Revista
Proceso
# 2029, 20 de septiembre de 2015.
La ley sobre
desapariciones avanza a regañadientes/MATHIEU TOURLIERE
La
desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa finalmente obligó el
gobierno de Enrique Peña Nieto a anunciar la elaboración de una nueva ley
general sobre ese tópico. Lo hizo después de dos décadas de sordera de las
autoridades federales ante los reclamos de los familiares de víctimas, las
presiones de los organismos internacionales y de activistas sociales.
El
próximo 17 de diciembre a más tardar, el Legislativo deberá aprobar el texto
final que en próximos días le enviará la Secretaría de Gobernación. Mientras
llega, en el Senado ya se barajan algunas iniciativas de organizaciones civiles
sobre las desapariciones forzadas.
En
el documento, elaborado a partir de información obtenida en dependencias del
gobierno federal y organizaciones civiles, los expertos de la ONU lamentan “la
situación deteriorada que prevalece en México desde que realizaron su visita”,
y denuncian que, “salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se
esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación”.
Pese
a ello, el grupo presidido por Ariel Dulitzky dio la bienvenida a la futura ley
general, pues “brinda una oportunidad histórica al Estado mexicano para
armonizar su normatividad interna con sus compromisos internacionales, remontar
la situación crítica por la que atraviesa y adoptar finalmente las
transformaciones estructurales que se requieren en materia de desaparición de
personas”.
Los
retos
En
entrevista con Proceso, Héctor Cerezo, del Comité Cerezo, comenta sobre los riesgos
de aprobar una iniciativa escrita sólo para salir al paso de la presión
nacional e internacional y presumir al mundo que México es uno de los 12 países
que tiene una ley contra la desaparición forzada, según se desprende del
borrador, que ni siquiera habla de “desaparición forzada” en el título.
“El
propio nombre está mal –dice–, pues demuestra una intencionalidad de equiparar
las desapariciones del Estado con las del narco, pero también con las personas
que se perdieron o se extraviaron.
“Las
familias nos dicen que, dada la naturaleza de la desaparición forzada, es
necesario tener una ley exclusivamente sobre esta materia.”
Hasta
el capítulo tres, artículo 68, se habla de la tipificación del delito de
“desaparición por particulares”, que es perpetrada por agentes ajenos al
Estado.
El
documento al que alude Cerezo es una versión preliminar de la iniciativa de
Gobernación, que se modificará antes de presentarla como anteproyecto oficial
ante el Legislativo.
En
él, la dependencia propone crear un sistema nacional de búsqueda de personas
que estaría a cargo de la Procuraduría General de la República y de las
procuradurías estatales, que a su vez contarían con unidades especializadas en
la búsqueda de personas extraviadas.
Asimismo,
se prevé que el Ministerio Público federal podría atraer casos cuando se
percate de que las autoridades locales investigan de manera lenta, parcial o no
exhaustiva. El sistema nacional también integraría un registro de personas
desaparecidas y no localizadas, y un registro forense nacional.
Cerezo
lamenta que la tipificación del delito de desaparición forzada se limite a los
“servidores públicos” que “dolosamente” privan de la libertad a una persona,
esconden su paradero y encubren a quienes perpetran la desaparición u obstaculizan
la búsqueda.
Explica:
primero, porque existen controversias jurídicas sobre los integrantes de las
Fuerzas Armadas, quienes no son considerados servidores públicos; segundo,
porque para las autoridades hay delito “sólo cuando el funcionario (tiene) la
intención de desaparecer a una persona y ocultar su paradero, pero no importa
que sea dolosamente o no”. Sólo si lo hace así, dicen, es culpable.
Y
agrega: “El proyecto de Gobernación sanciona a la cadena de mando aunque no
condena a quien adultera la investigación; tampoco castiga con rigor a quienes,
sabiendo que se comete el ilícito, no hacen nada por evitarlo”.
El
director de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz Rendón,
comenta al reportero que si bien la dependencia encabezada por Miguel Ángel
Osorio Chong compartió el borrador con organizaciones civiles para recibir sus
comentarios, es lamentable que el Ejecutivo federal nunca haya escuchado
directamente a los familiares de los desaparecidos para elaborar su proyecto de
ley.
El
miércoles 9, familiares de los desaparecidos entregaron al subsecretario de
Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, un
documento con los puntos mínimos que debería contener la ley general, entre
ellos garantizar su participación en el diseño de los mecanismos y los
protocolos de búsqueda, y prever mecanismos de rendición de cuentas.
Campa
se comprometió a que el documento sería tomado en cuenta. Horas después fue
sustituido por Arturo Escobar Vega, el polémico dirigente del Partido Verde.
Quiroz
Rendón confía en que la sociedad civil vigile el proceso legislativo para
evitar que la ley sobre las desapariciones forzadas se convierta en un elefante
blanco, como fue el caso de las leyes de víctimas y contra la tortura.
“Se
requiere voluntad de garantizar una independencia seria (de los mecanismos) y
se les tiene que dotar de la adecuada infraestructura y tecnología, así como de
un presupuesto suficiente para realizar la búsqueda. Es una serie de cuestiones
muy operativas pero también políticas”, sostiene el representante de AI.
Proyecto
alterno
Desde
2006 el Comité Cerezo y organizaciones de familiares agraviados –como el Comité
Hasta Encontrarlos– empezaron a elaborar un proyecto de ley sobre
desapariciones forzadas.
Partieron
de su experiencia directa, consultaron los libros sobre la materia, compararon
siete iniciativas de ley, nacionales e internacionales, entre ellas las de
Colombia, Argentina y Uruguay, y recibieron asesoría de especialistas como la
italiana Gabriella Citroni, el alemán Rainer Huhle y el chileno Roberto
Garretón.
Al
final redactaron la “Iniciativa que expide una Ley General para Prevenir,
Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la
Desaparición de Personas cometida por Particulares”. El jueves 3 se la
entregaron a la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien una semana después la turnó a
comisiones para su discusión.
Las
organizaciones proponen crear una nueva fiscalía federal y una red de fiscalías
en los estados que, argumentan, deben ser autónomas y reguladas por
representantes de los gobiernos federal y estatal, así como por representantes
de organizaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos y un
representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
la ONU.
Pugnan
también por que cada fiscalía cuente con dos subfiscalías: una que se encargue
de la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, y otra que se dedique a
investigar y procesar las sanciones contra los perpetradores de desapariciones;
la creación de un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense
Mexicano, cuya sede estaría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus
peritos, comenta Cerezo, se encargarían de los bancos genéticos y del registro
nacional de restos mortuorios.
Sobre
las sanciones, los autores de la iniciativa piden endurecer las penas en casos
de tortura durante la desaparición forzada cuando se practique en contra de
menores, migrantes, defensores de derechos humanos y testigos, entre otros.
“Lo
que nos da esta iniciativa de ley es un techo de discusión muy alto”, estima
Cerezo. Hasta el jueves 17, la iniciativa ciudadana, disponible en internet,
había recibido el aval de 111 organizaciones.
Ese
mismo día, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el decreto que
establece el 26 de septiembre como Día Nacional Contra la Desaparición Forzada
de Personas. Con ello, el PRI acepta que en México se comete ese delito. Ahora
el tricolor tiene el voto decisivo en la comisión especial del caso Ayotzinapa.
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