El caso en la Narvarte..Una investigación sucia/Sara Pantoja

Una investigación sucia/Sara Pantoja

Revista Proceso # 2023, 8 de agosto de 2015

Las irregularidades abruman en la indagatoria de la Procuraduría de Justicia del DF en torno a los asesinatos del fotorreportero Rubén Espinosa y cuatro mujeres en la colonia Narvarte: desde el primer momento se menospreció la posibilidad de que la masacre haya ocurrido en represalia por la labor periodística de Espinosa; se minimizaron las amenazas contra dos de las víctimas por parte del gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte; se privilegió a priori la hipótesis del robo; se criminalizó a las víctimas por su nacionalidad, sexo, oficio y costumbres; se deslizó la idea de que el narcotráfico colombiano estaba atrás de la matanza; se filtraron datos, videos y fotografías que por ley deberían permanecer secretos, y se declaró información que resultó ser falsa… Una estrategia de sobra conocida en México para enturbiar casos incómodos para las autoridades.

 En su afán de cerrar lo antes posible el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte –que atrapó la atención nacional e internacional al conocerse la actividad pública y los antecedentes de acoso, hostigamiento y amenazas contra dos de las cinco víctimas: un fotoperiodista y una activista del movimiento #YoSoy132–, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha incurrido en inconsistencias, contradicciones y omisiones que de antemano vuelven sospechoso el resultado final de la indagatoria número FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07.

Desde su primera aparición pública para hablar del crimen perpetrado el viernes 31 de julio en un edificio de apartamentos de la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, comenzó a ensuciar la investigación al perfilar las muertes de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril como producto de un robo, pese a la existencia de una agravante fundamental en la escena del crimen: los cinco cuerpos tenían el tiro de gracia, y Mile Virginia, de nacionalidad colombiana, había sido torturada y violada antes de ser ultimada.

 “Del análisis de los hechos y las constancias recabadas en el lugar se desprende la comisión de delitos de homicidio, robo y lo que resulte, sin demérito de las líneas de investigación que sean necesarias”, dijo.

 Era el domingo 2. Antes de dar la cara a la prensa, Ríos Garza se había reunido en privado en sus oficinas con el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el editor de la agencia Cuartoscuro, Pedro Valtierra; la directora de la Red de Periodistas de a Pie, Daniela Pastrana; el director de la organización internacional Artículo 19, Darío Ramírez, y representantes de la asociación PEN International.

 Ahí, los periodistas y activistas le pidieron puntualmente al procurador capitalino investigar el crimen sin descartar las amenazas denunciadas por el fotógrafo Rubén Espinosa y la promotora cultural Nadia Vera antes de abandonar el estado de Veracruz y refugiarse en el Distrito Federal.

 Pero la respuesta del funcionario capitalino –que llegó al cargo gracias a su añeja amistad con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de quien fue secretario particular en el tramo final de su paso por la PGJDF– desconcertó a los presentes.

 Ríos Garza puntualizó que Espinosa no había sido asesinado “durante el ejercicio de su trabajo, estaba desempleado”, según relataron Daniela Pastrana y Pedro Valtierra al salir de la reunión.

 Así, sin tomar en cuenta los antecedentes de amenazas de muerte que pesaban sobre Vera y Espinosa, derivadas de su actividad profesional en Veracruz, Ríos Garza dijo a los reporteros, al referirse al caso del fotorreportero:

 “Es preciso mencionar que era soltero, originario de la Ciudad de México y que fue identificado plenamente por sus familiares, quienes refirieron que su regreso a la capital del país fue hace dos meses, y se debió a la búsqueda de nuevas oportu­nidades como fotógrafo profesional, actividad que desarrollaba en Veracruz, donde residió por espacio de ocho años.”

 Luego añadió que desde que se supo la actividad que ejercía Espinosa se activó el Protocolo de Atención a Periodistas y apuntó que no se descartaría “ninguna línea de investigación”.

 Pero hasta el jueves 6 esa línea no se había robustecido, a pesar de la profusa información difundida a esas alturas por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación sobre las denuncias públicas que hizo el fotoperiodista antes y después de salir de Veracruz –las últimas de ellas el 9 de julio al canal de internet RompevientoTV y a una televisora española.

 Lo más que se había difundido era la respuesta de la Fiscalía de Veracruz a una petición previa sobre denuncias interpuestas por Espinosa y Vera. Se afirmó que no había ninguna querella en sus archivos relacionadas con dichas personas.

