Perdón y olvido sí, pero antes justicia
Escrito el 22 de julio del 2004
Este sábado 24 de julio la Fiscalía para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado consignará ante el Poder Judicial las averiguaciones previas sobre la matanza del jueves de corpus de 1971. El delito que se imputa a los acusados – entre ellos militares, civiles y hasta un expresidente de la República- es considerado muy grave: genocidio y delitos de lesa humanidad.
El genocidio literalmente significa la destrucción intencional de grupos nacionales, raciales, religiosos o étnicos, y por su naturaleza legal, moral y humanitaria, es considerado un crimen internacional. Muchos de esos crímenes son penados y castigados a través de la cooperación internacional. El caso más ilustrativo es el del argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, que fue extraditado a España desde México por los crímenes de terrorismo y genocidio cometidos en Argentina.
Como podemos ver la situación no es nada fácil para el gobierno del presidente Fox y concretamente para el Fiscal encargado de la investigación: Ignacio Carrillo Prieto.
El asunto tal y como se presenta tiene en este momento – querámoslo o no- un tinte político. Desde la creación de la fiscalía se sabía que cualquiera que fuera el resultado de las investigaciones inevitablemente provocaría divisiones sociales o rupturas de no muy fácil solución.
En este momento hay voces de muchos actores políticos que piden se cierre él capitulo de la historia de la guerra sucia y se obtenga la reconciliación a través de una especie de perdón y olvido. Por supuesto que no es adecuado y no puede ser – por ningún motivo- que un partido político como el PRI determine la condición del diálogo y la negociación con el gobierno actual por el sólo hecho de tener abierta las investigaciones.
Pero por otro lado, son más las voces que señalan no a la impunidad y simplemente se aplique la justicia, el ejercicio de la acción penal. Rescato únicamente la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, subrayando que “el derecho siempre será el camino que deberá seguirse, aún en las posiciones más radicales”.
Las investigaciones de Cristina Eguizábal y Rut Diamint (Foreign Affairs En Español, Primavera 2002), nos recuerdan que “en la mayoría de los países latinoamericanos, donde las fuerzas armadas estuvieron implicadas en graves violaciones a los derechos humanos y abusos de poder, el hecho de que las nuevas autoridades indicaran sin ambages su compromiso con la justicia y su intención de terminar con la impunidad constituyó un hito fundamental en el proceso de construcción democrática.”
El Juez español Baltasar Garzón recomienda que en estos casos hay que seguir adelante. Dice que el pretexto de garantizar la estabilidad política de un país lo que consigue únicamente es garantizar la impunidad. Señala que “es curioso que exista una urgente necesidad en acabar las investigaciones sobre tales execrables hechos y que no se ponga igual énfasis en sancionar las causas que las generaron y castigar a los que las cometieron, confundiendo la seguridad del Estado democrático que impondría esta medida con la seguridad personal de aquellos que violaron las normas básicas de convivencia y que buscan la impunidad.”
(En una conferencia magistral pronunciada en diciembre del 2001 en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina) Precisa Garzón que “las voces que postulan el olvido y el silencio pueden estar justificadas políticamente, pero nunca lo estarán moralmente...,El olvido y la memoria constituyen derechos inalienables de las víctimas, y a ellos corresponde administrarlos!, ya que los olvidos impuestos no duran.”
“Se impone.., la exigencia y la necesidad del conocimiento profundo de los hechos, y se hace precisa una catarsis colectiva que enfrente al Estado y a los ciudadanos a ese pasado, y que obligue a limpiar la herida y a la correcta sutura de la misma mediante la aplicación de la ley. Si no se hace así, jamás será posible la reconciliación. Antes o después, el fenómeno volverá a producirse.”
Charles Villavicencio, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA LA JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN de Sudáfrica en una reciente entrevista para el periódico español La Vanguardia (18 de julio 2004) recomienda al igual que el juez Garzón se concrete una auténtica catarsis colectiva, la catarsis de la verdad! que se sepa todo lo que pasó con el objetivo deque el país y el mundo conozcan los hechos. El conocimiento de los hechos será la vacuna y “solamente así se puede reconstruir el país, como sucedió en Sudáfrica donde algunos altos responsables –ministros, generales– sí fueron juzgados y condenados a prisión, ya que se negaron a pedir amnistía y siguen en la cárcel.”
No hay que desdeñar la recomendación de Charles Villavicencio y del juez Garzón,.
