Una
“pandilla transexenal” oculta detalles del asesinato de Ruiz Massieu/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso 1977, 20 de septiembre de 2014
A
20 años de ocurrido, ahora se sabe que los pormenores del asesinato de José
Francisco Ruiz Massieu, secretario
general del PRI en 1994, fueron enturbiados de manera deliberada tanto por
Carlos Salinas de Gortari como por su sucesor Ernesto Zedillo. También se
mantuvieron ocultos en los gobiernos de Fox y Calderón, según revela Humberto
Hernández Haddad, en aquel tiempo cónsul de México en San Antonio, Texas, y
testigo clave del caso. De acuerdo con él, “una pandilla burocrática
transexenal” ha impedido el esclarecimiento de ese asesinato y del paradero de
Manuel Muñoz Rocha, de quien incluso se solicitó en secreto su extradición al
gobierno estadunidense.
El
gobierno de México ocultó información para que el asesinato de José Francisco
Ruiz Massieu quedara sin esclarecerse. Documentos desclasificados en Estados
Unidos dejan en claro que las autoridades mexicanas supieron desde el principio
en dónde se encontraba el diputado Manuel Muñoz Rocha, operador del crimen del
secretario general del PRI perpetrado el 28 de septiembre de 1994.
Una
vez que habían transcurrido 10 días del asesinato, la administración de Carlos
Salinas de Gortari le hizo saber a la estadunidense, mediante su embajada en
México, que tenía localizado al diputado del PRI por Tamaulipas en
Brownsville, Texas, por lo que le solicitó su detención con fines de
extradición.
En
México, en cambio, el gobierno de Salinas, y después el de Zedillo, mantuvieron
oculto dicho paradero, abriendo la puerta para que el homicidio fuera declarado
prescrito por la justicia federal sin las agravantes del caso, como en efecto
ocurrió en 2009. La justicia mexicana nunca conoció de la solicitud hecha a
Estados Unidos, según confirmó el Poder Judicial de la Federación apenas el 26
de junio pasado.
Muchos
de los actores de la época siguen en funciones oficiales, tanto en la
diplomacia como en áreas administrativas del gobierno de Enrique Peña Nieto,
cuya secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, es hija del político
asesinado y de Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente.
Fue
precisamente la administración salinista la que comenzó a ocultar en México
información relativa al homicidio, no obstante la solicitud oficial presentada
a Estados Unidos, que a continuación se reproduce sustancialmente:
“La
Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la embajada de los
Estados Unidos de América y tiene el honor de referirse al Tratado de
Extradición suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América para solicitar al gobierno de Vuestra Excelencia (…) la detención
provisional con fines de extradición de Manuel Muñoz Rocha, a quien las
autoridades mexicanas reclaman por su probable responsabilidad en la comisión
del delito de homicidio”, dice un documento desclasificado por el Departamento
de Estado y fechado el 8 de octubre de 1994.
Explica
asimismo que la orden de aprehensión en contra del diputado priista había sido
emitida apenas un día antes, el 7 de octubre.
“La
urgencia de presentar esta petición se justifica en el hecho de que el
reclamado se encuentra localizable en la ciudad de Brownsville, Texas”, agrega
el documento denominado Unclassified US Department of State Case No.
F-2011-06745 Doc No. C1764005 Date 02/05/2013.
El
mismo día de esa petición, de acuerdo con los documentos desclasificados, la
embajada de Estados Unidos respondió. Una de las comunicaciones fue dirigida al
entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración, Alberto Pérez Blas,
actual director de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
En
esa respuesta, firmada por David Beall, segundo a cargo de la embajada, se
incluye el nombre de Fernando Rodríguez González, asesor de Muñoz Rocha en la
Cámara de Diputados y quien se convirtió en testigo pagado de la Procuraduría
General de la República, ya en la administración de Ernesto Zedillo.
Rodríguez
fue quien en una segunda declaración ministerial inculpó a Raúl Salinas. El
hermano del expresidente fue detenido cinco meses después del asesinato y pasó
10 años en prisión como autor intelectual, aunque en 2005 salió libre por falta
de pruebas (Proceso 1493).
