El contexto del avionazo/Por Anabel Hernández
Reporte Indigo, 7 Nov 2008;
Infiltrados, amenazas y atentados.
El gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón vive una crisis soterrada de consecuencias aún incalculables. El hermetismo es directamente proporcional a la presión interna.
En los últimos días han caído funcionarios públicos de muy alto nivel por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Son jefes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El país padece una escalada de violencia anunciada. Una guerra entre los narcotraficantes instalada en las entrañas de las dependencias responsables de combatir el crimen organizado.
Y en los días previos a la trágica muerte del secretario de Gobernación y del secretario técnico de Seguridad, esta guerra fue particularmente tensa.
En las calles de varios estados del país fueron colocadas mantas con atentas advertencias al presidente Calderón. Le pedían que abriera los ojos porque el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su equipo protegían al Cártel de Sinaloa. Le reclamaban que no emprendiera un combate imparcial contra todas las organizaciones de narcotraficantes.
En este clima, algunos jefes de la PGR y de la SSP declararon ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Se buscaba deslindar su presunta vinculación con los cárteles de la droga.
Además, fuentes de alto nivel revelaron un presunto atentado perpetrado en la Ciudad de México contra la escolta de Genaro García Luna. Días después habrían intentado "levantar" a Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP.
Se habló también de amenazas contra el primer mandatario y, por si fuera poco, comenzaron a circular los nombres de altos funcionarios de la Sedena que podrían ser sometidos a investigación.
Dicha lista incluye al general Carlos Fernando Luque Luna, relacionado con uno de los servidores públicos de la SIEDO que está presuntamente vinculado con la familia Beltrán Leyva.
Con el paso de los días, se mezclaron todos los ingredientes de un coctel explosivo. La tensión era real e inédita. Y el cuestionado accidente aéreo del pasado martes, en el que murieron el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el ex titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, se dio en el marco de esa crisis.
Directa o indirectamente, estos dos personajes fueron piezas clave de la inseguridad nacional.
Mouriño fue un aliado incondicional de Genaro García Luna desde el inicio del actual sexenio. Lo respaldó en los dos momentos más críticos de su gestión: cuando mintió sobre el caso de Lorena González Hernández, la presunta plagiaria del menor Fernando Martí, y la semana pasada, cuando tres de los hombres del titular de la SSP fueron detenidos en la SIEDO por su presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Por su parte, José Luis Santiago Vasconcelos fue compañero y jefe de dos de los altos funcionarios de la SIEDO acusados de proteger a los hermanos Beltrán Leyva.
Uno es el teniente coronel Miguel Colorado González, coordinador técnico de la SIEDO. El otro es Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de la Coordinación Técnica de la misma dependencia.
Apenas en agosto pasado, a Vasconcelos se le solicitó su renuncia como subprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR. Semanas después reapareció como secretario técnico para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
La semana pasada, la PGR anunció una investigación en torno a Vasconcelos y Noé Ramírez Mandujano, también ex titular de la SIEDO, para determinar quién facilitó que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández entraran a esa dependencia.
La investigación tendría que llegar al general Luque Luna, quien hasta hace pocos meses trabajaba con un cercano amigo de Vasconcelos en un alto puesto administrativo en la Sedena.
Según fuentes cercanas a Vasconcelos, este funcionario viajó junto con Mouriño el martes pasado porque el titular de Gobernación le pidió que lo acompañara a San Luis Potosí para hablar del presupuesto destinado a la seguridad.
DE SOCIOS A RIVALES
Las investigaciones que realizó el gobierno de Estados Unidos para detectar a funcionarios del gobierno mexicano involucrados con los cárteles de la droga provocaron que la PGR iniciara en agosto pasado la "Operación Limpieza". La información que tenía el gobierno de George Bush era contundente, pero al parecer las acciones de la PGR eran muy lentas.
El 20 de octubre pasado fue detenido Jesús "El Rey" Zambada García, uno de los intocables del Cártel de Sinaloa. El operativo estuvo a cargo de agentes de la AFI adscritos a la SIEDO y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
"El Rey" Zambada estaba protegido por cuatro policías en activo vinculados con el equipo cercano de Genaro García Luna.
La "Operación Limpieza" y la detención de "El Rey" Zambada demostraron que la PGR, la SSP y la Sedena están infiltradas por dos bandas.
