Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excélcior (wwww.exonline.com.mx),10/11/2008;
Gobernación: no es la militancia, es el diseño
Si bien, como se ha dicho, tardaremos unos 11 meses en saber con mucha mayor exactitud qué sucedió la tarde del martes 4 de noviembre, cuando cayó el avión que transportaba a Juan Camilo Mouriño, a José Luis Santiago Vasconcelos, Miguel Monterrubio y otros colaboradores del gobierno federal, en estas horas la administración de Calderón debe comenzar a contar con los primeros elementos, descubiertos en las cajas negras enviadas ya a EU. Y con la información que ya posee puede tener, por lo menos, una visión un poco más clara de lo sucedido. Sobre todo si se trató o no de un accidente. Información suficiente como para poder tomar decisiones.
Ello influirá, no cabe duda, en las designaciones que se deberán adoptar en las próximas horas, pero quizás la definición mayor no pasa por el nombre del futuro secretario de Gobernación sino que lo trasciende. Lo que ya estaba antes del martes en el escritorio presidencial era la decisión de transformar o no a la Secretaría de Gobernación en una suerte de ministerio del Interior (lo que era, incluso, una percepción del propio presidente Calderón que no quiso instrumentar al inicio de esta administración para no forzar cambios en la estructura de gobierno cuando la situación de gobernabilidad era endeble), una decisión que implicaría, básicamente, regresar a la Secretaría de Gobernación muchas de las atribuciones que ha ido perdiendo a lo largo de los años, sobre todo cuando en el sexenio de Vicente Fox se decidió quitarle todas las atribuciones relacionadas con la seguridad pública; o insistir, incluso profundizar, en el esquema actual que transforma a la Secretaría de Gobernación en una instancia política para acuerdos legislativos y otros asuntos de gobierno, cuya dimensión dependen, directamente, de los espacios que decida otorgarle el presidente de la república. El perfil que se requiere para encabezar una Secretaría de Gobernación que incluya labores políticas y de seguridad y el de una dependencia enfocada a sacar adelante acuerdos puntuales es muy diferente.
En este espacio, desde que se dio el desprendimiento de la seguridad pública de la Secretaría de Gobernación dijimos, y debemos insistir en ello ahora, que era un error: toda institución de gobierno democrática tiene ambas instancias en las mismas manos, quizás la única excepción sean Estados Unidos, pero su esquema institucional es diametralmente diferente al nuestro y al del resto de las democracias occidentales. En otras palabras, la seguridad no debe ser entendida sólo como una suma de técnicas policiales, sino como un tema clave de la agenda política y si bien quienes se encargan de los grandes temas de la seguridad deben ser especialistas consumados en esa disciplina, la dirección que se otorga a esas actividades debe estar definida por la política. Los éxitos que ha tenido esta administración en temas de seguridad se deben a los aciertos de sus especialistas, pero los problemas e insuficiencias se derivan de una desconexión en ocasiones demasiado manifiesta de la propia marcha política. Esa decisión es crítica para el futuro de la administración.
El punto es si el presidente Calderón aceptaría adoptar un esquema de estas características que implica una forma de control diferente al que se ha tenido hasta ahora sobre el equipo de gobierno. La administración de Calderón se ha caracterizado por privilegiar el papel del llamado “grupo compacto”, aquel que acompañó al Presidente en los áridos días de la precampaña, pero más allá de ello se ha caracterizado por un esquema de control y seguimiento de la marcha de las cosas realizada por el presidente Calderón en forma personal, permanente y constante. Desde este punto de vista se podría considerar que el presidente Calderón no optaría por regresar a una Secretaría de Gobernación fuerte porque no la necesitaría, porque consideraría que esa fusión entre la política y la seguridad se da en sus propias oficinas y sólo debe eficientarse.
Ese fue el esquema adoptado originalmente. Con Francisco Ramírez Acuña las cosas no funcionaron porque en realidad la política se gestionaba más en Los Pinos que en Bucareli, mientras que la seguridad estaba en manos de Genaro García Luna, Eduardo Medina-Mora, el Cisen (que dependía de Gobernación pero que, en realidad, trabajaba, lo hace aún, directamente para la Presidencia) y las áreas militares, dependiendo todas, en los hechos, del control presidencial. Cuando Juan Camilo Mouriño fue enviado a Gobernación se interpretó que se extendía de facto ese control de Los Pinos hacia un espacio gubernamental sustantivo. Las cosas no se dieron así, porque, precisamente, son las instituciones las que terminan marcado límites cuando éstos no están bien definidos y porque las circunstancias políticas que hacían tan fuerte a Juan Camilo en la oficina de Los Pinos lo debilitaron en el escenario público de Bucareli.
Precisamente la búsqueda de la solución a esa disyuntiva era la que ya estaba en el escritorio presidencial antes de los hechos del 4 de noviembre. El presidente Calderón consideraba la posibilidad de regresarle a Gobernación atribuciones y espacios de gobernabilidad; en otras reconocía que la situación que se vivía en torno a Juan Camilo no era la ideal pero insistía en la idea de que “a él le funcionaba”; en muchas otras ocasiones, los perfiles personales que se requerían para esa posición, fuera con mayores o menores atribuciones, no terminaban de ser, en su visión, del todo idóneos. Todo ahora se ha vuelto urgente y las decisiones tienen menor margen de maniobra.
Mucho se ha dicho que si en Gobernación debe estar o no un panista: es una disyuntiva falsa. En Gobernación debe estar quien le garantice al presidente Calderón el mayor margen de gobernabilidad posible a partir del diseño que el propio ejecutivo escoja. Y desde esa óptica, la filiación partidaria no es tan importante.
