La presidencia del miedo/JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA
Si algo ha caracterizado a la Administración de George W. Bush es su disposición a utilizar el miedo como resorte para gobernar. Cuarenta y cinco días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, sin apenas debate, el presidente Bush obtuvo del Congreso la aprobación de la Ley Patriótica (Patriot Act). En esa ley y en subsiguientes medidas ejecutivas, muchas de ellas secretas, la Casa Blanca se llevó por delante el sistema de garantías judiciales que protegen a sus ciudadanos de los abusos del Gobierno y puso en suspenso el derecho internacional.
El siniestro ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, ayudado por un fiscal general que pasará a la historia por autorizar la tortura, Alberto Gonzales, pudo dar manos libres a sus subordinados para detener, secuestrar y torturar impunemente a todos aquellos sospechosos de terrorismo sin tener que preocuparse de control judicial alguno. Así, aduciendo la existencia de un estado de guerra, el presidente Bush derogó en la práctica una de las instituciones básicas de nuestra civilización: el hábeas corpus, un derecho presente ya en la Carta Magna británica de 1215, que obliga a las autoridades a poner a cualquier detenido a disposición judicial.
Siete años después de Guantánamo, Bush ha vuelto a utilizar todos los resortes del miedo para presentar un plan de rescate financiero que pasará a la historia no sólo por el enorme cinismo e inmoralidad que destila sino porque en él, una vez más, el Gobierno ha pretendido concederse a sí mismo poderes ilimitados para actuar con total discreción sin tener que rendir cuentas al Congreso.
Dirigiéndose a la ciudadanía el 24 de septiembre, Bush pintó un panorama estremecedor pero, a la vez, perfectamente adaptado a las ansiedades de cada grupo social: "Si tienes un negocio o una granja, los bancos no te darán crédito y tendrás que cerrar o vender; si tienes un plan de pensiones, la Bolsa se desplomará y tu pensión se reducirá; si quieres enviar a tus hijos a la universidad, no habrá préstamos; si tienes una hipoteca, el valor de tu casa se hundirá"; en definitiva, nada menos que una "larga y dolorosa recesión" con "millones de desempleados y desahucios".
Para conjurar este peligro, Bush ha pedido al Congreso que ponga a disposición del secretario del Tesoro, Hank Paulson, 700.000 millones de dólares (477.000 millones de euros) con los que poder comprar y vender cualquier activo relacionado con el mercado hipotecario al precio que considere conveniente; contratar a cuantas personas fueran necesarias; aprobar todas las medidas que estime necesario y firmar contratos sin tener en cuenta ninguna disposición legal sobre contratos públicos, todo ello, al mismo tiempo que se estipula, literalmente, que "las decisiones del secretario del Tesoro están libres de inspección, dependen de la discreción del organismo y no están sujetas a la inspección de ningún tribunal ni organismo del Gobierno".
Todo ello sin asumir ninguna responsabilidad por la crisis, prometer reforma alguna en la regulación del sector financiero o abrir la puerta para que los ciudadanos, al igual que los bancos, también puedan renegociar sus hipotecas y salvar sus viviendas.
En la práctica, Bush ha planteado el equivalente a una economía de guerra. Por un lado, se deroga un principio clave del constitucionalismo estadounidense, íntimamente ligado a la declaración de independencia: que el Gobierno está sometido a control parlamentario (no taxation without representation).
Por otro, arguyendo que los mercados han dejado de funcionar, se instaura un régimen en el que los precios son fijados por el Gobierno, como ocurría en las economías de planificación central. Con razón, tanto demócratas como republicanos han puesto el grito en el cielo. Afortunadamente, en esta ocasión el Congreso no se ha dejado impresionar por un plan diseñado por un secretario del Tesoro que antes de unirse a la Administración de Bush amasó una fortuna de 700 millones de dólares como presidente de Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street. No parece, desde luego, que sea la persona adecuada para, en estas circunstancias, solicitar 2.000 dólares a cada ciudadano estadounidense para superar la crisis.
