Revista
Proceso
# 2018, 4 de julio de 2015
Canal
22, aniversario nebuloso/Roberto
Ponce y Columna Vértiz de la Fuente
“La
dirección de Noticias, en un acto de conciencia, tomó la decisión de mencionar
en el noticiero la suspensión a Carmen Aristegui. Fue una mención inocua. Este
hecho motivó una reprimenda con insultos, con mentadas de madre de Cremoux
hacia Juan Jacinto Silva, y un dato importante que yo publiqué en redes
sociales es que hay un acta administrativa del 17 de marzo que Raúl Cremoux le
levantó porque no
acató su instrucción.”
Pero
“lo singular de dicha acta en mi poder es que no menciona el porqué de tal
falta, y tú sabes que después de tres actas administrativas una persona puede
ser destituida de su puesto”. Silva fue notificado por oficio de que sus
decisiones editoriales se verían restringidas en Noticias 22, y que su programa
de análisis social El observador ya no dependería de él.
“El
director general, de manera unilateral tomó la decisión de pasar los programas
de producción de casa, periodísticos, como los de El observador, Global 22 y
otros especiales, al área de Programación y Producción (con Jessie Espinosa y
otras personas), aunque de una manera absurda, porque esa área no tenía ningún
experto en estos temas. Le quitó el presupuesto al área de Noticias, lo pasó a
Producción y lo que hizo esta área fue que nos dijo: ‘Bueno, nosotros no
contamos con la capacidad técnica ni periodística para producir estos
programas, pero como tenemos la instrucción del director de que hay que
producirlos, ustedes síganlo haciendo en la dirección de Noticias y nosotros
los vamos a vigilar’.”
Un
programa con especialistas internacionales de Global 22, donde México salía muy
mal parado en cuestión de derechos humanos, fue literalmente “confiscado y
enlatado” por Cremoux. Cuando Silva platicó este hecho con su equipo, sus
integrantes lo azuzaron (“No se vale, esto es censura”, decían); pero él los calmó,
planteando a Cremoux la coproducción de una nueva serie de siete programas “con
el doctor José Sarukhán, coordinador de la Conabio, y el Canal 22”: Bios.
Naturaleza y sociedad.
El
primero, acerca de la reserva de Sian Ka’an en Quintana Roo, fue vetado por
falta de calidad.
“Llévatelos
a Canal Once, pero mientras yo esté de este lado y tú del otro, aquí en Canal
22 no los vamos a transmitir”, aseguran que dijo Cremoux a Silva. Este fue
requerido por Proceso, pero declinó, dijo, a recomendación de su abogado.
Derecho
de réplica en vivo
“Hubo
muchos programas censurados, como el de Ucrania sobre la crisis del Mar Negro
que nunca vio la luz; o cuando se lanzó la plataforma independiente
Méxicoleaks. Éste reportaje lo tenemos encapsulado ya que Juan Jacinto Silva, a
partir de lo de Aristegui tuvo temor de tomar cualquier tema que pudiera no
parecerle al director general”, afirma Aguilar Ojeda.
A
una semana del 7 de junio, Cremoux envió un oficio a la dirección de Noticias
solicitando una emisión especial grabada sobre la jornada electoral, con
duración de tres a cuatro horas. Lara Klahr:
“El
viernes 5, el propio señor Cremoux tomó la decisión de no meter el programa
diciendo que si había violencia en la rueda electoral, nosotros no podíamos
tocar nada de eso, ¡que no era un tema de un canal cultural, y canceló el
programa! Sólo quedó mi entrevista a José Woldenberg.
“Luego
ya vino Las huellas de la violencia, programa de El observador que trataba de
referir, de manera completa y monográfica, las secuelas en la vida de las
personas que sufren violencia extrema. Como en México no existe una política de
Estado para intervención del Sector Salud hacia las víctimas de la violencia,
pronto se presentarían efectos más graves que los que se presentan hoy en nuestro
país. A Cremoux tampoco le gustó.”
Lo
peor estaba por suceder.
“Hubo
una serie de tres tuiters que escribió nuestra colaboradora y reportera de El observador María Idalia
Gómez, a raíz de la censura a Huellas de la violencia. Estábamos en junta
editorial como de costumbre, los viernes, y de pronto llegó Juan Jacinto: ‘Me
acaban de llamar de la dirección, me pidió el director que contestara los
tuiters diciendo que era falso lo de la censura, me negué y me reclamó que como
no podía controlar a estos tipos radicales, si lo que quería en realidad era mi
liquidación, que me fuera a la chingada’.”