Por un lado los hermanos Beltrán Leyva y por el otro el Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín"El Chapo" Guzmán Loera, Ismael "El Mayo" Zambada, Jesús "El Rey" Zambada e Ignacio Coronel Villarreal.
Hasta principios de este año, todos ellos habían sido miembros de la cofradía que se formó a raíz de la fuga de "El Chapo" del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001.
Eran los días en que Jorge Tello Peón, hoy asesor presidencial en materia de Seguridad Pública, era subsecretario de la SSP. Esa cofradía fue bautizada como "La Federación".
Las revelaciones sobre la penetración de esta organización en las principales instituciones que combaten el crimen organizado revelan el control casi monopólico que llegó a tener una sola organización desde el sexenio pasado hasta el primer año de gobierno de Felipe Calderón.
Quizá por eso todos los integrantes de esa gran famiglia habían sido intocables. Pero las cosas cambiaron.
A principios de 2008, Reporte Índigo No. 68 reveló que la alianza entre los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa se rompió debido a un conflicto entre "El Chapo" Guzmán y Arturo Beltrán Leyva por el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Esta confrontación derivó en la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias "El Mochomo", quien era conocido en "La Federación" por ser el pagador de los sobornos en representación de todos los miembros de la famiglia.
En su momento se afirmó que los Beltrán Leyva no sólo estaban molestos con sus compañeros criminales, sino también con los servidores públicos que suponían les eran leales. Se afirma que hubo amenazas directas contra Genaro García Luna y su equipo.
Una vez que se aliaron los Beltrán Leyva con el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana, se recrudeció la guerra contra el Cártel de Sinaloa.
El resultado ha sido una escalada de violencia nunca antes vista y la ejecución casi diaria de policías de diferentes corporaciones y militares.
Los funcionarios públicos que antes trabajaban para una misma organización criminal de pronto se vieron confrontados debido a la ruptura de esa cofradía. Se volvieron enemigos.
Ahora, sin saber quién es quién, la guerra entre los narcotraficantes se ha instalado dentro de las dependencias de seguridad de todos los niveles.
Habrá que ver qué curso toman las investigaciones que se realizan al interior de las dependencias que conforman el gabinete de seguridad. Si continúan o si se frenan a raíz del accidente aéreo que costó la vida a dos funcionarios del más alto nivel.
LA NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS
El viernes 31 de octubre, Reporte Índigo reveló que tres jefes policiacos fueron detenidos en la SIEDO durante algunos días para que declararan sobre la presunta protección que proporcionaban elementos de la PFP a "El Rey" Zambada.
Los detenidos eran el comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, Víctor Gerardo Garay Cadena; el director general de las Fuerzas Federales de Apoyo, Francisco Navarro Espinoza, y el coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, Luis Cárdenas Palomino.
De acuerdo a información proporcionada por fuentes de seguridad, Genaro García Luna presionó para que su gente fuera liberada. Y su labor rindió frutos.
Presuntamente deliberaron el presidente Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño para determinar qué se podía hacer.
Y aunque todo indicaba que había pruebas contundentes y suficientes para incriminar a los funcionarios federales, el jueves por la noche, para sorpresa de muchos, los colaboradores de García Luna fueron puestos en libertad.
La PGR se negó a confirmar o desmentir los hechos cuando Reporte Índigo solicitó información al respecto.
El viernes 31 de octubre terminó con una noche de cuchillos largos para el equipo de García Luna. Rodaron cabezas, y otras estuvieron a punto de caer.
Después de las 10:30 p.m., Víctor Gerardo Garay Cadena, quien ha trabajado 15 años al lado de García Luna, presentó su renuncia voluntaria ante los medios de comunicación.
"Durante el tiempo que presté mis servicios a esta institución, lo hice con profesionalismo, legalidad y eficacia, afirmó.
"Durante 15 años me he dedicado con profunda convicción al servicio de la seguridad del país, y con esa misma convicción me separo del cargo para despejar cualquier duda sobre mi persona".
El jefe inmediato de Garay Cadena es Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP, quien depende directamente de Genaro García Luna.
Esa misma noche, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, anunció que había encontrado pruebas suficientes para solicitar a un juez el auto de formal prisión contra Lorena González Hernández, quien era agente de la PFP cuando presuntamente participó en el secuestro del joven Fernando Martí. Se le acusa de 11 plagios más.
