Revista
Proceso # 2030, 27 de septiembre de 2015
Las víctimas,
desoídas e ignoradas/MATHIEU TOURLIERE Y ARTURO RODRÍGUEZ
La
segunda reunión del presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los
normalistas de Ayotzinapa –la primera se efectuó el 29 de octubre de 2014–
resultó infructuosa, revelan a Proceso dos de los participantes. El mandatario,
dicen, cumplió con el protocolo y hasta anunció su decisión de hacer una
tercera investigación, pero en realidad estuvo frío y distante; ni siquiera
abordó los ocho puntos que le hizo llegar la comitiva. Peña Nieto “demostró que
no tiene la voluntad de ayudarnos”, sostiene Anayeli Guerrero de la Cruz,
hermana de Jhosivani, uno de los 43 desaparecidos.
El
segundo encuentro entre Peña Nieto y los familiares de los normalistas
–acompañados por una comitiva de 110 personas– fue infructuosa. No se llegó a
nada, según Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres.
En
sus propuestas, los visitantes exigieron al presidente la creación de una
unidad especializada encabezada por un fiscal avalado por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con la tarea de retomar
de manera “inmediata” la búsqueda de los 43 desaparecidos, así como investigar
a los funcionarios que “por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad
en la obstrucción de la justicia, fabricando versiones carentes de prueba”.
Y
citan de manera explícita a Jesús Murillo Karam, quien presentó la versión de
la “verdad histórica” cuando era titular de la Procuraduría General de la
República; al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; al exprocurador
estatal Iñaky Blanco, y al titular de la Agencia de Investigación Criminal,
Tomás Zerón de Lucio, como potenciales objetos de indagación de la fiscalía que
ellos proponen.
En
su documento también pidieron a Peña Nieto reconocer de manera pública la
legitimidad de su movimiento; que la investigación sobre los 43 normalistas
sigue abierta, y que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las
observaciones y recomendaciones del GIEI.
A
De la Cruz y los familiares de los estudiantes desaparecidos, Peña Nieto les
pareció “frío e insensible”, de mente calculadora y facciones duras. “Te
escucha pero está pensando en otra cosa. A mí me decía: ‘Tú, Felipe’, pero no
me miraba a mí, miraba al espacio”, comenta De La Cruz.
Hace
11 meses, cuando Peña Nieto recibió a los padres, lo hizo en la residencia de
Los Pinos, pero el jueves 24 los convocó en el Mutec. “El lugar era inadecuado,
pues no es una dependencia oficial, sino un museo que no tiene nada que ver”,
dice el entrevistado.
Una
vez en el Mutec, la comitiva permaneció en un jardín durante 40 minutos, hasta
que se les pidió que ingresaran a la sala, donde mesas y sillas estaban
instaladas en forma de semicírculo. Los padres se encontraban entonces a la
mitad de su ayuno de 43 horas, iniciado el día anterior.
Antes
de ingresar, los elementos del EMP les advirtieron que no podrían llevar bolsas
ni celulares. Y cuando estaban en la sala, comenzaron a revisarlos uno por uno.
“Había militares, policías y gente de civil; hasta perros tenían afuera”, añade
Anayeli.
Para
evitar a los reporteros, se colocó un cerco metálico sobre Avenida de los
Compositores. Los guardias presidenciales y agentes federales se desplegaron
desde la segunda sección del bosque de Chapultepec hasta Los Pinos. Fue
imposible ingresar a la reunión, ni siquiera cuando concluyó.
La
postura oficial se fijó al final, en el Club Naval, ubicado a dos kilómetros
del Mutec, un lugar frecuentado por el vocero presidencial Eduardo Sánchez
Hernández.
“Campaña”
contra el GIEI
El
encuentro se inició cuando llegó Peña Nieto. Saludó a los integrantes de su
gabinete, a los cuatro expertos del GIEI, sentados en una mesa aparte para
“moderar” la discusión, y a los 110 integrantes de la comitiva.