Juan
Jacinto Silva salió musitando una renuncia verbal. Regresaría para hallar su
despacho de jefe de Noticias ocupado por un miembro de su equipo: Rafael García
Villegas. Fue llamado a tramitar su liquidación (“que asciende a unos 650 mil
pesos con el abogado del canal, Juan Carlos Díaz, quien le ofreció sólo la
mitad”). Entonces, Noticias tomó la decisión en esa misma junta editorial de
preparar un comunicado, firmado por once periodistas, el 25 de junio pasado.
“Para
el otro del domingo 28, firmamos el triple: 33. Con mucha mayor diversidad ya,
pues ahí está gente como Huemanzin I. Rodríguez, parte del rostro de Canal 22.
Irma Evangelina Gallo López de Lara, de las reporteras más visibles, con más
tiempo, y Guadalupe Pereyra, decana de la cultura y coordinadora general de
información, más personal de Videoteca y Audio.”
Ahora,
si no hay una solución específica, emprenderán “soluciones legales
específicas”, aclaran:
“Mira,
no estamos propiamente en una lucha laboral, si bien estamos acompañando a Juan
Jacinto Silva Ibarra, quien lleva casi 22 años trabajando para la televisión
cultural (13 en Canal 22, ocho en Canal Once). Buscamos problematizar el papel
del uso patrimonialista de los medios públicos, y cuestionar la política
pública del señor Peña Nieto, frente a la libertad de expresión y el
fortalecimiento de la cultura. No es justo que Cremoux ignore el Código
Deontológico de Canal 22.”
En
sus tres puntos principales, la carta pública del 28 de junio acusa a Raúl
Cremoux López de violar también el artículo 57 de la Ley Federal de los
Servidores Públicos, “cuando se apersona en el noticiero y durante más de media
hora, sin avisar y sin estar en la escaleta, por sorpresa lo toma el 23 de
junio; privatizó el espacio noticioso y descalificó a quienes lo denunciamos
públicamente, entonces ahí hay responsabilidad administrativa”. Por lo mismo,
“exigimos el derecho de réplica, en el mismo formato, de acuerdo al artículo 6°
constitucional y conforme a la Ley de Telecomunicaciones”.
Igual
se le propone un debate al director de Canal 22, moderado por los reconocidos
investigadores Fátima Fernández Christlieb, Javier Esteinou Madrid, Manuel
Alejandro Guerrero o Genaro Lozano. En el cuarto, se convida a Francisco
Prieto, defensor del televidente en el 22 a pronunciarse sobre sus denuncias.
“Estuvimos
el martes 30 de junio en una reunión a la cual tratamos de llevar a Cremoux, y
él mandó al director de administración, Ángel Arturo Baca, a quien le exigimos
el derecho de réplica en vivo, como lo estipula la ley y de acuerdo a los
tratados internacionales. Televisión Metropolitana S.A. no puede negarnos el
derecho de réplica, porque está en el artículo 6° constitucional. Si Cremoux no
reacciona, acudiremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito
Federal, a la Comisión Interamericana, y si fuera posible, interpondremos un
amparo. Solicitaremos la protección de la justicia federal porque se nos está
violando un derecho humano.”
A
la par, se lanzaron sendas misivas de apoyo en la plataforma change.org. Aquel
mismo martes 30, Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Conaculta (Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes), declaró:
“Lo
importante es mantener la vocación de Canal 22, esa es mi obligación, que no se
separe de su vocación original el Canal 22, que son una vocación cultural y la
libertad de expresión… Lo que a mí me corresponde es garantizar este diálogo y
eso sí lo garantizo yo.”
Marco
Lara Klahr y Marcos Daniel Aguilar Ojeda reviran:
“El
Conaculta tendrá que pronunciarse más allá de esas declaraciones chabacanas y
ambiguas de su presidente. Tiene que intervenir la Secretaría de la Función
Pública; nosotros ya metimos la denuncia administrativa, apelando a Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y dar parte nosotros a la
Auditoria Superior de la Federación. O eventualmente, a la PGR, por la
violación de nuestros derechos.”
Finalizan:
“Lo
que Cremoux pretende con sus actitudes contradictorias y falta de proyectos es
acabar con Canal 22.”
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