Además, la experiencia Argentina puede ser ilustrativa; Hace unos meses el gobierno argentino por petición general tuvo que anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas en 1986 y 1987 que impedían procesar a más de 2000 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que padeció ese país entre 1976 y 1983. Y no sólo es el caso argentino, como dice el profesor Reyes Mate (EL País, 27-09-2003), la memoria sigue ganando batallas en la lucha contra el olvido “el gobierno chileno quiere revisar el punto muerto que se encuentra la valoración del pasado adoptando medidas tales como indemnizar a los torturados por la dictadura de Pinochet o revisar la responsabilidad penal de los militares que planificaron, dirigieron o ejecutaron los crímenes en aquellos tiempos oscuros, el PSOE se plantea exigir ...,una ley que reconozca que los tribunales de la dictadura franquista eran ilegales”.
Este sábado 24 el fiscal Carrillo Prieto tienen una cita con la sociedad, esperamos un informe completo que arroje verdades, y si existen elementos que se haga justicia, a partir de ahí la decisión del ejercicio de la acción penal en contra de los acusados será de los jueces.
Independientemente de lo que arroje el resultado de los jueces, debemos empezar como sociedad por aplicar aunque sea medidas de reparación simbólica, quizá acciones conmemorativas como la construcción de monumentos, el cambio de nombre de lugares públicos. La reconciliación nacional el perdón y olvido vendrá con el tiempo, hay que hacer algo para darle la vuelta a la página de la historia, tomarle la palabra al General Secretario de la Defensa Nacional.
Y es que recuperar el pasado sin perder el futuro ni descuidar el presente, no es cosa sencilla.
¿Es posible la amnistía?
Sí, ahí están los casos de España, Sudáfrica, Salvador y Guatemala, algunos de los países en donde se aplicó la amnistía bajo distintas modalidades, en el caso nuestro hay condiciones para que se pueda emplear. Pero como dicen los exguerrilleros Jesús Zambrano, Gonzalo Yáñez, Gustavo Hirales y Humberto Zazueta, si se debe perdonar, pero antes se deben esclarecer los hechos y consignar a los culpables, con la salvedad de que una amnistía jurídica no equivale a la amnesia histórica o política.
Escrito el 22 de julio del 2004
Este sábado 24 de julio la Fiscalía para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado consignará ante el Poder Judicial las averiguaciones previas sobre la matanza del jueves de corpus de 1971. El delito que se imputa a los acusados – entre ellos militares, civiles y hasta un expresidente de la República- es considerado muy grave: genocidio y delitos de lesa humanidad.
El genocidio literalmente significa la destrucción intencional de grupos nacionales, raciales, religiosos o étnicos, y por su naturaleza legal, moral y humanitaria, es considerado un crimen internacional. Muchos de esos crímenes son penados y castigados a través de la cooperación internacional. El caso más ilustrativo es el del argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, que fue extraditado a España desde México por los crímenes de terrorismo y genocidio cometidos en Argentina.
Como podemos ver la situación no es nada fácil para el gobierno del presidente Fox y concretamente para el Fiscal encargado de la investigación: Ignacio Carrillo Prieto.
El asunto tal y como se presenta tiene en este momento – querámoslo o no- un tinte político. Desde la creación de la fiscalía se sabía que cualquiera que fuera el resultado de las investigaciones inevitablemente provocaría divisiones sociales o rupturas de no muy fácil solución.
En este momento hay voces de muchos actores políticos que piden se cierre él capitulo de la historia de la guerra sucia y se obtenga la reconciliación a través de una especie de perdón y olvido. Por supuesto que no es adecuado y no puede ser – por ningún motivo- que un partido político como el PRI determine la condición del diálogo y la negociación con el gobierno actual por el sólo hecho de tener abierta las investigaciones.
Pero por otro lado, son más las voces que señalan no a la impunidad y simplemente se aplique la justicia, el ejercicio de la acción penal. Rescato únicamente la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, subrayando que “el derecho siempre será el camino que deberá seguirse, aún en las posiciones más radicales”.
Las investigaciones de Cristina Eguizábal y Rut Diamint (Foreign Affairs En Español, Primavera 2002), nos recuerdan que “en la mayoría de los países latinoamericanos, donde las fuerzas armadas estuvieron implicadas en graves violaciones a los derechos humanos y abusos de poder, el hecho de que las nuevas autoridades indicaran sin ambages su compromiso con la justicia y su intención de terminar con la impunidad constituyó un hito fundamental en el proceso de construcción democrática.”