El jefe de González Hernández también era Facundo Rosas Rosas, quien hace poco más de un mes negó que la comandante trabajara en la PFP. Después se supo que él mismo la había invitado a ingresar a la corporación.
Al mismo tiempo que esos hechos se volvían noticia, hubo un fuerte operativo de seguridad de la PFP en Cuajimalpa, donde está la salida a Toluca. Se afirma que el motivo fue un presunto atentado contra Rosas Rosas para "levantarlo".
Y el martes 4 de noviembre, cuando fallecieron Mouriño y Vasconcelos, un juez dictó auto de formal prisión a Lorena González Hernández. Ese mismo día, Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, anunció el arraigo de Víctor Gerardo Garay Cadena.
Sin embargo, el accidente fatal del secretario de Gobernación y su comitiva sacó de los reflectores los casos de Garay Cadena y la comandante Lore. Literalmente sus nombres desaparecieron de algunos periódicos.
García Luna, habitualmente protagónico, ha mostrado un bajo perfil en las investigaciones sobre el desplome del avión en el que viajaban Mouriño y Vasconcelos. Prácticamente no ha aparecido en escena.
VASCONCELOS, LUQUE Y LA SEDENA
Durante el sexenio de Vicente Fox, con el general Rafael Macedo de la Concha al frente de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos fue designado titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), que más tarde se convertiría en la SIEDO.
El general Carlos Fernando Luque Luna, egresado de la Escuela Superior de Guerra, también ingresó a la PGR en el gobierno foxista.
Entre 1995 y 1996, radicó en Sinaloa. Era el subjefe del Estado Mayor en la Tercera Región Militar, que tiene su sede en Mazatlán. Después, en los últimos meses de la administración de Ernesto Zedillo, fue nombrado jefe de Inteligencia Militar.
Macedo de la Concha lo invitó a dirigir el Centro de Planeación para el Control de las Drogas (Cendro), que después se llamó Centro Nacional de Plantación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
Ahí, Luque Luna trabajó con Miguel Colorado González, quien era su compañero y cuñado, ya que es hermano de Diana, la esposa del militar.
Cuando Macedo de la Concha salió de la PGR en 2004, también se fue Luque Luna.
Oficialmente, Macedo de la Concha dejó la PGR por el malogrado desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y en algún momento, el FBI pretendió vincularlo con el narcotráfico. Finalmente, Vicente Fox lo envió como agregado militar a la Embajada de México en Italia.
Pero las disputas siguieron, y la animadversión entre corporaciones creció. Uno de los casos fue protagonizado por Santiago Vasconcelos y García Luna.
Según fuentes cercanas a los hechos, en la etapa de transición del gobierno de Fox al de Felipe Calderón, el teniente coronel Colorado González dirigió un operativo para catear el domicilio de García Luna, entonces titular de la AFI, en el estado de Morelos.
En abril del año pasado, Macedo de la Concha regresó de Italia y fue nombrado primer magistrado en el Supremo Tribunal Militar, el máximo órgano de justicia del Ejército, lo cual molestó a algunos militares.
El 16 de abril de 2007 también reapareció Luque Luna, quien ingresó a la Dirección General de Administración de la Sedena como subdirector. Se trata de un cargo de confianza al que no cualquiera puede acceder debido a la cantidad de recursos económicos que maneja y al tipo de adquisiciones que realiza.
El 20 de noviembre fue ascendido a general de Brigada. Su jefe, el director general de Administración, es Moisés García Ochoa, hombre cercano al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
En agosto pasado, cuando comenzaron los movimientos en la PGR, se ordenó el arraigo de Coronel González. En la Sedena presuntamente se dio una operación para proteger a Luque Luna. Y lo mandaron como jefe de Estado Mayor de la Séptima Región Militar con sede en Oaxaca, donde está actualmente.
De todos estos hechos, se desprende que Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos eran figuras clave en la pugna interna del gabinete de seguridad y en la guerra entre las bandas del crimen organizado.
Hasta ahora se desconoce si el desplome del avión en el que viajaban se debió a un accidente o fue un atentado.
Desde que falleció Juan Camilo Mouriño, un dispositivo del Estado Mayor Presidencial custodia su casa en la colonia San Román, en la ciudad de Campeche. Vecinos del lugar afirman que en la periferia se instalaron retenes con militares vestidos de civil.
Dadas las implicaciones no resueltas de la guerra que se libra entre los organismos de seguridad nacional, la muerte de los dos funcionarios federales podría terminar siendo un accidente muy oportuno.
El gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón vive una crisis soterrada de consecuencias aún incalculables. El hermetismo es directamente proporcional a la presión interna.
En los últimos días han caído funcionarios públicos de muy alto nivel por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Son jefes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El país padece una escalada de violencia anunciada. Una guerra entre los narcotraficantes instalada en las entrañas de las dependencias responsables de combatir el crimen organizado.
Y en los días previos a la trágica muerte del secretario de Gobernación y del secretario técnico de Seguridad, esta guerra fue particularmente tensa.
En las calles de varios estados del país fueron colocadas mantas con atentas advertencias al presidente Calderón. Le pedían que abriera los ojos porque el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su equipo protegían al Cártel de Sinaloa. Le reclamaban que no emprendiera un combate imparcial contra todas las organizaciones de narcotraficantes.
En este clima, algunos jefes de la PGR y de la SSP declararon ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Se buscaba deslindar su presunta vinculación con los cárteles de la droga.
Además, fuentes de alto nivel revelaron un presunto atentado perpetrado en la Ciudad de México contra la escolta de Genaro García Luna. Días después habrían intentado "levantar" a Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP.
Se habló también de amenazas contra el primer mandatario y, por si fuera poco, comenzaron a circular los nombres de altos funcionarios de la Sedena que podrían ser sometidos a investigación.
Dicha lista incluye al general Carlos Fernando Luque Luna, relacionado con uno de los servidores públicos de la SIEDO que está presuntamente vinculado con la familia Beltrán Leyva.
Con el paso de los días, se mezclaron todos los ingredientes de un coctel explosivo. La tensión era real e inédita. Y el cuestionado accidente aéreo del pasado martes, en el que murieron el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el ex titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, se dio en el marco de esa crisis.
Directa o indirectamente, estos dos personajes fueron piezas clave de la inseguridad nacional.
Mouriño fue un aliado incondicional de Genaro García Luna desde el inicio del actual sexenio. Lo respaldó en los dos momentos más críticos de su gestión: cuando mintió sobre el caso de Lorena González Hernández, la presunta plagiaria del menor Fernando Martí, y la semana pasada, cuando tres de los hombres del titular de la SSP fueron detenidos en la SIEDO por su presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Por su parte, José Luis Santiago Vasconcelos fue compañero y jefe de dos de los altos funcionarios de la SIEDO acusados de proteger a los hermanos Beltrán Leyva.
Uno es el teniente coronel Miguel Colorado González, coordinador técnico de la SIEDO. El otro es Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de la Coordinación Técnica de la misma dependencia.
Apenas en agosto pasado, a Vasconcelos se le solicitó su renuncia como subprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR. Semanas después reapareció como secretario técnico para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
La semana pasada, la PGR anunció una investigación en torno a Vasconcelos y Noé Ramírez Mandujano, también ex titular de la SIEDO, para determinar quién facilitó que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández entraran a esa dependencia.
La investigación tendría que llegar al general Luque Luna, quien hasta hace pocos meses trabajaba con un cercano amigo de Vasconcelos en un alto puesto administrativo en la Sedena.
Según fuentes cercanas a Vasconcelos, este funcionario viajó junto con Mouriño el martes pasado porque el titular de Gobernación le pidió que lo acompañara a San Luis Potosí para hablar del presupuesto destinado a la seguridad.
DE SOCIOS A RIVALES
Las investigaciones que realizó el gobierno de Estados Unidos para detectar a funcionarios del gobierno mexicano involucrados con los cárteles de la droga provocaron que la PGR iniciara en agosto pasado la "Operación Limpieza". La información que tenía el gobierno de George Bush era contundente, pero al parecer las acciones de la PGR eran muy lentas.
El 20 de octubre pasado fue detenido Jesús "El Rey" Zambada García, uno de los intocables del Cártel de Sinaloa. El operativo estuvo a cargo de agentes de la AFI adscritos a la SIEDO y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
"El Rey" Zambada estaba protegido por cuatro policías en activo vinculados con el equipo cercano de Genaro García Luna.
La "Operación Limpieza" y la detención de "El Rey" Zambada demostraron que la PGR, la SSP y la Sedena están infiltradas por dos bandas.
Por un lado los hermanos Beltrán Leyva y por el otro el Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín"El Chapo" Guzmán Loera, Ismael "El Mayo" Zambada, Jesús "El Rey" Zambada e Ignacio Coronel Villarreal.
