Revista
Proceso
# 2018, 4 de julio de 2015
La
orden de “abatir” vino de muy arriba/GLORIA LETICIA DÍAZ
Los
militares que ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya en junio del año pasado,
actuaron obedeciendo órdenes, mismas que reflejan una línea estratégica que
viene de las más altas esferas. Un documento confidencial obtenido por el
Centro Prodh revela que el Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico
se pliega a la percepción presidencial de que este delito es la mayor “amenaza
a la seguridad nacional” y recomienda a la tropa “abatir delincuentes en horas
de la oscuridad”. Mientras las esferas militares intentan debatir sobre el
significado del verbo “abatir”, organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos exigen castigo a los responsables, pero desde el ámbito civil.
Detrás
de la orden de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, instruida al
comandante del grupo militar que hace un año accionó sus armas contra 22
personas en Tlatlaya, está la convicción de Enrique Peña Nieto de que el
narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para
la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.
Así se estipula
en el documento clasificado “confidencial” integrado en la Orden General de
Operaciones
San Antonio del Rosario, fechado el 11 de junio de 2014, que forma parte de la
causa penal que se sigue a un oficial y siete elementos de tropa en el Juzgado
Sexto Militar, obtenido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez
(Prodh), organización que representa a Clara Gómez González, madre de la menor
Éricka Gómez, “abatida” el 30 de junio de 2014.
A
través del juicio de amparo 135/2015, Clara Gómez y sus abogados tuvieron
acceso a la causa penal 338/2014, abierta por los delitos de desobediencia e
infracción de deberes militares contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez,
el sargento Roberto Acevedo López y los soldados Samuel Torres López, Julio
César Guerrero Cruz, Fernando Quintero Millán, Alán Fuentes Guadarrama,
Leobardo Hernández Leónides y Roni Martínez Atilano, quien resultó herido en el
operativo del 30 de junio de 2014.
De
esa revisión salió a la luz la orden de relevo por la que Rodríguez Martínez
sustituyó al subteniente Carlos Caín Tinixcal como comandante de la Base de
Operaciones San Antonio del Rosario, y la instrucción del “alto mando” a
realizar actividades “en horas de la oscuridad, sobre objetivos específicos” y
“abatir delincuentes”, indicaciones que para el Centro Prodh constituyen
“verdaderos incentivos para la comisión de graves violaciones a los derechos
humanos”, según su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir.
Las
órdenes giradas a Rodríguez Martínez estuvieron antecedidas de un reporte
clasificado “confidencial” –al cual Proceso tuvo acceso– en el que se hace
referencia directa al “presidente de la República”, aunque no se le nombra,
para contextualizar las indicaciones de “abatir delincuentes en horas de la
oscuridad”.
El
documento “confidencial” refiere que “el presidente de la República ha
considerado al narcotráfico como la amenaza a la seguridad nacional, el más
grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia, por lo
anterior la Secretaría de la Defensa nacional emitió el Plan Estratégico de
Combate contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
para regularizar la lucha permanente contra el narcotráfico”.
Tras
explicar los tipos de puestos de operaciones militares para el objetivo
central, se presenta un informe sobre las “células delictivas” que operan en la
región –La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos–,
que mantienen una lucha constante con organizaciones delictivas contrarias,
“motivo por el cual se ha desatado una ola de violencia, ejecuciones,
secuestros, robo de vehículos, despojo de propiedades (bienes inmuebles,
ganado, dinero, etc.) que en la mayoría de los casos se mantiene como cifra
negra debido al temor de la población a realizar la denuncia respectiva”.
El
reporte incluye una descripción “de medios” del crimen organizado para “evadir
los puestos militares de seguridad establecidos a lo largo de las rutas que
transitan sin ser detectados”, así se explica la orden de “incrementar la
presencia de las tropas en las carreteras que presentan mayor incidencia
delictiva”.
Para
alertar sobre las técnicas de evasión, el documento advierte que la
delincuencia organizada recurre a “dobles fondos de vehículos de carga, dobles
fondos de tanques de combustible, trasportando verduras y frutas a granel, para
evitar revisiones ocultando la droga en piezas de barro o en maquinaria
industrial, transformadores cisternas, en cámaras frigoríficas, droga adherida
al cuerpo de mujeres y niños, etc”.
