El Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, emite posicionamiento sobre justicia cotidiana.

49 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores

Tlaxcala, Tlaxcala, a 8 de julio de 2015
El Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, emite posicionamiento sobre justicia cotidiana.

-GOBERNADOR CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ: Muchas gracias.

Saludo con respeto y aprecio la presencia del señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; del señor Secretario de Gobernación; del Jefe de la Oficina de la Presidencia; del señor Secretario de Economía; a mis colegas Gobernadores; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a tan nutrido grupo de ciudadanos que nos acompañan.

Quiero agradecer la espléndida anfitrionía del señor Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, que ha sido un verdadero ejercicio de acuerdos, de cercanía y desear éxito al Gobernador del Estado de México en su responsabilidad que hoy asume, Eruviel Ávila Villegas.

La Comisión de Seguridad y Justicia, que me honro en coordinar, ha sido una de las instancias que más ha ponderado el valor que el sistema de justicia penal adversarial tiene para la consolidación del Estado de Derecho.

Por eso, acompañamos el proceso de implementación y armonización de las leyes generales que se derivan de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia del 2008 y los derechos humanos del 2011.

Desde esta comisión hemos insistido que aún cuando la penal es la más paradigmática de las reformas de justicia, hay una que particularmente es significativa por su alcance en la convivencia diaria de los mexicanos: la justicia cotidiana.

Por ello, es que la CONAGO respondió de inmediato a la convocatoria que lanzó el señor Presidente Enrique Peña Nieto para hacer que la justicia cotidiana, esa justicia olvidada, como él mismo la ha llamado, deje de ser lenta, compleja y costosa para convertirse en el símbolo señero de una justicia eficaz, confiable y expedita; sobre todo convertirse en el más sólido pilar de la paz social.

Si consideramos que del 85 por ciento de las demandas y causas que se generan en los estados de la República, 35 por ciento corresponden al ámbito familiar, 30 por ciento al ámbito civil, y un  20 por ciento al ámbito mercantil, según lo documenta el último censo del INEGI sobre impartición de justicia estatal, dato que es congruente con lo señalado por Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE.

Es la justicia el motor de la sociedad. Una sociedad que no puede llamarse igualitaria, ni debe sentirse satisfecha de sus logros, hasta el momento en el que alcance un nivel óptimo de desarrollo para todos.

Desde antes de nacer, y hasta después de morir, estamos inmersos en la vida jurídica. Desde la protección de los derechos del ser humano, desde su reconocimiento jurídico con el registro que hacemos de quienes nacen, desde los más simples contratos en el día, en que hacemos con nuestros conciudadanos día con día.

Desde los convenios signados y aceptados, que nos permiten una mejor convivencia social; la certeza en la tenencia de la tierra; la seguridad de nuestro empleo y el cumplimiento de las obligaciones, que se convierten en la expresión de una vida. Ese cauce infinito de desventuras y sueños, que termina con una sucesión legal.

En todo, el Estado debe de vigilar y garantizar que sus acciones son siempre en favor del ser humano, que busca justicia.

En ese orden de ideas, la reforma del sistema de justicia más importante es, sin duda, la civil y familiar, por ser la que regula la vida cotidiana de las personas y las familias.

Los temas que más merecen ser rescatados de la trampa de papeles que terminan reduciendo en problemas cotidianos, en fríos números de expedientes, en toneladas de papeles, son la civil y la familiar.

Se requiere tomar conciencia de que el expediente entraña a una persona, que aún envuelta en un problema, eligió la vida institucional para solucionarlo.  Y esa actitud de apego a la ley, lo menos que merece del Estado mexicano es reciprocidad, para facilitarle el acceso a la justicia a todos los ciudadanos.

Por eso, creo que el gran desafío que hoy tiene nuestro país es resolver los conflictos entre particulares, antes de que se adentren en el espiral de la violencia; en la violencia física y mental, en el riesgo de perder el patrimonio de las familias.

Y  ello implica encontrar métodos que garanticen equidad a las partes y, sobre todo, que impidan dilaciones perjudiciales para las relaciones personales entre los familiares y entre los ciudadanos.

Por eso, nos entusiasma que el señor Presidente, con la sensibilidad que le caracteriza, hiciera visible la urgencia de erradicar las dilaciones judiciales que dejan, en los afectados, el amargo sabor del resentimiento y el agravio.

Y para poner en el centro de la justicia el derecho de los particulares a resolver sus conflictos en un marco institucional y jurídico ágil, moderno y equitativo.

Propósito que se alcanzará con una reforma a las leyes civiles, que haga de la tutela judicial la mejor vía para solucionar un conflicto, más no la única, ni la primera; y que con esa visión incorpore mecanismos alternos de mediación, que eso nos garantiza la expedición de una justicia ágil.

En esa modificación institucional y jurídica está la cimentación de un sistema de enjuiciamiento moderno, respetuoso de los derechos humanos, y sustentado en los principios de transparencia, objetividad y celeridad procesal.

Hoy tenemos el reto de hacer del consenso político y social, el instrumento para construir un modelo de justicia cotidiano eficiente, ágil y confiable, en el que se soporte la cultura de la legalidad y la vigencia del Estado de Derecho.

Un modelo de justicia que sea fuerte, entre los mexicanos nos lleve a la concordia, que sea fuerte por la confianza en que los agentes económicos y el factor decisivo para la atracción de inversiones vean, en México la opción de la cultura del derecho.

No olvidemos que en este aspecto es considerado por el Foro Económico Mundial como un componente de peso en el informe sobre competitividad global.

Aquí mismo, hemos tenido hoy la participación de la Asociación Mexicana de Bancos, del Banco Mundial, que nos han planteado intervenir para la legislación en cada una de nuestras entidades en estas materias.

Señor Presidente de la República:

En el marco de los trabajos de la 49 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, expresamos nuestro más amplio reconocimiento y adhesión a los programas y acciones que su Gobierno promueve en este eje estratégico del Plan Nacional de Desarrollo, y asumimos la corresponsabilidad y compromiso de diseñar políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos, en las entidades federativas, a fin de modificar el entorno de incertidumbre que genera la justicia lenta e ineficiente; que afecta negativamente las condiciones de crecimiento y bienestar del país.

Compañeros Gobernadores.

Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Funcionarios:

Hoy los mexicanos podeos sentirnos orgullosos de responder con firmeza democrática, reformando nuestro marco jurídico, transformando instituciones y arraigando la cultura de la legalidad.

El mejor garante del futuro es un Estado de Derecho consolidado, y desde la CONAGO seguiremos aplicando el mayor de los empeños para mover a México por el rumbo de la paz, el progreso, con gran sentido de modernidad, que ha trazado el Presidente de la República, y así potenciar, al máximo, los beneficios que se empiezan a sentir por las reformas estructurales.

Una paz permanente, un crecimiento basado en las grandes reformas y fortalezas de la Nación, necesariamente pasan por una nueva cultura entre los mexicanos, que es la cultura de la legalidad. Sin duda, es la más rentable para lograr una sociedad más justa, más incluyente y en paz permanente.

Muchas gracias.