Ortega: “La intención del gobierno federal era arrasar la Normal”

Revista Proceso # 2030, 27 de septiembre de 2015

Ortega: “La intención del gobierno federal era arrasar la Normal”/GLORIA LETICIA DÍAZ

El secretario de Gobernación propuso en diciembre una ocupación violenta de la Normal de Ayotzinapa, asegura a este semanario el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Su intención, afirma en entrevista, era dar carpetazo al caso de los 43 desaparecidos y arrasar su escuela, aun cuando eso significara un baño de sangre. El pretexto que esgrimía el funcionario federal era que los estudiantes de ese plantel planeaban hacer arder en su totalidad la ciudad de Chilpancingo.

Acapulco, Gro.- El pasado diciembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía dar carpetazo al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y planeaba tomar violentamente la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, sin importar que ello significara una matanza.

 Así lo dice a Proceso el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Sostiene que se opuso al planteamiento de tomar la escuela rural por la fuerza, propuesto desde la Secretaría de Gobernación (Segob).

 Con 11 meses como gobernador de un estado sumido en el caos por la convulsión social y la violencia permanente del crimen organizado, Ortega, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y fundador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, reflexiona sobre las dificultades de su mandato al cumplirse un año de la tragedia de Iguala, donde además seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y más de 40 resultaron heridas.

 Entrevistado el lunes 21 en la residencia oficial Casa Acapulco, en la exclusiva zona de Pichilingue del puerto guerrerense, narra algunas de las diferencias que tuvo con Osorio Chong para atender la conflictividad social.

 Reproduce el diálogo vía internet que tuvo con Osorio Chong y “mandos” de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una madrugada de diciembre que no pudo identificar con claridad.

 Designado gobernador el 26 de octubre de 2014, para suplir al defenestrado perredista Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega fue dirigente estudiantil de la UAG en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, en cuya administración fue detenido y torturado durante ocho días en mazmorras custodiadas por Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces responsable de las corporaciones policiacas de la entidad (Proceso 1983).

 Chilpancingo en llamas

 Dice Ortega que se había corrido la versión de que “miles de contingentes iban a salir de Ayotzinapa por la noche para ir a quemar todos los edificios públicos en Chilpancingo. Iba a ser la mayor tragedia de la historia con el riesgo de que se extendiera a toda la población”.

 A través del chat que tiene el mandatario con las instancias federales, se le informó que en la intentona participarían 4 mil personas que supuestamente esa noche estaban concentradas en la escuela rural, a media hora de la capital guerrerense, con todo lo necesario para el incendio.

 Instalada la IX Región Militar en Chilpancingo, y la VII Naval en Acapulco, y con refuerzos de 12 mil efectivos del Ejército y mil 200 de Gendarmería, el planteamiento que se le hizo a Ortega para “abortar” el supuesto plan de los normalistas y organizaciones aliadas, era la toma por asalto de la escuela.

 Sin titubeos, sostiene que en el chat con el gobierno federal se le dijo que “la única forma es ir a tomar de una vez ­Ayotzinapa. O bien, en el tramo carretero dejarlos avanzar cinco kilómetros, poner un tope adelante y atrás y ahí ya detenerlos”.

 En ese momento, era de madrugada, tras escuchar el plan de los “mandos”, lo que imaginó Ortega es que de llevarlo a cabo “hubiera sido una batalla campal”.

 Con detalle narra la conversación que tuvo con integrantes del gobierno federal esa madrugada en la que decidió no dormir y esperar que sucedieran los ­acontecimientos.

 “Mi pregunta era: ¿Tenemos la evaluación de los costos, verdad? O sea que no vamos a ir y les vamos a decir: ‘Aquí se detienen, no den un paso más’. Ellos van a tratar de romper ese dique y va a haber una confrontación y en esa confrontación va a haber heridos, ¿verdad?; posiblemente algunos muy graves y posiblemente algunos muertos; y seguramente de un lado y de otro; y seguramente de este lado (del gobierno), como habrá granadas lacrimógenas, balas de salva y de las otras, esto va a ser una matanza y no nos la vamos a acabar… y otra tragedia más para Guerrero.

 “Entonces la decisión es: no. No se toma Ayotzinapa y no se moviliza a nadie y esperemos. Y me dice (Osorio Chong): ‘Pasan los minutos y hay que tomar la decisión, porque hay que desplazar a las fuerzas’.”

 Ortega afirma que rechazó la propuesta federal, porque evaluó que era una “provocación”, para que se movilizaran las Fuerzas Armadas y de seguridad “a la toma de Ayotzinapa”.

 Politólogo doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, Ortega reflexionó que lo que le proponía el gobierno de Peña Nieto era anotar una nueva masacre a la larga lista que arrastra Guerrero.

 Les dije: ‘Mañana lo que va a aparecer en la prensa mundial es que, sin razón alguna nos metimos, invadimos Ayotzinapa y ocasionamos una matanza. Entonces no lo hagamos, duerman ustedes tranquilos –eso era a las dos de la mañana–, yo no voy a dormir, pero espero que no pase nada’. Y afortunadamente no pasó nada. Yo creo que fue por diciembre.”

 –¿Le habló Osorio Chong? –pregunta la reportera.

 –Sí. Todos los mandos, aquí en el chat colectivo con Gobernación, con el Cisen, con la PGR, con los mandos locales.