El
comunicado de la embajada expresa: “Gracias por su carta al embajador Jones del
8 de octubre de 1994, requiriendo que el gobierno de los Estados Unidos inicie los
procedimientos de deportación en contra de los ciudadanos mexicanos Manuel
Muñoz Rocha y Fernando Rodríguez González. La embajada entiende que los
individuos mencionados están siendo acusados de asesinato por el gobierno de
México.
“El
(entonces) INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) y el FBI han iniciado
acciones necesarias para poner a Muñoz Rocha y a Rodríguez González bajo los
procedimientos de deportación. La embajada lo mantendrá informado…”, señala el
funcionario estadunidense.
Aunque
el crimen se cometió a finales del sexenio de Salinas, ya con Zedillo como
presidente electo, fue la administración zedillista la que se encargó de hacer
más grande la confusión al respecto. Sus sucesores del PAN no sólo dejaron que
el caso prescribiera, sino que mantuvieron y promocionaron a algunos de los
principales funcionarios que ocultaron la información.
La
desclasificación evidenció el doble discurso de las autoridades mexicanas de la
época. El más revelador de esos papeles es que Salinas y Zedillo, más allá de
su confrontación, siempre supieron que Muñoz Rocha huyó a Texas.
Las
110 páginas desclasificadas forman parte del acopio de información hecho por la
embajada sobre el asesinato del dirigente priista, la violencia política de
1994 y la manera en que actuó el gobierno de Zedillo. Incluye dos
conversaciones del embajador Jones con el procurador general de la República de
Zedillo, el panista Antonio Lozano Gracia, y el secretario particular del
presidente, Luis Téllez, ahora polémico presidente de la Bolsa Mexicana de
Valores.
En
su contestación al peticionario, al que identifica como “Mr. Schiller”, el
Departamento de Estado aclara que cuenta con 44 documentos de “interés
primario” sobre el caso; pero que sólo nueve de ellos fueron desclasificados en
su totalidad, 18 con restricciones, y que uno más fue retenido por completo.
Explica que, de los restantes, dos requieren de coordinación con otras agencias
del gobierno estadunidense para su liberación y que 13 más fueron elaborados
por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en
inglés), por lo que deben ser revisados junto con esa agencia. (Aunque el
Departamento de Estado reporta 44 documentos, el desglose que hace suma 43.)
“Una
pandilla transexenal”
Los
que están sin desclasificar se consideran top secret, manifestó en entrevista
con Proceso el entonces cónsul de México en San Antonio, Texas, Humberto
Hernández Haddad, actor involuntario inicialmente de las pesquisas en Estados
Unidos sobre Muñoz Rocha, y luego decidido litigante para que las autoridades
mexicanas hagan pública la información del caso que él mismo elaboró en cuanto
se supo que la justicia estadunidense había localizado al diputado en San
Antonio. Obtener sus propios informes a través de litigios de acceso a la
información le ha llevado 11 años.
Testigo
de primera mano de la actuación de los gobiernos de Salinas y Zedillo,
Hernández Haddad terminó confrontado con lo que define como “una pandilla
burocrática transexenal que cometió delitos sin ningún control” para impedir el
esclarecimiento del asesinato de Ruiz Massieu.
Ante
esa reiterada negativa oficial, acabó en el centro de una confrontación con la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la
República (PGR) que ha durado ya dos décadas. De ahí que haya decidido publicar
el libro Colosio y Ruiz Massieu. Veinte años después, que empieza a circular
esta semana.
“Es
un memorial jurídico de lo que me tocó vivir como cónsul general de México en
San Antonio en el caso Ruiz Massieu. No doy opiniones subjetivas, pero sí
pruebas documentales que se encuentran en archivos judiciales y gubernamentales
de México y Estados Unidos”, explicó el pasado miércoles 17 durante la
entrevista en su despacho del Distrito Federal.
