Hacia la creación de una Comisión plural que dé seguimiento al caso Tlatlaya

Tal y como se esperaba el Pleno de la Cámara de Diputados acordó solicitar a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia la creación de un Grupo de Trabajo plural de diputadas y diputados que cooperen con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México.

A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política  se aprobó en votación económica, un exhortó a la PGR  a atraer la investigación, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

También pidió a la CNDH investigar los acontecimientos en cuestión y determine si hubo violaciones a los derechos fundamentales.

Textual:

Acuerdo.

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta soberanía, a crear un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados que coadyuven con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de este año.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que atraiga la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el municipio de Tlatlaya, estado de México, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue respecto de los hechos acontecidos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y determine si hubo violaciones a los derechos humanos.

Posicionamientos en el pleno.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado secretario. En lo que hace al punto relativo al municipio de Tlatlaya, del estado de México, se han registrado los siguientes oradores.

En contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (razonar el voto), del Partido del Trabajo. En pro, el diputado René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza. En pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, así como la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, y en los mismos términos el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México.

 Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Huerta Ladrón de Guevara.

 El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Señor presidente, más que en contra vengo a razonar mi voto.

 El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Puede argumentarlo en los términos que lo vea pertinente, señor diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. La denuncia de los hechos de Tlatlaya ante medios de comunicación internacionales rompió el silencio de las autoridades federales implicadas en la investigación de los hechos. La Sedena, por estar involucrados elementos que la integran; la PG de la República, al atraer el caso a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Procuraduría General de Justicia del estado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En consecuencia, la comisión que se propone tendrá por objeto el seguimiento de las investigaciones que realice cada institución en el ámbito de su competencia, para efecto de conocer el desempeño institucional de cada una de estas en la persecución y sanción de los hechos.

Para esta tarea de seguimiento se cuenta con dos precedentes, la directiva. Y estamos hablando de la norma emitida por el secretario de la Defensa Nacional, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado el 23 de abril de 2012.

 También el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, publicada el 30 de mayo del 14, en los que se regula el uso legítimo de la fuerza en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en apoyo a las autoridades civiles y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El artículo 6o. de la Directiva determina que la utilización de los niveles de uso de la fuerza para los integrantes del Ejército sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tengan asignada en apoyo a las autoridades civiles o en la aplicación de la Ley Federal de Armas.

Por su parte, el Manual, numeral 3 De los principios aplicables del uso de la fuerza, se determina que la utilización de los niveles de fuerza por los integrantes de las Fuerzas Armadas sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a las autoridades civiles. Que el uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.

No se trata de prejuzgar o juzgar la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas ante presuntos delincuentes, sino el de conocer la operación y coordinación de las instituciones involucradas y las medidas de garantía de los derechos humanos en el uso de las Fuerzas Armadas.

El artículo 8o. de la Directiva claramente establece que en los casos en que sea necesario el uso de la fuerza o la autoridad apoyada así lo disponga, el personal militar evaluará la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizará, consultando de ser posible a su superior jerárquico.

En la medida que la investigación de la PGR y la Sedena lo permita se deberá conocer el informe de la autoridad militar, en la que se señala el tiempo y lugar de los hechos y circunstancias que exigieron el nivel del uso de la fuerza utilizado, las medidas necesarias para auxiliar a la autoridad competente a la preservación del lugar de los hechos y los indicios con motivo del uso de la fuerza resulten personas lesionadas o muertas.

Deberá de conocerse por la autoridad militar, al tener conocimiento que se hizo uso indebido de la fuerza y no lo denunció ante la autoridad competente.

Los hechos de Tlatlaya obligan a revisar el marco legal en el que intervienen las Fuerzas Armadas, no sólo para preservar los derechos humanos de los involucrados, sino para fortalecer la función institucional de las mismas en el marco de la protección de garantías y derechos humanos.

Miren, finalmente es claro con los datos que están en la opinión pública, con las imágenes que están publicadas en los medios, que esta comisión, que ustedes están aquí haciendo con miembros de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, es importante, pero no es todo lo que esta Cámara de Diputados podría hacer.