 “Necesitamos testimoniales de personas que hayan escuchado a Rubén decir que sí estaba amenazado”, confió a Proceso el procurador capitalino en una charla informal. Pero los sabuesos de la PGJDF no han hecho el menor esfuerzo en buscarlos.

 Un ejemplo: Esta reportera preguntó el miércoles 5 al fiscal de Homicidios de la PGDJF, Marco Reyes, sobre los avances que había en la investigación respecto de los últimos mensajes que Rubén Espinosa envió por WhatsApp a un amigo –el último de ellos a las 14:13 horas del viernes 31 de julio, minutos antes de ser ejecutado.

 En dichos mensajes –difundidos masivamente por redes sociales– Rubén le cuenta a su amigo lo que hizo en las horas previas y lo que pensaba hacer al día siguiente. “Mañana salgo temprano a Puebla. Voy a acompañar a mi chava a una consulta y a ver a sus papás”.

 Y se despide: “Loco te escribo llegando a casa ya voy de salida a la calle”. El amigo responde: “Ok va. Con cuidado, ya no bebas”.

 El fiscal Reyes reaccionó con sorpresa. Ya repuesto, respondió que hasta ese día ninguna persona se había acercado a mostrarle dichos mensajes, que no sabían de dónde habían salido ni quién era el interlocutor del fotógrafo.

 Entonces, como antes había hecho Rodolfo Ríos en una conferencia, pidió a la reportera aportar a la fiscalía más información al respecto.

 Cascada de filtraciones

 Además de las omisiones sobre la actividad profesional de Espinosa, la PGJDF ha ensuciado la indagatoria del multihomicidio ocurrido en un edificio de apartamentos ubicado en Luz Saviñón 1909, colonia Narvarte, de la céntrica delegación Benito Juárez, filtrando información, particularmente a un diario, La Razón.

 Casual o no, el exsubdirector y columnista de esa empresa editorial, Julián Andrade, es desde el 15 de junio pasado coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal.

 Un par de días después de la matanza, el domingo 2, comenzaron a fluir en determinados medios de comunicación datos contenidos en la averiguación previa que, por ley, debe mantenerse en secrecía absoluta.

 Por ejemplo, el diario Metro (editado por la misma empresa que publica Reforma) difundió ese mismo día el nombre de la testigo clave, la que encontró los cuerpos. Se refería a Esbeidy, la chica que compartía el departamento con tres de las víctimas. La joven se salvó de morir porque el día de los hechos salió temprano a trabajar y, cuando regresó, ya en la noche, encontró a sus amigas, a la trabajadora doméstica y a Rubén muertos.

 Al día siguiente, el lunes 3, La Razón dio a conocer que “los homicidas eran conocidos de sus víctimas, a tal grado que departieron dentro del departamento de la calle de Luz Saviñón desde la noche del jueves y durante la madrugada y mañana del viernes”. Otros medios también hablaron de la celebración de una supuesta fiesta en el departamento donde se cometió el multihomicidio.

 La Razón también tuvo la primicia de las primeras imágenes del video de la cámara ubicada en la esquina de Luz Saviñón y Zempoala, en las que se ve a los tres presuntos autores materiales del crimen salir del edificio a las 15:02. Ese periódico tituló así la noticia: Video: fueron tres los asesinos, robaron a víctimas y huyeron.

 En diferentes entrevistas radiofónicas concedidas ese mismo día, el titular de la PGJDF confirmó que, en efecto, había indicios de que víctimas y victimarios habían estado conviviendo desde la noche del jueves 30 y hasta la mañana del viernes 31 de julio, y aportó otro dato: que en dos de los occisos habían encontrado restos de alcohol en la sangre.

 Un par de días más tarde, el miércoles 5, se demostró que Ríos Garza había dado información inexacta, luego de que otro testigo clave –Arturo– refiriera en su declaración ministerial que Rubén, Nadia y él llegaron juntos al departamento a las dos de la madrugada del viernes 31 de julio –no el jueves– y que ahí permanecieron hasta las nueve de la mañana. Antes estuvieron en un bar del Centro del Distrito Federal.

 Arturo y Rubén salieron juntos y ahora se sabe que el fotoperiodista regresó horas después al departamento donde vivía su amiga Nadia y donde fue ejecutado.