La
mañana del asesinato de Ruiz Massieu en la esquina de avenida Reforma y la
calle Lafragua, en el centro de la capital mexicana, Hernández Haddad llevaba
al escritor Carlos Fuentes al aeropuerto de San Antonio. Ahí se enteraron del
homicidio del secretario general del PRI, el segundo de ese 1994, medio año
después del crimen del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, también del
PRI.
Dos
meses más tarde, el 30 de noviembre de 1994, comenzó “una pesadilla” para
Hernández Haddad. Ese día, el Departamento de Justicia le reportó que Muñoz
Rocha estaba localizado en San Antonio, y que había sido visto durante la
detención de otro fugitivo de la justicia mexicana, el abogado Enrique Fuentes
León, quien fue capturado tres semanas después del asesinato de Ruiz Massieu.
Fallecido
en junio del año pasado (Proceso 1912), Fuentes León llevaba seis años prófugo.
En México era buscado por haber sobornado a un ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y a dos magistrados para liberar a Alejandro Braun Díaz, conocido
como El Chacal de Acapulco, por haber asesinado y violado a una niña en el
puerto cuando el gobernador de Guerrero era José Francisco Ruiz Massieu.
“Los
cinco agentes estadunidenses que aprehendieron a Enrique Fuentes León el 19 de
octubre pasado, a las 12:30 horas en la Torre de Oficinas Alamo Savings de esta
ciudad, están rindiendo declaración el día de hoy afirmando que la persona que
lo acompañaba al momento del arresto es Manuel Muñoz Rocha, a quien reconocen
con base en las fotografías distribuidas por la Procuraduría General de la
República.”
Así
lo reportó el cónsul al secretario de Relaciones Exteriores de Salinas, Manuel
Tello. El último día del gobierno de Salinas, el 30 de noviembre de 1994, el
secretario particular del canciller, Juan Manuel Gómez Robledo –actual
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del gobierno de
Enrique Peña Nieto–, le pasó íntegro el reporte al entonces titular de la PGR,
Humberto Benítez Treviño, a quien Peña Nieto designó en 2012 el frente de la
Procuraduría Federal del Consumidor.
Ante
la insistencia de Hernández Haddad, el cónsul no sólo fue removido, sino vetado
del servicio público, luego de haber sido también diputado y senador del PRI,
además de encargado de asuntos internacionales de su partido.
Abogado
egresado de la UNAM, miembro del Centro de Estudios Internacionales de la
Universidad de Harvard y maestro en Políticas Públicas Internacionales por la
Universidad Johns Hopkins, aseguró que como cónsul nunca fue informado de la
solicitud de detención con fines de extradición de Muñoz Rocha a pesar de que
el caso caía en su jurisdicción consular.
Tampoco
la justicia federal fue advertida sobre la existencia de ese documento, como lo
confirmó en junio pasado, cuando el Poder Judicial de la Federación le
respondió a un pedido de información que la solicitud formal del gobierno
mexicano al de Estados Unidos nunca formó parte del juicio contra Muñoz Rocha.
A
pesar de su existencia, ni la PGR ni la SRE presentaron ese documento
desclasificado por el Departamento de Estado. De haber informado, el plazo para
la prescripción se habría duplicado, de acuerdo con el Código Penal Federal,
que en su artículo 101 prevé esa circunstancia para quienes salgan del
territorio nacional tras cometer un delito.
Añadió:
No sólo hubo ocultamiento de información a la justicia mexicana, sino que la
PGR reclasificó el delito como homicidio, que tiene una pena de 20 años, y no
como homicidio calificado, con premeditación, alevosía y ventaja, que se
penaliza con 40 años.
Además,
la PGR perdió una supuesta queja contra la prescripción. “Se equivocó” y, en
lugar de acusarlo por homicidio y asociación delictuosa, en el recurso lo acusó
de narcotráfico, con lo cual el Tribunal Unitario ratificó la prescripción.
“Hay
una cadena de mando político, diplomático y administrativo que se encuentra
perfectamente documentada y en la que quedan plenamente identificadas quiénes
eran las autoridades que tenían la responsabilidad de extraditar a Muñoz
Rocha”, subrayó.
