La fuga: Gobernación se investiga a sí misma/

Revista Proceso # 2052, 27 de febrero de 2016-02-28

 La fuga: Gobernación se investiga a sí misma/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se convirtió en juez y parte en la investigación por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. A él se le escapó y los suyos investigaron. El resultado: sólo exfuncionarios de medio y bajo nivel fueron responsables administrativamente de esa evasión.

Excepto una alta exfuncionaria, Celina Oseguera Parra –entonces coordinadora general de penales federales–, quien estaba fuera de su círculo de confianza, sólo se culpó al director del penal, su encargada jurídica, dos supervisores penitenciarios y un oficial de prevención. 

A decir del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, fueron negligentes: los empleados menores, por no activar a tiempo las alertas, y los exfuncionarios, por darle a Guzmán beneficios que no le correspondían y dejar de revisar la seguridad en el Cefereso número 1, El Altiplano.

Algunas facultades de Oseguera eran proponer los beneficios a los presos, los lineamientos de seguridad de los penales federales y los cambios de los internos a centros de mediana o alta seguridad. Según confirmó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, ante otro requerimiento de información de este semanario, Oseguera jamás pidió cambio de penal o de dormitorio para El Chapo, quien siempre estuvo en la celda 20 del área de Tratamientos Especiales, donde desembocó el túnel por el cual escapó.

 Sin embargo, el video de la fuga y recaptura de Guzmán que la PGR elaboró y difundió el pasado 27 de enero, señala a dos exfuncionarios que la SFP excluyó de toda responsabilidad administrativa.

Uno es el exmilitar Juan Carlos Ortiz Calderón, quien fue sargento entre 1992 y 1999 y se convirtió en guardia en el Cefereso 3, Noreste, en Matamoros, Tamaulipas. De ahí pasó al Altiplano.

El otro es el que fuera director de Desarrollo Tecnológico de los penales federales, Enrique Angulo Cervera, encargado del sistema Sicife, que concentra la información jurídica y técnica de todos los internos federales. Fue además responsable de contratar a la empresa que le colocó al Chapo un brazalete de localización que nunca funcionó.

Angulo Cervera trabajaba con el director general de administración del OADPRS, Paulo Uribe Arriaga, otro excolaborador de Osorio Chong: fue coordinador de Planeación y Finanzas del gobierno de Hidalgo entre 2005 y 2011.

Uribe, quien trabajó con Osorio Chong cuando éste era oficial mayor en la Presidencia Municipal de Pachuca en los noventa, es también cercano al oficial mayor de Gobernación, Jorge Francisco Márquez Montes, quien fue coordinador de asesores del entonces gobernador de Hidalgo.

Andrade sólo se hizo eco de la investigación sobre la fuga hecha por otra antigua colaboradora de Osorio Chong, María del Carmen Archundia Escutia, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del OADPRS.

Archundia, titular del OIC a partir de septiembre de 2013, ha sido colaboradora de Osorio desde que éste era gobernador de Hidalgo.

Equipo compacto

Desde antes que Guzmán se fugara, el 11 de julio de 2015, el OIC y el OADPRS han tenido enroques de personal en áreas sustantivas, en un intercambio de espacios entre vigilantes y vigilados.

El más reciente y significativo ha sido el de Cristina Reséndiz Durruty, quien hasta octubre pasado era directora de Ejecución de Sanciones del OADPRS, una de las áreas más sensibles del sistema penal federal. Entre otras funciones, está a cargo del Archivo Nacional de Sentenciados, la designación de los penales en los que deben cumplir sus penas los reos, los operativos para el traslado nacional o internacional de los sentenciados y proponer los beneficios de libertad anticipada o la adecuación de las penas.

Reséndiz Durruty es secretaria ejecutiva del OIC. Además de que ese cargo no existe en el organigrama de la SFP, ahora es responsable de revisar las anomalías que pudo haber durante su gestión.

Adscritos a la SFP, los OIC son los encargados de prevenir y sancionar las prácticas corruptas en la administración federal, controlar que los actos de los funcionarios sean legales y atender las quejas de presuntas irregularidades cometidas por los servidores públicos.

Reséndiz Durruty asumió su nuevo encargo con el inicio de año. Su salida del OADPRS ocurrió el 31 octubre pasado, dos meses después de la renuncia de Monte Alejandro Rubido García como comisionado nacional de Seguridad. Reséndiz trabajó con Rubido en el Sistema Nacional de Seguridad Pública al principio del actual gobierno.

El sexenio pasado, la nueva secretaria ejecutiva del OIC trabajó en Servicios Generales de la Policía Federal, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública era Genaro García Luna, para quien también laboró Rubido García.

Confrontada en el OADPRS con Oseguera, Reséndiz Durruty se quedó encargada del área después de que aquella fue cesada por la evasión del Chapo. Ahora, como secretaria ejecutiva del OIC, mantiene una presencia importante en el OADPRS.