Hasta principios de este año, todos ellos habían sido miembros de la cofradía que se formó a raíz de la fuga de "El Chapo" del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001.
Eran los días en que Jorge Tello Peón, hoy asesor presidencial en materia de Seguridad Pública, era subsecretario de la SSP. Esa cofradía fue bautizada como "La Federación".
Las revelaciones sobre la penetración de esta organización en las principales instituciones que combaten el crimen organizado revelan el control casi monopólico que llegó a tener una sola organización desde el sexenio pasado hasta el primer año de gobierno de Felipe Calderón.
Quizá por eso todos los integrantes de esa gran famiglia habían sido intocables. Pero las cosas cambiaron.
A principios de 2008, Reporte Índigo No. 68 reveló que la alianza entre los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa se rompió debido a un conflicto entre "El Chapo" Guzmán y Arturo Beltrán Leyva por el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Esta confrontación derivó en la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias "El Mochomo", quien era conocido en "La Federación" por ser el pagador de los sobornos en representación de todos los miembros de la famiglia.
En su momento se afirmó que los Beltrán Leyva no sólo estaban molestos con sus compañeros criminales, sino también con los servidores públicos que suponían les eran leales. Se afirma que hubo amenazas directas contra Genaro García Luna y su equipo.
Una vez que se aliaron los Beltrán Leyva con el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana, se recrudeció la guerra contra el Cártel de Sinaloa.
El resultado ha sido una escalada de violencia nunca antes vista y la ejecución casi diaria de policías de diferentes corporaciones y militares.
Los funcionarios públicos que antes trabajaban para una misma organización criminal de pronto se vieron confrontados debido a la ruptura de esa cofradía. Se volvieron enemigos.
Ahora, sin saber quién es quién, la guerra entre los narcotraficantes se ha instalado dentro de las dependencias de seguridad de todos los niveles.
Habrá que ver qué curso toman las investigaciones que se realizan al interior de las dependencias que conforman el gabinete de seguridad. Si continúan o si se frenan a raíz del accidente aéreo que costó la vida a dos funcionarios del más alto nivel.
LA NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS
El viernes 31 de octubre, Reporte Índigo reveló que tres jefes policiacos fueron detenidos en la SIEDO durante algunos días para que declararan sobre la presunta protección que proporcionaban elementos de la PFP a "El Rey" Zambada.
Los detenidos eran el comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, Víctor Gerardo Garay Cadena; el director general de las Fuerzas Federales de Apoyo, Francisco Navarro Espinoza, y el coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, Luis Cárdenas Palomino.
De acuerdo a información proporcionada por fuentes de seguridad, Genaro García Luna presionó para que su gente fuera liberada. Y su labor rindió frutos.
Presuntamente deliberaron el presidente Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño para determinar qué se podía hacer.
Y aunque todo indicaba que había pruebas contundentes y suficientes para incriminar a los funcionarios federales, el jueves por la noche, para sorpresa de muchos, los colaboradores de García Luna fueron puestos en libertad.
La PGR se negó a confirmar o desmentir los hechos cuando Reporte Índigo solicitó información al respecto.
El viernes 31 de octubre terminó con una noche de cuchillos largos para el equipo de García Luna. Rodaron cabezas, y otras estuvieron a punto de caer.
Después de las 10:30 p.m., Víctor Gerardo Garay Cadena, quien ha trabajado 15 años al lado de García Luna, presentó su renuncia voluntaria ante los medios de comunicación.
"Durante el tiempo que presté mis servicios a esta institución, lo hice con profesionalismo, legalidad y eficacia, afirmó.
"Durante 15 años me he dedicado con profunda convicción al servicio de la seguridad del país, y con esa misma convicción me separo del cargo para despejar cualquier duda sobre mi persona".
El jefe inmediato de Garay Cadena es Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP, quien depende directamente de Genaro García Luna.
Esa misma noche, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, anunció que había encontrado pruebas suficientes para solicitar a un juez el auto de formal prisión contra Lorena González Hernández, quien era agente de la PFP cuando presuntamente participó en el secuestro del joven Fernando Martí. Se le acusa de 11 plagios más.
El jefe de González Hernández también era Facundo Rosas Rosas, quien hace poco más de un mes negó que la comandante trabajara en la PFP. Después se supo que él mismo la había invitado a ingresar a la corporación.