En su reacción ante el 11-S, la Administración de Bush llevó al país a una guerra ilegal, inútil y costosísima. Ahora, su plan para salir de la crisis repite los mismos temas de la guerra de Irak: ilegal, inútil y cara. Menos mal que con las elecciones a la vuelta de la esquina, los congresistas temen más a Bush que a Al Qaeda.
jitorreblanca@ecfr.eu
El siniestro ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, ayudado por un fiscal general que pasará a la historia por autorizar la tortura, Alberto Gonzales, pudo dar manos libres a sus subordinados para detener, secuestrar y torturar impunemente a todos aquellos sospechosos de terrorismo sin tener que preocuparse de control judicial alguno. Así, aduciendo la existencia de un estado de guerra, el presidente Bush derogó en la práctica una de las instituciones básicas de nuestra civilización: el hábeas corpus, un derecho presente ya en la Carta Magna británica de 1215, que obliga a las autoridades a poner a cualquier detenido a disposición judicial.
Siete años después de Guantánamo, Bush ha vuelto a utilizar todos los resortes del miedo para presentar un plan de rescate financiero que pasará a la historia no sólo por el enorme cinismo e inmoralidad que destila sino porque en él, una vez más, el Gobierno ha pretendido concederse a sí mismo poderes ilimitados para actuar con total discreción sin tener que rendir cuentas al Congreso.
Dirigiéndose a la ciudadanía el 24 de septiembre, Bush pintó un panorama estremecedor pero, a la vez, perfectamente adaptado a las ansiedades de cada grupo social: "Si tienes un negocio o una granja, los bancos no te darán crédito y tendrás que cerrar o vender; si tienes un plan de pensiones, la Bolsa se desplomará y tu pensión se reducirá; si quieres enviar a tus hijos a la universidad, no habrá préstamos; si tienes una hipoteca, el valor de tu casa se hundirá"; en definitiva, nada menos que una "larga y dolorosa recesión" con "millones de desempleados y desahucios".
Para conjurar este peligro, Bush ha pedido al Congreso que ponga a disposición del secretario del Tesoro, Hank Paulson, 700.000 millones de dólares (477.000 millones de euros) con los que poder comprar y vender cualquier activo relacionado con el mercado hipotecario al precio que considere conveniente; contratar a cuantas personas fueran necesarias; aprobar todas las medidas que estime necesario y firmar contratos sin tener en cuenta ninguna disposición legal sobre contratos públicos, todo ello, al mismo tiempo que se estipula, literalmente, que "las decisiones del secretario del Tesoro están libres de inspección, dependen de la discreción del organismo y no están sujetas a la inspección de ningún tribunal ni organismo del Gobierno".
Todo ello sin asumir ninguna responsabilidad por la crisis, prometer reforma alguna en la regulación del sector financiero o abrir la puerta para que los ciudadanos, al igual que los bancos, también puedan renegociar sus hipotecas y salvar sus viviendas.
En la práctica, Bush ha planteado el equivalente a una economía de guerra. Por un lado, se deroga un principio clave del constitucionalismo estadounidense, íntimamente ligado a la declaración de independencia: que el Gobierno está sometido a control parlamentario (no taxation without representation).
Por otro, arguyendo que los mercados han dejado de funcionar, se instaura un régimen en el que los precios son fijados por el Gobierno, como ocurría en las economías de planificación central. Con razón, tanto demócratas como republicanos han puesto el grito en el cielo. Afortunadamente, en esta ocasión el Congreso no se ha dejado impresionar por un plan diseñado por un secretario del Tesoro que antes de unirse a la Administración de Bush amasó una fortuna de 700 millones de dólares como presidente de Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street. No parece, desde luego, que sea la persona adecuada para, en estas circunstancias, solicitar 2.000 dólares a cada ciudadano estadounidense para superar la crisis.
En su reacción ante el 11-S, la Administración de Bush llevó al país a una guerra ilegal, inútil y costosísima. Ahora, su plan para salir de la crisis repite los mismos temas de la guerra de Irak: ilegal, inútil y cara. Menos mal que con las elecciones a la vuelta de la esquina, los congresistas temen más a Bush que a Al Qaeda.
jitorreblanca@ecfr.eu
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