Revira
Sedena a ONG sobre caso Tlatlaya
REFORMA
/ Redacción
Cd.
de México (04 julio 2015).-
La
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que las operaciones
castrenses se ajustan a la ley, buscan proteger a la población y privilegian el
respeto a los derechos humanos.
En
un pronunciamiento dado a conocer al filo de las 23:00 horas de ayer, la
dependencia respondió a la publicación de un informe del Centro Prodh que da
cuenta de un documento militar en el que se habría ordenado a las tropas de la
base de operaciones militares San Antonio del Rosario "abatir delincuentes
en horas de oscuridad".
Dicho
documento, reconoció la Sedena, contiene instrucciones operativas para el
relevo de esa base militar asentada en el Estado de México, entidad donde, el
30 de junio de 2014, militares presuntamente ejecutaron extrajudicialmente a
civiles armados en el Municipio de Tlatlaya.
El
Centro Prodh había puntualizado que se trata de la orden de relevo y
designación de mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez,
del 11 de junio de 2014, y que en ella se instruye expresamente que "las
tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la
actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor
número de delitos se comete en ese horario".
"Mediante
38 indicaciones -respondió la Sedena-, (dicho documento) busca proteger la vida
de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los
derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del (mismo)",
afirmó la Sedena en su pronunciamiento, y enseguida enlistó lo que al parecer
son extractos textuales del expediente en cuestión.
"La
prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas
inocentes, evitándose generar víctimas colaterales", citó la dependencia.
"Las
operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos,
evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de
detenidos al interior de instalaciones militares".
La
Sedena también citó que el documento ordena a los efectivos actuar de
"forma contundente y conforme a derecho", observando en todo momento
la ley contra la tortura.
"Del
análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que
las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que
contempla el respeto irrestricto a los dd.hh.", concluyó..
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