Peña
Nieto se acomodó en su asiento, al centro de la fila de mesas dispuestas frente
al semicírculo. En la pared de atrás se veía la bandera nacional; a sus
costados quedaron la procuradora Arely Gómez González y el titular de la
Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
También
estaban presentes Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad;
Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal; Manelich
Castilla Craviotto, comisionado de la Gendarmería Nacional; Luis Raúl González
Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como otros
integrantes de la oficina presidencial, subsecretarios y subprocuradores.
“A
Peña Nieto se le notaba la cara de descontento, pues, de vernos ahí. Venía
serio, muy serio. Dijo que quería escuchar la palabra de los padres”, comenta
Anayeli. Pero los invitados insistieron en que los expertos del GIEI hablaran
primero.
La
penalista colombiana María Ángela Buitrago tomó el micrófono e hizo una
síntesis de los principales hallazgos del informe presentado el domingo 6. Dijo
a los funcionarios que si realmente tienen voluntad de facilitar el trabajo de
ella y sus compañeros, deben permitir que se aborde el tema de los militares.
También
denunció una “campaña” de “elementos internos” al Estado dirigida a
descalificar el trabajo del GIEI. Buitrago precisó: esa campaña de desprestigio
no proviene de las instituciones como tales, sino “del interior de ellas”, por
lo que el Estado tiene la obligación de desincentivarla.
Su
compañero Carlos Martín Beristáin explicó a los funcionarios que ganarían mucho
si se acercan a las víctimas.
“Aquí
le dejo el resultado de seis meses de trabajo”, dijo Buitrago al entregar a
Peña Nieto el informe del GIEI. Tras recibirlo, dijo que lo valoraría y lo puso
en su mesa, donde permaneció durante la reunión, de acuerdo con Anayeli.
Después
de los expertos, los padres tomaron la palabra. Uno tras otro hablaron, se
dirigieron a los altos funcionarios durante más de una hora y les entregaron
los documentos con su propuestas.
Algunos
estaban nerviosos, relatan los entrevistados. Peña Nieto se agarraba la sien,
bebía agua de manera mecánica; Osorio Chong movía la pierna y se mordía el
labio cuando los padres lo calificaban de mentiroso, comenta Anayeli.
“La
vez pasada nos pidió que le diéramos aunque sea un poquito de confianza. Pero
le repetimos que esa pequeña confianza la perdió porque no cumplió con las 10
medidas con las que se comprometió. Nos mintió a nosotros y a los mexicanos”,
dice De la Cruz.
A
su vez, Anayeli le dijo a la procuradora Gómez González: “Usted no tiene ética
profesional y es insensible”, en referencia a la conferencia de prensa que dio
la funcionaria el miércoles16 para informar de la probable identificación de su
hermano Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Y
recordó que Murillo Karam había acordado con los padres de los normalistas que
en caso de nuevos hallazgos las autoridades informarían primero a los
familiares.
La
procuradora “no dio la cara –cuenta Anayeli–. Se agachaba. Escribía y escribía,
pero no dio la cara. Luego dijo que quizá fue un error de su parte, que ella
tenía esa información y que debía dar su conferencia su prensa”.
El
último de los padres que intervino, entregó a Peña Nieto el documento con los
ocho puntos y le pidió que firmara de recibido.
Después
de que Gómez González leyó su discurso, en el que dijo que “entendía el dolor
de los padres” porque ella también era madre, Peña Nieto se puso de pie. Tomó
el micrófono y respondió a algunos de los puntos que plantearon los padres.
“Estoy
de su lado –expuso–. Aunque ustedes no lo crean, estoy preocupado por el tiempo
que ha pasado; buscamos la misma cosa.”
Peña
Nieto nunca abordó el tema de los militares, señalaron los familiares
entrevistados, aunque lo cuestionaron sobre el papel del 27 Batallón de Iguala;
el mandatario se centró en la responsabilidad del gobierno igualteco y en la
desaparición de los normalistas.