Al mismo tiempo que esos hechos se volvían noticia, hubo un fuerte operativo de seguridad de la PFP en Cuajimalpa, donde está la salida a Toluca. Se afirma que el motivo fue un presunto atentado contra Rosas Rosas para "levantarlo".
Y el martes 4 de noviembre, cuando fallecieron Mouriño y Vasconcelos, un juez dictó auto de formal prisión a Lorena González Hernández. Ese mismo día, Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, anunció el arraigo de Víctor Gerardo Garay Cadena.
Sin embargo, el accidente fatal del secretario de Gobernación y su comitiva sacó de los reflectores los casos de Garay Cadena y la comandante Lore. Literalmente sus nombres desaparecieron de algunos periódicos.
García Luna, habitualmente protagónico, ha mostrado un bajo perfil en las investigaciones sobre el desplome del avión en el que viajaban Mouriño y Vasconcelos. Prácticamente no ha aparecido en escena.
VASCONCELOS, LUQUE Y LA SEDENA
Durante el sexenio de Vicente Fox, con el general Rafael Macedo de la Concha al frente de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos fue designado titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), que más tarde se convertiría en la SIEDO.
El general Carlos Fernando Luque Luna, egresado de la Escuela Superior de Guerra, también ingresó a la PGR en el gobierno foxista.
Entre 1995 y 1996, radicó en Sinaloa. Era el subjefe del Estado Mayor en la Tercera Región Militar, que tiene su sede en Mazatlán. Después, en los últimos meses de la administración de Ernesto Zedillo, fue nombrado jefe de Inteligencia Militar.
Macedo de la Concha lo invitó a dirigir el Centro de Planeación para el Control de las Drogas (Cendro), que después se llamó Centro Nacional de Plantación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
Ahí, Luque Luna trabajó con Miguel Colorado González, quien era su compañero y cuñado, ya que es hermano de Diana, la esposa del militar.
Cuando Macedo de la Concha salió de la PGR en 2004, también se fue Luque Luna.
Oficialmente, Macedo de la Concha dejó la PGR por el malogrado desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y en algún momento, el FBI pretendió vincularlo con el narcotráfico. Finalmente, Vicente Fox lo envió como agregado militar a la Embajada de México en Italia.
Pero las disputas siguieron, y la animadversión entre corporaciones creció. Uno de los casos fue protagonizado por Santiago Vasconcelos y García Luna.
Según fuentes cercanas a los hechos, en la etapa de transición del gobierno de Fox al de Felipe Calderón, el teniente coronel Colorado González dirigió un operativo para catear el domicilio de García Luna, entonces titular de la AFI, en el estado de Morelos.
En abril del año pasado, Macedo de la Concha regresó de Italia y fue nombrado primer magistrado en el Supremo Tribunal Militar, el máximo órgano de justicia del Ejército, lo cual molestó a algunos militares.
El 16 de abril de 2007 también reapareció Luque Luna, quien ingresó a la Dirección General de Administración de la Sedena como subdirector. Se trata de un cargo de confianza al que no cualquiera puede acceder debido a la cantidad de recursos económicos que maneja y al tipo de adquisiciones que realiza.
El 20 de noviembre fue ascendido a general de Brigada. Su jefe, el director general de Administración, es Moisés García Ochoa, hombre cercano al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
En agosto pasado, cuando comenzaron los movimientos en la PGR, se ordenó el arraigo de Coronel González. En la Sedena presuntamente se dio una operación para proteger a Luque Luna. Y lo mandaron como jefe de Estado Mayor de la Séptima Región Militar con sede en Oaxaca, donde está actualmente.
De todos estos hechos, se desprende que Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos eran figuras clave en la pugna interna del gabinete de seguridad y en la guerra entre las bandas del crimen organizado.
Hasta ahora se desconoce si el desplome del avión en el que viajaban se debió a un accidente o fue un atentado.
Desde que falleció Juan Camilo Mouriño, un dispositivo del Estado Mayor Presidencial custodia su casa en la colonia San Román, en la ciudad de Campeche. Vecinos del lugar afirman que en la periferia se instalaron retenes con militares vestidos de civil.
Dadas las implicaciones no resueltas de la guerra que se libra entre los organismos de seguridad nacional, la muerte de los dos funcionarios federales podría terminar siendo un accidente muy oportuno.
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