Retrospectiva
Una nota de Alfredo Méndez Ortiz, en La Jornada, (22/01/2007); informó que:
"Jueces y magistrados federales en materia penal solicitaron al Ejército Mexicano se les amplíe el permiso de poseer y portar, por juzgador, al menos dos pistolas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, como parte de su ''defensa personal'' ante el ''embate del crimen organizado'' que busca ''limitar la autonomía'' de los juzgadores."
Además, "pidieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la PGR y a la SSP, refuercen las medidas de seguridad para proteger a los responsables de órganos jurisdiccionales que rechazaron amparar a los 15 presuntos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, el pasado viernes (19 de enero), como parte del convenio de colaboración bilateral entre México y el vecino país."
"Mediante un escrito, firmado por impartidores de justicia federales que hicieron llegar al CJF..., los juzgadores exigieron garantías de seguridad para continuar con su labor de procesar y sentenciar a delincuentes. Además, pusieron de manifiesto su temor ante cualquier ''acto de represalia'' que pudiera derivar de las resoluciones adversas a los líderes extraditados...”
Agrega la nota que "de acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, el escrito, avalado por la mayoría de juzgadores en materia penal con sede en los penales federales del Altiplano (antes La Palma), de Occidente (antes Puente Grande), y del Noreste (Matamoros, Tamaulipas), va orientado a exigir que se refuercen las actuales medidas de seguridad que se aplican en los órganos jurisdiccionales(...) Entre las medidas de seguridad especial que solicitaron estuvo que los puedan dotar de camionetas o automóviles blindados; custodios para ellos y sus familiares, así como de registros satelitales de rastreo vehicular, para que puedan ser monitoreados en caso de algún secuestro."
Además la nota del reportero señala que "de acuerdo con los funcionarios del PJF consultados, al menos 100 jueces y magistrados que ya cuentan con permiso de la Sedena para portar un arma..."
Un día después, el martes 23 de enero, en la comparecencia ante la Primera Comisión de la Permanente, del Procurador Medina Mora respondió a una pregunta del diputado Juan de Dios Castro del PAN: -"señor procurador, todos sabemos que en Colombia, Pablo Escobar desató una ola de violencia después de que iniciaron las extradiciones. Asesinaron a más de 40 jueces y a más de 550 policías. ¿Existe, por parte de la dependencia que usted dirige, la probabilidad de que esta situación se presente con el anuncio y la acción de extraditar a delincuentes a EE UU?"
El Procurador respondió: “-en cualquier caso el Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de los jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales; ha tomado también determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer también la seguridad en los penales locales. Lo mismo en todas las instancias públicas que tienen intervención en esta materia. Es cuanto, diputado.”
Y el presidente Calderón en un mensaje del jueves 25/01/2007; en Alemania sobre las Prioridades de la Política Económica y las Oportunidades para la Inversión Extranjera en México, reitero, lo que dijo el Procurador:
"...por ello, estamos haciendo un combate frontal a la corrupción, a la ilegalidad, al contrabando; recientemente, en las primeras acciones de Gobierno que hemos tomado, una de las tareas ha sido reconstruir, por ejemplo, la seguridad pública; el crimen, por ejemplo, hay que reconocerlo, fue tomando espacios en el país. Y no hemos dudado de actuar de manera enérgica desde el primer día del Gobierno, conjuntando no sólo a las policías federales e incluso haciendo operativos conjuntos e incluso con el Ejército y la Marina de México para recuperar la autoridad del Estado, en regiones del país con fuerte influencia de organizaciones criminales.
Hemos reforzado las propias autoridades policíacas y estamos poniendo en marcha un nuevo modelo de seguridad pública y, recientemente, ante un problema endémico que estábamos enfrentando, en el cual, los líderes, los capos de la droga en México, que estaban en prisión y que tenían control, todavía sobre sus cárteles y que estaban amenazando jueces, fiscales, empresarios, ciudadanos, desde la prisión, incluso, que habían ejecutado a varios jueces mexicanos, tomamos la decisión de extraditar a 15 capos del narcotráfico que demandaba la justicia de Estados Unidos..."
Y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), según una nota de Jesús Aranda en La Jornada (26/01/2007); informa que "el CJF desestimó ayer las amenazas en contra de jueces y magistrados por presuntas represalias del narcotráfico".
"En una postura que contrasta con la preocupación del Ejecutivo sobre la seguridad de los jueces, el CJF señaló en un comunicado: "con motivo de las recientes extradiciones, no había recibido petición expresa por parte de algún juzgador federal para obtener protección o para solicitar licencia de portación de armas".
"En el Poder Judicial, agrega el texto, los juzgadores federales cumplen con los imperativos constitucionales de excelencia, profesionalismo e imparcialidad, y cuentan en todo momento con el respaldo del consejo. Sobre el particular, el comunicado afirma que la protección a magistrados y jueces federales obedece a un programa permanente que se otorga a todos los juzgadores que por razones de su trabajo instruyen procesos o dictan resoluciones que tienen que ver con organizaciones criminales o miembros de la delincuencia organizada."
