Formal prisión al Wencho

SE DICTA FORMAL PRISIÓN CONTRA WENCESLAO ÁLVAREZ ÁLVAREZ (A) "EL WENCHO"
Martes, 25 de Noviembre de 2008 Boletín 949/08
La Procuraduría General de la República informa que como resultado del trabajo jurídico-penal del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, dentro de la causa penal 263/2008-III, dictó auto de formal prisión contra Wenceslao Álvarez Álvarez (a) "Wencho" y/o Wenchin" y/o "Wencholin" y/o "Dobel" y/o "W"; Jorge Espejo Velazco y/o Jorge Espejo Velásquez; Fernando Pérez Vázquez, Mario Botello Rivera y Fidel Herrera Paz, como probables responsables en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada. A Wenceslao Álvarez Álvarez (a) "Wencho" y/o Wenchin" y/o "Wencholin" y/o "Dobel" y/o "W", también se le sujeta a proceso penal por Delitos Contra la Salud, en la modalidad de tráfico de narcóticos. Para Mario Botello Rivera, Fidel Herrera Paz, Jorge Espejo Velazco y/o Jorge Espejo Velásquez, Fernando Pérez Vázquez y Fernando Pérez Vázquez; el Juez los encausó penalmente como probables responsables en la comisión del delito de Contra la Salud, en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos de contra la salud.

Los hoy procesados pertenecen a la Organización Criminal conocida como "La Familia", cuyo líder responde al nombre de Wenceslao Álvarez Álvarez (a) "Wencho" y/oWenchin" y/o "Wencholin" y/o "Dobel" y/o "W"; quien tiene asentada su base de operaciones en Nueva Italia, Michoacán, y mantiene nexos con los ZETAS, principalmente con Miguel Treviño el "L-40"; se dedican a traficar grandes cantidades de cocaína y marihuana desde Colombia y México hacia los Estados Unidos, principalmente a Atlanta.

La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de combatir con la Ley y su aplicación estricta a toda manifestación del crimen organizado, y cumplir así las metas comprometidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y ser más eficientes en la acción jurídica del Estado en contra de la criminalidad e impunidad.