Expertos
independientes dijeron que la hipótesis de que fueran calcinados es falsa y que
falta investigar una línea de posible narcotráfico
CNN.
Domingo, 06 de septiembre de 2015 -- Actualizada a las 18:40
(CNNMéxico) — Una investigación foránea e
independiente sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México
desplomó este domingo la versión oficial según la cual los jóvenes fueron
incinerados en un basurero.
"No
existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en
testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de
Cocula", por lo que debe continuar la búsqueda de los estudiantes, de
acuerdo con el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y que llegó a México hace seis meses.
En
sus más de 500 páginas, la investigación independiente critica la inacción de
las fuerzas federales y pone sobre la mesa un "elemento clave" que no
ha sido considerado por la fiscalía: un quinto autobús que pudo transportar
droga al momento del ataque.
Esto
pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a
pique a raíz del trágico crimen.
A
través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto informó que pidió a las autoridades
mexicanas tomar en cuenta los resultados del GIEI para investigar los sucesos
del 26 de septiembre en Iguala.
La
tarde de este domingo, los familiares de los estudiantes desaparecidos
exigieron al presidente una audiencia por el informe de los expertos
independientes, poco después de que la PGR, ahora a cargo de Arely Gómez,
anunciara un nuevo peritaje en Cocula donde presuntamente se realizó la
calcinación.
Según
una "verdad histórica", la Procuraduría General de la República (PGR)
concluyó en enero pasado que, la noche del 26 de septiembre del año pasado,
decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa
(Guerrero, sur) fueron atacados por sicarios y policías corruptos en la cercana
Iguala. Los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus
movilizaciones políticas.
Luego,
los policías habrían entregado a los 43 estudiantes a narcotraficantes del
cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran
miembros de un cártel rival.
Los
cadáveres, según la versión de la PGR, fueron incinerados en un basurero del
cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.
En
el basurero de Cocula "no hay ninguna evidencia que indique la presencia
de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo
cuerpo", concluyó José Torero, un reconocido perito peruano que participó
de la investigación independiente.
El
experto añade que no se observan los daños que resultarían de un fuego tan
importante y que no existe evidencia de que el combustible necesario estuviera
disponible en las cercanías.
Así,
el GIEI pide investigar el posible uso de hornos de cremación públicos y
privados en los municipios aledaños.
Los
desesperados padres de los 43 estudiantes han encabezado multitudinarias
marchas en todo el país, gritando a los cuatro vientos que sus hijos aún están
vivos.
El
laboratorio de Innsbruck, Austria ha analizado restos humanos calcinados
encontrados en la zona, pero solo ha podido identificar a uno de los
estudiantes.
Por
otro lado, el informe deplora que la policía estatal, federal y el ejército no
auxiliaron a los estudiantes pese a presenciar los ataques e incluso recibir
llamadas de auxilio.
Muchos
lesionados permanecieron sin atención médica, lo que "en algún caso
probablemente precipitó la muerte", mientras que dos de los normalistas
muertos en los ataques armados quedaron tendidos en el suelo por más de dos
horas y bajo la lluvia, señalan los expertos, que no tuvieron autorización para
entrevistar a militares.
El
evidente vínculo entre el crimen organizado y las autoridades, así como los
prontos resultados de la investigación oficial, indignaron a la esfera
internacional con pronunciamientos por parte de organizaciones como Human
Rights Watch y Amnistía Internacional.
El misterio del
quinto autobús
La
fiscalía general solo consideró en su investigación cuatro de los cinco
autobuses tomados por los estudiantes y "no se ha proporcionado ninguna
información oficial de esta omisión", lamentó el GIEI.
Los expertos
explicaron que ese autobús "fue el único que no fue atacado violentamente
esa noche" y
que la declaración de su chofer, recabada recién en junio de 2015, "señala
una versión de la historia que no coincide en absoluto" con la de los
sobrevivientes.
La
agreste zona de Iguala es epicentro del tráfico de heroína hacia Estados Unidos
y los cárteles suelen transportar la droga escondida en autobuses.
Así,
los investigadores independientes sospechan que las inconsistencias y
contradicciones que rodean a ese quinto autobús "esconden aspectos
importantes a considerar que pueden tener que ver con el modus operandi y la
motivación de la agresión".
La
hipótesis sobre la confusión de los estudiantes con un grupo narcotraficante
"es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los
hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados" y no
explica "la masividad" de los ataques.
El
GIEI emitió varias recomendaciones a la fiscalía general para resolver este
crimen. Una de ellas es investigar denuncias "por malos tratos o
torturas" contra varios de los más de cien detenidos.
Incompetencia
gubernamental de México, acusa Amnistía
La
organización Amnistía Internacional se sumó a los reproches del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la investigación de las
autoridades mexicanas.
En
un comunicado emitido este domingo, Amnistía señaló que el informe de la CIDH
dejó al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno
para encontrar y castigar a los responsables.
"La
revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los
normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de
reencaminar las investigaciones de manera urgente", dijo Erika
Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"El
gobierno Mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de
acción. Lo que se necesita es real voluntad política para encausar la búsqueda
e investigaciones y así responder al urgente clamor de justicia de las familias
de los estudiantes desaparecidos".
Con
información de AFP
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