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Si bien, como se ha dicho, tardaremos unos 11 meses en saber con mucha mayor exactitud qué sucedió la tarde del martes 4 de noviembre, cuando cayó el avión que transportaba a Juan Camilo Mouriño, a José Luis Santiago Vasconcelos, Miguel Monterrubio y otros colaboradores del gobierno federal, en estas horas la administración de Calderón debe comenzar a contar con los primeros elementos, descubiertos en las cajas negras enviadas ya a EU. Y con la información que ya posee puede tener, por lo menos, una visión un poco más clara de lo sucedido. Sobre todo si se trató o no de un accidente. Información suficiente como para poder tomar decisiones.
Ello influirá, no cabe duda, en las designaciones que se deberán adoptar en las próximas horas, pero quizás la definición mayor no pasa por el nombre del futuro secretario de Gobernación sino que lo trasciende. Lo que ya estaba antes del martes en el escritorio presidencial era la decisión de transformar o no a la Secretaría de Gobernación en una suerte de ministerio del Interior (lo que era, incluso, una percepción del propio presidente Calderón que no quiso instrumentar al inicio de esta administración para no forzar cambios en la estructura de gobierno cuando la situación de gobernabilidad era endeble), una decisión que implicaría, básicamente, regresar a la Secretaría de Gobernación muchas de las atribuciones que ha ido perdiendo a lo largo de los años, sobre todo cuando en el sexenio de Vicente Fox se decidió quitarle todas las atribuciones relacionadas con la seguridad pública; o insistir, incluso profundizar, en el esquema actual que transforma a la Secretaría de Gobernación en una instancia política para acuerdos legislativos y otros asuntos de gobierno, cuya dimensión dependen, directamente, de los espacios que decida otorgarle el presidente de la república. El perfil que se requiere para encabezar una Secretaría de Gobernación que incluya labores políticas y de seguridad y el de una dependencia enfocada a sacar adelante acuerdos puntuales es muy diferente.
En este espacio, desde que se dio el desprendimiento de la seguridad pública de la Secretaría de Gobernación dijimos, y debemos insistir en ello ahora, que era un error: toda institución de gobierno democrática tiene ambas instancias en las mismas manos, quizás la única excepción sean Estados Unidos, pero su esquema institucional es diametralmente diferente al nuestro y al del resto de las democracias occidentales. En otras palabras, la seguridad no debe ser entendida sólo como una suma de técnicas policiales, sino como un tema clave de la agenda política y si bien quienes se encargan de los grandes temas de la seguridad deben ser especialistas consumados en esa disciplina, la dirección que se otorga a esas actividades debe estar definida por la política. Los éxitos que ha tenido esta administración en temas de seguridad se deben a los aciertos de sus especialistas, pero los problemas e insuficiencias se derivan de una desconexión en ocasiones demasiado manifiesta de la propia marcha política. Esa decisión es crítica para el futuro de la administración.
El punto es si el presidente Calderón aceptaría adoptar un esquema de estas características que implica una forma de control diferente al que se ha tenido hasta ahora sobre el equipo de gobierno. La administración de Calderón se ha caracterizado por privilegiar el papel del llamado “grupo compacto”, aquel que acompañó al Presidente en los áridos días de la precampaña, pero más allá de ello se ha caracterizado por un esquema de control y seguimiento de la marcha de las cosas realizada por el presidente Calderón en forma personal, permanente y constante. Desde este punto de vista se podría considerar que el presidente Calderón no optaría por regresar a una Secretaría de Gobernación fuerte porque no la necesitaría, porque consideraría que esa fusión entre la política y la seguridad se da en sus propias oficinas y sólo debe eficientarse.
Ese fue el esquema adoptado originalmente. Con Francisco Ramírez Acuña las cosas no funcionaron porque en realidad la política se gestionaba más en Los Pinos que en Bucareli, mientras que la seguridad estaba en manos de Genaro García Luna, Eduardo Medina-Mora, el Cisen (que dependía de Gobernación pero que, en realidad, trabajaba, lo hace aún, directamente para la Presidencia) y las áreas militares, dependiendo todas, en los hechos, del control presidencial. Cuando Juan Camilo Mouriño fue enviado a Gobernación se interpretó que se extendía de facto ese control de Los Pinos hacia un espacio gubernamental sustantivo. Las cosas no se dieron así, porque, precisamente, son las instituciones las que terminan marcado límites cuando éstos no están bien definidos y porque las circunstancias políticas que hacían tan fuerte a Juan Camilo en la oficina de Los Pinos lo debilitaron en el escenario público de Bucareli.
Precisamente la búsqueda de la solución a esa disyuntiva era la que ya estaba en el escritorio presidencial antes de los hechos del 4 de noviembre. El presidente Calderón consideraba la posibilidad de regresarle a Gobernación atribuciones y espacios de gobernabilidad; en otras reconocía que la situación que se vivía en torno a Juan Camilo no era la ideal pero insistía en la idea de que “a él le funcionaba”; en muchas otras ocasiones, los perfiles personales que se requerían para esa posición, fuera con mayores o menores atribuciones, no terminaban de ser, en su visión, del todo idóneos. Todo ahora se ha vuelto urgente y las decisiones tienen menor margen de maniobra.
Mucho se ha dicho que si en Gobernación debe estar o no un panista: es una disyuntiva falsa. En Gobernación debe estar quien le garantice al presidente Calderón el mayor margen de gobernabilidad posible a partir del diseño que el propio ejecutivo escoja. Y desde esa óptica, la filiación partidaria no es tan importante.
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