Junto con Omar Javier Santillán Cervantes, secretario particular del anterior titular del OADPRS, Juan Ignacio Hernández Mora, tuvo el control de la entidad. Hernández Mora fue cesado por la fuga, pero no procesado. Su sustituto, Eduardo Guerrero Durán, mantuvo a Santillán Cervantes y lo hizo su coordinador de asesores.

En su nuevo encargo, Reséndiz Durruty ha protegido a dos de sus más importantes colaboradores en el OADPRS: los subdirectores Nadia Sánchez de la Fuente, encargada de dictaminar ejecuciones, y Juan Manuel García Moreno, exoficial de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Reséndiz es ahora una pieza más del OADPRS en el órgano encargado de su vigilancia. Despacha al lado de Archundia, integrante del llamado Grupo Hidalgo. Con Osorio como gobernador de ese estado, ésta fue subprocuradora de Justicia (2008-2011). Fue nombrada por el entonces procurador estatal José Alberto Rodríguez Calderón, ahora subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Exdelegada de la Procuraduría en Morelos e Hidalgo, Archundia ha sido también funcionaria de seguridad pública de la segunda entidad, donde fue acusada de maltrato y abuso de autoridad por policías estatales.

Reséndiz fue objeto de varias denuncias. Entre las anomalías que personal de la prisión denunció, de acuerdo con testimonios obtenidos por este semanario, estuvieron los ruidos extraños que se escucharon en el penal en los días previos a la evasión, los privilegios que tenía Guzmán más allá del reglamento carcelario y el relajamiento de las medidas de seguridad. Pero las denuncias fueron desatendidas y quienes las hicieron, fueron obligados a renunciar (Proceso 2030).

Según ellos, fueron amenazados con ser presentados ante el Ministerio Público federal para mantener sus dichos y en algunos casos se les pidió que renunciaran para no emprender acciones contra ellos. Señalaron como encargado de presionarlos a uno de los colaboradores más cercanos de Archundia desde la procuraduría de Hidalgo, Gregorio García López, actual titular del Área de Responsabilidades del OIC.

A una solicitud de información pública, el OADPRS informó a este semanario que el año pasado se registraron 25 bajas en el Altiplano, 16 de ellas por renuncia. Entre los que se fueron estaban un comandante, un supervisor de seguridad penitenciaria, tres guardias y un oficial en prevención penitenciaria, todos con funciones operativas en el penal de máxima seguridad.

El organismo evitó proporcionar los motivos y fechas de las renuncias pero aseguró que éstas fueron voluntarias.

Otro enroque es el de Juan Manuel Hernández Moreno, quien en agosto de 2014, cuando Guzmán Loera tenía medio año en prisión, pasó de la subdirección del OIC a la dirección general de Ejecución de Sanciones.

Hernández Moreno fue designado para llevar el caso del Chapo, pese a su inexperiencia en el manejo de uno de los expedientes más importantes del sistema penitenciario federal.

El OADPRS fue requerido por Proceso para que entregara copia del registro de los funcionarios que manejaron el expediente de Guzmán Loera durante 2015. El Comité de Información del Órgano, en el que participa Archundia, respondió que se trata de información reservada.

El cambio de Hernández Moreno al OADPRS y su manejo del expediente de Guzmán no formó parte de las investigaciones del OIC de su exjefa Archundia, cuyos resultados fueron dados a conocer por el secretario de la Función Pública.

Tampoco entró el caso del director de administración del Cefereso número 1, Jesús Martín Grajeda Mejía, quien después de la fuga se convirtió en coordinador administrativo de la Dirección General de Ejecución de Sanciones, a cargo entonces de Reséndiz Durruty.

El pasado 12 de enero, poco después de que El Chapo fue reaprehendido, Andrade adelantó que se había abierto una investigación contra 13 servidores públicos, pero que sólo a seis se les fincaría responsabilidad administrativa. El pasado martes 2 de febrero convocó a la prensa para dar avances de su investigación.

Aunque insistió en que se trataba sólo de la investigación administrativa y que la PGR se encarga de las responsabilidades penales, Andrade aplicó la mayoría de las sanciones a empleados sin jerarquía en el sistema penitenciario federal, a excepción de Oseguera. Todos fueron inhabilitados una década en el servicio público, aunque pueden impugnar la medida.

A Oseguera le imputó no haber presentado el proyecto de presupuesto de 2014 y 2015 para mantener en funcionamiento los sistemas de seguridad, no haber “optimizado la seguridad” del Cefereso 1 y haber celebrado una sesión extraordinaria el 31 de diciembre de 2014 para autorizar la entrega de bienes al Chapo Guzmán fuera del reglamento del penal.

Las sanciones no llegaron más arriba. El entonces jefe de Oseguera, Juan Hernández Mora, sólo fue despedido, y el superior de ambos, Rubido García, renunció. Contra ninguno hubo sanción administrativa. l