 Rogelio Ortega sostiene que durante un buen rato las fuerzas federales de seguridad insistían en intervenir en Ayotzinapa porque había una fuerte concentración de personas y que iban a quemar la capital del estado, afectada desde septiembre por las movilizaciones a favor de la presentación de los estudiantes desaparecidos.

 Para él, no sólo la versión era inverosímil, sino que de ocurrir, en los primeros incendios, la población saldría a las calles “con cubetas de agua” a combatir el fuego y, que era de esperarse, que “la gente enardecida se iría a quemar Ayotzinapa” en represalia.

 Después de un diálogo duro, según Ortega se negó a avalar el ataque, se dejó en sus manos la decisión de no movilizar fuerzas, al estar convencido de que los estudiantes “nunca hacen acciones en la noche ni en la madrugada”, de ahí que no había razón para aceptar la supuesta filtración.

 Presión empresarial

 Para diciembre, la efervescencia social por la falta de claridad en las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, reportaba saldos negativos para un estado como Guerrero, cuya economía depende del turismo y “pasa por la Autopista del Sol”, apunta Ortega.

 Por los bloqueos carreteros en Guerrero y las tomas de casetas por parte de normalistas, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y movimientos afines, Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó pérdidas de 35.5% de agosto a noviembre de 2014, al pasar de 83.5 a 53.8 millones de pesos recaudados, de acuerdo al reporte Toma de instalaciones 2014, difundido por la dependencia el pasado enero.

 Los primeros días de diciembre, las patronales acusaban al movimiento social de la crisis económica: la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles aseguró que Acapulco perdió 600 millones de pesos en hospedería; la Confederación Patronal de la República Mexicana, que las ventas de la capital cayeron entre 30 y 70%; que 2 mil camiones repartidores fueron saqueados y decenas de vehículos secuestrados.

 Lo anterior, sin contar los daños causados a edificios públicos destruidos durante el movimiento. En noviembre, un reportaje publicado en El Universal calculó en 34 millones de pesos las reparaciones de algunos inmuebles gubernamentales, del Congreso local y de sedes de partidos políticos que fueron blanco del descontento social; particularmente el Palacio Municipal de Iguala, cuyo costo de reconstrucción se calcula en 9 millones de pesos.

 En este escenario de violencia y con 46 ayuntamientos tomados, recuerda Ortega, en enero de este año Osorio Chong le telefoneó para que se ejecutaran órdenes de aprehensión contra manifestantes, en un momento en que la demanda por la presentación de los estudiantes y el rechazo a la “verdad histórica” se cruzaron con la exigencia de los pagos retenidos a 12 mil trabajadores de la educación, afiliados a la CETEG, que con la reforma educativa habían quedado desamparados.

 La exigencia del secretario de Gobernación, que “era abrir averiguaciones y ejecutar órdenes de aprehensión”, apunta, ocurrió después de que había logrado una “tregua navideña”.

 “En diciembre reuní a 160 líderes sociales en Acapulco, sin prensa, sin cámaras, sin celulares, y entre otras cosas concedimos que si había un contingente de muchachos identificados con Ayotzinapa o con la CETEG, podían permanecer de 20 minutos a una hora, cobrando (en las casetas), pero no más y no bloqueos; tolerancia extrema le llamamos”.

 –¿En enero Osorio Chong le pidió ­reprimir?

 –Me decían: ‘Ya no podemos permitir más beligerancia, más radicalismo, destrucción, pérdida de bienes materiales, ingresos para Capufe y estas personas están plenamente identificadas’. Era un hasta aquí: ‘Hay que proceder, hay que aplicar la ley. Esas personas han trasgredido la ley y hay que encarcelarlas’.

 “Mi reflexión era que esa radicalidad es producto de un agravio social muy profundo y las acciones que realizan son motivadas como reacción de un movimiento social enardecido, pero que tienen cauce y ruta de entendimiento.”

 Ortega le pidió tiempo a la Segob, pero en febrero, en una protesta de maestros en las inmediaciones del aeropuerto de Acapulco, de “la parte beligerante” salió un autobús que se estrelló contra policías federales que impedían el paso de los manifestantes a la terminal aérea, y derivó en una represión en la que murió el maestro Claudio Castillo.

 Un reporte de la Segob informó que por el incidente, ocurrido el 24 de febrero, 12 personas resultaron heridas, siete policías y cinco manifestantes, así como 120 detenidas.

 Después de esos acontecimientos, de la Segob recibió una llamada de reproche. “Fue una llamada en la que nos dijeron algo así como: ‘Te lo dijimos. Si ésos estuvieran en prisión, no estaría pasando eso’. Y de parte nuestra era: ‘Si se hubiera parado a tiempo, los maestros no hubieran salido al Bulevar de las Naciones’”.

 Según Ortega, por mediación de su gobierno, la PGR y la Fiscalía General han retirado unas 60 órdenes de aprehensión contra manifestantes movilizados desde hace un año.

 Mientras se realizaba la entrevista en Casa Acapulco; en Chilpancingo, normalistas y policías estatales se enfrentaron tras daños causados por los primeros en la Fiscalía General, y un día después, esos grupos se confrontarían en la autopista ­Tixtla-Chilpancingo, dejando un saldo de 13 heridos, 11 policías y dos estudiantes.

 Los enfrentamientos de estudiantes y activistas con policías estatales y federales, e incluso con militares, no fueron pocos el año pasado. Hubo casos graves, como el del 14 de diciembre, cuando policías federales que estaban hospedados en un hotel y activistas que preparaban un festival musical, se engarzaron a golpes, hechos en los que seis uniformados resultaron heridos. l