Exigen
investigación de la masacre en Tlatlaya
Diario Amanecer, 22 septiembre, 2014
Nota de Roberto Meléndez/Alejandro González
Pérez/reporteros/creativo_universal@yahoo.com.mx
Tanto
pobladores como organizaciones civiles
exigen al gobernador Eruviel Ávila y al propio secretario de Gobierno, José
Manzur, hagan algo y no se queden con los brazos cruzados por los hechos
ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, donde se ha
señalado en su momento que un grupo de militares ejecutó a 22 personas.
Y
es que el Estado de México padece por hechos violentos que lo ubican como uno
de los principales focos rojos de inseguridad en el país. Sólo hay que recordar
que la entidad ocupa los primeros lugares en delitos de alto impacto, como
homicidio, secuestro y extorsión.
El
secretario de Gobierno quiere que le resuelvan todas y cada una adversidades
que suceden en la demarcación en la que él debería ponerse a trabajar e
investigar a fondo.
Así
también el gobernador Eruviel debepreocuparse más de lo que pasa en el estado
que gobierna, como secuestro, homicidio, extorsión, bandas de narcotráfico, que
durante su mandato se han incrementado
PGR
INDAGARÁ
La
Procuraduría General de la República (PGR) partió de cero en la investigación
de los hechos, esto porque la procuraduría mexiquense concluyó que los soldados
no cometieron ningún delito en sus acciones.
Funcionarios
que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) entregó a la PGR
el expediente que inició tras el presunto enfrentamiento ocurrido en el poblado
de San Pedro Limón, en el cual se dijo que en esa fecha los militares fueron
agredidos por hombres armados cuando patrullaban la zona, y al responder al
ataque abatieron a 22 personas.
El
comunicado se dio varias horas después de que el titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC), Damián Canales Mena, informó que se desató una
balacera en la localidad luego de que elementos del Ejército fueron atacados
por miembros de una organización criminal.
La
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) afirmó que “no
existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue
proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en
que fueron hallados los cuerpos, (no existe) indicio alguno sobre una posible
ejecución”. Además reveló que en sus pruebas de balística se comprobó que los
22 fallecidos efectuaron disparos.
Por
su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha señalado que piensa
pedir explicaciones a los militares por lo ocurrido. Ante esta presión, el
Ejército, que hasta la fecha se había mantenido en silencio, emitió un
comunicado el que ofreció su colaboración “irrestricta” en el esclarecimiento
de los hechos, pero sin aportar ningún dato nuevo.
El
Gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a investigar a fondo la muerte de
22 civiles a manos de elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de
México, ocurrida el pasado 30 de junio. A la par, Amnistía Internacional exigió
una investigación “pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”, sin la PGR.
Las
principales organizaciones humanitarias internacionales han exigido que se
aclare lo ocurrido y el propio Departamento de Estado recordó la necesidad de
una investigación “fáctica y creíble” a cargo de autoridades civiles.
El
senador del PRD, Alejandro Encinas, dirigió una carta al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por medio de la cual le solicita envíe
toda la información de que disponga la Secretaría a su cargo de la ejecución de
22 personas perpetrada por militares, ya que organizaciones como Amnistía
Internacional señalan que además de violaciones a derechos humanos y de
tortura, podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
La
misiva la turnó el senador el pasado viernes y destaca que “la justicia por
propia mano y las ejecuciones sumarias no están permitidas ni pueden formar
parte del desempeño de la autoridad en un Estado legalmente constituido,
democrático y soberano. Coincidiremos que son inaceptables esas prácticas, ya
sean cometidas por grupos delictivos, policías o por elementos de las Fuerzas
Armadas, y que todo hecho de esa naturaleza que se presente en el país debe ser
castigado conforme a la ley”.
Encinas,
subraya en la carta al titular de Gobernación, que de confirmase esos sucesos
“se constituirían en una de las peores ejecuciones extrajudiciales cometidas en
el país por elementos del Ejército mexicano, lo que no puede quedar impune,
pues pone en riesgo las garantías y los derechos fundamentales de los
mexicanos, al tiempo que denigra el desempeño de las Fuerzas Armadas”.
El
senador perredista refiere que en los últimos días se han dado a conocer
análisis y declaraciones de presuntos testigos de los hechos, en los que se
asegura que se trató de una ejecución donde elementos de las Fuerzas Armadas
asesinaron a quemarropa y dieron el tiro de gracia a presuntos delincuentes.
EU
CONMINA A MÉXICO INVESTIGAR LA “MASACRE”
Por
su parte la organización “Human Rights Watch” considera que la versión oficial
mexicana que hubo un enfrentamiento a tiros entre el Ejército y rebeldes, con
22 muertos civiles, es falsa y que hubo una masacre. José Miguel Vivanco,
director de HRW, afirma tener testimonios que de confirmarse “nos
encontraríamos ante una de las más graves masacres ocurridas en México”.
En
el mayor escándalo de la presente administración de Gobierno en México, la
versión oficial de un enfrentamiento entre el Ejército y civiles, en la
población San Pedro Limón, donde los uniformados afirmaron haber derrotado un
grupo de delincuentes vinculados al narcotráfico, va cayendo en el descrédito
al aparecer de testigos. Una sobreviviente de la matanza relató a la revista
Esquire, que los soldados sólo mataron a un joven en el enfrentamiento: los
demás fueron llevados a una bodega cercana y fusilados a tiros.
En
tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de México, cambió ahora su
argumento original que el tema “correspondía a las autoridades federales” y
prometió una investigación.
“Como
socios de México estamos comprometidos en la lucha contra el crimen
transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la
Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidario en el Congreso; es por
ello que mantenemos un diálogo de alto nivel con México”, dijo el portavoz del
Departamento de Estado, Jeff Ratkhe. “Como en todos los casos donde las fuerzas
de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista
una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles
apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, señaló. Para EU no se trata de
injerencia alguna, sino que el gobierno está “Legal y técnicamente” en la
obligación de exigir investigaciones sobre el uso que se da al equipo militar
que está proveyendo a México. La llamada “iniciativa Mérida”, suministra
armamento, asesoramiento de inteligencia, tecnología y logística a las fuerzas
mexicanas.
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