“Horas
de la oscuridad”
Entre
las consideraciones previas a las instrucciones concretas dirigidas al
comandante de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, las “horas de
oscuridad” aparecen como aliadas para el “éxito” de las acciones militares y el
prestigio de la dependencia.
“Basados
en un profundo trabajo de inteligencia, las principales acciones para reducir
la violencia se planearan y ejecutarán en horas de oscuridad, realizándolas en
fuerza, con efectivos que sean necesarios para el éxito de la operación, dar
superioridad a las tropas y ganar una imagen positiva ante la opinión pública”,
se indica en el documento.
Para
apuntalar la estrategia mediática, se apunta que “la presencia de tropas en las
carreteras que presentan mayor incidencia delictiva” debe hacerse “con
prestancia y gran sentido de auxilio a la población, con una actitud de
gallarda y excelente presentación, para incrementar la confianza de las
personas en las fuerzas armadas”.
Se
recomienda para apuntalar la “imagen positiva” apegarse a los derechos humanos,
“evitando el allanamiento de morada” y a “dar prioridad durante las operaciones
a garantizar la seguridad de las personas inocentes evitando generar víctimas
colaterales”.
Si
bien en la parte confidencial de la Orden de Relevo, fechada el 11 de junio y
firmada por el segundo comandante del 102 Batallón de Infantería, teniente
coronel Sandro Díaz Rodríguez, se hacen reiteradas menciones al “respeto a los
Derechos Humanos y a Observancia de la Ley” y a “garantizar la seguridad de las
personas inocentes evitando generar víctimas colaterales”, lo cierto es que hay
indicaciones que corresponderían ser realizadas por autoridades civiles.
Entre
las órdenes que se dieron al teniente Rodríguez Martínez como parte de la
Operación Dragón, resalta la “explotación de información que obtenga” sobre
“casas de seguridad, locales, negocios, actividades y vehículos” de los
“integrantes de grupos delictivos”, así como “evitar poner a disposición de las
autoridades civiles” documentación militar que se asegure en las operaciones,
“realizando las investigaciones respectivas para esclarecer el hecho de que se
informe de los resultados mediante oficio a la S-1 (superioridad 1) de la 22 Zona
Militar”.
En
caso de ser agredidos por delincuentes con armas “de alto poder destructivo”,
se ordena “emplear todo el armamento disponible a fin de (…) eliminar la
amenaza, en forma tal que se garantice la integridad física del personal
militar”.
El
escrito daba instrucciones de la forma de conducirse del personal militar en
caso de toparse con miembros de la Secretaría de Marina –que se han conducido
con “prepotencia” o agredido a personal militar, supuestamente–; de localizar
laboratorios clandestinos de drogas o asegurar armamento, material pirotécnico,
así como las formalidades de comunicación con los superiores, entre otros temas
de orden militar.
“Abatir”
Sin
duda la utilización del término “abatir” resalta en el documento, más aún
cuando en la revisión del expediente militar el verbo y sus derivaciones son
utilizados para referirse a las 22 personas muertas en una bodega en las
inmediaciones de Tlatlaya como resultado de un patrullaje de la Base de
Operaciones San Antonio del Rosario.
La
significación que para el Ejército tiene la palabra se refuerza en la revisión
del radiograma firmado por el teniente Ezequiel Rodríguez: se reporta que en el
operativo en el que resultó herido el soldado de sanidad Roni Martínez Atilano,
resultaron “abatidos 21 personas del sexo masculino y 1 del sexo femenino”.
En
el primer reporte del comandante de la 22 Zona Militar, José Sánchez León
enviado a sus superiores –clasificado como “extraurgente” con el número de
oficio S-1/M1/14720–, se habla de “18 delincuentes abatidos”, cifra que horas
más tarde corregiría por “22 delincuentes abatidos” luego de trasladarse al
lugar de los hechos el mismo 30 de junio.