 El desaseo en la indagatoria –averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07– también provocó confusión respecto del auto supuestamente utilizado en el crimen. Se trata de un Mustang 2006, placas 486 VNR, que fue encontrado, abandonado, en calles de la delegación Coyoacán. El diario La Razón difundió que el vehículo estuvo relacionado con un caso de drogas en el Estado de México, con la detención de dos personas, una de ellas de origen colombiano.

 Por temor a verse envuelto en líos debido a la difusión de esos datos, el anterior propietario del vehículo se presentó voluntariamente a declarar ante la PGJDF y confirmó que el auto se lo vendió a Mile Virginia Martín en 150 mil pesos. Más aún: reveló que le quedó a deber parte de esa cantidad.

 De nueva cuenta, Ríos Garza, en otro carrusel de entrevistas, declaró a Radio Fórmula que, en efecto, sabía que el Mustang había estado involucrado en un hecho ilícito. Agregó que uno de los tripulantes portaba un arma y que en el auto se habían encontrado residuos de químicos que, en un primer momento, hicieron pensar a las autoridades que se trataba de droga, algo que finalmente se descartó.

 Sin embargo, el viernes 7 la PGJDF informó que, en la subsede de la Procuraduría General de la República (PGR) en Nezahualcóyotl, Estado de México, no existía “registro alguno (…) de la averiguación previa que mencionan diversos medios de comunicación que implican al vehículo Ford Mustang relacionado en el caso de la colonia Narvarte, con trasiego de droga”.

 Otro ejemplo del poco profesionalismo en la indagatoria fue la filtración de fotos de las víctimas, atadas y amordazadas, al diario Pásala!

 Las imágenes muestran a las cinco víctimas, ya ejecutadas. La foto más denigrante es la de Mile, quien aparece desnuda y vejada.

 Procedimientos violentados

 A pesar de que el titular de la PGJDF presumió desde un principio que se había aplicado el protocolo de perspectiva de género y feminicidios, no mantuvo en la secrecía los nombres de las mujeres asesinadas.

 Por tal razón, organismos civiles nacionales e internacionales cuestionaron a Ríos Garza su proceder. Argumentaron que ha afectado los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas, además de que las desacreditó, discriminó y estigmatizó por su nacionalidad, sexo, ocupación y hábitos.

 Frank La Rue, exrelator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y actual director del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en Europa, fue directo: Condenó el multihomicidio y dijo que si la muerte de las mujeres fue para desviar la atención del caso de Espinosa, “nadie puede caer en ese juego”.

 Karla Michel, representante legal de la familia de Nadia Vera, también contradice una de las versiones de la PGJDF. Con base en los testimonios que constan en la averiguación previa y cuyos nombres se reserva para no poner en riesgo su seguridad, es claro, dice, que Mile no vivía en el departamento de Luz Saviñón. “Nos parece alarmante que la PGJDF no haya aclarado esto aún a los medios y que se pretenda vincular los hechos únicamente a esa víctima”.

 Según la litigante, Nadia compartía el departamento únicamente con Yesenia Quiroz y Esbeidy, la sobreviviente.

 Otra revelación que contradice lo sostenido por la PGJDF versa sobre la hora de la muerte de Nadia. El acta de defunción dice que la joven nacida en Chiapas falleció a las nueve de la noche del viernes 31. La versión de la procuraduría capitalina, en cambio, es que las víctimas fueron ejecutadas entre las dos y las tres de la tarde de ese día.

 La detención

 El miércoles 5 la PGJDF dio a conocer la detención de Daniel Pacheco Gutiérrez, un exconvicto que purgó nueve años y seis meses de cárcel por el delito de violación calificada. Salió libre el 12 de octubre de 2005.

 Siempre según la procuraduría de la Ciudad de México, Pacheco nació el 26 de agosto de 1973 y a los 27 años de edad tuvo su primer ingreso a prisión. Es hijo de Soila Gutiérrez Villalobos y Luis Pacheco Valverde. En aquel entonces dijo que vivía en un inmueble ubicado en Periférico Sur, que trabajaba como comerciante y profesaba la religión católica.

 Consignado penalmente la noche del jueves 6, presuntamente el sujeto confesó que estuvo presente cuando se perpetraron los crímenes y ya dio los nombres y la media filiación de sus cómplices, todos de origen mexicano.