Nota de Christian Rea Tizcareño
México, Terra,
El activista y sacerdote católico Alejandro Solalinde visitó el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, Hidalgo, para manifestar su apoyo a Alfonso Martín del Campo, preso desde hace 22 años por el doble homicidio de su hermana y cuñado, y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue detenido arbitrariamente y torturado para declararse culpable.
El ganador al Premio Nacional de Derechos Humanos pidió a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sesionarán para analizar el caso, se pronuncien por la libertad de Martín del Campo.
“Para la justicia en México el caso es una vergüenza, es una exhibición de instituciones fallidas, una serie de omisiones y la verdad poca voluntad política… Es un caso para mí paradigmático, simplemente inaceptable”, expresó en entrevista para Terra el fundador del albergue de migrantes "Hermanos en el camino".
El padre Solalinde llamó a firmar una petición en línea que se subió a la plataforma Change.org, para instar a los ministros de la Corte a hacer justicia a Martín del Campo, quien pese a haber sido víctima de violación al debido proceso, fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
“Yo confío mucho en que la Suprema Corte tenga un procedimiento correcto, que pueda resarcir de alguna manera estas fallas de la justicia mexicana, que son de verdad lamentables”, aseveró el religioso.
Comparó el caso de Martín del Campo con el del profesor de origen tzotzil Alberto Patishtan y el de la ciudadana francesa Florence Cassez, quienes por violación al debido proceso, fueron excarcelados.
Alfonso agradeció la visita del padre Solalinde y calificó su situación como “un secuestro legalizado. La confesión es la mejor herramienta en México para comprobar la culpabilidad de un inocente”.
El 30 de mayo de 1992, Juana Patricia Martín del Campo Dodd y su esposo, Gerardo Zamudio Aldaba, fueron apuñalados en su casa. Horas después, Alfonso firmó una declaración ministerial donde se atribuía la culpabilidad de este crimen, luego de de ser golpeado e inducido a asfixia con una bolsa de plástico por policías del DF en los sótanos de la Delegación Benito Juárez.
Tanto la CIDH, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su recomendación 13/2002; la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia capitalina, y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentaron la tortura que sufrió el sentenciado.
Durante más de dos décadas, Alfonso ha promovido juicios y amparos sin tener éxito; sin embargo, ahora le pide a los ministros de la SCJN anular la confesión obtenida bajo tortura.
El caso Martín del Campo Dodd fue atraído por la SCJN en noviembre de 2013, bajo la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien proponía amparar y liberar inmediatamente al sentenciado; sin embargo, fue desechada, tres votos contra dos, para turnarlo a otro integrante de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo.
“Pueden pasar años o décadas y la justicia nomás no llega”, lamentó Martín del Campo, quien en la actualidad tiene 49 años de edad.
El padre Solalinde indicó que el Estado mexicano, y en particular, el Poder Judicial tiene una deuda con Alfonso desde hace 22 años, pero “nunca es tarde para reparar el daño”.
Enfatizó que los ministros de la Corte deben resolver el caso de manera objetiva y además tienen una responsabilidad histórica con “un México sediento de justicia”.
La defensa de Martín del Campo Dodd realizará este miércoles 13 de agosto una proyección especial del documental “Bajo Tortura”, dirigido por Cristina Juárez Zepeda, a las 11 horas en el Cine Tonalá, donde además estarán el exombudsman capitalino Luis González Placencia, el doctor Miguel Sarre y el abogado especializado en derechos humanos Fabián Sánchez Matus.
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