Culmino, presidente. hubiésemos preferido que la Junta de Coordinación Política enviara a una comisión especial para investigar estos hechos y que hubiese entrado a profundidad, con toda la fuerza que tiene esta Cámara de Diputados, y no nada más como una especie de subcomisión y llevando otros elementos al análisis, que son lamentables, como el del secretario general del PAN en el estado de Guerrero, pero que no le da toda la fuerza que esta Cámara de Diputados tiene y podría tener en una comisión especial y no en esta comisión, que siendo importante esta subcomisión no va a ser suficiente para la fuerza que se requiere para investigar estos hechos. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Continuamos señor diputado René Fujiwara, tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos sido en todo momento firmes promotores del respeto y protección de los derechos humanos, nuestras convicciones, ideales liberales así nos han conducido en nuestro quehacer legislativo.

Diversas versiones acerca de los hechos ocurridos el 30 de junio de este año, el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, nos hacen cuestionar la realidad de lo acontecido ese día, en donde perdieron la vida 22 personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado.

En Nueva Alianza esperamos que las autoridades de procuración de justicia ofrezcan respuestas claras y objetivas a los cuestionamientos surgidos por este evento. El presidente de la república ha manifestado que será la Procuraduría General de la República la instancia encargada de la investigación y será ésta misma instancia la que deberá dar las explicaciones que amerita el caso.

No es un asunto menor, compañeras y compañeros, dadas las suspicacias que involucran a una institución tan importante como lo es nuestro Ejército mexicano. De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el principal defensor del pueblo, juega un papel trascendental en estos desencuentros entre el poder del Estado con la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

Sin embargo, compañeras y compañeros legisladores, no debemos olvidar la responsabilidad del Congreso de la Unión, particularmente de esta Cámara de Representantes, de velar por la protección y bienestar de la ciudadanía ante cualquier situación que atente y vulnere sus derechos humanos.

Por tal motivo, apoyamos la conformación de un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados que coadyuve con las autoridades competentes en la investigación. Esto con el propósito de enviar un mensaje claro acerca de la importancia que representa para nosotros, los legisladores de esta LXII Legislatura, el llegar a la verdad en lo ocurrido en el caso de Tlatlaya.

Desde la Comisión de Derechos Humanos a la que tengo el privilegio de pertenecer, y en conjunto con la Comisión de Justicia coadyuvaremos cabalmente en el esclarecimiento de los hechos y daremos puntual seguimiento a los avances que realicen las autoridades.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza dará el voto a favor del presente acuerdo, porque estamos comprometidos con la ciudadanía y en garantizar los derechos humanos.

Tenemos la confianza que desde el grupo de trabajo buscaremos llegar al fondo del asunto, para que en caso de existir violaciones a los derechos humanos, éstas sean sancionadas conforme a la ley.

Por su atención, compañeras y compañeros, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Fujiwara. Hasta por tres minutos le otorgamos el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Hasta Nueva York persiguió esta masacre, esta incalificable masacre del municipio de Tlatlaya, en el estado de México al presidente Enrique Peña Nieto. Y fue precisamente la prensa internacional la que desnudó esta ejecución.

La agencia Associated Press, una de las más influyentes de la prensa internacional, mencionó que el supuesto enfrentamiento donde fueron muertos 22 presuntos delincuentes el día 11 de julio, tenía situaciones de carácter sospechoso y poco creíble.

 Decía el reportaje aludido: marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega en las montañas del sur de México.

 El reportaje sugiere que los orificios y las manchas de sangre no fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios y militares sino de una sanguinaria ejecución por parte de varios elementos de la Defensa Nacional.

 Fue la presión internacional y organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch para que este tema se abriera al escrutinio público, porque las versiones originales de la Defensa Nacional en un escueto boletín era que se habían eliminado a estos presuntos delincuentes en un enfrentamiento.

El propio gobierno del estado de México felicitó a la Sedena por estos hechos, pero ya ahora la versión que tiene mayor soporte y que ha sido también demostrada por algunos medios de comunicación nacionales mostrando fotografías y evidencia de los hechos es que en realidad fue una ejecución, un fusilamiento de personas que ya estaban sometidas y que incluso se les fusiló o se les dio el tiro de gracia. Estos hechos hablan de un retroceso gravísimo en materia de derechos humanos en el país.

