Organizaciones
reprueban filtraciones de la PGJDF en caso Narvarte
ANAYELI
GARCÍA MARTÍNEZ
APRO…CIMAC, 6
DE AGOSTO DE 2015
Exigen
justicia para Rubén Espinosa en Xalapa
Foto:
Miguel Ángel Carmona
MÉXICO,
D.F., (apro-cimac).- Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de
derechos humanos acusaron que las filtraciones de la investigación por el
feminicidio de Yesenia Quiroz, Nadia Vera, Mile Virginia Martín y Alejandra
Negrete, así como del asesinato del fotoperiodista de la revista Proceso Rubén
Espinosa, profundizan la incredulidad sobre las pesquisas por parte de las
autoridades judiciales.
El
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), Artículo 19, el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre otras organizaciones civiles,
criticaron que desde el día del crimen, el pasado 31 de julio, circula
información contradictoria de los hechos por parte de fuentes oficiales.
En
un comunicado, dijeron que esa información afecta los derechos humanos de las
víctimas directas e indirectas. Por ello, externaron su preocupación de que los
datos ventilados ante la opinión pública también lleguen a los probables
responsables, que aún están prófugos.
La
investigación, advirtieron los grupos civiles, propicia un inadecuado manejo de
la información, además de que desacredita, discrimina y estigmatiza a las
víctimas por su nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos.
En
caso de no corregirse, advirtieron, esta situación profundizará la desconfianza
hacia la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal (PGJDF), y la
incredulidad respecto de lo que pueda concluir la investigación.
Por
esta razón, las organizaciones defensoras llamaron a las autoridades a ajustar
su trabajo de investigación con bases en los estándares mínimos en materia de
derechos humanos.
Las
autoridades judiciales, agregaron, deben cumplir los protocolos de
investigación para que se garantice un mínimo de credibilidad en los resultados
y para que se evite poner en riesgo o vulnerar la seguridad de las víctimas
indirectas, así como de las personas testigos del caso.
También
precisaron que la información sobre el avance de la indagación debe ser
difundida, primero a las víctimas indirectas y después a los medios de
comunicación, para que la sociedad tenga información certera sobre el caso.
“Las
filtraciones son reflejo del incumplimiento del Estado para garantizar el
acceso a la justicia”, advirtieron.
Asimismo,
exigieron a las autoridades judiciales una investigación seria, imparcial y
transparente que agote todas las hipótesis del caso.
Las
organizaciones exigieron cumplir los protocolos para la investigación de los
casos de feminicidio y se incorpore la perspectiva de género, ante las
características de violencia perpetrada contra las víctimas.
Piden
en Veracruz intervención de PGR
Por
su parte, el Colectivo Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos
Toaltepeyolo AC, de Orizaba, Veracruz, pidieron la intervención de la
Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle)
en el caso, con base en las denuncias que Rubén Espinosa y Nadia Vera hicieron
públicas con el señalamiento directo al gobierno de Javier Duarte.
En
un comunicado, las organizaciones civiles señalaron que ante la mala actuación
de las autoridades de la PGJDF, la PGR debe ejercer con prontitud su facultad
de atracción para conocer de todos los delitos del fuero común conexos con el
homicidio de Espinosa Becerril, garantizando la integralidad de las
investigaciones y la debida diligencia mediante la aplicación de la perspectiva
de género y de derechos humanos.
Enfatizaron
que la competencia de la PGR es obligatoria, por mandato constitucional, no
obstante, ésta se ha negado a conocer de los hechos de la colonia Narvarte y ha
permitido que sea la PGJDF quien realice la investigación.
A
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le exigieron investigar las graves
violaciones a derechos humanos que, señalaron, son fundamentos de la Queja
interpuesta hoy en dicha instancia cuyo número de folio es el 77201.
También
pidieron que la CNDH y la PGR informen de sus acciones en torno al caso y les
permitan el acceso a la investigación del mismo.
Una
petición más de los activistas consiste en informar de las medidas de
protección implementadas para garantizar la seguridad, vida e integridad de los
periodistas de Veracruz, así como de todas aquellas víctimas directas,
indirectas y potenciales; y que se informe sobre las diligencias realizadas en
la investigación, vinculadas con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza,
desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos delictivos.
Finalmente,
enfatizaron que se “abstenga de filtrar información pretendiendo centrar la
investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones dejando de lado
el posible móvil político y el involucramiento
de agentes del Estado de Veracruz”.
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