"Jueces y magistrados federales en materia penal solicitaron al Ejército Mexicano se les amplíe el permiso de poseer y portar, por juzgador, al menos dos pistolas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, como parte de su ''defensa personal'' ante el ''embate del crimen organizado'' que busca ''limitar la autonomía'' de los juzgadores."
Además, "pidieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la PGR y a la SSP, refuercen las medidas de seguridad para proteger a los responsables de órganos jurisdiccionales que rechazaron amparar a los 15 presuntos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, el pasado viernes (19 de enero), como parte del convenio de colaboración bilateral entre México y el vecino país."
"Mediante un escrito, firmado por impartidores de justicia federales que hicieron llegar al CJF..., los juzgadores exigieron garantías de seguridad para continuar con su labor de procesar y sentenciar a delincuentes. Además, pusieron de manifiesto su temor ante cualquier ''acto de represalia'' que pudiera derivar de las resoluciones adversas a los líderes extraditados...”
Agrega la nota que "de acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, el escrito, avalado por la mayoría de juzgadores en materia penal con sede en los penales federales del Altiplano (antes La Palma), de Occidente (antes Puente Grande), y del Noreste (Matamoros, Tamaulipas), va orientado a exigir que se refuercen las actuales medidas de seguridad que se aplican en los órganos jurisdiccionales(...) Entre las medidas de seguridad especial que solicitaron estuvo que los puedan dotar de camionetas o automóviles blindados; custodios para ellos y sus familiares, así como de registros satelitales de rastreo vehicular, para que puedan ser monitoreados en caso de algún secuestro."
Además la nota del reportero señala que "de acuerdo con los funcionarios del PJF consultados, al menos 100 jueces y magistrados que ya cuentan con permiso de la Sedena para portar un arma..."
Un día después, el martes 23 de enero, en la comparecencia ante la Primera Comisión de la Permanente, del Procurador Medina Mora respondió a una pregunta del diputado Juan de Dios Castro del PAN: -"señor procurador, todos sabemos que en Colombia, Pablo Escobar desató una ola de violencia después de que iniciaron las extradiciones. Asesinaron a más de 40 jueces y a más de 550 policías. ¿Existe, por parte de la dependencia que usted dirige, la probabilidad de que esta situación se presente con el anuncio y la acción de extraditar a delincuentes a EE UU?"
El Procurador respondió: “-en cualquier caso el Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de los jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales; ha tomado también determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer también la seguridad en los penales locales. Lo mismo en todas las instancias públicas que tienen intervención en esta materia. Es cuanto, diputado.”
Y el presidente Calderón en un mensaje del jueves 25/01/2007; en Alemania sobre las Prioridades de la Política Económica y las Oportunidades para la Inversión Extranjera en México, reitero, lo que dijo el Procurador:
"...por ello, estamos haciendo un combate frontal a la corrupción, a la ilegalidad, al contrabando; recientemente, en las primeras acciones de Gobierno que hemos tomado, una de las tareas ha sido reconstruir, por ejemplo, la seguridad pública; el crimen, por ejemplo, hay que reconocerlo, fue tomando espacios en el país. Y no hemos dudado de actuar de manera enérgica desde el primer día del Gobierno, conjuntando no sólo a las policías federales e incluso haciendo operativos conjuntos e incluso con el Ejército y la Marina de México para recuperar la autoridad del Estado, en regiones del país con fuerte influencia de organizaciones criminales.
Hemos reforzado las propias autoridades policíacas y estamos poniendo en marcha un nuevo modelo de seguridad pública y, recientemente, ante un problema endémico que estábamos enfrentando, en el cual, los líderes, los capos de la droga en México, que estaban en prisión y que tenían control, todavía sobre sus cárteles y que estaban amenazando jueces, fiscales, empresarios, ciudadanos, desde la prisión, incluso, que habían ejecutado a varios jueces mexicanos, tomamos la decisión de extraditar a 15 capos del narcotráfico que demandaba la justicia de Estados Unidos..."
Y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), según una nota de Jesús Aranda en La Jornada (26/01/2007); informa que "el CJF desestimó ayer las amenazas en contra de jueces y magistrados por presuntas represalias del narcotráfico".
"En una postura que contrasta con la preocupación del Ejecutivo sobre la seguridad de los jueces, el CJF señaló en un comunicado: "con motivo de las recientes extradiciones, no había recibido petición expresa por parte de algún juzgador federal para obtener protección o para solicitar licencia de portación de armas".
"En el Poder Judicial, agrega el texto, los juzgadores federales cumplen con los imperativos constitucionales de excelencia, profesionalismo e imparcialidad, y cuentan en todo momento con el respaldo del consejo. Sobre el particular, el comunicado afirma que la protección a magistrados y jueces federales obedece a un programa permanente que se otorga a todos los juzgadores que por razones de su trabajo instruyen procesos o dictan resoluciones que tienen que ver con organizaciones criminales o miembros de la delincuencia organizada."
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