Por eso nosotros creemos que lo mínimo que puede hacer esta representación popular es constituir un grupo de trabajo para que pueda profundizar en estos hechos. Yo únicamente tengo dudas del resolutivo que le pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su intervención, porque precisamente el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en un hecho que ha sido deplorado por defensores de los derechos humanos se apresuró a legitimar la tesis del enfrentamiento.

 Raúl Plascencia dijo que había sido un enfrentamiento cuando todavía no había una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso hay que reconoce que fue más activo el secretario de la Defensa Nacional, que puso a disposición de la justicia militar a ocho elementos. Creemos que fue más legitimador de la tesis del enfrentamiento, el presidente –concluyo, presidente– de la Comisión de los Derechos Humanos y el propio secretario de la Defensa Nacional.

 Nosotros creemos –y concluyo con ello– que lo que sí tendría que hacerse con estas personas que fueron detenidas, con estos malos elementos, sería juzgarlos por el fuero común, atendiendo a la reforma que elimina el fuero militar. Creo que con eso podría completarse, pero desde luego que lo que haga esta Cámara contribuirá al puntual esclarecimiento de los hechos, que no haya este tipo de ejecuciones sumarias que hablan de un estado autoritario y una regresión inadmisible. Es cuanto.

 El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja.

 Saludamos a un grupo de niños y de niñas de la Escuela Primaria Rosaura Zapata, 

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

 El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con el permiso de la asamblea. La vida es un estado biológico. Las sociedades contemporáneas del mundo lo reconocen en sus respectivos derechos como el bien jurídico tutelado más importante de todos.

 La vida es valiosa porque está ligada a la idea de existencia y sólo con ella se puede llegar a trascender.  En este caso la vida le concede a su poseedor autonomía, conciencia estética, labor altruista, comportamiento cívico, entre otras circunstancias.

 En este sentido la vida es una expresión personal protegida por los derechos humanos, tal como se aprecia en el artículo 6o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el mismo Pacto de San José y como lo consagra nuestra Constitución en su artículo 22.

 Por lo anteriormente expuesto, queda claro que cegar la vida de alguien implica atentar por extensión contra todos los demás derechos de un ente como la personalidad, el nombre, la salud, la nacionalidad, la alimentación, entre otros.

 La vida descrita se elige como un derecho: el de la inviolabilidad de la misma, mismo que se estableció en nuestro país desde la Constitución de 1857 en el tema de la suspensión de garantías y en la presente Constitución de 1917 a partir de junio de 2011, en su artículo 29 en el tópico de suspensión de los derechos humanos.

 En el marco aludido devela lo valioso que es la vida y por ello nos llama poderosamente la atención las graves implicaciones que tienen los hechos acontecidos el 30 de junio anterior en el municipio de Tlatlaya, estado de México, en donde perdieron la vida 22 personas y en donde las contradicciones sobre los hechos acontecidos son manifiestas, ya que las versiones de testigos, fuentes periodísticas y Fuerzas Armadas no coinciden.  En cualquier caso la muerte de una persona por vulneración a sus derechos humanos es lástima, pues además de lacerar la esfera jurídica de las personas le roba a la sociedad su seguridad y su tranquilidad.

 Los lamentables resultados de Tlatlaya se potencian cuando se ven involucradas las Fuerzas militares, pues en ello implica un abuso de poder con una alevosía y una ventaja, ya que los cuerpos castrenses fueron adiestrados para el enfrentamiento en sus diversas modalidades. En cambio la mayoría de las personas, quienes integran la sociedad civil, no.

 Pero las agravantes descritas se agudizan más en la medida en la cual se identifica como ejecutor de la vulneración de la vida a un órgano del Estado, pues éste está para procurar a los derechos de cualquier tipo y no para suprimirlo. En este sentido se debe recordar que la primera función del Estado y la más importante es proveer la paz y la tranquilidad, implicando en ello la seguridad de todos los mexicanos.

 Por otro lado, como parte integrante de uno de los poderes públicos, creemos importante poner énfasis en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, ya que colocan a México en el ojo del huracán en el concierto internacional.

 Tan es así, que Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias en atender, en el de Tlatlaya, pudo actualizarse una ejecución sumaria, ya que éstas son aquellas que se representan con la pérdida de la vida resultando un uso excesivo de la fuerza y sin observar los principios de necesidad y de proporcionalidad.