Los
involucrados
Como
principales involucrados, además de Salinas y sus titulares de la SRE y la PGR,
Hernández Haddad identificó al propio Zedillo; a su procurador Antonio Lozano;
a su canciller José Ángel Gurría; al subsecretario para Asuntos Bilaterales,
Juan Rebolledo Gout; al oficial mayor de la SRE, Ildefonso Guajardo, y al
director general de Asuntos Jurídicos, Eduardo Ibarrola Nicolín, entre otros.
Todos
siguen activos. La mayoría en el sector público. Lozano Gracia se dedicó a
litigar después de ser despedido de la PGR tras la pifia de la supuesta vidente
La Paca que le dijo al Ministerio Público en dónde, supuestamente, había
enterrado Raúl Salinas los restos de Muñoz Rocha.
Gurría
Treviño, que amenazó a Hernández Haddad si no dejaba de insistir en el caso de
Muñoz Rocha, es el secretario general de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), cargo al que llegó en junio de 2006 con el
apoyo del gobierno de Vicente Fox.
Actor
central fue Rebolledo Gout, quien había sido coordinador de asesores de José
Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia con Salinas hasta el 30
de marzo de 1994, siete días después del asesinato de Colosio.
En
el momento del homicidio de Ruiz Massieu, Rebolledo Gout era el secretario
particular de Salinas, y en la administración de Zedillo fue el subsecretario
para Asuntos Bilaterales de la SRE y quien directamente manejaba la relación
con Estados Unidos, precisó el excónsul. “En abril de 1995 fui requerido para
venir a México para presentarme en la secretaría. Me recibió Rebolledo Gout. Me
dijo que él no tenía ningún conocimiento de mis informes consulares sobre la
presencia de Muñoz Rocha en San Antonio. Prendió un cigarrillo y cambió de
conversación”.
A
su salida del gobierno de Zedillo, Rebolledo pasó a ser vicepresidente de
Relaciones Internacionales de Grupo México, cargo que tiene desde 2001. Se
trata del mismo grupo minero responsable de la contaminación con sustancias
tóxicas del río Sonora. Es el mismo consorcio que en 2006 dejó enterrados a 65
mineros en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila.
Hernández
Haddad mencionó también al embajador Alejandro García Moreno Elizondo, cónsul
alterno de México en San Antonio cuando fue abatido Ruiz Massieu.
Posteriormente el gobierno de Zedillo lo promovió como consejero ante la Unión
Europea, y luego Fox lo hizo representante de México ante la OEA. Calderón lo
nombró cónsul de México en Seattle. Ahora está como asesor en las oficinas de
la SRE en México.
De
Eduardo Ibarrola, quien con Salinas fue director general de Asuntos Consulares,
y con Zedillo director general de Asuntos Jurídicos de la SRE, Hernández Haddad
aseguró que le pidió desmentir a los agentes federales estadunidenses que
habían declarado ante la justicia sobre el paradero de Muñoz Rocha. Felipe
Calderón lo designó embajador ante los Países Bajos, donde fue ratificado por
Peña Neto.
Ildefonso
Guajardo, quien como oficial mayor de la SRE emprendió acciones administrativas
contra el excónsul, es ahora el secretario de Economía de Peña. Otro de los
señalados por Hernández Haddad es Jaime González Carrancá, delegado de la PGR
en San Antonio en 1994, a quien el Departamento de Justicia le había retirado
su confianza por una serie de reuniones con un narcotraficante.
Aunque
alegó que no sabía de quién se trataba, González Carrancá fue acusado por
Hernández Haddad como responsable de haber dilatado la documentación oficial
para la búsqueda de Muñoz Rocha, así como de haber intentado detener la
deportación de Enrique Fuentes León a México. Después de San Antonio, fue
enviado a Guatemala y luego fungió como asesor del procurador Jorge Madrazo
Cuéllar. Con Peña Nieto llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, y en 2013
se integró como magistrado al Tribunal Superior Agrario.
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