En la Cámara, la comisión investigadora se boicotea a sí misma/

Revista Proceso # 2081, 18 de septiembre de 2016...

En la Cámara, la comisión investigadora se boicotea a sí misma/

Tomás Zerón, cabeza en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocultó información a la comisión especial de diputados creada ex profeso, pese a lo cual ésta protegió al funcionario, al Ejército y al otrora procurador, Jesús Murillo Karam, artífices de “la verdad histórica”.

 Omisa en su obligación de investigar y condescendiente con Zerón, el grupo controlado por el PRI encubrió al investigador al no exigirle explicaciones satisfactorias sobre el ocultamiento de sus irregulares diligencias en el río San Juan, cuyos resultados no coinciden con lo revelado por el almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina, en un encuentro con los legisladores.

 Así resume la diputada Aracely Damián, integrante de dicha comisión, el “vergonzoso” trabajo que realizó dicha instancia durante este 2016. Además, da a conocer que jueces locales y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México se negaron a ampararla, y con ello evitaron que los diputados se entrevisten con los integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, quienes tuvieron una participación decisiva la noche de los hechos. Por ello, adelanta, el viernes 23 acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interponer una queja y tratar de que ésta “obligue” al gobierno mexicano a abrir las puertas del cuartel.

Creada el 15 de septiembre de 2015, la “Segunda Comisión Especial para Continuar las Investigaciones y dar Seguimiento a los Resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos” se reunió el 2 de octubre de ese año con la procuradora general de la República, Arely Gómez.

 Durante ese encuentro, celebrado en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), fue Zerón –entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la antedicha procuraduría– quien detalló una a una las diligencias realizadas, los peritajes efectuados en el basurero de Cocula, las declaraciones tomadas a los detenidos y la recolección de evidencia, y expuso el contenido de las mil 420 fojas del expediente.

 “Ya para entonces (el investigador) José Torero había dado a conocer que era científicamente imposible la cremación de los muchachos en el basurero de Cocula. Y Zerón nos dijo ese día que se iba a realizar un tercer peritaje y que Torero sería invitado, pero nada nos dijo de la diligencia que realizó el 28 de octubre de 2014, de manera ilegal, con uno de los inculpados.

 “Nos mintió porque no nos mencionó nada de las bolsas presuntamente encontradas en la orilla del río San Juan ese 28 de octubre. Lo que sí nos dijo fue que hubo muchos interrogatorios y, aunque no lo aceptaron él y la procuradora abiertamente, ella sí admitió que los jueces analizarían si algunas declaraciones supuestamente tomadas bajo tortura serían válidas”, recuerda Damián, en entrevista.

El 24 de abril de este año el GIEI presentó su segundo y último informe, en el que difundió un video tomado por el fotógrafo José Manuel Jiménez, que registraba la “diligencia” en la que Zerón llevó a Agustín García Reyes El Chereje, presunto implicado en la quema de los jóvenes, para mostrar cómo y dónde supuestamente había arrojado las cenizas de los estudiantes. Después de esto, Damián demandó que la comisión exigiera el despido de Zerón.

En la grabación aparecen también algunas bolsas negras a la orilla del río. Y sólo días después de la revelación, el propio Zerón relató en conferencia de prensa –en la que presentó otro video, tomado por gente de su equipo– que al pasar por el puente del río San Juan los agentes detectaron esas bolsas, que presuntamente contenían restos de los jóvenes.

Damián, diputada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insiste en que durante su encuentro con Zerón del 2 de octubre de 2015, él nunca hizo referencia a “las bolsas” con las cenizas. Sin embargo, el 16 de octubre de 2015, los integrantes de la comisión asistieron a las oficinas centrales de la Marina para entrevistarse con el almirante secretario Vidal Francisco Soberón, y fue ahí donde por vez primera escucharon de “una bolsa” con los supuestos restos.

La agencia Apro y la página web de Proceso dieron a conocer dicho encuentro. Hoy, la diputada lo recuerda y detalla cómo se contradice la versión del militar con la de Zerón: “El almirante hizo referencia a una sola bolsa y dijo que fue un marino quien la encontró, y no autoridades civiles. Nos dijo que Murillo Karam, entonces procurador, le pidió algunos buzos para explorar el río San Juan, de Cocula”.

Soberón también les refirió ese día, a cinco de los siete miembros de la comisión, que la PGR nunca le notificó que durante la búsqueda de los buzos deberían estar presentes los expertos del equipo forense argentino.

