerdo con el gobierno mexicano y los padres de los normalistas desaparecidos, la CIDH formó un grupo de expertos que colaborarán en la investigación del caso Ayotzinapa. Y se trata de un verdadero “equipo pesado”: además de la colombiana exfiscal “de hierro” Ángela María Buitrago, forman parte de este colectivo una exfiscal guatemalteca que se enfrentó a Los Zetas y llevó a juicio a dos expresidentes, un penalista que logró condenar a Chile por un caso de discriminación, un experto en derecho internacional humanitario gracias al cual la Fuerza Aérea de Colombia fue imputada de una matanza, y un médico y psicólogo español dedicado a la atención de víctimas de conflictos atroces en África y América Latina.

Cinco expertos en materia de derechos humanos forman parte del “grupo interdisciplinario” que dará asistencia técnica a México en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los designó después de consultar con el Estado mexicano, con los familiares de los estudiantes desaparecidos y con sus abogados.

En virtud de un Acuerdo de Asistencia Técnica –firmado por representantes del Estado y por los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas para este caso–, el grupo interdisciplinario tendrá las siguientes atribuciones: “Elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria”, informaron la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto fechado el pasado 16 de enero.

Es sólo una hipótesis, dicen familiares../Reportaje

• Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

Es sólo una hipótesis/PATRICIA DÁVILA

Pese a la aparente contundencia, la “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam es sólo una hipótesis, sostiene el abogado Vidulfo Rosales Sierra, pues basa sus argumentos en un peritaje que sólo realizó la PGR y además carece de lo fundamental: hasta ahora no se sabe dónde están los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos la madrugada del 27 de septiembre. En su urgencia por cerrar el caso, el funcionario no sólo rompió el diálogo con los familiares de las víctimas, también intensificó la presencia policiaca y militar en Guerrero y endureció su política.

Ante el temor de que la protesta social crezca por la falta de claridad en el caso Ayotzinapa, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se apresuró a dar las “conclusiones” del proceso jurídico.

 Dijo que tenía la “verdad histórica” de lo ocurrido a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre. Fueron secuestrados, asesinados, incinerados y luego arrojados al río San Juan, expuso el funcionario, a pesar de la “fragilidad” de la investigación oficial.

 Antes de hacer esa declaración, Murillo Karam rompió el diálogo y los acuerdos pactados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 30 de octubre en Los Pinos con las familias de los normalistas.

 Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor de padres de los estudiantes se muestra contrariado: “Tres meses después se rompe el diálogo… El gobierno fijó una postura política al anunciar el cierre del caso acompañado de una concentración policiaca y militar en el estado de Guerrero; ya no le importó el dolor que esta decisión pueda causar a las víctimas.

“Se lastimaban solos”, dicen marinos…muestras de tortura

• Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

 “Se lastimaban solos”, dicen marinos/GLORIA LETICIA DÍAZ

La versión oficial sobre Ayotzinapa se basa en declaraciones autoinculpatorias. Pero al menos una decena de detenidos mostraron huellas de tortura, de acuerdo con los propios expedientes. De hecho, marinos y policías han tardado hasta 11 horas en poner a disposición del Ministerio Público a algunos capturados. Según testimonios de los marinos, los capturados se golpearon solos. Amnistía Internacional lo tiene claro: Los abusos “pueden derivar en que el caso se caiga. Si se llegan a demostrar violaciones al debido proceso, la PGR estaría resolviendo un caso icónico de violaciones a derechos humanos con más violaciones a derechos humanos”.

Detrás del rechazo a la versión oficial sobre el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa está la presunción de que la tortura fue uno de los métodos utilizados para “esclarecer” el caso que ha marcado al gobierno de Enrique Peña Nieto.

La sospecha no se basa sólo en los hematomas y ojos hinchados que muestran los acusados en videos y fotografías presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), sino en evidencias asentadas en el expediente de la dependencia.

 La noche del 27 de enero, horas después de que el procurador Jesús Murillo Karam encabezara una conferencia de prensa, padres de familia de los desaparecidos y sus abogados cuestionaron que la “verdad histórica” se soporte en declaraciones de delincuentes.

 En un documento titulado Diez razones para no cerrar Ayotzinapa, los padres y abogados advierten que “la información dada a conocer por la procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente”.

Ayotzinpa….“La versión oficial se cae a golpes“

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

La versión oficial se cae a golpes/ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Lo que la PGR no pudo demostrar con pruebas periciales y científicas lo armó con testimonios de policías de Iguala y Cocula y del presunto radiocomunicador igualteco David Hernández Cruz que “confesaron” mediante tortura física y psicológica su presunta participación en el arresto de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que posteriormente entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los desaparecieron. La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam no se sostiene, según se desprende de los documentos consultados por Proceso.

 La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

 Uno de ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión a los normalistas.

 Durante los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal (PF), Hernández Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados por Proceso.

Las averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la investigación.

 Los reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.

 En sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos. También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.