Solicitud de Declaratoria de Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales,

México, D.F., 3 de septiembre de 2014 Comunicado No. 56

FIRMAN PJF, SEGOB Y PGR SOLICITUD DE DECLARATORIA DE INICIO GRADUAL DE VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL CONGRESO DE LA UNIÓN

La reforma penal constituye la piedra angular del México que apuesta por un régimen donde las victimas del delito no puedan ser revictimizadas por actos de las autoridades; ni los procesados ser victimas del Estado, subrayó el ministro presidente Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al firmar la Solicitud de Declaratoria de Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, conjuntamente con Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad, en representación del secretario de Gobernación, y el procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam.

En la ceremonia de Solicitud de Declaratoria al Congreso de la Unión, el ministro Silva Meza señaló que la reforma penal y la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio es un esfuerzo de Estado para dotar a la impartición de justicia de un sentido más humano, al fortalecer los derechos y las libertades de las personas, reconocidos en nuestra Norma Suprema y por los tratados internacionales de los que formamos parte.

Reconoció́ la participación comprometida, coordinada y puntual de los Poderes de la Unión, para facilitar las herramientas necesarias y hacer efectivo el mandato constitucional de implementar la reforma constitucional en materia penal.

“La confianza de la sociedad pasa por una defensa irrestricta a los derechos humanos y el combate a la impunidad, razón por la cual, los tres órganos de gobierno, estamos comprometidos a llevar por buen puerto la implementación de estas reformas, a fin de otorgar las garantías institucionales a los gobernados, al

confiar en que sus derechos serán eficazmente tutelados”, sostuvo.

La implementación de la reforma en materia penal, representa una gran oportunidad para que el Estado mexicano redefina y perfeccione su política criminal, puntualizó.

“Sigamos, con este compromiso compartido, fortaleciendo las instituciones de impartición y procuración de justicia, para así́, recuperar la confianza de la sociedad. Esta, es la oportunidad para robustecer nuestro Estado de Derecho”, dijo.

Silva Meza señaló que con este acto se da cumplimiento al mandato establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su Articulo Segundo Transitorio dispone que el Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente, en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría General de la Republica.

Reunidos en el auditorio de la sede alterna, el ministro Juan Silva Meza dijo que la judicatura federal está convencida de las bondades que tendrá́ la reforma penal para la sociedad, por lo que ha iniciado un intenso y comprometido proceso de implementación, bajo la firme convicción de transformar la cultura penal y las actitudes que, tradicionalmente, han caracterizado la impartición de justicia en la materia. “Nuestra búsqueda es consolidarnos como una institución que brinde confianza a la sociedad”, subrayó.

Participamos, dijo, activamente en el Grupo Interinstitucional Encargado de Acelerar el Proceso de Implementación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal, integrado por el PJF, Segob y PGR, a efecto de dar seguimiento a la declaratoria de inicio a la gradualidad del nuevo sistema de justicia penal, a la gestión al interior de los centros de justicia, a los métodos de videoconferencias, protocolos de seguridad y proyectos de modificaciones a la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Defensoría Publica.

Destacó las cinco etapas de trabajo acordadas para la implementación gradual del nuevo Sistema de Justicia Penal: en la primera, correspondiente a los estados de Durango y Puebla, el Consejo de la Judicatura Federal trabaja con el fin de concluir lo más pronto posible, para continuar con una segunda, enfocada a las entidades de Yucatán y Zacatecas.

La tercera etapa, indicó, se dirige al estado de Baja California y se espera concluir en marzo de 2015; la cuarta etapa agrupa a San Luis Potosí́, Guanajuato, Querétaro y Morelos y finalizará en junio de 2015; por ultimo, una quinta etapa, que considera a Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz, se establecerá́ en enero de 2016.

Con estas acciones, tendremos la certeza de que el dialogo y colaboración institucional entre Poderes será́ permanente, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales requiere ser complementado con diversas adecuaciones legales a varios ordenamientos orgánicos y sustantivos, con la finalidad de dotar a los operadores del sistema, el andamiaje jurídico necesario para dar cumplimiento a los mandatos específicos que han sido conferidos por el marco jurídico procesal.

HABRÁ UN PROCEDIMIENTO PENAL MÁS ÁGIL Y CREÍBLE: MURILLO KARAM

Por su parte, el procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam, afirmó que este evento representa un cambio enorme en cuanto a la visión de lo que tiene que ver con la seguridad, la procuración y la impartición de justicia.

“En este acatamiento y cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben aplicarse términos fundamentales de justicia, de orden y de equidad”, destacó.

La coordinación entre el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la Republica y la Secretaria de Gobernación tiene un solo propósito, que es la de generar un mucho mejor procedimiento penal, más rápido, más justo, más creíble y más útil, subrayó el titular de la PGR.

EL RETO, ROMPER INERCIAS: MONTE ALEJANDRO RUBIDO

Por su parte, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, dijo que el Código incorpora el nuevo sistema como establece la Constitución y permite la aplicación de la reforma de 2011 en materia de protección a derechos humanos.

Agregó que actualmente 18 estados de la República ya incorporaron el Sistema Acusatorio y un número importante está por hacerlo; sin embargo, señaló que para que esta profunda reforma logre sus objetivos se requiere que la Federación adopte el nuevo sistema. Y para ello la primera piedra de este nuevo modelo en el ámbito federal es la puesta en vigencia de este código.

Explicó que Durango y Puebla son las entidades que dan el primer paso hacia la operación gradual del nuevo código en el territorio nacional.

Rubido García dijo que la implementación del nuevo sistema de justicia penal se encuentra en una etapa decisiva y parte del reto de lograr un cambio cultural en la sociedad mexicana a efecto de que las personas tengan confianza en la autoridad y colaboren con ella.

Explicó que el reto para las instituciones es romper inercias y prácticas que desgastaron el sistema inquisitivo. 

Versión estrenográfica:
http://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2014/comunicado56_1.pdf