Damián dice que, a partir de la revelación del almirante, la comisión estuvo tratando de entrevistarse con el buzo que halló la bolsa negra, más aún cuando Zerón hizo referencia a ocho bolsas negras. “Pero no hemos podido hablar con él”, dice. Además, y contra la voluntad de la legisladora de izquierda, nunca se volvió a citar a Zerón.

El 7 de septiembre pasado, la Segunda Comisión Especial emitió su segundo informe de actividades referente a sus actuaciones durante 2016. Ninguna de relevancia. Incluso, el documento es calificado como “vergonzoso” por la diputada de Morena, pues se trata de una simple relatoría de fechas de reuniones de trabajo y no fija posicionamiento alguno sobre las dudas que han surgido en torno a la “verdad histórica”.

Damián presentó un informe alterno. En él delinea todos los obstáculos que han impuesto el PRI, el PVEM, el Panal y el PES, que con voto ponderado han bloqueado los trabajos de la comisión.

A la Corte Interamericana

Tras el arranque de la Segunda Comisión, encabezada por la panista Guadalupe Murguía, los siete miembros lograron grandes avances durante octubre y noviembre y descubrieron hechos que evidenciaban cómo las principales autoridades de seguridad de este país sabían, al momento de los hechos, del ataque del que eran objeto los estudiantes de Ayotzinapa.

El 5 de octubre de 2015, durante su encuentro en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, los legisladores lograron obtener de él el compromiso de permitirles la entrada a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

Para mitigar las consecuencias del abrupto ofrecimiento de Cienfuegos, el general José Carlos Beltrán Benítez, director de Derechos Humanos de la Sedena, paró en seco el entusiasmo de los diputados de izquierda: “Habría que ver en calidad de qué los interrogarán, cómo va a quedar la declaración de los soldados, porque en términos de derechos humanos también (sic) podríamos violárselos. Hay que establecer qué papel juegan ustedes los diputados. Primero se tienen que acordar las bases sobre las cuales se podría realizar ese interrogatorio”.

Luego vinieron las entrevistas –fuera de la Cámara de Diputados– con el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco. El primero de ellos les reveló “en corto” que hizo algunas llamadas telefónicas el día de los hechos: una al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para notificarle del ataque que estaba ocurriendo, otra a la Secretaría de Gobernación, una más a la Sedena y la última a la Policía Federal.

El 20 de octubre, la comisión dialogó con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien les confesó que la noche del 26 de septiembre, mientras los estudiantes eran agredidos, él cenaba con el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz.

El delegado del Cisen en Guerrero, admitió, les informaba de la embestida contra los normalistas, “pero todo era muy confuso”.

El 22 de octubre, la panista y presidenta de la Segunda Comisión, Guadalupe Murguía, cuestionó: “No se puede entender por qué no intervino ninguna otra autoridad. La Secretaría de Gobernación ¿seguirá desestimando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos manteniendo la actitud de descalificar al mensajero?”.

A partir de ese momento la comisión se estancó: según supieron sus integrantes, Chong se molestó por las críticas de Murguía.

Al llegar enero, la comisión discutía la petición de los padres de familia de ser escuchados, desde la máxima tribuna, por todos los diputados. Incluso la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entonces dirigida por el priista César Camacho, había dicho que sólo necesitaban la solicitud por escrito.

Durante ese mes los miembros de la comisión se ocuparon en ello y en delinear cómo sería el encuentro con los miembros del 27 Batallón. Pero el 3 de febrero de 2016 y durante una reunión ordinaria, el PVEM, a través del diputado guerrerense Arturo Álvarez Angli, solicitó que la junta se hiciera privada y que se sometiera a votación “cancelar la comparecencia de los militares” bajo el argumento de que el 5 de octubre ya había comparecido el titular de la Sedena. El PRI, el Panal y el PES lo respaldaron.

Los legisladores Aracely Damián y Roberto Guzmán Jacobo interpusieron un amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa el 24 de febrero. Su argumento fue que resulta “inconstitucional e ilegal que mediante una votación de un tema que no estaba ni en la agenda, la comisión para el caso Ayotzinapa renuncie, abdique o se abstenga de ir contra el segundo punto de su creación, que es allegarse de información que considere pertinente llamando a reunión a autoridades competentes”. El juzgado les negó el amparo.

El 15 de marzo los diputados demandaron ante el Tribunal Colegiado la revisión del amparo, pero también fue rechazada. Por ello, y una vez agotadas las instancias, los legisladores acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que obligue al Estado a que el Ejército nos reciba como instancia investigadora”.