El
informe de la Policía Ministerial Militar señala que “una vez controlada la
situación, procedió a revisar la bodega, percatándose que se encontraban varios
delincuentes abatidos (22 civiles muertos, 21 del sexo masculino y 1
femenino)”.
En
los interrogatorios realizados el 2 de julio de 2014 al teniente Rodríguez
Martínez y a sus siete elementos de tropa, la agente del Ministerio Público
Militar, Rocío Quintero González, clasifica a cada uno de ellos como “testigo
con relación a los hechos ocurridos la madrugada del 30 de junio de 2014 en el
poblado de Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en los que
personal militar fue agredido por elementos de la delincuencia organizada,
repeliendo la acción habiendo abatido a 22 civiles”.
En
el proceso penal militar para consignar a los detenidos, el juez sexto adscrito
a la I Región Militar refiere que si bien los soldados estaban en “desventaja
numérica respecto a sus agresores” por las condiciones de la bodega en la que
se encontraban los presuntos integrantes de la delincuencia organizada, con una
sola salida, “no podían cruzar sin la posibilidad de ser lesionados o privados
de la vida, colocando a los ahora inculpados en ese tenor de situación de
desventaja, habiendo abatido a los civiles a los que se ha hecho referencia”.
La
asignación del término abatir para referirse a privar de la vida a
“delincuentes” la explica el Prodh también con el uso que se le da al vocablo
en comunicados de prensa tanto de la Sedena como de la Semar “en al menos 20
ocasiones”, entre 2006 y 2015.
De
ahí que en conferencia de prensa el jueves 2, organizaciones civiles se sumaron
a la exigencia del Prodh de esclarecer los hechos en el fuero civil y que se
investigue la cadena de mando, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
demande que sean “suspendidas todas las órdenes militares que instruyan el
abatimiento de personas”.
Exigencia
de juicio civil
Por
lo pronto el Prodh solicitó a la PGR interrogar sobre los hechos de Tlatlaya al
secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; al
comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; al entonces comandante
de 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León; al comandante adscrito a la 22 Zona
Militar, Francisco Ortega Luna; a quien fungiera como comandante del 102
Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, así como al teniente Ezequiel
Rodríguez Martínez, quien en el fuero civil sólo está procesado por
encubrimiento.
En
las consideraciones para ampliar las indagatorias, el Centro Prodh solicitó
también interrogatorios para quienes firmaron la orden de relevo, el comandante
Sandro Díaz Rodríguez; el subteniente Carlos Caín Tinixcal, quien fue relevado por
Rodríguez; así como quienes recibieron copia del documento, tres capitanes, dos
tenientes y dos sargentos.
Cabe
destacar que en el radiograma firmado por Rodríguez Martínez se mencionó a los
mandos militares y marinos que acudieron a Tlatlaya, junto con personal de
tropa.
Por
orden de aparición en la bodega, Rodríguez menciona al capitán de Infantería
DEM Everardo Osorio Méndez con 23 elementos de tropa, pertenecientes al 41
Batallón de Infantería; al capitán segundo de Infantería Alberto Francisco Cruz
Hernández, acompañado de 14 elementos; el coronel Raúl Castro Aparicio, con un
oficial y 12 miembros de tropa.
También
el capitán de Fragata Fernando Méndez Méndez, con 18 marinos y cuatro oficiales
de la Secretaría de Marina, así como el teniente de infantería Juan Pablo
Cisneros Valdez al mando de la Base de Operaciones Mixtas pertenecientes al 41
Batallón de Infantería con base en Amaltepec.
Aunque
Rodríguez no menciona su reporte al comandante de la 22 Zona Militar, en
declaraciones ante el Ministerio Público Militar los soldados consignan la
presencia de Sánchez León.
La
demanda del Centro Prodh y de varias organizaciones sociales de una
investigación exhaustiva fue fortalecida por el relator especial de la ONU
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Christof Heyns, quien
sostuvo que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca
pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y
sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
En
un comunicado fechado en Ginebra, Heyns recomendó a las autoridades civiles
“investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas
ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir
a las violaciones del derecho a la vida”.
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