El Juez español Baltasar Garzón recomienda que en estos casos hay que seguir adelante. Dice que el pretexto de garantizar la estabilidad política de un país lo que consigue únicamente es garantizar la impunidad. Señala que “es curioso que exista una urgente necesidad en acabar las investigaciones sobre tales execrables hechos y que no se ponga igual énfasis en sancionar las causas que las generaron y castigar a los que las cometieron, confundiendo la seguridad del Estado democrático que impondría esta medida con la seguridad personal de aquellos que violaron las normas básicas de convivencia y que buscan la impunidad.”
(En una conferencia magistral pronunciada en diciembre del 2001 en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina) Precisa Garzón que “las voces que postulan el olvido y el silencio pueden estar justificadas políticamente, pero nunca lo estarán moralmente...,El olvido y la memoria constituyen derechos inalienables de las víctimas, y a ellos corresponde administrarlos!, ya que los olvidos impuestos no duran.”
“Se impone.., la exigencia y la necesidad del conocimiento profundo de los hechos, y se hace precisa una catarsis colectiva que enfrente al Estado y a los ciudadanos a ese pasado, y que obligue a limpiar la herida y a la correcta sutura de la misma mediante la aplicación de la ley. Si no se hace así, jamás será posible la reconciliación. Antes o después, el fenómeno volverá a producirse.”
Charles Villavicencio, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA LA JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN de Sudáfrica en una reciente entrevista para el periódico español La Vanguardia (18 de julio 2004) recomienda al igual que el juez Garzón se concrete una auténtica catarsis colectiva, la catarsis de la verdad! que se sepa todo lo que pasó con el objetivo deque el país y el mundo conozcan los hechos. El conocimiento de los hechos será la vacuna y “solamente así se puede reconstruir el país, como sucedió en Sudáfrica donde algunos altos responsables –ministros, generales– sí fueron juzgados y condenados a prisión, ya que se negaron a pedir amnistía y siguen en la cárcel.”
No hay que desdeñar la recomendación de Charles Villavicencio y del juez Garzón,.
Además, la experiencia Argentina puede ser ilustrativa; Hace unos meses el gobierno argentino por petición general tuvo que anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas en 1986 y 1987 que impedían procesar a más de 2000 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que padeció ese país entre 1976 y 1983. Y no sólo es el caso argentino, como dice el profesor Reyes Mate (EL País, 27-09-2003), la memoria sigue ganando batallas en la lucha contra el olvido “el gobierno chileno quiere revisar el punto muerto que se encuentra la valoración del pasado adoptando medidas tales como indemnizar a los torturados por la dictadura de Pinochet o revisar la responsabilidad penal de los militares que planificaron, dirigieron o ejecutaron los crímenes en aquellos tiempos oscuros, el PSOE se plantea exigir ...,una ley que reconozca que los tribunales de la dictadura franquista eran ilegales”.
Este sábado 24 el fiscal Carrillo Prieto tienen una cita con la sociedad, esperamos un informe completo que arroje verdades, y si existen elementos que se haga justicia, a partir de ahí la decisión del ejercicio de la acción penal en contra de los acusados será de los jueces.
Independientemente de lo que arroje el resultado de los jueces, debemos empezar como sociedad por aplicar aunque sea medidas de reparación simbólica, quizá acciones conmemorativas como la construcción de monumentos, el cambio de nombre de lugares públicos. La reconciliación nacional el perdón y olvido vendrá con el tiempo, hay que hacer algo para darle la vuelta a la página de la historia, tomarle la palabra al General Secretario de la Defensa Nacional.
Y es que recuperar el pasado sin perder el futuro ni descuidar el presente, no es cosa sencilla.
¿Es posible la amnistía?
Sí, ahí están los casos de España, Sudáfrica, Salvador y Guatemala, algunos de los países en donde se aplicó la amnistía bajo distintas modalidades, en el caso nuestro hay condiciones para que se pueda emplear. Pero como dicen los exguerrilleros Jesús Zambrano, Gonzalo Yáñez, Gustavo Hirales y Humberto Zazueta, si se debe perdonar, pero antes se deben esclarecer los hechos y consignar a los culpables, con la salvedad de que una amnistía jurídica no equivale a la amnesia histórica o política.
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