 Por todo lo anterior estamos a favor de que las ópticas de la justicia y los derechos humanos, las respectivas comisiones en esta Cámara integran grupos de trabajo que propicien criterios que acompañen a los de la procuraduría.

 Asimismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita las recomendaciones a las personas o instituciones que hayan vulnerado la vida de las personas señaladas.

 No obstante lo anterior, no debemos de confundirnos, estamos en el momento de indagar y dilucidar los hechos llevados a cabo en Tlatlaya.

 Sólo hasta estar seguros de cómo acontecieron los mismos podremos exigir se castigue a los culpables.

 Atentar contra la vida es una lástima para todo el género humano. Por ello compañeras y compañeros diputados, exijamos resultados; pidamos los peritajes diversos y esperemos que la Procuraduría General de la República llegue a dilucidar la verdad de los hechos prontamente para tranquilidad de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

 El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado Camarena García. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.

 La diputada Lilia Aguilar Gil: Desaparecidos, ejecuciones, muertes de funcionarios públicos, de políticos. Éstas son las noticias que hemos encontrado en el país en los últimos días y aparentemente en los últimos dos años.

 Tlatlaya es solamente la muestra del botón de lo que está sucediendo en este país y en su política interior. La presunta ejecución de 22, y lo digo, personas que la PGR ha llamado “presuntos delincuentes” en lo que se presume que ha sido una ejecución del Ejército Mexicano, nos pone en duda, primero, en la participación que debe de tener el Ejército en la prestación de servicios en el tema de seguridad pública.

 Segundo, en si estamos dando demasiado poder a las fuerzas castrenses, y

 Tercero, en lo que ya se ha dicho en esta tribuna, que es la amenaza a las personas por el manejo del Ejército para patrullar las calles y para que tengan contacto directo con los ciudadanos.

 Tlatlaya no solamente es la muestra de botón, sino es claramente un asesinato o una ejecución que no debería de suceder en países democráticos como México.

 Una vez más nos enteramos de los hechos ocurridos luego de que la administración del presidente Obama hiciese una declaración pública que pidió al gobierno de Peña Nieto que se hiciera una investigación verídica de los hechos ocurridos en el estado de México.

 Es decir, las reacciones que tuvo el presidente para encargar a la PGR una institución civil para que pudiese investigar a militares, viene otra vez como un impacto del exterior.

 La creación de este grupo de trabajo responde a la necesidad de que el poder público pueda intervenir en lo que nosotros decimos que es un ejemplo claro de la restructuración de la participación del ejército en México.

 Sin embargo, este grupo de trabajo debió haber sido una comisión especial —lo sostenemos— por la relevancia del caso no solamente en las violaciones de derechos humanos, sino en el rol que juega el ejército mexicano.

 A pesar de que el presidente ha dicho que se encargará  la PGR de las investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional ya ha declarado que detuvo a ocho soldados que están en el Campo Militar número 1. Entonces queda en duda evidente si realmente la PGR se encargará de este tema o se le está dando largas no solamente por parte de la PGR, sino también por la dudosa Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar resultados en el caso de Tlatlaya.

 Cerraré diciendo que el ejército mexicano puede considerarse un buen ejército, que no olvidemos la historia de que México es el único país en el que las fuerzas castrenses nunca dieron un golpe militar, porque el ejército debe de estar en los cuarteles y no patrullando las calles para prestar seguridad pública.

 Ese es el concepto de nación que tenemos y ese es el concepto de nación que debe de prevalecer.

 El señor expresidente Alfonsín se enfrentó a una realmente fuerte presión de las fuerzas castrenses en Argentina y se le obligó a hacer las leyes de punto final y de obediencia debida para justificar todos los asesinatos que se había dado en la Argentina por parte de los militares. No podemos estar en la misma situación.

 Concluyo diciendo lo que dijo Alfonsín en aquella pascua después de que se aprobaron estas leyes. Dijo: “Podemos ir en paz, felices pascuas, la casa está en orden”. Yo les digo que ni podemos estar en paz ni la casa está en orden; necesitamos justicia en el caso Tlatlaya. Muchas gracias.