Los
padres se molestaron cuando Peña Nieto explicó que el peritaje de los expertos
y el que realizó la PGR sobre el basurero de Cocula constituyen dos “hipótesis”
y que un tercer peritaje esclarecería los hechos.
Los
familiares interrumpieron al presidente varias veces, admite De la Cruz, por lo
que la colombiana Buitrago intervino y les pidió “tolerancia” hacia las
autoridades.
Peña
Nieto planteó que entregaría los planteamientos de los familiares a la PGR y a
Gobernación para que ambas dependencias los valoren y expuso que posteriormente
daría una respuesta a los padres. Esa “negativa disfrazada” fue lo que provocó
el descontento de los padres, quienes le respondieron que las exigencias no
necesitaban valoración, pues ellos eran “simples y sencillos”.
Fue
cuando entendieron que sus reclamos quedarían en letra muerta.
Nueva
verdad oficial
Al
terminar el encuentro, el vocero Sánchez Hernández dio a conocer la postura
oficial del gobierno.
Con
un reciclaje de planteamientos, la oferta de un nuevo peritaje en el basurero
de Cocula y la falta de respuestas a las exigencias que hicieron los padres de
familia de los normalistas desaparecidos, el gobierno de Peña Nieto quiso
imponer otra verdad oficial: la de un supuesto diálogo en el que el mandatario
se mostró solidario y comprensivo.
Según
esa versión, “la reunión se llevó a cabo en un clima que permitió dialogar en
torno al curso de las investigaciones y sobre la atención a las víctimas”.
Peña
Nieto, según el vocero, “escuchó las diversas intervenciones de los padres de
familia y de quienes hicieron uso de la palabra, manifestando libremente lo que
cada uno de ellos consideró más conveniente”.
Sánchez
Hernández reiteró que la averiguación previa seguía abierta. De ahí que la
instrucción presidencial fue que se investiguen todos los hallazgos y posibles
responsables; que se incorporen las recomendaciones y líneas de investigación
del GIEI; que se continúen los trabajos para saber qué pasó con cada uno de los
desaparecidos.
También
dijo que todos los afectados tendrán acceso a los mecanismos de atención a
víctimas y atención médica a los lesionados.
La
falta de respuestas no sólo fue para las familias de los normalistas. Luego de
que el funcionario anunció la creación de una fiscalía especializada que se
abocará a la búsqueda de desaparecidos y se le preguntó cómo funcionaría,
respondió que no sabía porque la reunión apenas había concluido.
Dijo
también que desconocía el contenido del documento que entregaron los padres de
familia a Peña Nieto. Y aunque no había un plazo para responderles, se
comprometió a analizar la viabilidad de sus planteamientos.
Con
respecto a los ocho puntos, Peña Nieto instruyó a Gobernación, a la PGR y a la
Secretaría de Relaciones Exteriores a analizar su viabilidad.
El
vocero desestimó las declaraciones de los familiares y jugadores del equipo
Avispones, quienes habían acusado un día antes el abandono del gobierno, al
afirmar que a todas las víctimas se les había dado la atención correspondiente.
Al
ser cuestionado sobre el cumplimiento de los 10 puntos ofrecidos por Peña Nieto
en la reunión del 29 de octubre de 2014, Sánchez Hernández aseguró que se
habían cumplido “cabalmente”.
Antes
de presentarse a la reunión del jueves 24, los padres habían declarado que no
confiaban en las instituciones que representan los funcionarios que los
recibieron. Los reporteros les preguntaron por qué habían aceptado la
invitación.
“Fuimos
más que nada para cuestionarlo sobre su verdad histórica y la versión que
tienen los expertos. Son totalmente diferentes, pero la conclusión es que no
sirvió de nada porque no se comprometió en nada; Peña Nieto demostró que no
tiene la voluntad de ayudarnos”, sostiene Anayeli.
De
la Cruz aclara: “Si buscábamos el acercamiento con él, la máxima instancia de
este país, era para adquirir compromisos, pensando posiblemente en la
sensibilidad por los padres”. l
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