 El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con su anuencia, señor Presidente. Es evidente que es un hecho grave; se ha cuestionado a nivel nacional, a nivel internacional la presunción de haber asesinado a 22 personas en el estado de México por fuerzas federales, específicamente del Ejército Mexicano. Por esa razón el pueblo de México debe tener conocimiento, que la fracción del PRD propuso en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, la creación del grupo de trabajo.

 Es cuestionable la reacción del gobierno federal en el tema de la procuración de justicia, pues tuvo que primeramente opinar, sugerir, los extranjeros para ponerle atención al tema.

 Es indudable que este hecho lacera, nos coloca en una situación difícil de violar garantías constitucionales, derechos humanos. Valdría la pena, señor presidente de la república, su intervención a efecto de que no sea el fuero federal quien intervenga en este asunto, puesto que los elementos que presumiblemente participaron en estos hechos delictivos, son del Ejército Mexicano.

 Se dice que están detenidos, precisamente, por las autoridades castrenses, pero esta Cámara federal, el Congreso de la Unión legisló en la materia y se establece que cuando un elemento, específicamente que cuando un militar comete un delito del fuero común, debe ser juzgado, debe ser investigado por las autoridades del fuero común como en el caso.

 Por el bien de México, por el bien de nuestra nación, es necesario rescatar la credibilidad de las fuerzas federales, de nuestro Ejército, de la Marina; es necesario tener una investigación pronta, profesional, en la que se tenga que castigar a quienes, si es que así fue, asesinaron a estas personas, tengan que ser castigados.

 Nadie –termino, señor presidente– está facultado para privar de la vida a otro de ninguna forma. Es un hecho que establece nuestra Constitución, y si bien estas personas formaban parte de grupos delictivos, tenían en su poder armas, droga, debieron ser puestos a disposición de la autoridad competente y esperamos que no sea cierto el hecho de que los privaron de la vida. Muchísimas gracias.

 El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Duarte Ortuño. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.

 El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente.

 El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

 El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el crimen se tiene que combatir, las víctimas del crimen se tienen que proteger, pero en un Estado civilizado el crimen no se puede combatir con crimen, tampoco mucho menos si éste es un crimen de lesa humanidad, mucho menos si son abusos cometidos por instituciones del Estado mexicano.

 Aquí, compañeras y compañeros, nos encontramos con la disyuntiva de la creación de un órgano de la Cámara de Diputados, que s una Comisión Especial, digamos, no es una Comisión Especial, es un grupo de trabajo inmerso dentro de la Comisión de Derechos Humanos, y esto no debería estar sucediendo en este momento.

 ¿Por qué no debería estar sucediendo en este momento? Porque las instituciones del Estado mexicano si fuesen fuertes esta situación debería estar en un proceso franco de resolución. Pero la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, digamos, el pueblo de México en general tiene desconfianzas a sus instituciones, por lo que requiere que haya órganos que cuiden a otros órganos, que cuidan a otros órganos, que cuidan a otros órganos, y nos vamos hasta el infinito. No hay confianza.

 No hay confianza a pesar de que la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, ha hecho un compromiso fuerte y firme desde hace muchos años de respetar los derechos humanos.

 Miren, amigas y amigos, les quiero mencionar que soy de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hubo una fuerza federal, principalmente del Ejército, en los primeros años de la violencia en Ciudad Juárez –del Ejército principalmente– y hubo muchas violaciones de derechos humanos que eventualmente se fueron atendiendo por la Sedena.

 Ahora tenemos una muestra de buena fe de la Sedena, de que al menos están detenidos los presuntos implicados en este crimen de lesa humanidad, pero debería ya la Sedena haberlos puesto a disposición del Ministerio Público Federal, materia federal penal de la autoridad civil, para que se llevase a cabo el procedimiento y el proceso penal correspondiente.

 Estos presuntos culpables de inmediato se tienen que poner a disposición de la autoridad civil para cumplir nuestros ordenamientos legales, y este grupo de trabajo estará abocado a que así se lleve a cabo las pesquisas de una manera adecuada y hacer las recomendaciones al Ejecutivo federal que correspondan. Es cuanto, señor presidente.

 El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Angulo Parra. Esta Presidencia ha otorgado el uso de la palabra a todos los grupos parlamentarios y por ello se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, a más de que así lo ha normado esta misma asamblea.

 Por ello pido a la Secretaría consulte a la propia asamblea en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

 El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

 El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.